Represión durante el 2002 (Reuters)

El 14 de junio comienzan las acciones del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) por la destitución de la fiscal Olga Wilma Araujo, quien debe investigar el asesinato de Serapio Villasboa Cabrera, desaparecido el 28 abril y hallado el 8 de mayo con once puñaladas. Los familiares y vecinos de la víctima adjudican el crimen a las paramilitares Guardias Ciudadanas y lo relacionan con la lucha de su hermana Petrona Villasbo, miembro de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI), que exige justicia para su hijo Silvino Talavera - de 11 años -, muerto a causa de las fumigaciones de sojales con agrotóxicos. El MCP denunció que la responsable de las pesquisas “manifestó su negación a realizar más procedimientos en pos del esclarecimiento y detención de los sospechosos, aludiendo que la familia Villasboa busca únicamente beneficios económicos a raíz de la muerte de uno de sus integrantes” (refiriendo al fallecimiento del niño).

Según un informe difundido por el Grupo de Reflexión Rural (GRR), de Argentina, “estas organizaciones paramilitares están creando zozobra y amedrentando a la población en diversas zonas del país. En los últimos meses estos grupos, que se calcula pueden llegar estar conformados por 13.000 individuos entrenados y armados, han matado aproximadamente a 10 campesinos solamente en la región de San Pedro. Las prácticas ilegales de las Guardias Ciudadanas incluyen allanamientos, torturas y detenciones hacia quienes no aceptan el nuevo orden ilegal que imponen por el terror y la violencia”.
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