La polémica con la jueza federal de Córdoba, Cristina Garzón de Lazcano, se agudizò a partir de la medida cautelar tomada hace un mes:la prohibición de producir y comercializar anticonceptivos que contengan DIU (dispositivos intrauterinos) y aquellos medicamentos con componentes de drogas consideradas abortivas. Esta medida, que implica impedir la circulación del 97% de los productos disponibles en el mercado, no se detiene allì. La jueza tambièn exige al Ministerio de Salud la destrucción de todos los antiabortivos que circulan en el paìs.

La resoluciòn de Garzón responde a favor de la Fundación 25 de Marzo, llamada asì por el día de la Anunciación, presedida por el sacerdote y abogado Fernando Altamira. Esta fundación promueve la defensa de "la sana moral y el derecho natural y la vida desde la concepción, contra cualquier práctica abortiva". Para Altamira, estos métodos "violan el derecho a la salud de las mujeres".

En el momento en que fue anunciada la medida, organizaciones de mujeres, sindicatos, ong´s, pidieron la remoción de la jueza por mal desempeño de sus funciones. Lo cierto, es que la jueza ya había gestionado demandas de organizaciones católicas, como la presentada por la ONG Portal de Belén en el 2001, que prohibió la llamada "píldora del día después". También dictó la medida cautelar contra la aplicación de la Ley de Salud Reproductiva. Segùn Garzòn, cada una de estas herramientas devienen en contra del “bien lesionado en cuestión” que es “la vida”, considerada ésta desde el “momento de la concepción”.

Dicho análisis parte de una “cuestión de fondo o sustancial” que funciona como argumento del largo listado de prohibiciones: “Todo anticonceptivo – indica– indefectiblemente que también es abortivo”. Es decir que para Garzón y sus representados cualquier“droga usada con esos fines” produce o bien efectos abortivos o efectos anticonceptivos en las mujeres. Efectos que, supuestamente, “no pueden disociarse porque se dan en forma conjunta". Por eso se solicita que sean prohibidos, incautados o destruidos. Los argumentos de fondo, tanto de los demandantes -Altamira- como el de Garzón, están sostenidos en el "derecho a la vida", cuya interpretación sólo representa a un sector de la sociedad: el derecho a la vida limitada al momento de su "concepción".

El derecho a la vida resulta tener muchos matices y, hoy màs que nunca, cuando las desigualdades sociales se extreman, podemos dar cuenta de ello. La posibilidad de "decidir" sobre nuestros cuerpos, también es un derecho a la vida, asi como poder proporcionar a un hijo las condiciones materiales y subjetivas básicas. En el marco del accionar de la jueza, diversas agrupaciones realizaron protestas.

El jueves 5 de junio a las 15 hs., la Red de Mujeres Solidarias y las mujeres del Movimiento Barrios de Pie, se concentraron frente al Consejo de la Magistratura para pedir la destituciòn de la jueza. Segùn Malena(Red), esta medida "forma parte de la polìtica neolibreral" que hace que "las mujeres no podamos decidir sobre nuestros cuerpos, cuàntos hijos tener, còmo tenerlos, en què momento y què brindarles". El planteo de la jueza implicarìa "mas muertes para mujeres, màs condiciones de insalubridad en los abortos y ninguna posibilidad de elegir, como si fuèramos esclavas de esta idea de un derecho de algo que no existe", dice refirièndose al derecho a la vida que tanto proclama Garzòn. Por su parte, Mariela(Barrios de Pie), plantea que "este fallo encubre que muchas de las compañeras al no tener anticonceptivos y al quedar embarazadas, despuès no pueden mantener a sus hijos" y que "no existe hoy una salud pre natal que al menos contemple la realidad de las compañeras de los barrios".

Convocatoria
Fotos de la acci+n
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