A dos semanas de los asesinatos de al menos cuatro campesinos bases de apoyo zapatistas en Chiapas el Estado mexicano redobló su apuesta contra las comunidades indígenas. La corte suprema mexicana resolvió dejar sin efecto las demandas indígenas que exigían una revisión de los artículos sobre derechos y cultura indígena sancionados en la reforma constitucional del pasado año. Estas reformas aprobadas por el poder legislativo desconocen los principales reclamos indígenas expresados en los acuerdos de San Andrés Larrainzar. De esta manera, al desconocer la corte su competencia para intervenir en dicha reforma, se cierran todas las puertas legales para el reconocimiento de las demandas indígenas. Un pronunciamiento firmado por más de ochenta organizaciones indígenas y de derechos humanos afirmó que "nadie tiene ya autoridad moral para juzgar el camino que libremente escojan los pueblos para conseguir sus justos propositos de autonomía y dignidad. Ellos sabrán , como históricamente lo han demostrado, cuál es ese camino y cuál es esa esperanza".

Este golpe se enmarca en una contraofensiva del gobierno de Vicente Fox que tiene entre sus principales objetivos la sanción de una ley de precarización laboral, la privatización de las empresas energéticas y la petrolera estatal PEMEX y el avance en el Plan Puebla Panamá, un proyecto para crear un área de libre comercio en centroamérica bajo la tutela de los Estados Unidos.

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