Romina Tejerina fue condenada a 14 años de prisión por el delito de homicidio agravado por el vínculo después de un juicio vergonzoso.
Romina vivía en San Pedro (Jujuy) y en agosto del 2002, cuando tenía 18 años, fue violada por un vecino, y quedó embarazada. Por el contexto fuertemente conservador y patriarcal del lugar donde vive, por la violencia que sufría en su familia, sintió vergüenza y miedo y trató de ocultar ese embarazo. Desesperada, intentó hacerse varios abortos caseros y, como producto de uno de esos intentos, se adelantó el parto. Ante el nacimiento de la hija no deseada, Romina tuvo un brote psicótico y mató a la bebé porque, según sus propias palabras, creyó ver en ella la cara de su violador. Violador que durante esos cinco meses que duró el embarazo estuvo libre, cerca suyo, amenazándola, impune.

El caso de Romina fue tomado por sectores del feminismo y por muchas organizaciones del campo popular. Ante esta reacción, los medios, luego de dos años de silencio casi completo, no tuvieron más remedio que tratar el caso al aproximarse la fecha del juicio, lo que hizo que fuera conocido en todo el país. Sin embargo, eso no impidió que no fuera condenada.

La impunidad del violador

El violador de Romina, el "Pocho Vargas" fue detenido por el delito de violación y fue liberado 23 días después, debido a que los cálculos del tiempo de gestación de feto que llevaba Romina y el momento en que él reconocía haber tenido contacto con ella no lo hacían responsable del embarazo. Lo más grotesco es que esos cálculos que lo dejaron libre se hicieron sin siquiera hacer un examen de ADN al bebé para ver si era su hija ni una autopsia al cadáver para determinar con precisión el tiempo de gestación. Por otra parte, durante el juicio, el violador habló con muchos de los medios nacionales en una posición de víctima, diciendo que tuvo una sola relación, que fue consentida y que él se hubiera hecho cargo del bebé. Estableció además, lo que fue ampliamente retomado por los medios, que Romina tuvo relaciones con otras personas. En otras palabras, el mensaje que estaba por atrás era que ella era una puta y por lo tanto se merecía ser violada ("si total les gusta") y el embarazo vendría a ser una especie de castigo por su conducta que ella tendría obligación de soportar. Un planteo aberrante, cruel, injusto y que refleja un profundo desprecio y odio hacia las mujeres. Los medios masivos, al tratar al violador como "la otra campana que debe ser escuchada", dan validez a este planteo, lo reproducen, lo suavizan y lo hacen aceptable para muchxs.

El sistema judicial: respaldo de la opresión de género

caso de Romina muestra con crudeza la realidad de la opresión de género. Por un lado, existe la violación de una mujer que no tiene dónde hacer la denuncia (cabe recordar en tal sentido que en Jujuy se cerraron las Comisarías de la Mujer). Existe el violador que puede decir que la relación fue consentida, sin que se investigue más el asunto y que puede decir libremente que en realidad la víctima se lo buscó. Existe un sistema judicial que vuelve a victimizar a la mujer violada al poner en duda su testimonio, preguntando, todavía, cómo estaba vestida. Existen funcionarixs del Estado burgués, serviles a las viejas ideologías patriarcales, como la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia de Jujuy, que también dudan de que haya habido violación y ahí siguen en sus puestos. No es extraño, en este contexto que 9 de cada 10 violaciones no se denuncien, ya que hacerlo supone tener que probar que no se hizo nada para merecer la violación. 

Se lee en los medios que Romina había tenido relaciones con otros hombres. Con quién tiene o no relaciones sexuales una persona es asunto de su derecho y libertad y no hay absolutamente nada que justifique una violación.

Por otra parte, ante un caso de violación, además de no poder hacer la denuncia, en todo el territorio argentino no existe la posibilidad legal de hacerse un aborto. La ley sólo permite a la mujer hacer un aborto si el embarazo fue producto de la violación de una mujer "idiota o demente" (porque el pensamiento que sostiene esa ley no es dar ningún derecho a esas mujeres, sino que se las considera indeseables cuya reproducción debe ser evitada). En otras palabras, una mujer violada que queda embarazada tiene la obligación de llevar a término ese embarazo, aún si es fruto de una violencia sobre ella. Sin embargo, a pesar de la ley, en gran parte del territorio las mujeres abortan igual, la mayoría de las veces en malas condiciones de higiene, con serias probabilidades de infecciones, poniendo en riesgo su vida y su salud física y mental. El caso de Romina muestra que en muchos lugares las mujeres ni siquiera tienen la posibilidad de realizarse un aborto clandestino. Este tipo de situaciones dramáticas, donde las únicas que pueden perderlo todo son las mujeres, se va a seguir dando mientras no se apruebe una ley de aborto libre, gratuito y seguro. 

 A esto hay que agregar que en gran parte del territorio los jueces son los principales enemigos de las mujeres ya que legitiman legalmente el sistema patriarcal desde la justicia: el sistema legal y judicial está concebido para garantizar y los privilegios de las clases dominantes y para perpetuar la opresión de las mujeres.

Olga: otra víctima de la violencia y del  sistema

La historia de Olga Verón está signada por la misma estructura de opresión que la de Romina. Jujeña también ella, después de recibir golpes y violaciones por parte de su propio padre, y de intentar hacer denuncias en la comisaría, que no eran recibidas por ser su padre también policía, finalmente acudió a la justicia y el juez le dijo que tenía que respetar a su padre. Dos meses después, harta de las violaciones, mató a su violador. Hoy espera, desde hace tres años, que la juzguen por homicidio agravado por el vínculo. Olga y Romina se conocieron en la prisión en la que las encerró una Justicia que multiplica y legitima la injusticia.

Hacia adelante

La historia de Romina también permitió que se hablara del infanticidio. Este delito fue derogado en 1995 porque era un homicidio que tenía por finalidad "la salvaguarda del honor". Sin embargo, existen 10 casos de infanticidio por año en los tribunales nacionales, de mujeres que no pueden abortar y no pueden/quieren hacerse cargo del producto de un embarazo no deseado, y que actúan bajo los efectos del estado pospuerperal. En estos días se habla de incorporar nuevamente el delito del infanticidio para poder tener en cuenta este estado, que es el estado emocional alterado en que se encuentran las mujeres después de un parto. Es necesario tener cuidado ya que se debe reinstalar esta figura jurídica, pero no debe ser una manera de evitar hablar del tema central, que es el derecho al aborto y las terribles situaciones de violencia y opresión a las que están sometidas muchas mujeres.

Sin embargo, de esta dramática y dolorosa experiencia, que dejó a casi toda una sociedad conmovida, debe rescatarse la solidaridad de miles de mujeres y hombres que, a lo largo y ancho del país, tomaron conciencia de lo injusto de esta situación y levantaron su voz reclamando por la libertad de Romina y la cárcel a su violador, hecho que sin dudas logró que los reaccionarios jueces de la Sala II de la Cámara Penal de Jujuy que tuvieron la causa a su cargo no la condenaran a cadena perpetua y se vieran obligados a contemplar circunstancias atenuantes. Si su historia, su dolor, no hubiera trascendido, la pesadilla sería aun peor.

Todavía quedan muchas luchas en el camino. Habrá que seguir peleando por la libertad de Romina, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, por la reincorporación de la figura del infanticidio al código penal... pero mientras tanto, debemos profundizar entre todxs aquellos que nos planteamos cambios profundos en esta sociedad, la reflexión acerca de las causas de la violencia hacia las mujeres, y el trabajo cotidiano y continuo de entablar nuevas formas de relación entre nosotrxs, sin opresiones ni violencia

Comentá esta editorial