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Lunes 13 de agosto de 2007 | Violaciones graves de los derechos humanos

Oaxaca: clamor por la justicia

Por APPO

En junio de 2006, estallaron en el estado de Oaxaca protestas generalizadas para pedir la dimisión del gobernador. Durante varios meses, la ciudad de Oaxaca quedó paralizada. La agitación política continuó hasta bien entrado 2007, y provocó una dilatada crisis de seguridad pública. La mayoría de las protestas fueron pacíficas. Sin embargo, se produjeron numerosos choques violentos entre sectores del movimiento de oposición, las fuerzas de seguridad y los simpatizantes del gobierno del estado. Al menos 18 personas murieron en circunstancias aún por aclarar, y otras muchas sufrieron lesiones graves. La mayoría de las víctimas mortales eran manifestantes, pero al menos dos de ellas eran contrarias al movimiento de protesta. Asimismo, a consecuencia de los disturbios, se produjeron daños graves en viviendas y propiedades.

Este informe se centra en algunas de las violaciones graves de los derechos humanos denunciadas durante la crisis, como el uso de fuerza excesiva (incluida fuerza letal), detención arbitraria y en régimen de incomunicación, malos tratos y tortura, amenazas, hostigamiento de personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y periodistas, y violaciones del debido proceso y del derecho a un juicio justo. Según informes, la policía municipal, estatal y federal fue la responsable de la mayoría de estos abusos, aunque en varios casos, los protagonizaron miembros de la policía no uniformada o grupos de hombres armados coordinados, al parecer, con las fuerzas de seguridad.

Existen pocos datos que apunten a investigaciones serias e imparciales de las autoridades estatales sobre estos abusos. En la mayoría de los casos, no se ha protegido la escena del crimen ni se han reunido y conservado pruebas de forma oportuna. Se ha pedido a las víctimas o a sus familiares que aporten pruebas de los abusos, pero se les ha facilitado poco apoyo profesional de los investigadores oficiales o ninguno. En muchos casos, la detención y acusación de simpatizantes de la oposición se basó exclusivamente en declaraciones de agentes de policía y funcionarios del gobierno local y, al parecer, no se solicitó el testimonio de compañeros, amigos y otros testigos presenciales o la Procuraduría lo desestimó. Tampoco se han tomado medidas concretas para establecer mecanismos dignos de crédito e imparciales dedicados a investigar los abusos. Asimismo, hasta el momento han sido infructuosas las investigaciones federales sobre denuncias de abusos cometidos por funcionarios federales.

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