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Los negocios de un gobierno adicto a Monsanto
Por Ecos Córdoba - Thursday, Oct. 10, 2013 at 8:29 PM

En la mañana de hoy jueves 10 de octubre el presidente de FUNAM Raúl A. Montenegro y el letrado Federico Macciocchi junto a vecinxs afectados se hicieron presente en la Secretaría penal de Tribunales II, elevando una denuncia penal a Luis Federico Bocco, Secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba , la misma se radico en la fiscalía Distrito 2 Turno 3 de Pedro Caballero, para ser derivada a la fiscalía definitiva.

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La denuncia que se hizo pública anoche a través de un informe del programa televisivo ADN, deriva de una investigación realizada por la FUNAM a la CTI (Comisión Técnica Interdisciplinaria) por irregularidades en su función, y participación por lo cual la declaran incompetente y nulos los proyectos que ante ésta Comisión hayan sido aprobados.

Ademas informaron que el titular del Poder Judicial de la provincia, Carlos García Allocco, a partir del año 94 mantiene negocios paralelos a su desempeño en la justicia, al mismo tiempo que desde el año 92 ejerce funciones como empleado judicial. Éstas pruebas, que él mismo reconoce como válidas, surgen de documentos de la AFIP que lo registra como empresario agrícola ganadero. La esposa de García Allocco fue senadora nacional por Unión por Córdoba -el partido de De la Sota- durante el año 2003. También fue una de las abogadas que exigía recibir la fortuna del multimillonario Manubens Calvet, caso en el que el juez era precisamente Garcia Allocco. (Ver Recusación al Vocal Carlos GARCIA ALLOCCO)

Fue el propio gobernador De la Sota quien propuso que García Allocco ocupara un puesto de vocal en el TSJ en el año 2006 (asumió en 2007). Hasta ese momento, García Allocco era camarista de Marcos Juárez. Se formó en un colegio jesuita y luego en el Liceo Militar General Paz. Su carrera judicial comenzó en 1970 trabajando ad honorem. En 1976 – año de inicio de la última dictadura militar- fue asignado como Juez de Instrucción en Marcos Juárez.

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(*) Constitución de la Provincia de Córdoba

SECCION III -Poder Judicial

CAPITULO I – Disposiciones Generales

PROHIBICIONES

Artículo 156.- Los magistrados y funcionarios judiciales no pueden participar en política, ni ejercer profesión o empleo, con excepción de la docencia o la investigación, de acuerdo con las condiciones que establezcan la reglamentación, ni ejecutar acto alguno que comprometa la imparcialidad de sus funciones.

(*) Código de Comercio de la República Argentina

Artículo 22.- Están prohibidos de ejercer el comercio por incompatibilidad de estado:

1.- Las corporaciones eclesiásticas;

2.- Los clérigos de cualquier orden mientras vistan el traje clerical.

3.- Las magistrados civiles y jueces en el territorio donde ejercen su autoridad y jurisdicción con título permanente.

(*) Código de Ética para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Córdoba

3.9 El Ejercicio de la administración de justicia es incompatible con las actividades político-partidarias y con la emisión pública de opiniones que trasluzcan una filiación partidaria. También lo es con la actuación profesional o con la dedicación comercial, industrial, agropecuaria y financiera, salvo la que concierne a la mera administración de su propio patrimonio. (Agregar como recuadro)

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Así mismo el gremio de judiciales denuncio la “incompatibilidad y la realización de posibles manejos poco claros con las autorizaciones para el informe de impacto ambiental que autoriza a la empresa Monsanto, que intenta construir su planta en Malvinas Argentinas. Y afecta además a los proyectos de CORMECOR con el vertedero de Basura en Bouwer, proyectos de Petrone en Carlos Paz, Vertederos en Calamuchita y los proyectos inmobiliarios en Candonga, entre otros.

Irina Santesteban informa que están evaluando hacer efectivas las denuncias a la entidad que corresponda, ante las irregularidades que presenta el Tribunal Superior de Justicia. Por su parte Federico Macciocchi junto a Raúl Montenegro se harán presente en el Ministerio de Ambiente en el día de mañana, para presentar las denuncias administrativas correspondientes. Las organizaciones socio ambientales por su parte acompañarán las acciones al pedido de renuncia de los funcionarios, recordando que el pasado 8 de Octubre se movilizaron con la Coordinadora Provincial para la Soberanía Popular por el Agua y la Tierra para declarar la “Emergencia Ambiental” con más de 8000 personas presentes.

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