La Cámara Criminal nº 2 de Formosa condenó a un anciano toba por la muerte de un policía en un juicio lleno de parcialidades. Durante el proceso se aceptaron pruebas testimoniales logradas bajo tortura. La sentencia fue más dura que la que había pedido el fiscal. El tribunal procesó al intérprete toba que ofició de traductor. Dos meses atrás, la comunidad a la que pertenecen ambos indígenas había denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los apremios ilegales de la policía y el encubrimiento brindado por el Poder Judicial.

“La Justicia de Formosa nuevamente demuestra una discriminación hacia el pueblo nuestro, lo que se ve es la maniobra política dentro del tribunal” afirmó a Aire Libre Radio Comunitaria el referente de la comunidad Nam Qom, Israel Alegre. Las declaraciones fueron hechas durante el programa La Señal de la Paloma en relación al fallo de la Cámara Criminal nº 2, que dictaminó una condena de 13 años y 6 meses de prisión para Hilario Tolares Vega. El toba sentenciado, de 74 años de edad, fue encontrado culpable de la muerte de un agente policial sucedida tres años atrás.

El hecho tuvo lugar el 16 de agosto de 2002, cuando Lucio Vega, Carlos Ovidio Torrent e Hilario Tolares Vega salieron de su comunidad, ubicada a 12 kilómetros de la capital provincial, en búsqueda de los alimentos que procura el bosque. Dos policías de civil interceptaron a los tobas y dispararon sobre ellos, dando lugar a un intercambio de fuego cruzado que finalizó con la muerte de Juan de la Cruz Barrios y las heridas de Angel Luquez, ambos miembros de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR).

Sin embargo, el fallo de los jueces dado a conocer este martes consideró que los tobas emboscaron a los policías y dictaminó para Hilario Tolares Vega una condena aún mayor que la que había solicitado el fiscal Rubén Menéndez. Los otros dos imputados fueron absueltos. En un reporte de la Red de Comunicación Indígena, la abogada Roxana Silva del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) detalló: “el fiscal estaba pidiendo la mínima condena y la cámara no lo entendió así. Lo condenó a más años y por el delito homicidio agravado en razón del número y en razón también del factor sorpresa, cuando quedó corroborado que los que emboscaron a este grupo de indígenas fue el personal policial”.

La sentencia de la Cámara Criminal nº II además ordenó investigar al intérprete toba Israel Alegre, quien ofició de traductor durante el juicio, acusado de tergiversar los dichos de los testigos para beneficiar a los acusados. “No se qué criterio habrá utilizado la cámara, porque hasta el momento yo que sepa no tienen conocimiento del idioma toba, o sea que no sé en qué se basaron para poder decir que ha falseado su testimonio”, retrucó la abogada a través del reporte que divulgó el Informativo Satelital del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO). Por su parte, Alegre consideró que lo que busca el Poder Judicial es “asustar para que no haya más traductor indígena en una causa”.

En el Juicio Oral y Público, que tuvo lugar la semana pasada, se aceptaron como válidos testimonios que habían sido obtenidos mediante tortura durante una represalia policial. Ese mismo 16 de agosto de 2002, pocas horas después del tiroteo que terminó con la muerte del agente apellido, más de 100 efectivos atacaron a la comunidad Nam Qom en presencia del juez Héctor Ricardo Suhr y del actual Procurador General de la provincia, Carlos Ontiveros. La revancha dejó como saldo la destrucción de gran parte de las viviendas de la comunidad, la violación de una chica de 15 años, una docena de hombres golpeados y dos heridos de bala que fueron esposados y a los que se le negaron atención médica. 80 tobas quedaron detenidos de forma arbitraria, muchos de los cuales fueron torturados con la práctica del ‘submarino seco’. Así, la policía logró las declaraciones que tres años después la Cámara Criminal nº 2 aceptó como pruebas testimoniales.

La comunidad Nam Qom denunció a la policía y a los funcionarios involucrados pero todos ellos quedaron absueltos, cuando la causa fue cerrada el 25 de agosto de 2004 por el juez Rubén Spessot del Juzgado de Instrucción y Correccional nº 4 de Formosa. Frente a esta situación, los tobas llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El intérprete toba Israel Alegre, que colaboró activamente con la elaboración de la presentación, quedó ahora procesado por el mismo Poder Judicial que ayudó a denunciar dos meses atrás.

Compilación: Colectivo Pueblos Originarios – Indymedia Argentina