Julio López
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Viernes 1º de mayo de 2009 | Denuncia de AMMAR Córdoba

Abuso policial

El pasado 24 de abril, AMMAR Córdoba difundió un comunicado de prensa en el que denunciaba el permanente abuso policial sobre las mujeres en prostitución. La denuncia se originó a partir de la situación de Jorgelina Nieto, alumna de la Escuela Primaria CENPA AMMAR. Jorgelina fue detenida mientras trabajaba, siéndole negado el derecho a arresto domiciliario a pesar de ser madre de dos niñxs y de estar amamantando a la menor de sus hijas. El comisario, en lugar de permitirle reunirse con su hija en su domicilio, hizo que trajeran a la beba al calabozo para alimentarla.

En declaraciones a la Red Nosotras en el Mundo, Eugenia Aravena, Secretaria General de AMMAR Córdoba, además de caracterizar los maltratos contra Jorgelina y su hija como extremas violaciones a sus derechos humanos, relataba que el detalle de los incontables abusos que sufren a manos de las fuerzas policiales están saliendo a la luz en los talleres de formación en derechos humanos y código de faltas que está realizando la organización.

Esta denuncia fue receptada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, quien ha concertado una reunión conjunta en la Jefatura de la Policía para que las integrantes de AMMAR expongan sus reclamos. "Las principales peticiones -detallaba Aravena-, son que se respeten nuestros derechos humanos. Lo que nosotras decimos es que el trabajo sexual no es un delito, lo que sanciona el código de faltas es molestar a las personas provocando escándalo, y a las compañeras de la zona centro, fundamentalmente, se las están llevando presas por portación de cara".

Reflexionando acerca de las razones de esta persecución, Aravena planteaba la falta de claridad y coherencia de las políticas públicas, que frente a los esfuerzos de la organización de trabajar por la inclusión, por los derechos y por la igualdad de oportunidades de las mujeres, responde con el código de faltas y las detenciones policiales arbitrarias.

Para finalizar, planteó que el Estado debe perseguir el proxenetismo y la trata de personas, que es lo que es un delito en este país y no detener a las trabajadoras sexuales.

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