El pasado 3 de Junio se realizó la segunda movilización en diferentes puntos del país en el marco del #NiUnaMenos dónde se exigieron, nuevamente, políticas públicas para afrontar los casos de violencia de género. A esta consigna se sumó “Vivas nos queremos” y “Sin aborto legal no hay NiUnaMenos”.

Según indicó en su último informe la Casa del Encuentro, hubo 275 femicidios en el país entre el 1 de junio de 2015 y el 31 de mayo de 2016, es decir una muerte cada 31 horas en promedio. A la par, en el periodo que va de 2008 a 2015 se registraron 2094 asesinatos y 2.518 hijas e hijos que quedaron sin madre, víctimas colaterales del femicidio, de las cuales 1.617 son menores de edad.

En las últimas semanas se dieron casos de femicidios en niñas como el caso de Micaela Ortega en Bahía Blanca, que estuvo desaparecida durantes un mes. Durante todo ese tiempo su familia la buscó y lo llamativo es que había al menos tres secuencias de imágenes tomadas por diferentes cámaras de la niña acompañada de un hombre y la policía no pudo dar con ella. Por este hecho hay un hombre detenido. Un día después a hallazgo del cuerpo de Micaela, en Tucumán, fue asesinada Milagros Torres, también de 12 años. Milagros se encontraba sola en su casa y aparentemente fue asesinada por una ex pareja de su madre. Menos de un mes antes, fue encontrado el cuerpo de Mabel Melanie Trinidad Rodríguez de 8 años. Había desparecido mientras se dirigía a la escuela. El cuerpo de Mabel estaba calcinado y con signo de violación, hay tres hermanos detenidos. También el de Guadalupe Medina, de 12 años en Villa Banana. Los agresores también eran en este caso jóvenes, adolescentes, vinculados a la banda narco de la zona.

Las estadística producidas por La Casa del Encuentro dan cuenta que en le periodo que abarca de 2008 a 2012, de las 1236 mujeres que fueron asesinadas, el 6% era niñas de 2 a12 años y el 10% de 13 a 18. Mientras que en 2014 las víctimas de 2 a 12 años representaron el 10% y las de entre 13 y 18 años el 23%, el año pasado la cifra descendió a 5% en el primero grupo pero subió considerablemente en el segundo, representando el 33% de los casos. Aunque estos números se mantienen constantes en cuando a los rangos hetarios, el interrogante es si aumentan los casos con víctimas de menor edad o, producto de las luchas y campañas, son más difundidos.

Pero la violencia sobre mujeres y niñas no es patrimonio de varones violentos, también las instituciones estatales y/ o judiciales. Una niña wichi de 12 años de con un leve retraso madurativo, fue violada el noviembre por un grupo de criollos, producto de esta violación quedó embarazada. La niña pertenece a la comunidad Lhaka Honha, en Alto en la Sierra, Salta. La familia de la niña no recibió ningún tipo de asistencia estatal para acceder a un aborto no punible, ni siquiera se tomó declaración a la niña y mucho menos se buscaron a los responsables de la violación. Finalmente la niña siguió adelante con el embarazo que terminó en una cesárea, a pesar de que al feto le detectaron malformaciones que le impedirían sobrevivir.

En San Miguel de Tucumán, Belén, cumple con una sentencia de 8 años de prisión acusada por "homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía". Belén fue a la guardia del Hospital de San Miguel con fuertes dolores abdominales, ella no sabía que estaba embarazada. Mientras estaba en el hospital, sufrió un aborto espontáneo. Desde el 2014 se encuentra privada de su libertad.

Los reclamos de cara a los diferentes poderes del Estado no difirieron de los planteados en la primera marcha del #NiUnaMenos en 2015. Sí se incorporaron preocupaciones propias de una etapa de tremendo ajuste. Entre las exigencias: plan federal para prevenir sancionar y erradicar la violencia de género; implementación de la ley de patrocinio judicial gratuito; que se deje de reproducir violencia patriarcal en la justicia; la extensión del acompañamiento sobre todo en situaciones de ajuste como el actual que afecta especialmente a las mujeres. Además se denunció fuertemente el vaciamiento de políticas públicas de salud sexual y procreación responsable, como de acceso salud sexual y reproductiva, de las cuales las mujeres eran beneficiarias. El macrismo, entre otras cosas, arrasó con las pocas herramientas en materia de prevención y asistencia que había.

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