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hace 6429 días
El domingo fue el aniversario 73º de la fundación de Villa La Angostura, en Neuquén, y organizaciones mapuche aprovecharon la oportunidad para repudiar la política del gobierno de Jorge Sobish. Durante la protesta se hizo hincapié en la situación de tres comunidades del sur neuquino: Curruhuinca, Linares y Paichil Antreao. Todas en riesgo de desalojo.
“No podemos volver atrás con el uso de la violencia impune, orden de la justicia penal, como lo ocurrido con la comunidad mapuche Paichil Antreao que fue desalojada por la policía neuquina a metros de este palco. Justicia que trata a nuestros Longko y Werkén como delincuentes y usurpadores de nuestro propio territorio” expresó ayer Mirta Kolipán, werkén de la Confederación de Organizaciones Mapuche (COM), delante del vicegobernador de Neuquén y de autoridades municipales y nacionales.
Las palabras de Kolipán fueron recibidas con aplausos, según informó Auka Liwen Press desde Villa La Angostura. El vicegobernador Federico Brollo intentó dirigir su discurso al cierre del acto, pero se tornó incomprensible por los rugidos de ñorquines y pifulcas (instrumentos musicales) y los abucheos de otros sectores en conflicto con el gobierno, como los trabajadores de la salud, docentes y porteros.
El 21 de abril, la comunidad mapuche Paichil Antreao de Villa La Angostura sufrió un violento desalojo del territorio que a fines de 2003 había recuperado en cerro Belvedere. El 7 de mayo logró volver a éste gracias a los reiterados reclamos y a la solidaridad de grupos mapuche y de otras organizaciones sociales. Antes de esta acción la comunidad conformó una mesa de “diálogo intercultural” con representantes del gobierno municipal, de Parques Nacionales y del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que tiene por objeto hacer un seguimiento y dar atención a los numerosos conflictos territoriales que existen en la región.
El desalojo en cerro Belvedere fue ordenado por el juez Rolando Lima de Junín de los Andes. Este magistrado recientemente se pronunció de igual manera en el caso de las familias mapuche del paraje Payla Menuco – comunidad Curruhuinca, San Martín de Los Andes – y del territorio recuperado por la comunidad Linares en el paraje Aucapan – Junín de los Andes –. Pero en ambos casos las medidas no se han consumado.
Foto: Alejandra Bartoliche
Siempre te matan
Un joven mapuche murió atropellado por un camión de Forestal Mininco cuando participaba en una protesta contra esa empresa en el sur Chile. Días antes, un comunero mapuche fue condenado a 10 años de prisión acusado de participar en un incendio de plantaciones pertenecientes a la misma forestal. Por ese incidente, ocurrido en diciembre de 2001, fueron condenadas otras cinco personas y a todas se les aplicaron leyes antiterroristas sancionadas por la dictadura de Pinochet.
Senél Díaz Necul, miembro de la comunidad Ranquilco Bajo, murió el miércoles en el principal acceso a la ciudad de Collipuli cuando participaba de un corte de ruta. El joven, de 15 años, fue atropellado por un camión de Forestal Mininco, empresa cuyo accionar motivó la protesta. Según los manifestantes, el chofer del vehículo no se detuvo a pesar de las desesperadas señas que se le hicieron. Minutos más tarde un contingente de carabineros arribó al lugar y reprimió a los mapuche. El corte de ruta era para reclamar la restitución de tierras usurpadas por la forestal y repudiar el accionar de desconocidos, presumiblemente carabineros o guardias de la empresa, que habían destrozado el rewe levantado por los comuneros en el predio en conflicto.
A principios de mes el comunero mapuche Juan Carlos Huenulao (38) fue condenado a 10 años y un día de prisión y al pago de 420.000.000 pesos chilenos. El imputado, miembro de la comunidad Manuel Catrimi, fue declarado culpable de participar en el incendio de plantaciones del Fundo Poluco Podenco – Forestal Mininco – ocurrido el 19 de diciembre de 2001 y calificado como 'territorista'. El juicio tuvo lugar en el Tribunal Oral Penal de la ciudad de Angol, capital de la provincia de Malleco, y la acusación estuvo a cargo de los fiscales Alberto Chiffelle y Sergio Moya.
Por este mismo caso fueron condenados Juan Patricio Marileo Saravia, Florencio Jaime Marileo Saravia, Patricia Troncoso, José Huenchunao Mariñan y Juan Ciriaco Millacheo Lican, aunque estos últimos dos se encuentran prófugos. Tanto el proceso de investigación como el juicio que les dictó sentencia son duramente criticados por organizaciones mapuche. Cabe destacar que el pasado 3 de marzo la Coordinación de Organizaciones e Identidades Territoriales Mapuche presentó un recurso contra el Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Foto: Victor Machuca
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