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Domingo 24 de diciembre de 2017 | EL MACRISMO HACIA EL ESTADO DE EXCEPCIÓN

Durante 2017, cada 23 horas el Estado asesinó a una persona y cada 21 horas detuvo a otra en una protesta social

Foto: Nicolas Solo ((i))
Esta semana se presentaron dos informes que reflejan la deriva autoritaria del gobierno argentino.

El viernes a la tarde en la Plaza de Mayo, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó su Informe contra la Represión Policial e Institucional con cifras alarmantes. En 721 días de Gobierno de Cambiemos hubo 725 muertos. Describieron esta etapa como el mayor pico represivo desde la recuperación de la democracia formal en 1983.

Dos días antes, el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma junto a Liberpueblo presentó un nuevo informe con datos sobre represión y criminalización de la protesta del último trimestre. Según el mismo, se observa que la utilización de la violencia física estatal contra la protesta social se ha intensificado en el año 2017. Asimismo, se incrementan las causas penales y las detenciones prácticamente se duplican en 2017 respecto de 2016.

Esta situación se da en el marco de la cacería de opositores, que se expande del blanco inicial de dirigentes del anterior gobierno para incluir a la izquierda, sindicalistas y al activismo social y político en los términos más amplios posibles. El gobierno prepara una estructura especial de combate al “terrorismo” y acusaciones de “sedición” contra los manifestantes del 18 de diciembre, y sus aparatos judiciales y mediáticos afines recuperan el lenguaje procesista de la dictadura militar y buscan inventar un enemigo interno que justifique la violencia del Estado por venir. Mientras el progresismo “bienpensante” equipara a los manifestantes que tiraron piedras el 18 con el operativo represivo de Gendarmería y la Policía en una triste remake de la teoría de los dos demonios, Mauricio Macri y Patricia Bullrich incuban el huevo de la serpiente.

Más información en Indymedia Derechos Humanos


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