Julio López
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Viernes 1 de Junio de 2007 | Ataques a luchas sociales y políticas

Cuando la protesta es convertida en delito

La criminalización de la protesta social y la judicialización de luchadoras y luchadores llevado a cabo por las fuerzas de seguridad y el poder judicial ocurren diariamente a lo largo y ancho del país. Desde este accionar se marginan y demonizan luchas sociales, legitimando propuestas y posturas represivas. El asesinato de Víctor Choque en Tierra del Fuego en 1995; Francisco Escobar y Mauro Ojeda, asesinados por la Gendarmería en el correntinazo en 1999; las 35 victimas del 19 y 20 de diciembre; los asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki; la muerte del maestro Carlos Fuentealba, son solo algunos de los casos de esta triste lista.

A estos hechos se le suman la prisión, las causas, las imputaciones, las persecuciones, es decir el encarcelamiento y la marginación de luchadoras y luchadores del campo popular. Más allá de que pertenezcan o no a alguna organización política o social, o simplemente se organicen en el marco de un reclamo puntual. Siempre que el Estado considere que su lucha pone en riesgo la “gobernabilidad” y utilice al poder judicial para detener personas en este contexto las convierte en presas y presos políticos.

En los últimos años, las comunidades originarias, campesinas, y las organizaciones que luchan por la preservación de los recursos naturales han empezado a ser nuevos blancos de esta política. Actualmente, el gobierno que conduce Néstor Kirchner, cuenta con el record de ser el gobierno democrático con más presas y presos políticos. Para el año 2004, había 22 personas presas y 4.000 procesadas y procesados, y esa cantidad se agranda diariamente.

Crónicas de la represión, la criminalización y la judicialización

El pasado 11 de mayo, siete campesinos de la comunidad de El Quebrachito (Provincia de Santiago del Estero), integrantes del MOCASE-Vía Campesina, fueron detenidos por hurto forestal y robo calificadohacia el terrateniente Ramón Vittar. Al momento de ser llevados, fueron golpeados cruelmente por la policía y uno de ellos sufrió la luxación de un hombro. Luego de diversas manifestaciones impulsadas por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero frente al Juzgado, los campesinos fueron liberados.

Días antes, el 3 de mayo, en la ciudad de Zapala (provincia de Neuquén), se inició el Juicio Oral y Público contra dos miembros de la Comunidad Mapuche Longo Puran. Esta causa fue iniciada en 2001, y ya lleva recorrido varios juzgados, y algunos jueces declarados incompetentes. La misma se origino a instancias de la petrolera Pioneer Natural Resources, que comenzó a explotar en el 2000 el territorio mapuche y denunció a la comunidad por varias acciones que realizaron para defender sus tierras. La causa está caratulada como “Usurpación y Turbación a la propiedad de la compañía” y es una causa penal. Hace dos años tuvieron un primer juicio en Cutral Có en el cual las personas de la comunidad mapuche resultaron absueltas.

El miércoles 4 de abril un grupo de docentes intentan cortar la ruta 22 en Neuquén. La policía reprime al grupo antes de que pudieran realizar el piquete. Mientras el maestro Carlos Fuentealba se retiraba en auto, luego de terminado el corte, un policía le disparó a quemarropa una granada de gas lacrimógeno que impactó en su nuca. Su muerte fue confirmada al día siguiente, luego de varias horas en estado de coma. Más tarde el gobernador Jorge Sobich se atribuye haber dado la orden de reprimir. Este asesinato sucede en el marco de un importante reclamo salarial por parte de docentes de todo el país.

Al ser conocida la muerte del maestro, a lo largo del país se suceden actos y manifestaciones en repudio. En Capital Federal, varias organizaciones (MPR- Quebracho, CTD Aníbal Verón, Movimiento estudiantil Liberación, Corriente de Trabajadores 19 de Diciembre, Confluencia Político Social, MTR Santucho, PRT Santucho, Cuba-MTR, Fogoneros, Movimiento Juventud 26 de Junio, MTD Resistencia Popular) se trasladan hacia la casa de Neuquén. Un importante operativo policial les impide llegar hasta el lugar. El grupo se dirige entonces al local partidario de Sobisch ubicado en Constitución y realiza un escrache que finaliza con la rotura de los vidrios. Inmediatamente la policía, que hasta ese momento no había actuado, recibe la orden de Aníbal Fernández –según consta en el expediente- de detener al mayor número posible de personas. En esa oportunidad se detiene a 13 integrantes de las organizaciones asistentes.

Posteriormente la policía se dirige a las inmediaciones del local de Quebracho, donde arrestan a tres militantes más y secuestra el auto del Secretario de Cultura y Educación de Suteba La Plata, diciendo que el auto pertenecía a Fernando Esteche. La policía intenta que las personas, que se refugiaron en el local de Quebracho, salgan del lugar y arroja gases lacrimógenos en el interior del local. El juez que entiende en la causa, según consta en el expediente, nunca dictó la orden de allanamiento. Mientras esto sucede se producen tres detenciones más, entre los detenidos se encuentra Fernando Esteche, referente del Movimiento Quebracho quien fue apresado a cinco cuadras de la sede de la organización. Más tarde Aníbal Fernández, en un medio radial, defiende el accionar de la policía y califica a Esteche como “bestia” que es llevada por “periodistas alcahuetes” a algunos programas para hablar en su contra.

En 17 de abril, en el acto realizado en Capital Federal, por “El Día Internacional del Preso Político”, es detenido por policías de civil, Raúl Lescano, en cercanías del hotel Bauen. Luego de ser golpeado es introducido en un auto sin patente. Durantes tres horas es buscado por integrantes de organismos de Derechos Humanos. Ante la infructuosa búsqueda, se presenta un Hábeas Corpus y es recién allí que se notifica que Lescano se encontraba en la Superintendencia de Investigaciones de Villa Lugano. Cuando fue detenido no pesaba sobre él ninguna orden de captura, sin embargo el juez Ariel Lijo lo acusa de estar involucrado en los hechos sucedidos en el local de Sobich y el juez Oyarbide lo responsabiliza de los incidentes producidos mientras era detenido cuando sus compañeros intentaban rescatarlo. El 20 de Abril fueron liberadas 9 personas de las 12 que se encontraban detenidas, en la actualidad continúan encarcelados Fernando Esteche, Raúl Lescano, Joaquín Isasi y Martín Lizzano.

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