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SanCor y el juego de la mesa achicada
Por Indymedia Rosario -
Wednesday, Feb. 16, 2011 at 9:36 PM
rosario@indymedia.org
El conflicto desatado en un comienzo por once despidos en SanCor y hoy sellado por el cierre del Centro de Distribución Rosario, ingresó en una instancia tan desesperante para los trabajadores locales, como determinante en torno a la caracterización actual que se puede hacer de los mecanismos de interacción del estado en sus diferentes niveles, los diversos sectores sindicales y las empresas que pisan fuerte en el país y en la región en contextos como este.
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QUINO,
'Bien, Gracias, y Usted?' - 1976, Ediciones de La Flor.
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El instructivo
Sin lugar a dudas, la problemática desatada en Paraná Metal (ex METCON) el año pasado melló la senda de los conflictos gremiales. El caso de la autopartistas villense, mostró cómo la cantidad de obreros afectados (1.200 en una localidad de 40 mil habitantes), las medidas extremas de lucha (cortaron durante más de treinta días la autopista Rosario - Buenos Aires), y la gran viabilidad del sector económico en juego (en ese caso el metalúrgico vinculado a la industria automotriz, una de las que más ha crecido en el país), no alcanzan para generar la inmediata intervención política a favor de los trabajadores por parte de los organismos estatales pertinentes.
Por el contrario, el juego mostró qué sector avanza y hacia dónde en la renombrada 'consolidación del modelo'. Cristóbal López, reconocido empresario de estrechos vínculos con el kirchnerismo, propietario de los casinos más importantes de Argentina -entre otros redituables negocios-, no fue garantía de continuidad laboral para las 1.200 familias de Villa Constitución que dependían de la ex METCON. Por el contrario, López aplicó las tristemente conocidas estrategias de ajuste económico y aumento de la productividad, eliminando 900 personas del campo laboral.
Audiencias en el Ministerio: retrocedes 47 casilleros
El 17 de mayo de 2010 cinco reconocidos activistas gremiales fueron despedidos del Centro de Distribución SanCor Rosario. Todos ellos, miembros de la intervenida y disuelta Seccional Rosario de la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea de la República Argentina (ATILRA), enfrentada con la dirección nacional del gremio, encabezada por Héctor Luis Ponce. Entre los cesanteados había dirigentes rosarinos que venían denunciando desde 2009 (1) la quita de trabajo en SanCor Rosario y la intención de la empresa de irse de Rosario para, afirman, "deshacerse de los activistas gremiales no adictos a Ponce".
Pedro Estrada, tenía 23 años de antigüedad en el Centro de Distribución SanCor Rosario. Había sido miembro de la comisión directiva del sindicato local durante 20 años y, luego del desguace de la seccional en 2008 (2) se presentó con sus compañeros de la Agrupación 7 de Febrero a las elecciones internas (3) del gremio del que es afiliado.
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Ariel Chávez fue Secretario Adjunto de la Seccional Rosario, hasta que en 2008, en menos de una semana, "dos patotas vinieron a la ciudad a golpear a los referentes y delegados e intentar copar la sede gremial", tal como denunció en numerosas ocasiones. Luego de 17 años de operar en SanCor, fue golpeado dentro de su lugar de trabajo el 27 de noviembre de 2008 , hechos que llevaron al procesamiento de los secretarios generales de dos regionales de ATILRA y un miembro de comisión directiva - todos ellos del entorno de Ponce-. Tras aquellas agresiones, Chávez fue expulsado del gremio y luego despedido por SanCor junto a Estrada y 3 compañeros más, bajo la causa de "alteración del orden interno".
Cuatro audiencias en el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, otras seis en el Ministerio de Trabajo de la Nación y hasta una multa de $82.500 a SanCor por incumplir las instancias conciliatorias, no llevaron a un acercamiento de posiciones. Los despedidos iniciaron a fines de agosto de 2010 una causa judicial por considerar la maniobra de SanCor "discriminatoria, persecutoria y antisindical".
No obstante, la empresa tenía fichas fuertes por echar al tablero. Primero, en septiembre del 2010, SanCor decidió finalizar la relación comercial con la distribuidora Marchisio , con la que trabajaba hacía más de 40 años. Se sumaron así otros 6 despedidos, también afiliados a ATILRA, uno de ellos delegado gremial, todos cercanos a la ex Seccional Rosario . Eso incorporó nuevos elementos al debate, que se trasladó al Ministerio de Trabajo Provincial luego de la resolución del paro por parte de los obreros de SanCor Rosario y la instalación de una carpa en la puerta del depósito. Otras 8 audiencias vendrían por delante.
En noviembre todo parecía llegar a buen puerto con la reincorporación de 4 de los 11 empleados despedidos. Pero SanCor pateó el tablero otra vez. Y así llegó el cierre anunciado de la Sucursal Rosario y el traslado de 47 obreros del sector logística a la localidad de Gálvez, a 140km de nuestra ciudad. Un fallo judicial dictado en diciembre le ordenó a SanCor restablecer a los obreros en las condiciones de trabajo previas, pero la empresa aun no lo acató. Esos 47 trabajadores corren riesgo de engrosar la lista de desocupados si no aceptan el traslado o si, como ha sucedido en tantos otros casos, aceptan las nuevas condiciones pero abandonan el barco al tiempo por el agotamiento que genera trasladarse 300km diarios.
"Ninguna de las partes dio el paso necesario para que se llegara al entendimiento y los tiempos formales se nos han terminado", expresó tras la última audiencia efectuada en la sede de la cartera laboral Mario Gaggioli, Director Provincial de Relaciones Laborales. Distinta fue la apreciación de la Viceministra de Trabajo Provincial, Nora Ramírez, quien en numerosas ocasiones posicionó la dificultad de la conciliación en la actitud intransigente de SanCor. "Nos preocupa mucho institucionalmente la actitud de la empresa", "estamos apelando a la racionalidad de las partes, de SanCor fundamentalmente", había expresado la funcionaria durante el proceso conciliatorio.
Jugada riesgosa
"A contramano de lo que dicen todos los economistas del mundo, ustedes retiran el centro de distribución de Rosario", le apuntó el Secretario Adjunto de la Centra de Trabajadores de la Argentina (CTA) Regional Rosario, Gustavo Martínez, al representante legal de SanCor. "No tenemos lugar, no tenemos nada. Nos obligaron a montar todo el aparato operativo en otro lugar", se quejó en respuesta el Dr. Alberto Zavallía Lagos.
El cierre del depósito local de SanCor "significa una modificación del circuito de comercialización para sostener una política persecutoria y discriminatoria, que lamentablemente llevó incluso a que SanCor comercialice mercadería en mal estado por romper la cadena de frío. Bromatología le decomisó 3 toneladas de productos en septiembre de 2010 por eso", recordaron por su parte los obreros de SanCor.
Claro está que en torno a los motivos del cierre las posiciones son contrapuestas. La empresa dice que se vio obligada a trasladar a Gálvez las tareas de logística debido al paro de los trabajadores rosarinos. Los empleados, en cambio, manifiestan que el traslado es parte de un plan de SanCor que comenzó en 2009 con la quita de líneas de comercialización y que generó incluso pronunciamientos del Concejo Municipal de Rosario en junio de 2009 y otros tantos de mayo de 2010 en adelante, planteando su preocupación ante la posible pérdida de 100 puestos de trabajo.
Recorriendo expedientes, resulta extraño que en agosto de 2009, en una audiencia convocada por pedido de los delegados locales ante la quita de dichas líneas, SanCor aseguró que "no ha habido despido ni amenazas de realizarlo". Tampoco la empresa manifestó conflicto con el personal ni intención de trasladarse en la audiencia del 25 de febrero de 2010, cuando explicó que la firma "sólo ha de pasar por una reestructuración en lo que hace a las tareas del personal y sin que de modo alguno ello signifique que al presente va a dejar de operarse en el centro de distribución Rosario". Nada mencionaron los representantes de SanCor en aquellos encuentros respecto a los problemas que, según consta en el expediente judicial por los cinco primeros despidos, tenía con los dirigentes gremiales de la Sucursal Rosario de SanCor, que serían despedidos en mayo de 2010.
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La trampa: los dados de la discordia
En el medio, atravesando todas las discusiones que al mundo del trabajo refieren, existe una confrontación entre prácticas político sindicales: unas tendientes a garantizar el pacto social que otorgue estabilidad al gobierno, priorizando las necesidades políticas de las cúpulas de las estructuras partidarias de las que numerosos dirigentes son parte y, otras, con todas sus limitaciones, contradicciones y debilidades a cuestas, haciendo hincapié en la defensa de los derechos humanos, civiles y democráticos vinculados no sólo con conquistas económicas, sino con la libertad de elegir de qué manera conseguir esas y otras reivindicaciones colectivas.
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"Desde ATILRA, conscientes de la situación y responsables de nuestros actos, intercedimos ante al propio Poder Ejecutivo de la Nación, a los efectos de que el Estado Argentino abonara a SanCor un monto dinerario importante que le adeudaba a la misma en concepto de subsidio por retenciones, y a su vez acompañamos a la láctea en este trance sabiendo que cualquier determinación en contrario, cualquier medida gremial que implementásemos, lo único que ocasionaría sería obstaculizar el acuerdo de reestructuración de la deuda con el perjuicio que tal situación acarrearía para todos, incluidos los propios trabajadores de la empresa a quienes tenemos la responsabilidad de representar y proteger", afirma la Revista 'Nuestra Voz' Nº 31 editada por el Consejo Directivo Nacional de ATILRA, en septiembre de 2008.
Este número de la revista sindical es una pieza de estudio para definir
cómo y en base a qué valores reales se construye sentido político
desde ciertas organizaciones gremiales (tal vez alcance con visualizar la
tapa que precede al subtítulo). La publicación fue previa a
las agresiones a los referentes rosarinos del gremio y asombra la nota titulada
"Sancor cumple años, reestructura la deuda y despeja su
camino", (4) donde se pormenoriza
cómo se realizaron las transacciones, acuerdos de pago y salvataje
de la firma, pero nada se dice de cómo afectará esto a los
afiliados al gremio, es decir, los trabajadores.
El único párrafo que incluye la palabra "trabajadores" es el anteriormente transcripto, en el que el sindicato cuenta orgulloso cómo intercedió en el salvataje de SanCor a la que define en la misma nota como la "Gran Empresa Láctea Argentina" (sic) que "continúa siendo una cooperativa (…) propiedad de sus asociados (cooperativistas y productores)" y cuya reestructuración de deuda "despeja dudas y habilita argumentos de certeza sobre su futuro". Lo que no responde el escrito es cómo despeja SanCor su camino, con quién lo transitará, hacia dónde y a costa de quienes.
El posicionamiento de ATILRA se condice con la ausencia del gremio en los 2 conflictos lácteos rosarinos producidos luego de la disolución de la seccional Rosario: COTAR y el centro de distribución de SanCor. Cabe recordar que COTAR fue adquirida por SanCor en 1998 y llegó, en 2009, a un estado de quiebra producto del vaciamiento generado durante esos 10 años. En síntesis, ATILRA intercedió por SanCor ante el ejecutivo nacional para aportar a su salvataje, pero no intercedió ante SanCor por los 300 puestos de trabajo en riesgo de sus afiliados rosarinos de COTAR y el depósito de zona norte.
"Los trabajadores de Rosario son los únicos del país que han enfrentado a esta y otras patronales y al modelo sindical encabezado por Héctor Luis Ponce, que se encarga de destruir puestos de trabajo y abandonar a las bases y sus familias", definió Ariel Chávez, referente gremial despedido de SanCor Rosario.
Es por esa caracterización que ingresa otro jugador al tablero: la CTA, que en pleno desarrollo del conflicto tomó la representación gremial de los obreros lácteos rosarinos.
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En junio de 2010, ATILRA organizó rápidamente un paro nacional, medida que hacía 20 años que no realizaba. El motivo del mismo depende de la fuente consultada: en el acta de la audiencia realizada ese día en el Ministerio de Trabajo de la Nación (5), ATILRA adujo problemas de encuadramiento en algunas fábricas del interior; en cambio, las declaraciones radiales y la circular interna Nº 1672 firmada por Ponce (6) con fecha 3 de junio de 2010, dan cuenta de otro motivo: "desde hace tiempo nuestra entidad sindical viene siendo objeto de sistemáticas violaciones a su ámbito de representación material y territorial (…) Ahora se suma la insólita pretensión de una autodenominada Central de Trabajadores, de llevar a cabo una elección de Delegados de Personal en la Empresa de Industria Láctea SANCOR CUL el día 10 de junio de 2010".
Es decir, ATILRA paró todas las plantas del país por las elecciones de delegados de CTA en SanCor Rosario, cuyos obreros estaban abandonados - y luego de lo expuesto podemos decir atacados- por el gremio desde 2008.
Esto lleva el análisis a un punto central: el modelo sindical vigente en nuestro país. El que rige en Argentina se denomina "de personerías gremiales y responde a más de 50 años de una forma de organizarse de los trabajadores del movimiento obrero argentino", puntualiza el abogado laboralista Matías Cremonte . "Una cosa es una realidad de treinta o cincuenta años atrás y otra realidad es hoy, cuando tenés niveles de afiliación bajísimos, donde tenés tantos sindicatos simplemente inscriptos, como sindicatos con personería gremial. Lo que antes era una voluntad del movimiento obrero, hoy ya no lo es", plantea el letrado.
El modelo: ¿quienes ponen las reglas?
"Mediante este conflicto, la gente se da una idea de qué tipo de trabajo ofrece SanCor. Es trabajo indecente. ¿Qué mensaje le dio SanCor a la comunidad?: 'les ofrezco trabajo pero, muchachos, los jefes sindicales son estos, no se salgan de esta raya porque los despedimos", le espetó el secretario adjunto de la CTA a los representantes de SanCor en la última audiencia en la sede local del Ministerio de Trabajo. Si se piensa en el instructivo de Paraná Metal, la devolución de favores entre SanCor y ATILRA y -queriendo pensar bien- la ineficacia de los organismos estatales para resolver estos conflictos, podemos entonces aproximarnos a un análisis un poco más profundo.
"El gobierno (...) busca obstruir la democratización sindical, conociendo el estratégico rol que cumple la burocracia sindical en cualquier proyecto de estabilización política. Sin el auxilio de esa cúpula resulta difícil neutralizar las demandas que desbordan las ofertas oficiales", plantea Claudio Katz (7). Si vemos el desarrollo de los últimos 8 años, fueron las demandas que superaron las concesiones del gobierno ante las que el kirchnerismo ha roto la política de no represión a la protesta social: Kraft, la comunidad La Primavera, el asesinato de Mariano Ferreyra y siguen los casos.
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Por conciliación de intereses y/o por necesidad de fuerzas para consolidar su poder, el gobierno eligió cerrar por las cúpulas en vez de potenciar la construcción por las bases, lo que ata el modelo a la tracción entre sectores del capital concentrado y las dirigencias gremiales burocráticas enquistadas en los sillones sindicales. Esa es la mayor debilidad con la que cuenta a mediano plazo el sector de centro izquierda que también forma parte del kirchnerismo, si pretende instalar algunas reformas.
La detención y posterior liberación de Jerónimo "El Momo" Venegas, Secretario General de UATRE, mostró que en este juego hay equipo y, como en los juegos de táctica y estrategia, las complicidades se hacen ver 'en tiempos difíciles'. El Momo, es el jerarca del sindicato que representa a los peones rurales. Mientras gran parte de los obreros que debería cubrir su gremio son hallados en condiciones de esclavitud, él pudo pagar una fianza de medio millón de pesos para lograr la libertad. "Aparecieron muchísimos amigos que prestaron el dinero porque a esa hora era imposible juntarlo. Pero juro que no se quién puso la plata", afirmó el dirigente, que salió de prisión abrazado con el ex presidente Eduardo Duhalde.
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"Si no quedaba en libertad hoy quedaban cortadas todas las rutas del país", aseguró el Momo, que está siendo investigado por la causa conocida como 'mafia de los medicamentos', que ya tiene preso al ex Secretario General de los bancarios, Juan José Zanola y podría incriminar al Secretario General del gremio de Camioneros y de la CGT, Hugo Moyano. Tal vez por eso, en una maniobra que habrá incomodado a más de uno en el gobierno, la CGT sacó una declaración en defensa de Venegas. "Hay un ataque y un ensañamiento con las instituciones sindicales. No caemos en la ingenuidad de no advertir la intención manifiesta que busca debilitar al movimiento obrero", afirmaron los líderes de la Confederación General de Trabajo .
Volviendo a la región, los límites y alcances del modelo se han expresado ya en el caso Paraná Metal, ahora en el de SanCor. Claro está que la postura indignada del Ministro de Trabajo Carlos Tomada en torno a la violación de la libertad sindical por parte de Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), del grupo Clarín, al impedir la elección de delegados y despedir activistas gremiales, no se repitió en el caso SanCor. "Dicen que no hay conflicto. ¿Cómo esta empresa puede incumplir la ley, las decisiones judiciales, las decisiones del Ministerio de Trabajo y decir que no hay conflicto? La ley es para todos, incluso para Clarín. Este caso lleva seis años, y particularmente en los últimos dos se han producido sistemáticas violaciones a la libertad sindical", expresó Tomada en el caso AGR.
El ministro tiene conocimiento hace largo rato del conflicto en SanCor. Aunque se le haya traspapelado alguno de los petitorios que le entregaron los obreros lácteos, "Nación está permanentemente al tanto. Desde la dirección provincial, toda conciliación obligatoria dictada dispone que se notifique al organismo nacional. Incluso en varias audiencias han venido observadores o colaboradores de la nación que han estado presentes", aseguró Gaggioli en la última audiencia provincial por el conflicto en SanCor.
"Sólo ustedes desde el Gobierno Nacional, que fueron capaces de garantizar el salvataje para que SanCor subsista en 2006, pueden interceder para sentar a SanCor a un diálogo que lleve a acuerdos que se cumplan, mostrándole a la empresa como lo ha hecho acertadamente Ud con el Grupo Clarín, que su cartera no acepta la violación a la libertad sindical", plantearon los trabajadores de SanCor en uno de los tantos petitorios a Tomada. "Creemos necesario que el proyecto nacional y popular que encabeza la Presidenta, se cumpla en los hechos de un justo orden social que comienza por el respeto a los derechos democráticos, entre ellos el derecho al trabajo y a la libertad sindical", manifestaron los obreros.
El modelo sindical es lo que permanece en debate. Su importancia para el mantenimiento y consolidación de todo modelo económico y político, se torna indiscutible.
De hecho, hay un acontecimiento no incorporado a este relato cuya trascendencia debe medirse no sólo desde el denominado campo popular, sino también desde el gobierno nacional. La fractura de la CTA es un costo que incluso disminuirá la potencialidad política del sector progresista K. La intromisión del Ministerio de Trabajo de la Nación prorrogando el mandato de Hugo Yasky al frente de la Central tras las polémicas elecciones del 23 de septiembre, pese a que al día de hoy no le reconoce la personería gremial a la central obrera, ha sido un acto burdo para conservar la dirección oficialista de la entidad.
La revancha
Mientras el conflicto en SanCor continúa, va habiendo señales por parte de la justicia en torno a la libertad sindical. El 7 de diciembre de 2010 la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en torno al despido de delegados en la empresa Cencosud - firma que explota los hipermercados Easy y Jumbo, el shopping Unicenter y los supermercados Disco-.
La Corte, avanzó mediante el caso Álvarez en un criterio más general orientado hacia la prohibición del despido fundado en la discriminación. En esta causa, el Sindicato de Empleados de Comercio (CGT) les había negado afiliación a cinco empleados jerarquizados. Por eso, constituyeron el Sindicato de Empleados Jerárquicos de Comercio (CTA), que obtuvo simple inscripción en 2006. Cuando reclamaron un plus salarial, Cencosud los despidió sin expresión de causa. A partir de esta última circunstancia, alegaron haber sido discriminados y pidieron la reincorporación.
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"El Estado no puede tolerar situaciones de discriminación en perjuicio de las relaciones laborales privadas", dice el fallo. De este modo el máximo tribunal traslada los parámetros de la ley 23.592, que establece que un acto discriminatorio es nulo, debe ser dejado sin efecto y, además, la víctima debe ser reparada, al régimen laboral privado.
"El objetivo es seguir en actividad, movilizándonos para que haya intervención de la nación para resolver este conflicto. Seguiremos como hasta ahora, unidos con los trabajadores, decidiendo en asamblea los pasos a seguir. Vamos a seguir luchando por las fuentes de trabajo de todos los compañeros", manifestó Ariel Chávez quien, casi como un acto reivindicativo en cada idea, refiere a la decisión colectiva del conjunto de los trabajadores tomada en asamblea.
Las luchas de los años 2001 - 2002 modificaron el escenario político, llevando a la necesidad de realizar determinadas concesiones desde los ámbitos gubernamentales. A la vez, como aquellas jornadas movilizaron a los sectores populares, generaron un cimbronazo y la posterior necesidad de reacomodamiento en los diferentes sectores de la burguesía, como se vio reflejado en el conflicto de las retenciones móviles, la ley de servicios de comunicación audiovisual, el pago de la deuda. Conflictos que, como la ley de medios, ponen también en juego algunos intereses de las mayorías postergadas, que son banderas y victorias de largas luchas.
La irrupción de un gobierno con tintes progresistas, sin lugar a dudas desestructuró a una izquierda debilitada por haber sido diezmados sus cuadros en la dictadura genocida y complicada la capacidad de construir conciencia y organización durante el neoliberalismo. No obstante, la superación de los 'vicios políticos' en las organizaciones que se consideran dentro del campo popular, es una deuda pendiente para que los sectores en lucha por sus derechos, (como los obreros de SanCor, Paraná Metal, los tercerizados, los estatales, docentes, etcétera), se constituyan en protagonistas políticos y dejen de ser sólo actores de disputas épicas que hoy forman parte de los guiones de los que manejan la caja tripartita de las empresas, los sindicatos pro patronales y el estado.
Notas:
1 - Tal como consta en actas de expedientes Nº 01604-0090458-3 y 01604-0095493-5
del Ministerio de Trabajo de Santa Fe.
2- Ver cronología realizada a un año del ataque http://argentina.indymedia.org/news/2009/12/708920.php
3 - Ver "ATILRA: elecciones bajo la sombra del fraude",
por Indymedia Rosario - http://argentina.indymedia.org/news/2009/07/684060.php
4 - Revista 'Nuestra Voz', N°31, Páginas 75 y 76. Septiembre de 2008
5 - Expediente Nº 1.389.172/10 del MTSS de la Nación.
6 - Cuyas copias constan en el Expediente 01604-0099463-4 del Ministerio de
Trabajo de Santa Fe.
7 -Claudio Katz, economista, integrante del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología, profesor en la Universidad de Buenos Aires, entre
otras. 'Certezas e Incógnitas de la Política
Argentina' - http://www.argenpress.info/2010/11/certezas-e-incognitas-de-la-politica.html
puerto de rosario
Por anonimo -
Sunday, Mar. 20, 2011 at 11:43 AM
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Realmente esta muy dificil para los trabajadores hoy en dìa poder reclamar las mejoras basicas o que tendrian que ser basicas en cualquier trabajo cuando el gobierno ampara la relacion mafiosa entre gremios y patronales y deja una zona liberada para que las empresas hagan lo que quieran con sus trabajadores. Este gobierno que se tilda de progresista esta abandonando a los trabajadores a condiciones de trabajo de total indefencion frente a las grandes empresas que son socias del poder de turno. Yo trabajo en el puerto de rosario y puedo dar fe de como se ha desarticulado cualquier mecanismo de defensa de los trabajadores comprando al sindicato, utilizando a tercerizados y a personal fuera de convenio, como una estrategia de abaratar los costos y aumentar la expoliacion y los margenes de ganancia. Ante una situacion asi, cualquier trabajador que pida una mejora de cualquier tipo se ve forzado a acatar o ser despedido y no hay ningun tipo de negociacion posible. Ademas el sindicato cuenta con cada vez menos afiliados pero los que quedan son adictos a la empresa y gozan de sus beneficios.
Dejo ese comentario y espero los trabajadores podamos revertir estos bloques de poder mafioso. Saludos.