La legislatura provincial aprobó un proyecto de referéndum impulsado por el gobierno para decidir la propiedad de los lotes fiscales 55 y 14 en el departamento Rivadavia. La Asociación de Comunidades Aborígenes Lhaka Honhat calificó la iniciativa como una violación a los derechos de los pobladores de la región. Organismos internacionales de DDHH también manifestaron su rechazo y acusaron al gobierno nacional de inacción frente a éste y otros casos.

A casi una semana de la represión a una comunidad wichí en cercanías de Tartagal y a dos días de que la Asociación de Comunidades Aborígenes Lakha Honhat rechazara enérgicamente la propuesta de referéndum, la legislatura salteña aprobó el proyecto de ley del gobierno de Juan Carlos Romero. La consulta pondrá a consideración el destino de 650 mil hectáreas ubicadas en los lotes fiscales 55 y 14, dentro del departamento Rivadavia, cuya titularización reclaman indígenas y criollos desde hace dos décadas. El proyecto fue aprobado este miércoles y pasó a la Cámara de Senadores para su revisión.

El 11 de julio, antes de que se aprobara el referéndum, mediante un comunicado público la asociación indígena manifestó que el proyecto "es un retroceso y una violación a los derechos defendidos por todos los pobladores de los lotes 55 y 14 en el proceso de solución amistosa del que participan todos los grupos interesados y vulnera la Constitución Provincial, la Constitución Nacional, y los tratados de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional".

En el mismo sentido se pronunció el International Work Group for Indigenous Affais (IWGIA), organismo con status consultivo en Naciones Unidas, que en una carta dirigida al presidente Néstor Kirchner también acusó de inacción al ejecutivo nacional. Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) enviaron cartas a los diputados solicitando que rechacen del referéndum, al igual que antropólogos de la Universidad Nacional de Salta (UNSA).

"Las tierras son nuestras desde siempre y la gente de Rivadavia no tiene nada que decidir" afirmó a Página/12 el wichí Francisco Pérez, titular de Lhaka Honhat, mientras que la abogada Silvina Zimerman, del CELS, expresó: "Así como no se puede someter a un referéndum el derecho a la vida, el derecho de los indígenas a la posesión de sus tierras ancestrales tampoco se debe dirimir en una consulta” .

El comunicado emitido por Lhaka Honhat, además, remarcó que la iniciativa rompe los diálogos comenzados en el 2000 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): "Desde hace cinco años se está desarrollando un proceso de solución amistosa del que participan todos los pobladores de la zona juntamente con las autoridades del Gobierno Nacional y Provincial. En este proceso, todas las partes acordaron no tomar niguna decisión por fuera de este proceso. Sin embargo, unilateralmente, la provincia de Salta decidió convocar a esta consulta popular, ignorando todos y cada uno de los compromisos asumidos".

En su defensa el gobierno salteño argumentó que el referéndum fue impulsado porque la asociación indígena trabó una 'posible' adjudicación de tierras 'con su indefinición'. Sin embargo los indígenas hicieron otra interpretación: "La entrega de las tierras está demorada por la negación del gobierno provincial de reconocer la propiedad a sus legítimos dueños ignorando, incluso, decretos como el 2609 por el cual la provincia de Salta ratifica su compromiso de adjudicar a las comunidades indígenas una superficie sin divisiones internas bajo un título único y a cada familia criolla un título individual".

La Asociación Lhaka Honhat también denunció que el gobierno de Romero fomenta la división en la población divulgando información falsa en la zona y utilizando sus redes de clientelismo. "A través de estas redes se entregan carnés de caciques a personas no elegidas por las comunidades, se construyen viviendas para 'ciertos' miembros de una comunidad y se otorgan Planes de Jefas y Jefas de Hogar con fines exclusivamente políticos".

El IWGIA, en tanto, increpó además a Néstor Kirchner por su permeabilidad frente a otras graves violaciones a los derechos indígenas y advirtió que el Estado Nacional corre riesgo de ser condenado internacionalmente. En su carta al presidente mencionó los casos de las comunidades Nam Qom de Formosa – presentado también ante la CIDH – y Misión Tonono de Salta, reprimida recientemente en el contexto de un reclamo territorial.

Foto de Pablo Lasansky: El wichí David Asencio de Tartagal, miembro de otra comunidad afectada.

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