Son mujeres pobres. La mayoría de ellas, bolivianas. Por si fuera poco, parece que cometieron un delito terrible: prestaron sus cuerpos para ser mulas del tráfico de cocaína. Por unos pocos pesos -ni siquiera sabemos cuántos; ni siquiera ellas sabían cuántos- y sin demasiadas posibilidades, pretendieron cruzar la frontera haciendo un negocio que si sale bien, arroja ganancias fabulosas que no son para ellas y si sale mal, son ellas las únicas que pierden. No tuvieron suerte. Estas mujeres nunca tuvieron suerte.

El lugar que el democrático estado nacional les reserva a estas desafortunadas perdedoras devenidas delincuentes es la caja de un camión frigorífico en desuso cerrada por una reja. En esta pseudocárcel infecta, cuya sola existencia revela la continuidad entre la dictadura militar y los gobiernos democráticos se amontonan 28 mujeres, incluída alguna menor y algunas de ellas con sus niñxs.

Esto sucede -es preciso remarcarlo- hoy, en la democrática Argentina de los derechos humanos, en el escuadrón N°53 de la Gendarmería Nacional con asiento en la provincia de Jujuy, la misma provincia donde Romina Tejerina fue condenada a 14 años de carcel luego de un juicio vergonzoso. El mismo lugar donde Olga Verón espera hace más de tres años su propio juicio. (Olga cansada de recibir golpes y violaciones por parte de su propio padre, y de intentar hacer denuncias en la comisaría, que no eran recibidas ya que su padre era policía, finalmente acudió a la justicia y el juez le dijo que tenía que respetar a su padre. Dos meses después, harta de las violaciones, mató a su violador).

Recién cuando la televisión mostró las imágenes incontrastables de la infamia, el juez federal Mariano Wenceslao Cardozo ordenó el traslado (gradual, eso sí, todo en su medida y armoniosamente, debe haber pensado el juez) de estas mujeres a "carceles comunes", o sea a infiernos igualmente infames pero legales. Allí serán arrojadas por largos meses, el tiempo que se toma la "justicia" para llegar al juicio que recién entonces determinará la culpabilidad o inocencia de las procesadas. Porque-recordémoslo- para la ley, para la constitución, para los tratados internacionales, para el más elemental sentido común, estas mujeres enjauladas son inocentes.

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