A once años de las explosiones, la ciudad volvió a movilizarse, por memoria y por justicia, para que no prevalezca el olvido y no sigan impunes los responsables.

Los hechos

El 3 de noviembre de 1995 se producen en la Fábrica Militar de Río Tercero una serie de potentes explosiones que ocasionan un desastre. Siete personas muertas y más de trescientas heridas; decenas de casas quedan en ruinas y otros cientos son seriamente dañadas; la ciudad queda regada de esquirlas y municiones de guerra. A pocas horas del siniestro, el ex presidente Menem que había llegado a Río Tercero, declara que se trata de un accidente. Los mandos militares y el Poder Ejecutivo Nacional se encargan de alimentar la teoría del accidente. Las sospechas del hecho intencional aparecen ese mismo día.

La causa

A partir de allí se inició la causa penal y numerosas causas civiles. Al frente de la causa penal, estuvo aproximadamente diez años el juez federal Luis Martinez y el fiscal federal Roberto Massuet. Durante este tiempo la causa se mantuvo circunscripta al accidente e inactiva. A la par se sucedían amenazas, muertes dudosas y “suicidios” de testigos/as involucrados/as. También hubo una serie de pericias fraudulentas, con peritos truchos que avalaron la hipótesis del accidente.

A fines de los 90 empezó a crecer la sospecha de una estrecha relación entre las explosiones y la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1995. En marzo de 1995, el abogado Moners Sans hace la denuncia sobre la venta ilegal de armas, que causa un gran escándalo publico y que involucra a los funcionarios de la Dirección General de Fabricaciones Militares, el Ejercito argentino y al presidente de la nación y a sus ministros.

En estos años, Argentina le vendió a Croacia y Bosnia 6.500 toneladas de armas, por un valor de US$ 33.868.764. Con el agravante de que sobre este país pesaba un embargo de las Naciones Unidas, al estar en guerra con Serbia.

Se realizaron 5 envíos en barcos originarios de Croacia. La venta fue realizada por la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM). Este organismo fue intervenido por el gobierno del ex presidente Carlos Menem y su interventor era Luis Sarlenga. El intermediario fue el militar Diego Palleros, quien obtuvo un certificado falso que consignaba que el destino final de las armas era Panamá. Esta operación se concretó a través de los decretos secretos 1697 y 2283, firmados por el ex presidente Menem; el ex ministro de Defensa, Antonio Erman González; de Relaciones Exterior, Guido Di Tella; y de Economía, Domingo Cavallo.

Durante 1995, la Argentina le vendió armas a Ecuador cuando éste país estaba en guerra con Perú. En ese entonces, nuestro país, era garante de paz entre ambos países por ser miembro del Grupo del Tratado de Río de Janeiro. La operación se hizo a través del decreto secreto 103, firmado por el ex presidente Menem. Para ello, Palleros consiguió un certificado falso de destino final a Venezuela. DGFM le vendió fusiles a la empresa fantasma uruguaya Hayton Trade SA, propiedad de Palleros, quien a su vez se los vende a otra intermediaria ecuatoriana (Prodefensa, perteneciente a un traficante francés), que las trianguló al ejército ecuatoriano. Los embarques se hicieron en aviones de la firma Fine Air. Los cargamentos de armas salieron de la Fábrica Militar de Río Tercero, parte de DGFM.

En el 2003 los ingenieros Sicilia, Yorio, Zanoni y Rodríguez, docentes de la UNC, contratados como peritos oficiales, concluyeron que las explosiones fueron programadas y coordinadas por expertos en explosivos. De este modo, la teoría del accidente cayó y la investigación necesariamente toma otro cause. Al mismo tiempo, por parte de la querella, el juez Martinez fue recusado y el fiscal Massuet quedó envuelto en una denuncia por vinculación con uno de los imputados. Ambos se alejaron de la causa, entró el juez Diego Estévez y se sumó el fiscal adjunto, Carlos Stornelli.

Durante el 2005, la vinculación de las explosiones con la venta ilegal de armas pasó a ser parte de la intimación, es decir que los sospechosos son imputados de haber participado o facilitado las explosiones para ocultar maniobras relacionadas con la venta ilegal de armas. Se presume que el móvil fue ocultar el faltante de material bélico de la Fábrica Militar de Río Tercero.

La actulidad

La etapa indagatoria de la causa penal, cuya duración es de 12 años, prescribe en el 2007. Durante esta etapa, son llamados los/as imputados/as acusados como presuntos autores/as materiales y/o intelectuales del delito.

Actualmente se encuentran imputados 6 militares de la Fábrica Militar. Carlos Franke, ex director de Producción de Fabricaciones Militares; Jorge Cornejo Torino, ex titular de la Fábrica Militar Río Tercero; Oscar Quiroga, ex subdirector de la planta, y Marcelo Gatto, ex jefe del área Mecánica.

Por ello, en este corto tiempo, la investigación debería avanzar sobre las responsabilidades de la DGFM, el Ejército y el Poder Ejecutivo Nacional. Todo nombre que no haya sido incluido en la indagatoria hasta el 3 de noviembre de 2007 ya no podrá ser incluido, es decir que quedarán impunes quienes no sean imputados hasta esa fecha(Como el ex presidente Carlos Menem, el ex interventor de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga, el ex ministro de Defensa, Antonio Erman González, el de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella; y de Economía, Domingo Cavallo) y sólo se juzgará a las personas que hayan sido imputadas con anterioridad.

Río Tercero marchó

La inactividad de la causa y la misa con que se recordaba las explosiones, fue sacudido por las certezas de que las explosiones fueron intencionales, vinculadas a la venta ilegal de armas, y a los negocios ilícitos de la corrupta década de los ´90. Frente a este manto de silencio miles de personas llevan adelante causas civiles por daños y prejuicios. Ana Gritti, abogada y viuda de Hoder Dalmasso, víctima de las explosiones, única querellante en la causa penal; Ricardo Monner Sans abogado patrocinante junto Horacio Viqueira y Auka Barbero, siguen adelante en busca de verdad y castigo.

En el 2005, a diez años, cientos de jóvenes, niños y niñas en aquel momento, con la consigna “rompamos el silencio” se movilizaron por las calles de la ciudad. Este 03 de noviembre los y las riotercerences marcharon nuevamente, por memoria y por justicia, para que no prevalezca el olvido y no sigan impunes los responsables.

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