Se quebró la frágil tregua alcanzada entre el gobierno nacional y las entidades que nuclean a los empresarios del agro y volvió el lock out con los productores en las rutas. Lo que continúa invariable es la crisis de fondo a la que nos está llevando el modelo sojero, basado en un dólar alto que favorece la exportación y en una política de subsidios a los grupos más concentrados del campo. El paro que durante 21 días mantuvo en vilo al país tuvo su origen el 11 de marzo cuando el ex Ministro de Economía Martín Lousteau anunció una suba de las retenciones del 34 al 44% para los exportadores de soja, lo que despertó el descontento de las asociaciones ruralistas, así como de gran cantidad de productores autoconvocados y cientos de pueblos del interior de economía mayormente agrícolo-ganadera.

A simple vista no pareciera que el aumento a las retenciones fuese una medida equivocada, ya que las ganancias de dicho sector han crecido considerablemente a causa de la escalada de precios de los granos en el mercado internacional. Pero la falta de retenciones diferenciadas puede perjudicar a quienes proviniendo de otros sectores de la economía agraria-ganadera, se han volcado a la producción de soja por su rápida rentabilidad, pero pueden terminar perdiendo al no estar en condiciones de recuperar los costos de inversión, situación que les lleva a arrendar y posteriormente vender sus tierras a los grandes productores. Mientras que también se cuestiona el hecho de que, al no ser coparticipables con las provincias, las retenciones provenientes del campo no se vuelcan al mejoramiento de la infraestructura de las zonas de producción agrícola.

A su vez, el interrogante acerca de la utilización que se da al dinero de las mismas, es contestado desde el gobierno de manera contradictoria: se dice que es para frenar la inflación y redistribuir la riqueza, pero los precios siguen subiendo y parte de las retenciones –nada menos que dos mil millones de dólares- se redistribuyen entre los grandes exportadores, como denuncia Alberto Ferrari Etcheberry, ex presidente de la Junta Nacional de Granos. Es el tradicional doble discurso de los Kirchner-Fernández cuya política pseudogarantista en materia de derechos humanos no afecta en absoluto el avance arrollador del modelo económico agropecuario y minero exportador en nuestro país. El modelo favorece a un puñado de corporaciones que explotan a los/as trabajadores/as y los recursos naturales del país.

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