“Declárase al Rosedal de Palermo y su entorno delimitado por las avenidas Del Libertador, Dorrego, Figueroa Alcorta y Sarmiento , ámbito que forma parte del Área de Protección Histórica Parque Tres de Febrero, como espacio público no autorizado para lo oferta o demanda ostensible de servicios sexuales”. Con esta resolución, la número 38, el ex ucedeísta Javier García Elorrio, hoy Subsecretario de Áreas Protegidas del Gobierno de la Ciudad, pretendió hacer lugar a una solicitud de Alicia Pierini, Defensora del Pueblo de la Ciudad, muy preocupada, ella, por la protección del “área histórica” en cuestión. Si bien la inmediata reacción de las damnificadas directas, organizadas en defensa de sus derechos, hizo torcer el brazo al gobierno y provocó la suspensión (no la anulación) de la medida, el hecho no deja de ser inquietante y vaticina que, en materia de derechos ciudadanos, se avecinan tiempos de más represión y resistencia.

Para empezar, cabe recordar que el Rosedal, el bendito Rosedal que ahora todxs tratan de proteger, era la quinta de Juan Manuel de Rosas y fue demolida, junto con su gobierno, en 1852. Ahora se lo intenta proteger como lugar histórico, argumentando que para los viajeros era uno de los más lindos de Buenos Aires. El problema es que ese lugar que describen los viajeros ya no existe, desapareció arrasado por la furia unitaria hace más de 150 años. Difícilmente las travestis puedan atentar contra un lugar histórico que no existe. También recordemos que las travestis llegaron a este “lugar histórico” expulsadas de las coquetas calles de Palermo Soho, cuando un grupo de vecinxs sensibles…a la disminución del valor inmobiliario de sus propiedades, azuzaron a lxs legisladorxs macristas (que mucho no necesitaban) para incluir, entre las setenta modificaciones al Código de Convivencia, aquellas que contemplaran sus mezquinos intereses. “No me opongo a la prostitución cuando se realiza en la intimidad, pero siempre nos hemos opuesto a la prostitución callejera” argumentaba en aquella oportunidad el legislador macrista Jorge Enriquez, al tiempo que vociferaba en favor de “un sistema contravencional que no cayera en garantismos destinados a las minorías”. Así se negoció en la legislatura porteña la futura represión hacia sectores ya vulnerabilizados de la población, hacia los que protestan o necesitan del espacio público para subsistir.

Con el palacio legislativo vallado, protegidxs por tropas que parecían más bien un ejército de ocupación, sordxs a protestas y reclamos, lxs representantes del pueblo aprobaron las setenta modificaciones. El (no tan) antiguo “Código de Convivencia” pasó a llamarse, con menos eufemismo, “Código Contravencional” y las travestis fueron a dar con sus huesos al Rosedal, ya que el código modificado, que también apunta contra vendedorxs ambulantes, cuidadorxs de coche y piqueteros, relega a las travestis y mujeres en situación de prostitución a intangibles zonas ubicadas a más de doscientos metros de viviendas, templos o escuelas. Que la bienpensante clase media no se encuentre, en la puerta misma de su casa, con la miseria que su sistema produce. Pero que sepa donde buscarla cuando quiera contratar sus servicios. Es claro que no son muchos los lugares públicos de la ciudad que cumplen con el requisito de los doscientos metros. El Rosedal tal vez sea uno de los pocos, aunque según parece, el inefable García Elorrio determinó, centímetro en mano, que no todo el Rosedal quedaba comprendido en la zona de exclusión.

Para Lohana Berkins, dirigente de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT), la frustrada resolución formaría parte de un acuerdo entre el malogrado Telerman y el recientemente electo Macri para que el primero asuma los costos políticos del trabajo sucio a cambio de que el segundo no le cuestione el déficit presupuestario producido por una campaña electoral elefantiásica e inútil. Berkins también alerta acerca del mensaje que se le estaría enviando a la policía, a quien señala como responsables de la tercera causa de muerte entre la población travesti. En su libro La gesta del nombre propio Berkins consigna que cuatrocientos veinte travestis fueron asesinadas en cinco años por las que no hay ni justicia ni reclamo, salvo claro, por las mismas travestis que convergen en distintas organizaciones.

Con similar claridad se pronunció la Asociación de Travestis, Transexuales y Trangéneros de Argentina (ATTTA), que en una carta al todavía jefe de gobierno, expresaba: “¿Cuándo piensan, quienes gobiernan, mirarnos a la cara para hacer algo más que echarnos de donde quiera que estemos? ¿Cuándo van a pensar en cómo crear las condiciones para que tengamos una vida digna, en vez de tratarnos como escoria? El discurso de quienes dicen, como el legislador Enriquez, que la prostitución debe ejercerse en lugares privados (¿departamentos privados?) y alejarse de la calle, esconde las consecuencias que eso tiene: la prostitución ejercida en espacios privados es el negocio de la esclavitud y la trata de personas que regentean los mismos sectores que piden represión en nombre de la moral y las buenas costumbres. ¿O usted no sabe quienes son los dueños de esos departamentos?”

En igual sentido se pronunció la activista travesti Fátima Castiglione Maldonado, autora del aún inédito El Matadero quien en una carta abierta a García Elorrio se preguntaba si el funcionario sería un total ignorante respecto a las cuestiones travestis o, simplemente un oficial operativo de El Matadero, forma por demás gráfica de referirse a la red de esclavas trans para la prostitución y la distribución de cocaína.

El intento pudo frenarse, pero es el anuncio de la escalada represiva que se viene y que, como siempre, empezará por lxs más débiles. Dice Berkins: “La sociedad no logra ver que lo que está en juego es el uso del espacio público: atacan por el lado más débil, más desvalorizado, para así poder avanzar”. El tema ya se está instalando en los medios de comunicación. Dicen que las travestis son peligrosas para el patrimonio histórico, como si en esta ciudad importase mucho el patrimonio histórico que se destruye alegremente todos los días para construir rentables edificios. En el futuro van a decir que son un atentado a la moral o a la patria o al ser nacional o a la seguridad pública. Y ahora hasta disponen de una flamante ley antiterrorista para engrosar el arsenal jurídico del que disponen los gobiernos para sojuzgar al pueblo. El electo jefe de gobierno adelanto, este miércoles, el sentido que tomaría su mandato En conferencia de prensa, luego de un fallido tratamiento del traspaso de la policía, por falta de quórum en la Cámara de Diputados, expreso: “El espacio publico es un caos. Todas las calles están cortadas. No se puede ir a trabajar. No se puede ir a la escuela, ni al hospital. Una minoría afecta los derechos de la mayoría”.

Es importante recordar que en 1949 la Argentina firmó el Convenio para la Represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. Esto quiere decir que Argentina es un país abolicionista: No condena la prostitución, ni la criminaliza en cambio si debe perseguir y terminar con la explotación. Aunque recién, luego de 57 años de firmado el convenio, existe un proyecto de ley que con media sanción del Senado. Este proyecto, inconsulto con organizaciones que luchan y conocen este flagelo, surge luego de un informe emitido por el gobierno de Estados Unidos sobre el incumplimiento de la Argentina de los convenios internacionales. Cuando se firmo este convenio que fue ratificado, se asumieron compromiso para generar políticas públicas y sociales para abolir la prostitución. La represión y persecución a las personas en estado de prostitución condena a mujeres y travestis al más absoluto desamparo, al hambre y hasta al exterminio.

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