El caso de una adolescente violada y embarazada en Tierra del Fuego, cuyos
padres acudieron a la justicia en búsqueda de autorización legal para
interrumpir el embarazo, vuelve a poner sobre el tapete la discusión sobre el
derecho al aborto, al tiempo que nos remite, inevitablemente, a una historia
similar con desenlace trágico: Romina Tejerina, igualmente violada y
embarazada, quien imposibilitada de abortar con los métodos caseros a su
alcance, dió muerte, en un episodio psicótico, a la recién nacida.
Las coincidencias no son casuales sino que revelan, más bien, la densa
trama de violencia y dominación a la que están sometidas muchas mujeres, la
naturalización de una situación para nada natural: la de la opresión
patriarcal. Y tampoco es casual la lógica con la que presentan estos
casos los medios de información masiva, siempre a la búsqueda de un
sensacionalismo morboso y acrítico. ¿Cuántas Rominas habrá a lo
largo y ancho del país? ¿Cuántos casos que, lejos de llegar a la
gran prensa, ni siquiera llegan a los tribunales de justicia?
Romina Tejerina, jujeña, morocha y pobre, purga una pena de catorce
años de prisión. El sistema júrídico que la condenó, hoy debe decidir si
autoriza el aborto de la adolescente fueguina. La respuesta es más que
predecible. Por otra parte, nuestro Código Penal sólo permite el aborto
inducido en dos casos: cuando es fruto de la violación de una mujer "idiota" o
"demente" o cuando corre peligro la vida de la madre. Y aún en estos
casos, muchxs juecxs, deniegan el pedido, como sucedió recientemente en la
provincia de Buenos Aires, donde un tribunal lo concedió pero con voto dividido
y después de tomarse dos meses, demasiado tiempo para un embarazo donde hay riesgo de vida, mientras la afectada, embarazada de altísimo riesgo, esperaba en terapia
intensiva la desición de la corte.
Por estos días se ventila también en los medios y en la justicia el caso de
Rita, en Entre Ríos, similar al de Romina, aunque aquí la fiscalía ha reconocido
el estado de disturbio mental de Rita en el momento del parto y durante todo el
embarazo, y pide su absolución.
Lo cierto es que, mientras pensamos las mejores tácticas para nuestras
campañas pro despenalización, mientras algún ministro hace alguna inútil
declaración, mientras algún monseñor desbocado pretende arrojar al mar al
ministro antes mencionado, en Tierra del Fuego, en Entre Ríos, en Jujuy y
seguramente en muchos otros lugares, una mujer, una niña, ve truncada su vida y
sus proyectos mientras la justicia mira para otra parte.
Este hecho nos muestra una vez más cómo el poder, las instituciones
del Estado, la Iglesia y los medios, que etiquetan los debates y luchas por el
derecho al aborto como una cruzada en contra de la vida, son en realidad
aquellxs que están condenando todos los días a las mujeres, jóvenes y niñas de
nuestro pueblo, donde el castigo para las que deciden desesperadas transgredir
la prohibición del aborto, es muchas veces una velada, oculta y silenciada pena
de muerte.