Julio López
está desaparecido
hace 4510 días
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Marcha en CABA a 42 años del golpe genocida
Por Indymedia Derechos Humanos - Sunday, Mar. 25, 2018 at 3:17 AM

Al cumplirse 42 años del golpe genocida se realizaron manifestaciones a lo largo de todo el territorio nacional por memoria, verdad y justicia, contra la impunidad y por los derechos humanos de ayer y de hoy. En este sentido, uno de los ejes centrales fue el rechazo a las políticas de ajuste y represión del gobierno nacional de Mauricio Macri.

En la Ciudad de Buenos Aires la actividad central consistió, como cada año, en dos marchas sucesivas a lo largo del día, la primera convocada por organizaciones afines al kirchnerismo y la segunda por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia.

Aunque se estuvo debatiendo la posibilidad de unificarlas, finalmente las diferencias políticas, en particular en relación a la valoración concreta de la política de derechos humanos del anterior gobierno, mantuvo a los dos grandes sectores aparte.

Compartimos el documento e imágenes de la convocatoria del Encuentro Memoria Verdad y Justicia. Fotos: Indymedia Derechos Humanos.

Documento leído en Plaza de Mayo el 24 de marzo de 2018:

A 42 años del golpe genocida estamos en la Plaza, en esta jornada de lucha, para repudiar a la dictadura más sangrienta de nuestra historia. Nuestra cita es con la historia construida con tantos años de lucha en las calles, para rendir homenaje a nuestras 30 mil compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, y a sus sueños de un país sin opresión ni explotación.

Estamos aquí enfrentando al gobierno de Macri y sus cómplices, que con la impunidad pretenden borrar la memoria del genocidio, y con la represión y el gatillo fácil buscan imponer su plan de ajuste y entrega.

La movilización sistemática de las organizaciones populares y la rebelión del 19 y 20 de diciembre de 2001, que volteó al gobierno de De la Rúa y cuestionó la gobernabilidad del sistema, hicieron posible ese enorme logro que fue la anulación de las leyes de impunidad de Alfonsín.

Así se abrió la posibilidad de juzgar a los genocidas. Fueron décadas de lucha sostenida de nuestro pueblo contra la impunidad las que permitieron llevar a juicio a los genocidas. Fue una conquista histórica, inédita en el mundo por su magnitud, fruto de la movilización popular y no mérito de gobierno alguno.

Hemos logrado juicios en muchos lugares del país. Se logró la condena de 853 represores, menos de la mitad de los procesados.

Como hubo más de 600 Centros Clandestinos de Detención, las condenas alcanzan a poco más de un genocida por campo de concentración.

La mitad de los represores con causas abiertas (más de 540) gozan de domiciliaria, otorgada en su mayoría durante el anterior gobierno. A eso se agregarían otros 110, que el gobierno actual pretende enviar a sus casas con tobillera electrónica. El gobierno de Macri no sólo produce impunidad, sino que hace campaña por la impunidad.

Hemos logrado que el genocida Etchecolatz vuelva al único lugar del que nunca debió salir: la cárcel. Y seguimos exigiendo, como desde el primer día, que se lo investigue y juzgue por la segunda desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López.

También como producto de la lucha popular el genocida Milani está preso, tras haber sido nombrado en 2013 Jefe del Ejército, desoyendo las denuncias de los familiares y sus víctimas apoyadas por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia.

Los socios y cómplices civiles de la dictadura (empresarios, jueces, políticos) permanecen impunes. Lo mismo con los crímenes de la Triple A y otras bandas fascistas. Miles de militares, policías, jueces, fiscales, miembros del aparato de inteligencia, que actuaron bajo la dictadura, siguen en funciones.

Pese a su discurso, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner decidieron convivir con un poder judicial repleto de jueces designados bajo la dictadura y que actuaron como garantes de la impunidad en los juicios a los genocidas. El Estado no aportó ni una sola prueba contra los represores: los juicios sólo se sustancian con el testimonio y el aporte de sobrevivientes y familiares.


Una vez más, hoy damos el presente a nuestro compañero Jorge Julio López. Su segunda desaparición en 2006 fue encubierta por el gobierno kirchnerista, que no tomó ninguna medida para investigar a la Bonaerense ni a los servicios de Inteligencia.

A más de 10 años, los responsables políticos y materiales siguen impunes. El primero de ellos es Etchecolatz, cuya domiciliaria apoyó todo el gobierno de Macri. Hace 4 años denunciamos al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que llamó a una mesa de diálogo con el gobierno. Allí exigiremos que se responda qué paso con el compañero y quiénes son los responsables materiales y políticos de su segunda desaparición.

A tono con Macri, los gobernadores cómplices también reprimen y persiguen a los que luchan:


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