Julio López
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Miercoles 10 de junio de 2009 | represión por entrega de tierras amazónicas

Perú: Masacre y criminalización a nativos

Ya hay, al menos, cien campesinos desaparecidos y el líder indígena Alberto Pizango obligado a pedir asilo político en la Embajada de Nicaragua en Lima. En la madrugada del 5 de junio, el gobierno de Alan García desató una violenta represión en la Amazonía peruana. Las informaciones son confusas y no hay cifras oficiales, pero hasta el momento habría entre diez a veinte muertos en Bagua, zona de Corral Quemado y Curva del Diablo. Mientras tanto los medios masivos de difusión se focalizan en los policias muertos, por los enfrentamientos ocacionados por la represión iniciada la semana pasada. Esta represión ocurre horas después de que el Congreso de la República decidiera postergar nuevamente el debate de la derogatoria de los decretos legislativos que facilitan la invasión de territorios indígenas, lo que hace suponen una clara connivencia entre el Congreso y la Presidencia.

Vladimir Portilla, comisionado de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Bagua Grande, región nororiental de Amazonas, dijo hoy, tras un recorrido por la periferia de esa localidad, que no encontraron a los indígenas cuya desaparición es denunciada por sus familiares.

Los nativos amazónicos luchan para no ser despojados de sus territorios y para que el gobierno respete sus derechos como pueblos, establecidos en el Convenio 169 de la OIT asumido por el Estado peruano y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas. De esta manera, han asumido la defensa de los recursos naturales que pertenecen a todos los peruanos contra la intención de García de entregarlos a intereses privados.

Desde el 9 de abril pasado, las comunidades amazónicas del Perú iniciaron lo que califican de “paro indefinido” en toda la Amazonía peruana, como respuesta al incumplimiento del Congreso de la República de revisar seis decretos lesivos a los derechos de los pueblos indígenas. Se trata de decretos emitidos por el Ejecutivo en el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y que suponen la apertura de la Amazonía a industrias social y ambientalmente destructivas como la minería y la explotación petrolera. Frente a esta política de gobierno, los nativos, dueños ancestrales de los bosques amazónicos, se han convertido en un estorbo.

Alan García, acaba de declarar que está "seguro de que la población de todo el Perú, que en su inmensa mayoría sabe que el país debe continuar su camino por el desarrollo, el empleo y la inversión, apoyará las acciones contra la agresión subversiva y el terrorismo" (diario Correo, 07-06-09). En este mismo periódico se llamó a "iniciar una implacable, obsesiva, paciente e infatigable cacería policial y los responsables deben responder con todo el peso de la ley por este crimen de lesa humanidad. Vivos o muertos. Que se ofrezcan recompensas, se presione muy fuerte a los Apus, se haga labor de inteligencia...Capturar a esos malnacidos debe ser una política de Estado".

En este conflicto, de delicada complejidad para quienes no estamos interiorizados, acompañado por la parcialidad de ciertos medios masivos, es importante entender que para los nativos no existe el concepto de propiedad privada; nativo y naturaleza son una unidad común, pues quien los alimenta, cura sus enfermedades y asegura su supervivencia, no es el estado sino la naturaleza, su madre tierra y ante cualquier intento de alteración de este su hábitat, asumen la defensa con absoluta convicción, aún a costa de su propia vida.

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