El caso de Ramona Bustamente es un claro ejemplo de los efectos de las plantaciones de soja unidas a empresarios inescrupulosos en el Noroeste Cordobés (sobre todo en Tulumba y Río Seco). Tierras que hasta hace pocos años costaban 80 a 120 pesos ahora estan cotizadas entre tres mil y cuatro mil pesos. Campesinos dedicados al carbón y a la cría de cabritos durante años, están siendo desalojados por los cultivos de soja.

Doña Ramona fue desalojada junto con su familia el 30 de Diciembre pasado y nuevamente el 23 de enero de 2004. Ramona junto a la Asociación de Productores del Noroeste Cordobés (APENOC), la Unión de Campesinos del Noroeste (UCAN) y el apoyo desde el escenario del Festival Cosquín de Raly Barrionuevo y Leon Gieco, llamaron la atención del gobierno provincial y nacional. El vicepresidente de la Comisión del Festival de Cosquín, Adrián Cravero, recibió el martes 27 de enero de 2004, un llamado de una persona que se identificó como de la Side, pidiéndole explicaciones por qué Ramona Bustamante subió al escenario con Raly Barrionuevo.  Mientras, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, a través de Radio Nacional, se apresuró en desvincular a la Side del caso.

Escrache a la fiscal de por medio, el Tribunal Superior de Justicia y la Secretaría de Justicia de la Provincia tomaron el asunto a pedido de Juan Schiaretti, vicegobernador de Córdoba a cargo del Ejecutivo. La vocal del máximo órgano judicial de la Provincia, María Esther Cafure de Battistelli, pidió a la jueza de feria el expediente del desalojo de Ramona y lo remitió al fiscal general de la Provincia, Carlos Alberto Baggini, para que investigue y “en el caso que corresponda, se retrotraiga la situación a antes del desalojo”. El secretario de Justicia Hector David, también a pedido del vicegobernador,  hizo una presentación oficial para que se investigue el accionar de la Justicia y de la Policía. Si se vuelve todo para atrás, hasta antes del primer desalojo, los hermanos Scaramuzza, quienes dicen ser los propietarios de los terrenos, deberían reconstruirle la casa a Ramona. En 1992, los Scaramuzza firmaron un convenio con doña Ramona en el que ella renunciaba a todos sus derechos posesorios y a reclamar en el futuro los mismos, a la vez que podía permanecer hasta que los dueños (los Scaramuzza) la emplazaran a desocupar el predio. Pero recién ahora se está tomando en cuenta que Ramona Bustamante es analfabeta, comprobado por una asistente social. Por lo tanto si se determina que el convenio que se le hizo firmar es algo que Ramona no deseaba y que desconocía lo que estaba firmando, a los hermanos Scaramuzza podría caberles algunas de estas figuras penales: estafa procesal, defraudación, desbaratamiento de los derechos adquiridos o lesión jurídica.

Por el momento doña Ramona sigue luchando y esperando justicia para poder volver a su hogar y continuar con su vida normalmente como hasta antes de la llegada de la soja y sus topadoras.

Fotos del desalojo

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