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Continúan los desalojos indígenas a pesar de la ley que los prohíbe
Por Canal Abierto - Saturday, Nov. 18, 2017 at 3:14 PM

Luego de que se aprobara la prórroga para impedir los desalojos por cuatro años, la Justicia sigue impulsando la expulsión de las comunidades y también persigue a sus dirigentes. Peligran familias en Bariloche y Neuquén

Continúan los desalo...
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15 noviembre, 2017

Redacción Canal Abierto | Pese a la votación unánime de ambas Cámaras para prorrogar la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena –que ordena el relevamiento de las comunidades originarias de todo el país y detiene los desalojos hasta que el mismo finalice, en un plazo de cuatro años-, los intentos de expulsarlos de sus tierras por vía judicial y con la utilización de la fuerza pública no paran.

Este lunes, el juez Gustavo Villanueva firmó la orden de desalojo para la Lof Lafken Winkul Mapu, ubicada en la zona de Villa Mascardi, a 25 km de la ciudad de Bariloche.

Mientras tanto, más al norte, los empresarios que se declaran dueños de los campos de Tratayén, en Neuquén, realizaron una presentación ante la Justicia provincial para pedir la imputación por “instigación a la usurpación” a tres dirigentes de la Confederación Mapuche: Gabriel Rolando Cherqui, Jorge Nawel y Gilberto Huilipan.

La querella – Aníbal Roberto, Silvio Luis y Guido Luciano Ferracioli, Rodolfo Formaro, Lilian Paredes, Félix Galván y Pablo Martín Varones, quien es arrendatario- los acusa de “organizadores” de la toma de los campos por parte de la comunidad Fvta Xayen, que también reclama la propiedad de las tierras amparada en su derecho ancestral.

Los empresarios ya habían logrado que la Justicia determinase el desalojo de los mapuches, que fue efectuado por la policía neuquina y monitoreado por el fiscal general José Gerez. Pero luego decidieron presentar cargos contra Cherqui, Nawel y Huilipan fundamentando el pedido en que se trata de “un grupo de personas oportunistas que utilizan el rótulo de comunidades indígenas para usurpar violentamente las propiedades privadas”.

La presentación incluso sostiene que “Rolando Cherqui tenía la función de aportar el capital necesario para los fines de esta empresa, Gilberto Huilipan estaba a cargo de las cuestiones territoriales y logística, mientras que Jorge Nawel cumplía un rol político e institucional”.

El delito por el que se imputa a los líderes mapuches tiene una pena mínima de un año y una máxima de seis.

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