En tiempos de recambio institucional y próximos Pactos Sociales promovidos por la presidenta va comenzando a resquebrajarse el complejo marco de alianzas entre el gobierno y los "sectores K" del movimiento social; basta mencionar a modo de ejemplo que el nuevo armado en la provincia excluye al Movimiento Evita, liderado por el ex subsecretario de gobierno Emilio Pérsico, que en los últimos años tuvo un gigantesco crecimiento con la ayuda de la gestión Solá.

Otro de los grupos que quedó afuera del reparto fue el MP 29 de Mayo (una escisión del M29, de tendencia guevarista). Ya en agosto de 2006 se los había acusado de saquear un depósito de alimentos en el barrio platense de Tolosa, ante lo que Gustavo Munizaga, uno de sus coordinadores, declaró no tener "nada que ver con lo ocurrido" advirtiendo sin embargo que "esto puede empezar a pasar mientras no se hable de una apertura económica, porque en las barriadas hay hambre"(1).

Además de aquel episodio, este grupo cuenta con otro antecedente: un intento de toma de Tucuypaj, una fábrica recuperada de La Matanza utilizada como centro comunitario por un conjunto de grupos sociales, políticos, culturales y productivos. En un comunicado emitido por Tucuypaj se relata que el 4 de febrero de 2006 "el dirigente del Movimiento Popular 29 de Mayo se presenta sorpresivamente en Tucuypaj, junto con 4 hombres de su organización y dos ex integrantes de Tucuypaj increpando a los gritos a los presentes diciendo que venían 'a tomar posesión de este lugar', aclarando que, de ahora en más, ellos (el MP29 de Mayo) comenzarían a utilizar este espacio, que no intentáramos impedirlo, que por más que llamemos a todas las organizaciones que queramos ellos se quedarían con el espacio 'a como de lugar'."(2)

Luego de fracasar una mesa de diálogo prevista para las 9 de la mañana del lunes con funcionarios a cargo, unas 200 personas de este movimiento y del MTD Trabajo y Dignidad provenientes de Berazategui, Quilmes y Florencio Varela, decidieron movilizar al Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia para exigir un aumento de planes sociales y de la provisión de mercadería de cara a las fiestas. Al llegar al inmueble, ubicado en 55 entre 6 y 7, rompieron los vidrios y arrojaron botellas con nafta en el hall de entrada, a la vez que unas sesenta personas (entre las que había una decena de menores de edad) ingresaron para tomar el edificio luego de una truncada negociación, instando a los trabajadores a salir. Según Walter Mateo, delegado gremial de SOEME, "fue muy traumático porque tenían bombas molotov, cosas armadas muy caseras, había sillas en la escalera y un escritorio (...) estoy de acuerdo en todo reclamo que sea justo pero de distinta maneras, nosotros somos trabajadores, los que los atendemos siempre y los escuchamos".

Los empleados se agruparon en 6 y 55 mientras que del lado de 7 permanecía el grueso de la columna piquetera que aguardaba impaciente las novedades sobre lo que ocurría dentro. Cerca de las tres de la tarde la situación se tensó aún más con la llegada de tres camionetas del Grupo Halcón que vinieron a sumarse a la nutrida guarnición de Infantería. También llegó una cuarta camioneta civil, sin patente, en la que seguramente irían los jefes del operativo. En tanto, desde el cuarto piso los manifestantes desplegaron una sugestiva bandera blanca que decía "Edificio tomado para pedir justicia social. Los desocupados tenemos derechos humanos" mientras hacían señas por la ventana para dar fuerzas a sus compañeros.

Después de negociar con la Secretaria de Derechos Humanos, Sara Derotier de Cobacho, quien pidió que se retire el Grupo Halcón, y con el coordinador de la policía provincial, Daniel Salcedo, las sesenta personas fueron trasladadas en tres unidades carcelarias móviles a la comisaría 1ra., donde permanecieron detenidos hasta la madrugada. Allí les tomaron los datos y los hicieron declarar. Mientras, la Fiscal dijo que proseguirá investigando lo sucedido, a la vez que un vocero de fiscalía sostuvo que el delito por el que se los imputaría sería excarcelable. Hoy habrá asueto administrativo en el edificio para facilitar la tarea de los peritos y comenzar las reparaciones.

¿Rehenes?

Una empleada en silla de ruedas no pudo retirarse porque en medio de la confusión los ascensores dejaron de funcionar, por lo que debió permanecer allí con tres trabajadores que se quedaron a acompañarla. El episodio fue interpretado por los medios y la Jefatura de Gabinete provincial como una suerte de "toma de rehenes", lo que fue desmentido a Indymedia por fuentes de organismos de derechos humanos que participaron de la negociación.

"No somos K"

Daniel Rodríguez, líder del MP 29 de Mayo declaró: "Nosotros en un momento dado eramos grupos K hasta que surgió una vez una toma de un galpón y quedamos afuera de los grupos K. No somos K, yo no soy kirchnerista pero trabajo por este proceso. Si yo quiero construir con este proceso construyo bien con este proceso pero yo soy de izquierda y muchos compañeros de aca son bien de izquierda..."

Responsables

El recien llegado ministro de Desarrollo Humano, Daniel Arroyo, expresó desconocer "de dónde son estos grupos de piqueteros", algo completamente inverosimil, enfatizando que "claramente hubo un grupo violento que entró y rompió el edificio". Arroyo, quien hasta hace unas semanas ocupaba el cargo de viceministro de Desarrollo Social en Nación, argumentó: "Nos reunimos con todas las organizaciones permanentemente y hablamos de los emprendimientos productivos. Pero esto no tiene nada que ver con un reclamo social" (3). Dichos similares expresó el gobernador Daniel Sciolli después de recorrer las instalaciones, y reiterar que al inmueble de calle 55 "entraron con bombas y armas de fuego". Además dio instrucciones al Ministerio de Justicia "para que a través de la fiscalía se impulsen las acciones correspondientes". En tanto los manifestantes dijeron que lo sucedido "no es responsabilidad nuestra sino de quienes no cumplen las promesas al pueblo. Este es el pueblo pobre, acá no hay gente que no tiene necesidades".

El martes pasado hubo un allanamiento en el edificio y el juez Guillermo Atencio ordenó la detención de casi 50 piqueteros. Los imputó por delitos de “coacción agravada e intimidación pública”, sumado a la “portación de armas de guerra” y a la “participación de menores de edad” en el episodio. Los manifestantes presentaron, por medio de sus abogados, la "eximición de presión".

Fuentes consultadas:
(1) http://www.clarin.com/diario/2006/08/04/um/m-01246415.htm
(2) http://argentina.indymedia.org/news/2006/02/372540.php
(3) http://www.diariohoy.net/vx/verNoticia.phtml/html/268550626/
(4) http://www.diariohoy.net/notas/verNoticia.phtml/html/268550719

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Fotos: 1 + 2 Por Joaco ((i)) + 3 Por Federico Sager ((i))
Diario Hoy