TIERRA URBANA – DERECHO A LA CIUDAD

 

19 de julio 2006

 

A cargo del FORO CORDOBA DE INSTITUCIONES DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO, en coordinación con la RED ENCUENTRO DE ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES PAR  A EL DESARROLLO Y LA PLATAFORMA ARGENTINA - CAMPAÑA DE ACCIÓN GLOBAL CONTRA LA POBREZA.

 

Las entidades no gubernamentales, organizaciones de base, universidades públicas, redes barriales y movimientos sociales participantes del Taller Tierra Urbana – Derecho a la Ciudad, ratificamos nuestra adhesión a los posicionamientos y compromisos que múltiples colectivos venimos construyendo y consensuando en diferentes Foros mundiales y regionales, Cumbres, Seminarios y espacios de debate nacionales y locales en torno al Derecho a la Ciudad. 

 

En íntima conexión con los derechos humanos universales, afirmamos los principios fundamentales que siguen:

 

-         Ejercicio pleno de la ciudadanía: los gobiernos, en primer lugar, deben garantizar la redistribución económica y el ejercicio pleno todos los derechos humanos, bregando por el bienestar colectivo de varones y mujeres en igualdad de oportunidades y el respeto a la producción social del hábitat.

-         Consideración  como delitos de lesa humanidad todo desalojo, relocalización,  y desplazamiento compulsivo allanamiento, persecución, así como otras modalidades de coerción ejercidas sobre comunidades o grupos populares en situación de ejercer y  defender  su derecho al hábitat;  como así también propuestas gubernamentales con soluciones materiales no suficientemente probadas que pongan en riesgo la salud de las personas,

-         Rol del Estado de plena responsabilidad en el desarrollo e implementación de políticas públicas que garanticen el ejercicio de los derechos a todos y a todas.

-         Formulación de políticas que integren las diversidades culturales, étnicas generacionales de género entre otros, considerando los niveles locales, nacionales, latinoamericanos y globales.

-         Construcción de un MERCOSUR ampliado  de carácter integral, promoviendo la participación ciudadana de los movimientos sociales que garanticen el acceso a los derechos,  la distribución de la riqueza, las políticas de género, la equidad y mayor futuro para los jóvenes

-         Formulación de políticas que integren la diversidad de actores sociales y políticos: universidades, organizaciones de base, movimientos sociales, ONGs, redes, etc. y los aspectos económicos, sociales, políticos y ambientales.

-         Construcción  propuestas desde las lógicas propias: democráticas, inclusivas, con igualdad de oportunidades para varones y mujeres de todos los sectores sociales; en contra posición de las lógicas del poder dominante actual, que pueda revertir la asimetría en la distribución de la riqueza.

-         Consideración de la tierra y del acceso a la ciudad como derecho y no como mercancía

-         Concepción de la pobreza como problema político no reducido a lo económico o a lo social solamente.

-         Gestión democrática de la ciudad: en la ciudad debe promoverse y efectivizarse la participación de la sociedad civil en la formulación, implementación y fiscalización de las políticas públicas.

-         Función social de la propiedad y de la ciudad: en la ciudad debe promoverse el uso socialmente justo y ambientalmente sustentable del espacio urbano y prevalecer, en el ámbito de las políticas urbanas, el interés común por sobre el derecho individual de la propiedad.

-         Reconocimiento y fortalecimiento de la diversidad de actores construir propuestas para el cambio al modelo imperante, superando las diferencias y priorizando acuerdos, semejanzas  y objetivos comunes

 

En el marco de los principios arriba mencionados, proponemos articular esfuerzos orientados a promover un proceso de REFORMA URBANA que permita asegurar:

 

-         La protección legal del derecho a la vivienda y a la ciudad.

-         La democratización en el acceso a la tierra y los inmuebles urbanos.

-         El derecho a la regularización dominial y urbana de tierras aptas.

-         La democratización del acceso a los servicios públicos.

-         Derecho al acceso al crédito que contemple devoluciones proporcionales al ingreso

-         La participación efectiva de las mujeres, varones y organizaciones de base en las decisiones sobre la ciudad teniendo en cuenta principalmente los obstáculos de las mujeres para la participación en un plano de igualdad.

-         El fortalecimiento de los procesos colectivos de autogestión del hábitat.

-         El desarrollo urbano sin discriminación.

-         El freno al capital inmobiliario

-         La derogación de la figura de usurpación por su carácter represivo y antidemocrático.

-         La autodeterminación de las poblaciones ante los desplazamientos y relocalizaciones compulsivas y violatorias de los derechos humanos en la ciudad.

-         El acceso a las áreas centrales urbanas.

-         La promoción de políticas urbanas y de vivienda con sentido redistributivo.

-         La reforma tributaria con carácter claramente progresivo.

-         La obligatoriedad de recuperar las plusvalías generadas por la inversión pública.

-         La prevención y minimización de los riesgos e impactos ambientales negativos para la colectividad.

-         La modificación de la Ley Federal de Vivienda.

-         El Estado como garante de derechos en relación a los bienes y servicios urbanos

-         Políticas de implementación de presupuesto participativo sensibles al género.