Hoy martes, 8 de abril se realizaba por la mañana el remate del campo El Escondido (cerca de Sebastián El Cano, provincia de Córdoba), en el Juzgado Civil y Comercial de 6º nominación de la Provincia de Córdoba. La publicación del remate, realizado por el Gobierno Provincial, presentaba las tierras como deshabitadas. La familia Ortiz vive allí desde hace más de veinte años, en el 2004 empezaron los intentos de desalojo. En ese mismo año se inscribieron en el Registro de la Propiedad (ley9150), para legalizar su posesión de dos décadas. Este remate es ilegitimo al no cumplir las instancias legales, en las cuales se tiene que controlar el Registro de Poseedores, para corroborar si existen poseedores. Finalmente se inicia la venta y se rematan las tierras por $86.000, como si estuvieran deshabitadas.
Al enterarse casualmente de la subasta, algunxs integrantes del Movimiento Campesino de Córdoba (MCC) concurrieron a dicho remate para denunciar esta "irregularidad". Se presentaron en el juzgado, denunciando que hay una familia y le pidieron que se retirara del recinto. En la puerta un policía lo detiene y es llevado bajo custodia a ex Carcel de Encausados (Brasil y Belgrano), y luego lo trasladaron a la Comisaría 1, en Corrientes 534, donde se concentró gente de diferentes organizaciones del campo popular para exigir la liberación del compañero.
Vemos en este caso como el Gobierno de la Provincia de Córdoba plantea una solución a las familias poseedoras de tierras mediante la inscripción en el Registro de la Propiedad y luego lleva adelante un remate sin contemplar la opción de salida brindada previamente a lxs campesinxs.

Oscar Martinez fue el oficial de justicia que "constató" que no vivía gente en El Escondido. Ahora la familia tiene cinco dias para lograr la nulidad del remate.

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