Al día siguiente, el gobernador Alberto Weretilneck instruyó al fiscal Juan Pedro Puntel a imputar por coacción agravada a cuatro dirigentes sindicales, entre ellos el secretario general y adjunto de ATE, Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti.

Matías Cremonte, quien además es titular del Departamento Jurídico de ATE, denuncia que esa figura penal, instaurada en tiempos de Onganía, tiene por objetivo encauzar y condenar la lucha social en la Argentina. Asimismo, el abogado advierte que la escalada represiva se manifiesta en otras provincias, como en Mendoza, Salta, Jujuy y Santa Cruz, avalada por discursos que braman desde el Poder Ejecutivo legitimando este tipo de procedimientos.

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