Finalmente la Justicia Penal de Cruz del Eje condenó a seis meses de prisión condicional por “usurpación” a ocho campesinxs de la localidad de El Chacho, Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, a pesar de que la Fiscal había pedido el sobreseimiento. En el fallo, el juez Ricardo Py dispuso también “restituir” el campo al empresario Martín Buttie.

La sentencia se concretó pese a que la fiscal de Cámara, Ahidé Gersicich, desestimó todos los posibles fundamentos del delito de usurpación previstos en el artículo 181 del Código Penal. “También pesaba el antecedente de un fallo civil, dictado por el juez Rogelio Archilla, que les reconoce el derecho a la posesión del campo que defendieron aquel 4 de septiembre de 2004” explicó el periodista Alexis Oliva de Prensared.

“… la calma y la esperanza mutaron en estupor e indignación con la lectura del fallo con el que el juez Ricardo Py dispuso declarar a Graciela del Valle Arévalo, Clara María Farías, Roque Teótimo Farías, Ramón Nicolás Fernández, Santo Ernesto Fernández, Tomás Cornelio Silva, Martha Agustina Silva y Prudencio Ricardo Navarrete “culpables del delito de usurpación” y “aplicar para su tratamiento la pena de seis meses de prisión en forma de ejecución condicional y con costas”. Describió Oliva, y agregó “La tensión en la sala se acentuó al escucharse la segunda resolución: “Ordenar la restitución del inmueble objeto de la presente (...) a Martín Rodolfo Buttie”. El próximo 21 de julio próximo, a las 12,30, se darán a conocer los fundamentos de la sentencia.

Esta sentencia afirma el concepto de criminalización de la protesta y se muestra contradictoria con lo sentenciado el 28 de Diciembre de 2007, cuando en los Tribunales de Cruz del Eje se absolvió en un juicio oral y público a 11 integrantes de APENOC, organización participante del Movimiento Campesino de Córdoba. La imputación que pesaba sobre ellas/os era la de: “daño calificado agravado por delito en banda”. Esto fue por haber realizado el corte de un alambrado en defensa de la posesión histórica de la familia Loyola, en el paraje Cañada Larga al noroeste de la provincia de Córdoba.

Cuando las aguas se han calmado en la relación de poder entre el campo ´sojero´ y el gobierno de Cristina Fernandez, podemos ver como lxs pequeñxs productorxs, lxs campesinxs, lxs habitantes originarixs, son una vez más despojadxs de sus tierras y condenadxs por los intereses de los especuladores de la tierra. "Somos campesinos organizados y conocemos nuestros derechos de posesión sobre la tierra en la que hemos sido nacidos y criados", dice en su comunicado APENOC y afirman "También conocemos las injusticias de la justicia y la policía y de los poderes políticos de turno. La defensa de nuestro territorio no puede ser causa de acusación eternamente". y concluyen "¡NI UN METRO MÁS, LA TIERRA ES NUESTRA! ¡TIERRA, TRABAJO Y JUSTICIA PARA LAS FAMILIAS CAMPESINAS!"

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