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Una semana atrás, sábado 22 de noviembre, mientras los miembros de Autoconvocados por los Derechos de los Pibes de la Calle se encontraban reunidos en la Plaza Rocha, agentes de la policía de la Comisaría Novena, ubicada en 5 y 59, entraron en la misma intentando detener a tres chicos de la calle con el pretexto de haber robado. Ante esta situación, ya rutinaria, los integrantes de autoconvocados se dirigieron a los oficiales argumentando que no podían detenerlos de semejante manera. A esto, según informaron los miembros de la organización, aparecieron once patrulleros de los cuales se bajaron policías que comenzaron a reprimirlos violentamente, “con golpes, empujones, amenazas, agresiones verbales”, según advirtieron en su comunicado. Entre las agresiones durante el violento proceso, que incluyo la incomunicación de de los integrantes de autoconvocados al prohibírseles el uso de celulares, se contó la de una menor embarazada, “que fue tirada al piso, arrastrada, golpeada y esposada doblemente”.
Finalmente, los 3 menores detenidos fueron liberados por la noche tras el operativo que los miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez, que nuclea a Autoconvocados, no ven como un hecho aislado, “sino que esta enmarcado dentro de la política represiva y la criminalización de la pobreza de nuestro gobierno”, citando luego el caso de Viviana, de 22 años educadora en el Centro Belén de la Red El Encuentro de José C. Paz, que fue secuestrada y golpeada en una movilización por los derechos de la niñez realizada en nuestra ciudad el pasado 12 de noviembre. El hecho fue denunciado por Alberto Morlachetti, Coordinador del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, quien a través de un comunicado expresó que a la joven "la secuestraron a las 3 de la tarde en Calle 6 y 50, una mujer y dos hombres -en plena marcha- mientras la custodia policial que era mucha, como siempre no vio, no supo, no responde".
Lo sucedido en la Plaza Rocha se suma a la innumerable lista de agresiones sufridas por los chicos en situación de calle en los últimos meses en especial, tanto con los policías disfrazados de civiles como uniformados, que en nuestra ciudad se han multiplicado de forma notoria desde septiembre a partir de las medidas de mano dura por parte del gobernador de la provincia, Daniel Scioli. Al caminar por el centro platense podemos vislumbrar cinco oficiales en un mismo instante, con perros, en auto, moto, bici y hasta caballos, demostrando estos últimos que el único objetivo es la intimidación, convirtiendo el centro de la ciudad en territorio más hostil aún para aquellas personas que viven en la periferia , ante el riesgo de pasar la noche en una comisaría, siendo detenidos arbitrariamente por averiguación de antecedentes, un proceso que en palabras de el Juez F. Arias, se realiza sin la necesidad de ser trasladado a una seccional, a causa de los avances tecnológicos. Según informó Correpi en su boletín Nº 504, “el Juez F. Arias, hizo lugar a un recurso de habeas corpus preventivo interpuesto por la Defensoría Oficial de Jóvenes con motivo de las detenciones ilegales de que son víctimas cotidianas los menores de 18 años,” declarando inconstitucionales tres clases de detenciones de menores que la policía realiza a diario: Las dos primeras corresponden a las aprehensiones por contravenciones, mientras que “la tercera clase refiere a la ‘modalidad no normada llamada entrega de menores’. O sea, lisa y llanamente, el fallo reconoce que la policía detiene chicos menores de edad y decide si los entrega a sus padres o a quien sea sin comisión de delito alguno”.
Ante todo esto, la Correpi denuncia que “se da por enterado de que la policía se la pasa deteniendo menores que no han cometido delito alguno, incluso sin usar las facultades de la doble A o las faltas”. Sin embargo, el fallo que sólo tendría marco en nuestra ciudad, había quedado en suspenso tras su aprobación a fines de octubre, a causa de la apelación presentada por parte del gobierno provincial, aunque semanas atrás la justicia rechazó dicha apelación, fortaleciendo la orden del Juez F. Arias hacia el Ministerio de Seguridad de que “instruya a todos los órganos policiales del Departamento Judicial de La Plata para que los funcionarios y/o agentes policiales que allí se desempeñan se abstengan de aprehender o detener a menores de 18 años de edad, por presuntas infracciones al Decreto-Ley N° 8.031/73, averiguación de identidad (art. 15 de la Ley N° 13.482), y vías de hecho tales como la denominada 'entrega de menor', u otras similares”.
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