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La prisi贸n domiciliaria al genocida Etchecolatz es impunidad
Por Agencia Andar/CPM -
Thursday, Dec. 28, 2017 at 11:01 AM
LA 脷NICA "CASA" DE LOS GENOCIDAS ES LA C脕RCEL28 diciembre, 2017 | Comunicado de la Comisi贸n Provincial por la Memoria (CPM) tras el otorgamiento de la prisi贸n domiciliaria al genocida Etchcolatz por parte del Tribunal Oral Federal N掳 6.
(Comunicado CPM) La Comisi髇 Provincial por la Memoria (CPM) expresa su rechazo a la resoluci髇 de los jueces Jos Mart韓ez Sobrino, Julio Luis Panelo y Fernando Canero, miembros del Tribunal Oral Federal N 6, que otorg la prisi髇 domiciliaria al represor Miguel Osvaldo Etchecolatz, condenado en reiteradas oportunidades por cr韒enes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra entre los imputados del juicio que investiga los cr韒enes de lesa humanidad cometidos contra 125 v韈timas entre noviembre de 1975 y febrero de 1977 en el centro clandestino de detenci髇 y tortura 揅uatrerismo-Brigada G黣mes (tambi閚 conocido como 揚rotobanco), y en la Comisar韆 1 de Monte Grande.
Etchecolatz se va a su casa sin decir d髇de est Clara Anahi, la nieta que Chicha Mariani sigue buscando; o los cientos de nietas y nietos apropiados. Etchecolatz se va a su casa mientras Jorge Julio L髉ez sigue desaparecido por dar testimonio de sus cr韒enes.
Los jueces fundamentaron su decisi髇 en su elevada edad y razones de salud. Cabe destacar que ambas condiciones se deben a que la justicia ha tardado en llegar. Esto se explica en la impunidad que lograron con levantamientos contra la democracia en asonadas militares y por la claudicaci髇 de gobiernos que desconocieron los caminos m醩 certeros de consolidaci髇 de las libertades y los derechos humanos. Tambi閚 en la demora judicial en llevar adelante estos procesos.
Esa impunidad les permiti gozar -j髒enes y sanos- de m醩 de 20 a駉s de libertad. Tuvieron ese caro privilegio que debe avergonzarnos como sociedad pues circularon como cualquiera de nosotros, cobraron sus sueldos y pensiones de retiro pagados por el erario p鷅lico, disfrutaron de vacaciones y de sus familias sin ninguna restricci髇. Lo hicieron como ninguna de sus v韈timas pudo hacerlo ni a鷑 las que sobrevivieron, pues la impunidad de los perpetradores constituy otra forma de revictimizaci髇 y de actualizaci髇 permanente del da駉 provocado por sus victimarios.
Estas medidas otorgadas a Etchecolatz y a un n鷐ero creciente de genocidas responsables de cr韒enes de lesa humanidad, se inscriben en un escenario de regresi髇 en el proceso de justicia. Esto se materializ en las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Naci髇, en los fallos en la causa Mui馻, que aplic el r間imen 21 a una persona condenada por cr韒enes de lesa humanidad y habilit otros reclamos basados en esta nueva jurisprudencia; Villamil, que dict la prescripci髇 de acciones civiles contra el Estado en juicios de lesa humanidad; y Fontevecchia, que sostiene que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede revocar sentencias del Tribunal superior, desconociendo la responsabilidades constitucionales del Estado argentino con el sistema interamericano de derechos humanos.
Debemos insistir en que los imputados por delitos de lesa humanidad han tenido un justo y debido proceso, y el trato dispensado por la justicia ha sido preferencial: de los 2.971 represores imputados desde 2006 por cr韒enes aberrantes, 1.064 se encuentran detenidos: 533 se encuentran con arresto domiciliario y 531 con arresto en dependencias del Servicio Penitenciario Federal o de otra fuerza.
Las prisiones domiciliarias son las nuevas modalidades de la impunidad, como lo son tambi閚 la demora en los procesos y la menor intensidad judicial para investigar y juzgar. Porque, adem醩, en reiterados casos se ha constatado que los inadecuados sistemas de control permiten a los represores circular tranquilamente por las calles y realizar distintas actividades o paseos.
Los genocidas deben terminar sus d韆s en la c醨cel. Los juicios de lesa humanidad deben acelerarse y profundizarse. Instamos a los jueces y fiscales a que sigan el camino que nos honra como sociedad: verdad, justicia y memoria.
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