La historia de Pakistán no parece ser muy distinta a muchas otras de países de la región con gobiernos “títeres” que intentan imponer la democracia burguesa por la fuerza, mientras enfrentan a movimientos islámicos a los que occidente califica como “terroristas”. No parece tan distante de los constantes golpes de estado “ataturkistas” en la Turquía que pretende ser europea, asesinando en nombre de la libertad y la fraternidad “laica” arrasa con otros cultos.

Repleta de golpes de estado, democracias inestables derrocadas por denuncias de corrupción, empobrecimiento e intervenciones de países centrales que no hacen más que agigantar el terrorismo que dicen combatir, parece estar en un laberinto interminable. Paradójicamente la alternativa a esta crisis son actores de la “democracia” que ya han fracasado y tenido fuertes denuncias de corrupción, y hundimiento en la pobreza de sus sectores oprimidos.

El pasado 3 de noviembre, Pervez Musharraf declaró el estado de excepción en el país por las "injerencias judiciales". Justificó la decisión porque "el sistema gubernamental del país estaba paralizado por las injerencias judiciales" y a causa del "choque entre las instituciones gubernamentales y el sistema judicial", por lo que se requiere de un "nuevo orden constitucional provisional".

El Ejército y la Policía protegen este estado de excepción proclamado por Musharraf a golpe de detenciones. Hasta 2.000, según algunas fuentes, desde el sábado. Entre los detenidos figuran centenares de abogados, que ayer protestaron con fuerza en varias ciudades paquistaníes, magistrados, responsables y militantes de partidos políticos opositores y figuras destacadas de la sociedad civil.

Todo parece dar a entender que el general Pervez Musharraf está aprovechando esta situación para quitarse de encima al mayor número posible de opositores antes de confirmar la convocatoria de elecciones, tal y como le piden Estados Unidos y la Unión Europea.

Pocos creen en las palabras de Musharraf y la presión aparentemente creciente de Washington no convence a nadie. Conviene recordar, en cualquier caso, que, desde los atentados del 11 de setiembre de 2001 en Nueva York y Washington, EEUU ha apoyado económicamente a Musharraf, en el poder desde el golpe de 1999. Al menos, que se sepa, 11.000 millones de dólares desde 2001. De momento, los “programas de asistencia” y la coordinación de los programas militares entre ambos estados continúan en su nivel habitual.

Washington sigue considerando al general paquistaní como su mejor aliado en la zona en la “guerra contra el terrorismo”, pero es obvio que cuando Musharraf muestra su rostro golpista de forma tan descarnada hasta EEUUmuestra inquietud. De ahí que la Casa Blanca, por medio de funcionarios de segundo rango, se viera obligada ayer a sugerir que las relaciones entre ambos países no pueden mantenerse en el mismo nivel y tono si el estado de emergencia se mantiene. En el primer nivel, las reacciones fueron las esperadas: la Casa Blanca instaba al presidente Musharraf a volver a la normalidad institucional y constitucional, al tiempo que Bush realizaba un llamamiento “a la calma a todas las partes implicadas”. Cabría preguntarse, claro está, sobre la hipocresía -o el doble discurso, cuando menos- de pedir calma, en el mismo plano, al golpista y a los que están siendo detenidos de a centenares.

Artículo completo