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 La
alegría se hizo calle. La emoción llenó a todos y todas. Las lágrimas
de alegría y recuerdo brotaron en todos los ojos. Cuando se escuchó
“...a la pena de prisión perpetua...”, cinco veces
explotó bulevar Oroño. Fueron 34 años de lucha. Siete meses de juicio.
Tal como se deseaba, la reclusión será en cárceles comunes.
Y los delitos fueron considerados crímenes de lesa humanidad.
Desde temprano, el Espacio Juicio y Castigo había organizado una
radio abierta en la que se le fue dando la palabra a compañeros
y compañeras de organizaciones que se estaban sumando a la espera
de la sentencia. Que llegó pasadas las 12.30 horas.
Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelong, Jorge Alberto Fariña,
Eduardo Rodolfo Costanzo y Walter Salvador Dionisio Pagano fueron
todos juzgados como coautores “penalmente responsables de los
delitos de privación ilegítima de la libertad agravada por mediar
violencia y amenazas y aplicación de tormentos agravados por ser
las víctimas perseguidos políticos. Y en concurso real con el delito
de homicidio agravado por alevosía por el concurso premeditado de
dos o más personas y para procurar su impunidad”. Y por esos
hechos recibieron la condena más deseada: “pena de prisión
perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua (...), calificándolos
como crímenes de lesa humanidad”.
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Santa Fe
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El
29 de marzo Silvia Suppo fue brutalmente asesinada. Testigo
clave en la causa Brusa, Suppo impulsó un nuevo juicio que
implica a policías que hasta hoy caminan libres como responsables
de la desaparición en 1977 de Reynaldo Hattemer, su novio.
Silvia señaló sentirse hostigada e intimidada en diversas ocasiones,
particularmente desde que comenzó el proceso de la causa Brusa.
La explicación de que se habría tratado de un “robo común” no
satisface a los organismos de derechos humanos ni a los familiares
de Silvia, que exigen el esclarecimiento absoluto de los hechos.
Días antes del asesinato, el gobierno provincial había sido advertido
por 
Horacio
Barcos, ex agente civil de inteligencia fue condenado por la Justicia
santafesina a cumplir 15 años de prisión, al ser hallado culpable
de integrar un grupo de represores que secuestró y torturó a opositores
de la última dictadura militar.
H.I.J.O.S.
Regional Santa Fe denuncia que “Otro siniestro fallo de
la Cámara de Casación Penal de la Nación dejó en libertad a un peligroso
genocida santafesino, a pesar de estar procesado por 16 homicidios
y la supresión de identidad, sustracción y ocultación de la identidad
de una menor (para aquel entonces) la Cámara de Casación Penal de
la Nación entiende que, quien para el año 1977 era Capitán del Destacamento
de Inteligencia 122 con asiento en la ciudad de Santa Fe y partícipe
activo de la represión local de la dictadura militar, hoy no presenta
peligro procesal, y por tanto le concedió el peligrosísimo beneficio
de la excarcelación”. 
Los
trabajadores aceiteros nucleados en la Federación de Trabajadores
Aceiteros y Desmotadores y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros
de San Lorenzo, lograron incrementar el salario mínimo vital y móvil
a $4000 en la negociación paritaria llevada adelante en el Ministerio
de Trabajo de la Nación. El acuerdo con la Cámara de la Industria
Aceitera de la República Argentina (CIARA) y la Cámara Industrial
de Aceites Vegetales de Córdoba (CIAVEC), contempla además otros
beneficios para los 15 mil obreros que trabajan en esta rama. 
Más
de 3 mil personas se reunieron el pasado viernes en el Monumento
a la Bandera para defender la nueva Ley de Medios. La jornada fue
impulsada en internet por el público rosarino del programa 6,7,8,
para exigir la puesta en vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, frenada actualmente por una medida cautelar en un tribunal
de Mendoza.