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Identificaron a los policías que dispararon en la represión de la Sala Alberdi
Por La Retaguardia - RNMA -
Tuesday, Jun. 03, 2014 at 4:53 PM
“En este año que transcurrió
desde la madrugada del 13 de marzo de 2013 cuando se produjeron los
disparos con balas de plomo, no sólo hemos logrado identificar al
personal de la Policía Metropolitana que presuntamente disparó, dos
oficiales y el jefe que los comandaba en el grupo que se adelantó y que
es el que aparece en los videos que los compañeros de la Red Nacional
de Medios Alternativos han difundido y que acompañan al expediente
siendo la base material sobre la que se fundamente nuestra acusación,
sino que también hemos imputado a dos funcionarios de la Policía
Federal, el jefe de la comisaría 3ª y el jefe de la Dirección General
de Operaciones de esa fuerza, que es el organismo de la Policía Federal
que desde la sala de situación del Departamento de Policía controla y
dirige todo lo que tiene que ver con operativos en el ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires. O sea, uno de imputados es el personaje que
vino a reemplazar al conocidísimo (Hugo Ernesto) Lompizano (comisario
condenado con una pena menor en el juicio por el asesinato de Mariano
Ferreyra e imputado por la represión en el Parque Indoamericano)”,
explicó la abogada María del Carmen Verdú en
diálogo con La Retaguardia.
Verdú es quien
representa a los dos heridos en aquella madrugada que se han presentado
como querellantes en esta causa, Esteban Ruffa y Germán Darío de los
Santos, integrantes de Anred y DTL! respectivamente, dos colectivos que
pertenecen a la RNMA. El tercer herido es Mario Fumaroni de la
Biblioteca Popular Los Libros de la Esquina, que decidió no
constituirse como querellante.
En relación a los dos
efectivos de la Metropolitana identificados, Verdú afirmó que durante
la madrugada del 13 de marzo de 2013 utilizaron sus armas largas
reglamentarias de la fuerza: escopetas Mossberg calibre 12/70, que
coinciden, tal como lo demuestran las pericias médicas, con las heridas
recibidas por Ruffa, De los Santos y Fumaroni: “el único proyectil que tenemos
disponible desde la querella está incrustado en la tibia de Esteban
–continuó la letrada–, y los médicos todavía no han autorizado su
remoción porque le causaría un grave perjuicio físico. Además, hay un
tercer proyectil que hirió a Mario Fumaroni, que si bien no se
constituyó como querellante por una decisión política de su
organización, sí está considerado como víctima en el mismo expediente y
obviamente es prueba sobre la que estamos trabajando”.
Según explicó la abogada
a La Retaguardia, aún falta establecer cuál de los disparos es el que
impactó en los compañeros, para lo que está en trámite una pericia en
la Dirección de Policía Científica de Gendarmería: “es bastante compleja y va a
durar bastante tiempo, está basada no solamente en las imágenes sino en
el sonido que nos permite establecer la trayectoria del disparo, con
técnicas bastante sofisticadas de triangulación”.
El rol de la Federal
En cuanto al rol de los
dos funcionarios de la Policía Federal, Verdú manifestó que si bien no
intervinieron en forma directa en la represión, se les está imputando
que en pleno conocimiento de lo que estaba sucediendo (es decir, que
personal policial de la Metropolitana disparaba con balas de plomo
sobre personas indefensas) no solamente omitieron intervenir, única
imputación con la que coincide el fiscal de la causa; sino que además
formaron parte de un anillo de contención, al igual que sucedió en la
represión en Hospital Borda y en el Parque Indoamericano: “se advierte entonces de qué
manera todas las grandes efervescencias de peleas entre el gobierno
nacional y el de la Ciudad se diluyen cuando del otro lado estamos
nosotros, los enemigos tanto de unos como de otros, porque en
definitiva representamos lo que tanto para el gobierno nacional como
para el de la Ciudad es el cuco, trabajadores, el pueblo organizado y
reclamando por sus derechos”, agregó la letrada.
La defensa de la legítima
defensa
Otro de los puntos que
María del Carmen Verdú marcó respecto a la actual situación de la
causa, es la actuación de la jueza de instrucción Vilma López: “un nombre que seguramente suena
porque es la magistrada que tuvo a su cargo la instrucción ni más ni
menos que de la causa Ferreyra. Cuando lo asesinan a Mariano Ferreyra,
una de las primeras cosas que denunciamos desde Correpi fue que la
jueza se negaba y se negó sistemáticamente mientras intervino en la
causa a investigar en forma conjunta la conducta de la patota dirigida
por (José) Pedraza y auspiciada por la empresa, con los policías, entre
ellos la Dirección General de Operaciones de Lompizano y los demás
policías de la división ferroviaria. En cambio, lo que hizo fue dividir
la causa y mandar a investigar la conducta policial a un costadito,
como una cuestión menor, delitos de omisión, delitos culposos, una
simple falta de servicio, y no como parte del plan criminal que tuvo el
objetivo de disciplinar a los tercerizados y a las organizaciones que
los acompañaban con el resultado de la muerte de Mariano y las lesiones
a los demás compañeros”.
En diálogo con La Retaguardia, Verdú advirtió que en esta
causa, la jueza López está haciendo exactamente lo contrario: “en lugar de decir que por un
lado tenemos que investigar a los policías y por el otro cualquier otra
cosa que haya que investigar, sacó de la galera la causa iniciada en la
noche del 12 de marzo, varias horas antes de que se produjeran las
heridas a los compañeros, cuando comenzó el operativo policial y cuatro
chicos fueron detenidos acusados poco menos que de romper media Ciudad
de Buenos Aires, desde una garita en la esquina de los Tribunales de
Talcahuano y Uruguay hasta el propio Centro Cultural General San Martín
en Sarmiento y Paraná. Entre estos cuatro pibes que fueron detenidos
alrededor de las nueve y media de la noche había un menor de edad;
tengo muy en claro los horarios porque el grupo de militantes de
Correpi que estábamos allí haciendo el aguante nos dividimos y una
parte se fue a la comisaría a reclamar la libertad de estos cuatro
chicos y la otra parte se quedó con los compañeros de la Asamblea de la
Sala Alberdi. La represión fue unas cuantas horas después. De hecho ahí
nosotros tenemos un elemento preciosísimo gracias a la habilidad y el
compromiso profesional de la RNMA porque tanto el Polaco (De los
Santos) como Esteban estuvieron sacando fotos y filmando hasta último
minuto. En el caso de Esteban hay una foto que toma unos segundos antes
de recibir el disparo, y cuatro minutos después ya puesto a resguardo
por los compañeros que lo auxiliaron en otra esquina ya casi sobre la 9
de Julio, se saca una foto de su propia herida. Entre esas dos fotos
hay cuatro minutos de diferencia. Esto es algo que no se puede truchar,
es el sistema de datación de la propia cámara de fotos, y esto nos
ubica ya largamente pasadas las 23.45, mientras que las detenciones
fueron a las 21.30. Lo cierto es que lo que hace la jueza es decir que
esto es un mismo hecho histórico, un mismo objeto procesal y por lo
tanto la conducta policial tiene que ser analizada en el mismo marco en
que se está investigando la responsabilidad de estos muchachos por
haber roto vidrios, ensuciado pinturas, destrozado la garita, etc. pero
lo más grave del asunto es que además de desprenderse de la competencia
y mandar la causa de las heridas de balas a tramitar en el juzgado de
menores donde está la causa contra los cuatro chicos, tres mayores y un
menor, lo que dice en su despacho es que en realidad como uno de los
policías identificados como quien pudo haber disparado, Acosta, además
es quien aparece como uno de los presuntos lesionados en la causa
contra los otros cuatro muchachos, entonces seguramente hay una causal
de justificación que analizar, y ya le dice al juez de menores que
tiene que estudiar y resolver sobre las lesiones de los compañeros de
la RNMA pensando que los pobres policías se estaban defendiendo”.
De todos modos, Verdú
remarcó que lo más grave es que la jueza López, al mismo tiempo que se
desprende de la causa, le dice al juez de menores qué es lo que tiene
que hacer: “es por esto
que ya hemos interpuesto un recurso de apelación contra esta resolución
y estamos a la espera de que se fije fecha de audiencia en la Cámara
para de esa manera poder expresar los fundamentos por los cuales
creemos, por un lado, que deben ser analizados de forma independiente
como hechos independientes, por un lado, la presunta conducta que
pudieron haber tenido estos cuatro pibes, que sabemos porque estábamos
allí que fueron detenidos al azar entre los centenares que estaban
haciendo el aguante a los compañeros de la Asamblea de la Sala Alberdi,
y por el otro lado la conducta francamente criminal de policías en
servicio disparando con balas de plomo contra periodistas y contra el
conjunto de manifestantes; pero además lo que estamos solicitando de la
Cámara es que en caso de que esta posición sea tenida en cuenta y la
causa permanezca en el juzgado de instrucción sea apartada la doctora
López del trámite porque ya ha prejuzgado y manifestado que de acuerdo
a su entender esta es una situación de legítima defensa”,
aseveró Verdú.
En este sentido, la
abogada remarcó que con este accionar la jueza López está abriendo la
puerta a la típica defensa policial: “la legítima defensa o a lo sumo
un exceso en la legítima defensa porque en definitiva le pegaron a dos
periodistas y no a quien supuestamente les tiró un piedrazo, pero que
con ese piedrazo pretenden habilitar la legitimidad del disparo
policial”, especificó.
Esta es una estrategia
que se utiliza habitualmente para llevar a archivo y/o sobreseimiento a
la enorme mayoría de las causas por gatillo fácil y fusilamientos en
los barrios: “lo hacen
a partir de dibujar estas situaciones de legítima defensa, que en
realidad no tiene absolutamente nada que ver con lo que técnicamente
uno considera o puede considerar legítima defensa”, agregó Verdú, quien
aseguró además que en este punto entra a jugar lo que la doctrina
judicial tiene elaborado en materia de legítima defensa cuando el
imputado es un uniformado, un integrante del aparato represivo estatal.
Para ejemplificar esta afirmación recordó el caso de Marcelo Bogado,
asesinado en Villa Tesei por el policía bonaerense José Luis Díaz en
mayo de 2004: “el pibe estaba tirado boca abajo esposado a la espalda,
el policía Díaz tenía su pata derecha aplastándole la espalda y el arma
en la mano; el pibe levantó la cabeza y lo puteó, y el policía disparó.
La bala le entró a Bogado por la nuca, y para los jueces del Tribunal
Oral Número 4 de Morón eso fue una situación de exceso en la legítima
defensa. Del juicio oral, el policía salió caminando, con una pena en
suspenso, e incluso antes que los padres de la víctima y los militantes
de Correpi que los acompañaban”.
Para Verdú, toda esta
situación va más allá del hoy tan debatido Código Penal, las posibles
leyes aprobadas por los legisladores o incluso el accionar de la
justicia: “es un
problema que tiene directa relación, diría una relación fundacional,
con el tipo de sistema en el que vivimos. Mientras vivamos en una
sociedad dividida en clases, mientras la represión sea la herramienta
necesaria para profundizar la explotación y la opresión, estas cosas
van a pasar en Tribunales, porque los Tribunales no son nuestros, son
de ellos”, cerró.
El
próximo 10 de julio los querellantes tendrán que presentarse para
argumentar por qué están en contra del traspaso de la causa al juzgado
de menores.
María del Carmen Verdú y su análisis de las novedades de la causa por
la represión con balas de plomo durante el intento de desalojo de la
Sala Alberdi, en el que actuaron en conjunto las policías Metropolitana
y Federal. Una causa que los medios tradicionales, los que protegen a
Macri y los que dicen enfrentarlo, siguen sin reflejar.