"Animaná S.A. versus Corregidor, Viñaval, Meriles y otros sobre desalojo", expediente numero 71163/03, presentado así pareciera ser un caso mas de desalojo, pero tras esto, se esconde una increíble historia de despojos y abusos de poder.

San José de Animaná es un pequeño caserío a 1.700 metros sobre el nivel del mar, de suelo totalmente pedregoso, y está enclavado al pie de unos bellísimos cerros que acarician las nubes. Se sitúa entre las ciudades de Cafayate y San Carlos en el kilómetro 1063 de la ruta Nacional 40, en Salta. Allí viven miembros de la comunidad diaguita, con Personería Jurídica 296, desde hace más de 500 años. A pesar de que los libros de historia se empeñan en conjugar verbos en pretérito al nombrarlos “…los Diaguitas eran sedentarios, vivían de la caza y la pesca, habitaban…”, ellos siguen allí.

Mientras Luis Murga fue senador por el Partido Justicialista hubo un cambio grande en Animaná: se alambró toda la extensión que hoy, el ex-senador, reclama como propia, dejando a los aborígenes prisioneros del encordado de púas, quienes deben pasar por entre los alambres si desean salir al igual que los niños cuando se dirigen a la escuela y sus bicicletas.

La puja por estos territorios comienza a principios de la década del 70, cuando Animaná S.A. compra las tierras a los entonces dueños, Néstor Micheli y Cámpora. Ambos sospechados por “estafa procesal” para obtener títulos a través de adquisiciones fraudulentas.

Las primeras hostilidades de los nuevos 'dueños' no tardarían en llegar. Ordenaron taponar todos los pasos de agua con los que la comunidad indígena regaba sus cosechas, provocando las sequías de éstas; los diaguitas sortearon el golpe y sobrevivieron como pudieron, pero el asedio no terminaría allí. En noviembre de 1973, los aborígenes fueron sorprendidos en sus fincas por un puñado de hombres muñidos con hachas, con supuestas ordenes impartidas por los dueños de la vitivinícola, y desbastaron toda plantación, desde especias hasta durazneros. No quedó absolutamente nada.

Los diaguitas cercados por el miedo a hacer la denuncia por posibles nuevas represalias no tuvieron opción y vendieron casi todas sus ovejas y cabras al no poder brindarles agua ni alimentos. “El agua es de Dios y de todos, ellos se creen los dioses de Animaná, nos quitaron el agua, nos hacharon las cosechas, ahora andan con revolver para asustarnos, falta que nos pongan la soga al cuello” dice Angel Guaymas, un criador de cabras de 81 años, y luego sentencia con un dejo de tristeza: “Todos nos han olvidado”. [Informe completo con fotografías]

En un breve viaje por Formosa y Chaco, un fotógrafo de Indymedia Argentina pudo documentar algunos aspectos de la realidad que viven las comunidades indígenas de la región.

Las relaciones conflictivas con los criollos, los problemas con el agua, la desnutrición y los diferentes tipos de organización.

"Más allá de la pobreza que está presente en estas dos provincias, queda claro que a los pueblos originarios la pobreza los golpea más fuerte", dice el autor de esta nota. [Ver ensayo fotográfico]

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas publicó su más reciente informe en donde presenta evidencias de "una estrategia de ataque a la población civil, donde diversos grupos paramilitares ligados con las autoridades municipales, estatales y federales, incluyendo al Ejército mexicano, han sido el instrumento con el cual se intenta acabar con lo que el propio Ejército denomina en su Plan de Campaña, 'organización de masas'".

A través del testimonio de un comandante del grupo paramilitar Paz y Justicia - que ha venido operando en la zona norte de Chiapas con un saldo de 122 personas muertas -, se confirman los vínculos de estos grupos con el propio Ejército y los gobiernos federal y estatal, que califica como "claras evidencias de la implementación de una Política de Estado Genocida y de Lesa Humanidad".