Una mujer ingresó al hospital Argerich con diagnóstico de aborto incompleto y un cuadro febril con dolor abdominal y fue denunciada por el médico que la atendió. La mujer admitio ante el médico que se había realizado una maniobra abortiva colocándose una sonda. A raíz de la denuncia realizada el caso llegó a manos de a jueza de instrucción, Ana Dieta de Herrero, quien la sobreseyó.

No obstante, la Sala Séptima de la Cámara, revocó el sobreseimiento. Los camaristas Abel Bonorino Peró y Juan Cicciaro ordenaron que se continuara investigando a la mujer por la interrupción voluntaria de su embarazo.

Sin embargo existe una antecedente del 1966, el fallo “Natividad Frías” por el cual se excuso a los profesionales médicos del deber de denunciar a una mujer que hubiese interrumpido su embarazo y luego concurrir a un hospital público para salvar su vida. El fallo establecía que el aborto autoinfligido se conocía a través de la confesión de la paciente a su médico, con lo cual existía allí un secreto que la mujer se veía obligada a revelar para preservar su salud, ante la disyuntiva cárcel o muerte.

En la Argentina mueren al menos dos mujeres por abortos clandestinos por día, la mayoría de ellas son mujeres pobres que se realizan practicas abortivas peligrosas, como la utilización de sondas, tallos de perejil, agujas de tejer o ingiriendo medicamentos abortivos sin asistencia médica.

“Las decisiones sobre anticoncepción y aborto son difíciles, sumamente personales y a veces dolorosas. En Argentina, a las mujeres se les impide sistemáticamente tomar tales decisiones. Ocurren aproximadamente medio millón de abortos ilegales al año, representando el 40 por ciento de todos los embarazos: un claro indicador que las mujeres no tienen acceso a servicios de planificación familiar efectivos. Las consecuencias para la salud y vidas de las mujeres son nefastas, y, en ocasiones: mortales .” (Informe Decisión prohibida, año 2005 Human Righys Watch)