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Marcha en CABA a 42 años del golpe genocida
Por Indymedia Derechos Humanos -
Sunday, Mar. 25, 2018 at 3:17 AM
Al cumplirse 42 años del golpe genocida se realizaron manifestaciones a lo largo de todo el territorio nacional por memoria, verdad y justicia, contra la impunidad y por los derechos humanos de ayer y de hoy. En este sentido, uno de los ejes centrales fue el rechazo a las polÃticas de ajuste y represión del gobierno nacional de Mauricio Macri.
En la Ciudad de Buenos Aires la actividad central consistió, como cada año, en dos marchas sucesivas a lo largo del dÃa, la primera convocada por organizaciones afines al kirchnerismo y la segunda por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia.
Aunque se estuvo debatiendo la posibilidad de unificarlas, finalmente las diferencias polÃticas, en particular en relación a la valoración concreta de la polÃtica de derechos humanos del anterior gobierno, mantuvo a los dos grandes sectores aparte.
Compartimos el documento e imágenes de la convocatoria del Encuentro Memoria Verdad y Justicia. Fotos: Indymedia Derechos Humanos.
Documento leído en Plaza de Mayo el 24 de marzo de 2018:
A 42 años del golpe genocida estamos en la Plaza, en esta jornada de lucha, para repudiar a la dictadura más sangrienta de nuestra historia. Nuestra cita es con la historia construida con tantos años de lucha en las calles, para rendir homenaje a nuestras 30 mil compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, y a sus sueños de un país sin opresión ni explotación.
Estamos aquí enfrentando al gobierno de Macri y sus cómplices, que con la impunidad pretenden borrar la memoria del genocidio, y con la represión y el gatillo fácil buscan imponer su plan de ajuste y entrega.
Llegamos a este 24 de Marzo con la amenaza del gobierno de liberar a cientos de genocidas.
Con la desaparición forzada y la muerte de Santiago Maldonado.
Con el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel.
Con el brutal asesinato de Facundo Ferreira en Tucumán.
Con la represión a las luchas populares que enfrentan las políticas de ajuste y entrega de Macri.
Con decenas de presos y perseguidos políticos.
Y con más gatillo fácil y la doctrina Chocobar.
Es decir, llegamos a este 24 con un avance cualitativo de la política represiva.
Pero llegamos también a este 24 con masivas movilizaciones obreras y populares contra la impunidad, el ajuste y la represión.
En las calles y plazas de todo el país, miles y miles nos movilizamos contra el 2x1.
Por justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
Contra la domiciliaria a Etchecolatz.
Contra el ataque a los derechos de los trabajadores, que impulsa el gobierno nacional con aval de dirigentes sindicales traidores.
Nos movilizamos contra la reforma previsional que Macri pactó con gobernadores cómplices.
La resistencia obrera y popular a esas políticas de ajuste y entrega tuvo un antes y un después en las jornadas del 14 y 18 de diciembre. A las marchas masivas, el 18 se sumaron los cacerolazos.
Y el 8 de Marzo, en una jornada histórica, las mujeres colmamos las calles para exigir todos nuestros derechos.
Tras negar la magnitud del genocidio e intentar reflotar la “teoría de los dos demonios”, Macri y su gobierno buscan la libertad de los genocidas. Primero, a través de sus cómplices en la justicia, con el 2x1. Luego, otorgando la prisión domiciliaria a notorios represores, como Etchecolatz. Pero con el amplio repudio y la movilización popular logramos derrotar ambas maniobras, del mismo modo que hace más de un año logramos que el genocida Milani esté preso.
Ahora, el Ministerio de Justicia y el Servicio Penitenciario pretenden otorgar automáticamente la domiciliaria, y en algunos casos hasta la libertad, a cientos de genocidas, con la excusa de la superpoblación carcelaria.
El gobierno pretende que volvamos a convivir con los pocos genocidas emblemáticos a los que conseguimos mandar a la cárcel tras décadas
de impunidad. Más aún: podrían beneficiar con domiciliaria a uno de los genocidas más notorios de la ESMA, el que se infiltró en las Madres, secuestrador y torturador de cientos de compañeros y compañeras: Alfredo Astiz.
Las cosas por su nombre: la domiciliaria es un beneficio que se da a algunos presos. Pero estos genocidas fueron condenados por delitos imprescriptibles, que no se pueden conmutar y que no vencen porque se siguen cometiendo. Al ocultar qué pasó y dónde están nuestras compañeras y compañeros, los siguen desapareciendo. Encima, en los juicios el infame Astiz se burla y provoca una y otra vez a sus víctimas y a los familiares.
Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia denunciamos que la negación del genocidio de la dictadura, bajo cualquier forma que asuma, busca eximir al Estado de su responsabilidad en esos crímenes. Una vez más, ratificamos que la lucha contra la impunidad no es una cuestión del pasado: es una prioridad del presente y del futuro.
Ninguno de los gobiernos constitucionales abrió los archivos de la dictadura. Con ello sería posible saber el destino de nuestros compañeros desaparecidos y recuperar la identidad de sus hijos nacidos en cautiverio y apropiados.
Este gobierno llegó a poner en duda la desaparición de los 30.000: sólo quiere vía libre e impunidad para reprimir y hacer pasar el ajuste.
A 42 años del golpe, repudiamos a la dictadura que, a costa de la sangre del pueblo, impuso entrega y endeudamiento, explotación y hambre. Repudiamos el genocidio que impuso la desaparición de hombres, mujeres, jóvenes y niños, como paradigma del terror: asesinato, cárcel, exilio, secuestro, tortura, robo de niños. Su objetivo fue aniquilar al movimiento obrero y popular en ascenso, que luchaba por transformaciones de fondo en la Argentina.
El golpe se propuso imponer cambios estructurales en beneficio de los grupos del poder económico, bancos, grandes empresarios, terratenientes e intereses imperialistas. Por eso la dictadura buscó destruir toda forma de organización de los trabajadores y el pueblo, cuerpos de delegados, centros de estudiantes, organizaciones políticas, barriales, profesionales, las más diversas militancias que venían ganando las calles desde el Cordobazo.
La dictadura puso en marcha una maquinaria genocida. Cada ciudad importante del país contó con campos de concentración, tortura y exterminio a cargo de las Fuerzas Armadas y de seguridad.
Denunciamos también los crímenes contra el pueblo que comenzaron a ensayarse antes del golpe, con el Operativo Independencia en Tucumán y el accionar de la Triple A y demás bandas fascistas.
Repudiamos a las patronales y dirigentes sindicales traidores que entregaron cuerpos de delegados, como en Ingenio Ledesma, Mercedes Benz, Ford y otras empresas.
A la mayoría de la jerarquía de la Iglesia que los bendijo.
A los jueces que los ampararon.
A los políticos que los avalaron.
Y repudiamos también a los grandes medios de comunicación que les lavaron la cara a todos ellos.
Por todos y cada uno de los compañeros desaparecidos, por cada uno de los atropellos que sufrió nuestro pueblo: Seguimos luchando contra la impunidad de ayer y de hoy.
La movilización sistemática de las organizaciones populares y la rebelión del 19 y 20 de diciembre de 2001, que volteó al gobierno de De la Rúa y cuestionó la gobernabilidad del sistema, hicieron posible ese enorme logro que fue la anulación de las leyes de impunidad de Alfonsín.
Así se abrió la posibilidad de juzgar a los genocidas. Fueron décadas de lucha sostenida de nuestro pueblo contra la impunidad las que permitieron llevar a juicio a los genocidas. Fue una conquista histórica, inédita en el mundo por su magnitud, fruto de la movilización popular y no mérito de gobierno alguno.
Hemos logrado juicios en muchos lugares del país. Se logró la condena de 853 represores, menos de la mitad de los procesados.
Como hubo más de 600 Centros Clandestinos de Detención, las condenas alcanzan a poco más de un genocida por campo de concentración.
La mitad de los represores con causas abiertas (más de 540) gozan de domiciliaria, otorgada en su mayoría durante el anterior gobierno. A eso se agregarían otros 110, que el gobierno actual pretende enviar a sus casas con tobillera electrónica. El gobierno de Macri no sólo produce impunidad, sino que hace campaña por la impunidad.
Hemos logrado que el genocida Etchecolatz vuelva al único lugar del que nunca debió salir: la cárcel. Y seguimos exigiendo, como desde el primer día, que se lo investigue y juzgue por la segunda desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López.
También como producto de la lucha popular el genocida Milani está preso, tras haber sido nombrado en 2013 Jefe del Ejército, desoyendo las denuncias de los familiares y sus víctimas apoyadas por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia.
Los socios y cómplices civiles de la dictadura (empresarios, jueces, políticos) permanecen impunes. Lo mismo con los crímenes de la Triple A y otras bandas fascistas. Miles de militares, policías, jueces, fiscales, miembros del aparato de inteligencia, que actuaron bajo la dictadura, siguen en funciones.
Pese a su discurso, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner decidieron convivir con un poder judicial repleto de jueces designados bajo la dictadura y que actuaron como garantes de la impunidad en los juicios a los genocidas. El Estado no aportó ni una sola prueba contra los represores: los juicios sólo se sustancian con el testimonio y el aporte de sobrevivientes y familiares.
Una vez más, hoy damos el presente a nuestro compañero Jorge Julio López. Su segunda desaparición en 2006 fue encubierta por el gobierno kirchnerista, que no tomó ninguna medida para investigar a la Bonaerense ni a los servicios de Inteligencia.
A más de 10 años, los responsables políticos y materiales siguen impunes. El primero de ellos es Etchecolatz, cuya domiciliaria apoyó todo el gobierno de Macri. Hace 4 años denunciamos al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llamó a una mesa de diálogo con el gobierno. Allí exigiremos que se responda qué paso con el compañero y quiénes son los responsables materiales y políticos de su segunda desaparición.
En todos estos años hemos unido las banderas de nuestros 30.000 a las luchas del presente. Nos une la defensa del derecho a luchar. Bajo el gobierno anterior se aprobaron las leyes “antiterroristas”, otra herramienta para perseguir las luchas populares. También tuvimos al represor Berni y al Proyecto X de la Gendarmería para espiar a luchadores y opositores. Por eso tiene absoluta vigencia nuestro reclamo por: Derogación de las leyes antiterroristas!.
Los trabajadores de Las Heras, detenidos en el marco de una pueblada, fueron condenados a perpetua en 2013 en un juicio viciado de nulidad y este año se decidirá si la condena sigue firme. Por eso reclamamos: Absolución ya a los trabajadores de Las Heras!
Como contracara, hace unos días se dictó la absolución de todos los policías implicados en la represión y las muertes del Parque Indoamericano.
Bajo el gobierno de Macri son reprimidas las luchas y marchas que enfrentan sus políticas. En muchas de ellas hubo numerosos detenidos y se siguen abriendo nuevas causas.
Permanecen presas Milagros Sala y sus compañeras desde hace dos años. Su detención se produjo a partir de un acampe y un escrache al actual gobernador jujeño, Gerardo Morales.
Asimismo, Luis D’Elía fue injustamente condenado por los incidentes y la toma de la Comisaría 24, en 2004, tras el asesinato del “Oso” Cisneros .
Desde su inicio, el gobierno de Macri le declaró la guerra a las movilizaciones obreras populares. Para eso dictó el protocolo antipiquetes. Desde la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel, ambos por fuerzas de seguridad al mando de la ministra Patricia Bullrich, el gobierno macrista profundizó su escalada represiva.
Repudiamos el espionaje realizado sobre la familia Maldonado.
A la larga lista de ataques represivos contra todos los sectores del campo popular, y la creciente militarización de las barriadas, se sumaron declaraciones de diversos funcionarios, con la ministra Bullrich a la cabeza, que dejan claro el nuevo paradigma represivo del gobierno de Macri.
Esa lógica represiva se plasmó en el “Informe sobre la RAM”, publicado por el Ministerio de Seguridad junto a los gobiernos de Chubut, Río Negro y Neuquén, para reprimir a las comunidades originarias, en especial al pueblo mapuche. Buscan crear un enemigo interno para criminalizar con las leyes antiterroristas a pueblos originarios, sindicatos, movimientos sociales, organizaciones políticas y hasta al movimiento de mujeres kurdas.
El gobierno nacional pretende instalar en Misiones una task force, o sea una fuerza especial con la DEA, con el pretexto del narcotráfico y de controlar supuestas “actividades terroristas”. A la vez, así como ya usan la Gendarmería y la Prefectura para la represión interna, ahora tratan también de involucrar a las Fuerzas Armadas en esa misma función.
Con la desaparición de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel nuestro pueblo salió masivamente a las calles, mostrando una vez más su firme decisión de repudiar y no intimidarse ante la represión.
Las marchas por Santiago sufrieron operativos de persecución de manifestantes y detenciones indiscriminadas, con apertura de causas penales.
En agosto de 2017 fue baleada y salvó milagrosamente su vida la dirigente social Julia Rosales y los responsables políticos y materiales siguen impunes.
En diciembre el gobierno reprimió la marcha contra la OMC.
Al otro día, reprimió a los movimientos sociales que protestaban en el centro porteño.
En las históricas jornadas de diciembre contra la reforma previsional, la represión contra cientos de miles de personas incluyó gases tóxicos y luego una feroz persecución y cacería. El uso de balas de goma y piedras por las fuerzas de seguridad dejó numerosos heridos y tres manifestantes perdieron un ojo. Hubo decenas de detenidos y procesados.
Aún están presos Pablo Giusto, Diego Parodi y José Carrizo, por acusaciones excarcelables. También fueron reprimidos trabajadores de prensa y de los medios alternativos.
Las acusaciones contra César Arakaki, Dimas Ponce y Sebastián Romero apuntan a demonizar a las organizaciones y manifestantes
que se movilizaron contra la reforma previsional. La prisión preventiva, que la Cámara de Apelaciones quiere imponer a Ponce y Arakaki, y la negativa de la Cámara de Casación Penal de oír a los defensores de Romero pretenden sostener la teoría de que hubo “un plan”. El único plan que existió el 18D fue el del gobierno y las fuerzas represivas para desalojar la Plaza y consumar el robo a los jubilados.
A tono con Macri, los gobernadores cómplices también reprimen y persiguen a los que luchan:
Reprimieron con balas a las comunidades wichí y qom en Formosa.
Reprimieron a los estatales y los mineros de Río Turbio en Santa Cruz.
A los obreros del ingenio La Esperanza en Jujuy, y a los del ingenio El Tabacal en Salta.
Esta ofensiva autoritaria contra los derechos y libertades democráticas, inédita en los últimos 35 años, buscó incluso criminalizar la acción de diputados opositores cuando se votó la reforma previsional.
Las causas judiciales iniciadas contra manifestantes a partir de setiembre de 2017 muestran la irrupción de una nueva lógica en materia represiva. También fueron detenidos y siguen presos los acusados por el Memorándum con Irán.
Repudiamos al fiscal general Germán Moldes, que pide endurecer la ley para que los manifestantes detenidos en las marchas no sean excarcelados. Denunciamos que el juez Sergio Torres encarcela, demoniza y persigue a manifestantes como “violentos” para justificar la represión.
Violencia es responder con palos y gases a los reclamos sociales.
Violencia es obligarnos a convivir nuevamente con los genocidas.
Violencia es saquear los bolsillos de los jubilados y de quienes reciben la Asignación Universal por Hijo.
Violencia es la reforma laboral, que busca arrasar con derechos históricos.
Violencia son los despidos y las paritarias a la baja.
Violencia es recortar los planes sociales.
Violencia es aumentar la deuda externa y cumplir las órdenes del FMI.
Violencia es amenazar con multas o quite de personerías a sindicatos, organizaciones políticas y sociales, avasallando el derecho a la protesta.
Violencia es meter fuerzas represivas en universidades, colegios secundarios y hospitales.
Violencia son las muertes por abortos clandestinos y los femicidios.
Violencia es el gatillo fácil, la doctrina Chocobar y llamar “detalle” a un asesinato policial por la espalda, como dijo la ministra Bullrich.
Ante todo esto decimos:
De la mano de este avance de la represión a la protesta social, también se profundizó, de manera inédita en los gobiernos constitucionales, la represión a los sectores populares y en los barrios. El gobierno instala la “doctrina Chocobar”, y el propio Macri abrazó al policía que fusiló por la espalda a Juan Pablo Kukoc, diciendo “Usted es un héroe”. Así dio a los agentes de las fuerzas de seguridad la orden explícita de disparar y matar en cualquier circunstancia, con la certeza de que sus jefes políticos los van a defender.
El gobierno pretende imponer de hecho que, cada vez que un uniformado mate a una persona, será indefectiblemente un “enfrentamiento”, con presunción de legalidad de su accionar. Es decir, vigencia de la pena de muerte sumarísima y extrajudicial, por vía del arma reglamentaria. Así ocurre con el asesinato de Facundo en Tucumán, de tan sólo 12 años.
A esto se suma un incremento masivo de la militarización de los barrios populares, con detenciones arbitrarias y razzias sistemáticas en las calles y medios de transporte.
Con casi 800 asesinatos por gatillo fácil o tortura en lugares de detención en sus primeros dos años de gobierno, es decir, más de un asesinato estatal por día, Cambiemos es el gobierno que más ha matado en los barrios y las cárceles desde diciembre de 1983.
Desde esta Plaza reivindicamos con emoción el paro internacional y la histórica movilización del 8 de Marzo, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que con las jóvenes al frente sacudió a nuestro país y al mundo entero.
Las mujeres y las disidencias sexuales reclamamos la igualdad en todos los planos, el derecho al aborto, la aparición con vida de las niñas y mujeres desaparecidas en gobiernos constitucionales y el fin del infame negocio de la trata que funciona al amparo del Estado. Por eso decimos:
Al mejor estilo Trump, Macri dictó el xenófobo DNU 70 / 2017 para criminalizar a los migrantes, recortar sus derechos, agravar el acoso creando la Policía Migratoria y la cárcel para migrantes, buscando enfrentar a pobres contra pobres. Ayer ese DNU 70 fue declarado inconstitucional y seguimos exigiendo al Congreso su derogación definitiva.
Desde esta Plaza repudiamos la política de entrega y ajuste de Macri, que descarga la crisis sobre el pueblo trabajador. Para esto cuenta con la ayuda de gobernadores cómplices y dirigentes sindicales traidores.
Si el gobierno anterior les pagó al FMI y al Club de París e indemnizó a Repsol, Macri devaluó un 50%, pactó con los fondos buitre, eliminó las retenciones a las mineras y agroexportadoras, y protege a las corporaciones.
Llegamos a este 24 de Marzo con la presencia del G20, la OMC y el FMI en nuestro país. El gobierno de Macri y Cambiemos profundiza la dependencia, la entrega, la extranjerización de la tierra, el endeudamiento externo y la fuga de capitales.
Durante su gobierno ya hay más de 200 mil despidos, suspensiones y un millón y medio de nuevos pobres. Con 13 millones de personas en la pobreza y casi 3 millones en la indigencia, resultan obscenos los casos de los Panamá Papers, el Correo, Avianca, las offshore, Triaca y otros escándalos de corrupción. Además el gobierno impone tarifazos, inflación y bajos salarios. Por eso decimos:
Por todo eso la bronca popular crece día a día. Así se expresa en las canchas y recitales de toda la Argentina, donde se extiende el hit del verano, el cantito contra Mauricio Macri!!!
La resistencia obrera y popular se extiende. Los trabajadores, desocupados, jubilados, mujeres, jóvenes y demás sectores populares nos organizamos y defendemos nuestros derechos. Desde esta Plaza de Mayo, en una jornada nacional de lucha, reafirmamos todo nuestro apoyo a los miles de trabajadores y trabajadoras que hoy están enfrentando los despidos, los bajos salarios y el ajuste:
Saludamos a los compañeros y compañeras del INTI, del Hospital Posadas, del CONICET, FANAZUL, Molinos Río de la Plata, a las y los docentes, estatales y municipales. A los trabajadores azucareros de Salta y Jujuy. A los mineros de Río Turbio. A todos y cada uno de quienes, en todo el país, resisten y luchan por sus derechos. Una vez más reafirmamos:
Repudiamos el asesinato de Marielle Franco, militante negra, hija de la favela, lesbiana, feminista y concejal del PSOL, opositora a la militarización de Río de Janeiro que decretó el gobierno de Temer. Su asesinato se suma a una serie de dirigentes populares asesinados en Brasil en los últimos tiempos. ¡Compañera Marielle, presente!
Repudiamos la masacre y ocupación turca en la zona kurda de Afrin, al norte de Siria. El genocidio del pueblo kurdo tiene de cómplices a Rusia, EE.UU. y el dictador sirio Al Assad, que además bombardea a la población civil de Gouta. Rendimos homenaje a la médica argentina Alina Sánchez, que cumplía tareas humanitarias en Afrin y murió allí hace pocos días luchando contra el fascismo. ¡Compañera Alina Sánchez, presente!
Exigimos la libertad a la joven palestina Ahed Tamimi, injustamente condenada a prisión por el gobierno de Israel porque a sus 12 años abofeteó a un soldado sionista que pretendía entrar a su casa.
Saludamos la pueblada del pueblo hermano de Perú, que terminó de hacer caer al presidente Kuchinski, el indultador del genocida Fujimori.
Hoy a 42 años del golpe genocida seguimos luchando. Cada conquista obtenida nos da más fuerza para seguir.
Así hicimos retroceder a la dictadura.
Así rompimos la impunidad que buscaron con leyes e indultos.
Así enfrentamos a un gobierno ajustador tras otro.
Así llevamos a juicio y condena a más de 850 represores.
Así recuperamos a 127 nietos.
Por eso hoy estamos aquí y en las plazas de todo el país.
Compañeras y compañeros: ante nuestros 30.000 queridos compañeros y compañeras detenidos desaparecidos nos comprometemos a seguir diciendo ¡presentes! en cada lucha hasta lograr que sus sueños se hagan realidad, en una Argentina liberada de la opresión y la explotación.
En ese camino, estuvimos, estamos y estaremos en esta Plaza y en todas las plazas del país, cada 24 de Marzo y toda vez que haga falta.
