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La familia militar y los derechos humanos
Por Movimiento DD.HH. Córdoba - Monday, Mar. 05, 2018 at 9:43 AM
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LA FAMILIA MILITAR y LOS DDHH

PLANO CORTO. CAMBIO Y RETROCESO
El suegro represor y la esposa pro dictadura del nuevo jefe del Ejército
Athos Renés fue condenado a perpetua por la masacre de Margarita Belén. María Laura, mujer del ascendido Claudio Pasqualini, pide amnistía para genocidas y recita el discurso de Cecilia Pando.
Por Diego Genoud 28/02/2018 17:29
El nuevo jefe del Ejército, Claudio Pasqualini, no entró con el pie derecho a lo más alto. Antes de asumir formalmente su nuevo cargo, el sucesor de Diego Suñer recibió la primera estocada por parte de Elisa Carrió. La aliada más incómoda de Mauricio Macri lo bautizó con mensajes públicos de añoranza para Suñer y cuestionamientos privados por el rol de los militares en la lucha contra el narcotráfico.

Castigados por la jefa de la Coalición Cívica, desde el Ministerio de Defensa, a cargo de Oscar Aguad, afirman que Pasqualini sintoniza mejor con el vértice de poder que conduce hoy a las Fuerzas Armadas, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Bari del Valle Sosa. Puede ser. Algo parece claro: la asunción de Pasqualini estimula la prédica permanente de adherentes a la alianza Cambiemos a favor de una amnistía para los represores condenados por delitos de lesa humanidad.



La militancia digital pro represores de la esposa del nuevo jefe del Ejército.



Aunque tiene apenas 58 años, el nuevo jefe del Ejército no es ajeno a ese reclamo de impunidad. Su esposa, María Laura Renés, pertenece a la familia militar y se cuenta entre las impulsoras. Por lo menos, así lo deja ver a través de las redes sociales. Hija de un coronel condenado por la masacre de Margarita Belén, en 1976, la esposa del ascendido Pasqualini exhibe en su muro un afiche que no deja lugar a dudas. En octubre pasado, apenas unos días antes de las elecciones que consagraron a Cambiemos en todo el país, Renés compartió un mensaje que aún conserva, a manera de presentación. “Lucharon contra el terrorismo, para que su pueblo les dé la espalda y terminen presos, humillados”. La defensa de los represores que actuaron durante la última dictadura militar y hoy permanecen detenidos -no todos- es explícita. Renés los considera “presos políticos”, de la misma forma que las organizaciones que tienen como cara visible a Cecilia Pando y Victoria Villarruel: “Antes de hablar mentiras de los 70’, hablen de las torturas que pasan nuestros presos políticos. A la terrorista de Bonafini ni siquiera la presentan a la justicia por su edad, militares de más edad que ella están en una cárcel común, enfermos, privados de todo. Ellos lucharon contra unas mierdas que hoy de traje hablan de Derechos Humanos cuando fabricaban bombas molotov para hacer daño. Secuestraban, mataban, pero hoy en día son ‘señores profesionales’, claro, del terrorismo”, dice en un lenguaje ya conocido, que desconoce las condenas dentro y fuera del país para los genocidas argentinos.

“Hay indicios que relacionan al actual jefe del Ejército, Pasqualini, y también al saliente, Suñer, con integrantes de la familia militar que reivindican el terrorismo de Estado”, le dijo a Letra P el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier, que además consideró que Pasqualini debe “pronunciarse claramente respecto al accionar de las Fuerzas Armadas durante la dictadura”, en línea con lo que dice el Plan Nacional de Derechos Humanos presentado por el Gobierno. “Ése sería el modo de que su ámbito de pertenencia no genere confusiones sobre cuál es su mirada respecto a los crímenes más graves cometidos por el Estado en la Argentina, agregó Chillier.



El matrimonio Pasqualini-Renés.



ESPOSAS ADELANTE. El aire de cambio y retroceso que acompaña a Pasqualini -que es hijo, a su vez, de un coronel del Ejército- pudo observarse el miércoles 21 en la Plaza de Armas del Regimiento de Infantería 1 de Patricios, mientras en la avenida 9 de Julio Hugo Moyano retornaba a la calle como líder sindical opositor. Ese día, el ex jefe del Ejército Martín Balza coincidió en la ceremonia con un grupo de esposas de represores de la última dictadura militar. Según se difundió en las redes sociales y en órganos de propaganda militar, Balza pasó un momento incómodo y fue increpado por diez mujeres que pertenecen al grupo de Cecilia Pando, la denominada “Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina” (AfyAPPA). El mismo dato fue publicado en el diario Perfil. Consultado por Letra P, Balza se limitó a decir que se trata de un “episodio que no existió”. Sin embargo, las mujeres de represores entre las que se cuenta Ana Barreiro, la mujer del ex carapintada Ernesto “Nabo” Barreiro, estuvieron en el acto de bienvenida de Pasqualini. Así se lo confirmó la propia Pando, que no pudo ir, a Tiempo Argentino.

Paradójico o no, Balza se convirtió en el general de la autocrítica en el marco de un gobierno que fomentó la impunidad para los represores y Cristina Kirchner promovió a la cúspide a Cesar Santos del Corazón de Jesús Milani, hoy preso y procesado por delitos de lesa humanidad en la cárcel de Ezeiza.

Pasqualini asumió un mes antes del nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, en un contexto en el que, además, la Corte Suprema demora un nuevo fallo sobre el 2x1 como los que el año pasado provocaron manifestaciones multitudinarias en rechazo a los beneficios para los condenados por delitos de lesa humanidad.



De saco, corbata y pantalón claro, el suegro de Pasqualini, en el juicio por la masacre de Margarita Belén.



EL MAYOR RENÉS. El suegro del jefe del Ejército, Athos Gustavo Renés, fue condenado a prisión perpetua en 2011 como coautor responsable de 11 homicidios doblemente agravados (por alevosía y por el número de partícipes) y privación ilegal de la libertad doblemente agravada por mediar violencia en la causa por la masacre de Margarita Belén, donde fueron querellantes el CELS y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.

Renés, que era entonces mayor del Ejército, estuvo a cargo de la misión que terminó con los asesinatos de Carlos Zamudio, Luis Franzen, Manuel Parodi Ocampo, Patricio Tierno, Luis Alberto Díaz, Néstor Sala, Luis Barco, Mario Cuevas, Carlos Alberto Duarte, Emma Cabral y Alcides Bosch y la desaparición de Julio Andrés Pereyra, Roberto Yedro, Reinaldo Zapata Soñéz y Fernando Piérola.



El fallo del El Tribunal Oral en lo Criminal de Resistencia que condenó al suegro de Paqualini.



El día de la masacre, 13 de diciembre de 1976, Renés se desempeñaba como jefe de la Compañía de Comunicaciones VII, con asiento en Resistencia.

El Tribunal Oral en lo Criminal de Resistencia probó que aquella madrugada, una comisión del Ejército llevó a cabo un operativo en el que retiró a un grupo de presos políticos que estaban detenidos en la Unidad 7 y en el Departamento de Investigaciones de la capital de Chaco. Según la sentencia de los jueces Gladys Yunes, Eduardo Belforte y Ramón Luis González, “el 13 de diciembre, en horas de la madrugada, trece personas detenidas en ese momento en la alcaidía policial fueron retiradas indefensas, en un deplorable estado físico y psíquico, por una comisión del Ejército, a las órdenes del mayor Athos Gustavo Renés”.





LA MASACRE. Trasladados en dos camiones del Ejército -Unimog y Mercedes Benz-, detrás de un vehículo policial que encabezaba la caravana, avanzaron por la ruta nacional 11, en dirección a Formosa.

“Aproximadamente a las 3.30, a la altura del kilómetro 1041, en cercanías de la localidad de Margarita Belén, los detenidos trasladados fueron fusilados por los componentes de la columna”.

La orden había sido emitida por el comandante de la VII Brigada de Infantería con asiento en Corrientes, el general Cristino Nicolaides, célebre represor que ascendió a jefe del Ejército en 1982 y murió en 2011. La misión llegó a Renés en forma directa a través del teniente coronel Alcides Larrateguy -ya fallecido-, jefe del área 233, que por teléfono lo encomendó a “trasladar a un grupo de delincuentes subversivos desde la alcaidía policial de Resistencia a Formosa, desempeñándose como jefe de la columna de traslado”.





De acuerdo a los testimonios, los detenidos fueron ubicados en la caja de un camión Mercedes Benz que tenía como conductor al teniente primero Jorge Carnero Sabol y como acompañante al mayor Renés. De las testimoniales y de la documentación aportada en la causa surge que el mayor Renés era el encargado de la custodia y el teniente Luis Patteta, el responsable de firmar los trámites.

Según el alegato del abogado Jorge Auat, el suegro del actual jefe del actual estaba a cargo de la columna, sentado en la cabina del Mercedes Benz, en los momentos previos a la masacre.

Aunque todos los imputados se abstuvieron de declarar ante la Justicia, Renés ensayó en sede militar la defensa clásica de los militares condenados por desapariciones. Dijo que había existido un “enfrentamiento”, algo que fue desmentido en sede judicial por mecánicos y fotógrafos que estuvieron en el lugar. El mayor -que llegaría después a coronel- declaró en sede militar que le pareció ver que cruzaron la ruta corriendo unas personas y escuchando fuertes detonaciones y ruidos de motores, que se alejaban a velocidad. Curioso enfrentamiento: 13 fusilados, cuatro desaparecidos, ninguna baja y ningún herido en el Ejército.

La sentencia de la justicia chaqueña fue revisada por la Cámara Federal de Casación Penal, que, en marzo de 2016, rechazó un recurso de Renés y quedó firme hace cinco meses, en septiembre de 2017, cuando la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de queja.

Athos cumplirá 80 años la semana próxima. Nacido en San Miguel, provincia de Buenos Aires, se retiró con el grado de coronel y hoy está detenido en el Complejo Penitenciario Federal II, de Marcos Paz.

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