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Aplicación Ley 26160 en conflicto de Bariloche
Por Prensa Senadora Magdalena Odarda - Wednesday, Mar. 07, 2018 at 5:08 PM

Solicitar INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN

La Senadora Magdalena Odarda, Presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado de la Nación, manifestó al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr. Germán Garavano, su preocupación ante el accionar desplegado por las fuerzas de seguridad nacionales (Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional) a raíz de los disturbios generados en relación con la lectura de la sentencia de extradición dictada contra Facundo Jones Huala, solicitando de dicho Ministerio se arbitren las medidas necesarias para salvaguardar las vidas y la integridad física de los 15 detenidos, entre los que se incluyen 7 mujeres y un menor de 14 años de edad.

A raíz de los momentos de tensión generados en el centro de Bariloche durante el día de la fecha, luego de los cuales resultaran diversos destrozos y detenidos, la Senadora por la Provincia de Río Negro solicitó el involucramiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, exigiendo toda la protección legal y la aplicación de las garantías procesales necesarias a fin de salvaguardar la vida y la integridad física de los detenidos; velando a su vez por que se garantice la legitimidad del proceso judicial a través del cual se ha resuelto la extradición del Lonko Facundo Jones Huala, permitiendo que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien resuelva la cuestión en definitiva, tal como lo solicitan sus abogadas.

Asimismo, en relación con la nueva promoción de acciones destinadas al desalojo por parte de las autoridades de Parques Nacionales en la zona del Lago Mascardi, la Presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado reclamó una correcta aplicación de la Ley 26.160, de Emergencia en la propiedad y Posesión Indígena, que resultó prorrogada por el Congreso de la Nación a través de la Ley 27.400 durante su gestión a cargo de la Comisión de Pueblos Indígenas por cuatro años más. Para ello, exhortó a las partes a recuperar el proceso iniciado a partir de la instauración de la Mesa de Diálogo, procurando una solución pacífica al conflicto suscitado con la Comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, convocando para ello a la comunidad, la Administración de Parques Nacionales, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el Obispado, la APDH, la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones involucradas en la materia.

La Senadora entendió también que las políticas de estado no pueden encontrarse destinadas a demonizar a la comunidad mapuche, ni a cubrir con un manto de sospecha a las demandas territoriales de los pueblos originarios, aclarando que dichas demandas resultan amparadas por la propia Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales suscriptos por nuestro país (Convenio 169 de la OIT, Declaraciones Universal y Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas). Detalla asimismo que los derechos territoriales poseen un estatus jurídico que debe ser respetado por el resto de la sociedad y por las instituciones, y que los reclamos de las comunidades tienen su asidero en el derecho constitucional a la propiedad comunitaria indígena, el que puede integrarse perfectamente con el respeto por la propiedad privada existiendo la debida planificación por parte del Estado.

Frente al evidente incumplimiento por parte del Estado de su propia obligación de garantizar y hacer efectivos tales derechos, a los retrasos injustificados del relevamiento técnico jurídico-catastral que el mismo Estado debe realizar de los territorios indígenas, sumado al hecho de los desalojos que continúan produciéndose indiscriminadamente a pesar de que la misma ley los suspende; se generan situaciones de incertidumbre que conspiran contra la paz social y contra cualquier solución definitiva de estos conflictos, las que pueden, y deben, ser evitadas por el accionar del Estado a través de las políticas públicas respectivas.

PRENSA SENADORA MAGDALENA ODARDA

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