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El acuerdo con el FMI agudizará aún más la caída de la actividad económica
Por Mario Hernandez - Sunday, Jun. 03, 2018 at 2:27 PM

02-06-2018

El acuerdo con el FM...
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La actividad económica tuvo un freno por segundo mes consecutivo (0,2% durante febrero, 0,1% en marzo respecto del mes anterior), de acuerdo a los datos del Indec.

La caída más significativa se concentró en la agricultura y ganadería con una reducción del 5,5%, como consecuencia de las menores cosechas por las adversas condiciones climáticas.

Si bien la construcción tuvo un alza del 5,9%, el porcentaje es bajo teniendo en cuenta que desde junio del año pasado venía creciendo a tasa de dos dígitos. Esto se debe a la reducción de inversiones del Estado en obra pública e infraestructura.

Freno a la obra pública

Nicolás Dujovne dio a conocer que se ajustará el presupuesto destinado a la obra pública en $ 30.000 millones. Gerardo Martínez, titular de la UOCRA, de buen diálogo con el Ejecutivo, sabe que la parálisis de los proyectos viales y de infraestructura que motoriza el Gobierno afectará de lleno a su sector y habló de “incertidumbre” en la construcción.

En la estructura del Gobierno hay solo tres ministerios que ejecutan obra pública: Energía, Transporte e Interior y Obras Públicas. Dejará de invertir en infraestructura en los dos primeros. Los fondos que le tocan a Interior en principio no se tocarían como prenda de cambio con los gobernadores.

El gobierno apuesta a que el programa de Participación Pública Privada (PPP) sea una tabla de salvación para la obra pública. El jueves 17 se hizo la apertura de los sobres con las ofertas económicas para seis corredores viales, que suponen una inversión de U$S 6.000 millones.

La presentación llegó después de dos años de esta iniciativa por parte de las autoridades y de demandas de las constructoras locales y extranjeras para hacer al PPP más “atractivo” para las empresas.

El último de los beneficios fue destinar todo lo que se recauda al impuesto al gasoil al pago de los PPP. Por medio del Decreto 301/2018, Cambiemos definió “destinar a partir del 1° de enero de 2020 la totalidad de los fondos con cargo al Sistema Vial Integrado (Sisvial) al Fideicomiso Individual PPP que se constituya conforme lo previsto en el artículo 60 de la Ley 27.431 para el Programa Red de Autopistas y Rutas Seguras (RARS) con el objeto de asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas de conformidad con lo establecido en el artículo 23, inciso g) del Decreto 976/01”.

Este incentivo se sumó a otros que habían sido otorgados por las mismas razones: la chance de discutir diferencias en tribunales internacionales; los cambios impositivos que permiten eximir a los privados del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de Ganancias; el permiso para importar maquinaria temporariamente y sin costo; y la suba de los valores de los peajes una vez que estén terminadas las autopistas.

En la agenda siguen obras con una línea ferroviaria desde Vaca Muerta a Bahía Blanca, centrales térmicas, edificios para el servicio penitenciario, hospitales y hasta iluminación pública.

Son conocidos los reparos del FMI sobre esta forma de financiamiento, ya que el pago de estas obras será a través de un bono público, que los funcionarios de Cambiemos niegan que sea deuda pública. No obstante, se trata de un compromiso que asume el Estado.

Sin embargo, hay dudas sobre la efectividad de los PPP. Para Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción “no reemplazan a la obra pública, la complementa. El esquema de PPP es factible para obras de magnitud; para obras de menor monto, como la construcción de acceso al agua, cloacas, pavimento en un barrio o una escuela, no puede realizarse por PPP, se hace con obra pública tradicional. Esta es la parte que va a estar complicada”, dijo.

Poco control

La Auditoría General de la Nación (AGN) tendrá serias dificultades para controlar los PPP, lo cual privará de fiscalización apropiada a un conjunto de emprendimientos a licitar en los próximos años por un valor estimado en U$S 130.000 millones; deuda estatal que honrarán las próximas administraciones.

Una de las particularidades del sistema es que los emprendimientos no están bajo la Ley de Obra Pública, ni el reglamento de contrataciones de la administración nacional, con lo que el seguimiento de esos contratos no es competencia de los órganos de contralor habituales. Tampoco le cabe las pautas de cancelación en moneda nacional de deudas contraídas en moneda extranjera (artículo 765 del Código Civil y Comercial) ni la prohibición de indexación. Esto propicia que se consoliden obligaciones estatales en moneda dura y ajustables, con la consecuente imprevisibilidad sobre los futuros presupuestos públicos.

Este régimen de inversión jurídicamente particular fue creado por la Ley 27.328, sin embargo, hay precisiones de los contratos que quedan al arbitrio de cada ministerio público firmante.

El artículo 22 de la norma ordena a la AGN “incluir en cada plan de acción anual la auditoría de la totalidad de los contratos de PPP existentes, su desarrollo y resultado”. Pero esa orden excede las atribuciones naturales de la Auditoría, órgano colegiado que depende del Congreso de la Nación y que sus informes son siempre ex post, nunca en tiempo real. El propio presidente del organismo, Oscar Lamberto, reconoció que no cuenta con personal idóneo suficiente para cumplir esa misión.

Finalmente, la AGN acató la orden e incluyó en su plan anual de auditoría el análisis de los seis contratos que hasta ahora firmó el Estado. No obstante, el jefe de Gabinete del Ministerio de Hacienda, Ariel Sigal, reconoció que “no pasa un solo día en que un diario de Latinoamérica no muestre un caso que no funcionó el PPP, pero no por eso hay que dejar de intentarlo”, consideró.

Los PPP responden a cambios estratégicos en el capitalismo mundial

Edgardo Logiudice analiza los PPP en “El ceomacrismo, las Alianzas Público-Privadas y cambios estratégicos del capitalismo”, publicado en Herramienta N° 59, Primavera 2016.

Allí señala que la economía mundial está en recesión y ello acarrea dos problemas: inseguridad de los mercados y, lo más preocupante, peligro de ingobernabilidad. Para Logiudice, la economía de la deuda parece haber tocado techo. Las innovaciones tecnológicas, la economía colaborativa y las grandes cadenas globales de valor no parecen ser un lugar para que puedan alojarse los grandes flujos de capitales líquidos. Ni las tasas negativas del Banco Central Europeo, ni la hasta hace poco tiempo congelada y reducida tasa de la Reserva Federal de EE UU, han derivado fondos hacia la producción. Además la baja de las materias primas y los commodities ha dejado magullados a muchos negocios financieros y a las economías de América Latina. Los fondos no hallan lugares seguros. Entonces, inducen a los gobiernos, simples gestores de endeudamiento y recaudación, a asegurar inversiones con obras de infraestructura. Acá es donde van a aparecer los PPP.

Cita una publicación chilena de corte liberal, Nuevo Poder: “los inversionistas han decidido realizar un cambio en sus estrategias globales. Si antes lograr una mayor rentabilidad era lo que les quitaba el sueño, hoy lo que los mantiene despiertos es simplemente tener su dinero en un lugar seguro”.

En diciembre de 2014, el BM publicó la opinión del gerente para América Latina de su organismo afectado al sector privado, la Corporación Financiera Internacional (CFI), dedicado a los PPP, donde decía: “AL se enfrenta a una desaceleración económica después de una década de bonanza […]. La situación ahora es cómo prepararse cuando hay que desarrollar grandes autopistas, acueductos o centrales eléctricas para cubrir la mayor demanda de servicios de los latinoamericanos”. Y continuaba: “Superar este escenario exige la construcción de bienes públicos para la estabilidad y el pleno empleo a nivel global […] y una nueva arquitectura financiera que reduzca la incertidumbre y la volatilidad generada por el apalancamiento excesivo y los movimientos especulativos de capital”.

En sintonía con esa estrategia, en 2015 la Casa de Altos Estudios de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, publicó “Participación del sector privado en la infraestructura: oportunidades e instrumentos”, de Ariel Chirom y Alejandro Schachter. Allí señalan los bienes que tienen en la mira, el papel del inversor y el subordinado papel del sector público.

Comienza definiendo qué entienden por infraestructura: transporte, telecomunicaciones, agua, saneamiento, etc., es decir, los recursos básicos de cualquier nación que son de uso público.

Luego sugiere los mecanismos para atraer inversiones, porque no se trata de que el sector privado solo financie, también debe gestionar la producción o provisión del servicio, para lo cual se debe hacer cargo del proyecto en su totalidad otorgándole el Estado cierta libertad para buscar mecanismos y soluciones innovadoras en pos de mejoras de eficiencia. El sector público debe generar los incentivos correctos: brindar señales claras a los inversionistas de que los compromisos incluidos en los contratos serán cumplidos y mitigar el riesgo regulatorio. En primer lugar, renunciar al atributo del Estado de rescindir los contratos.

En segundo lugar, dejar la regulación de los servicios en manos de un órgano cuyos directivos puedan actuar con independencia, no solo con autonomía presupuestaria y administrativa, sino además no estar sujeto a los procedimientos generales del sector público. Hasta aquí lo público no aparece.

¿Cuál es entonces el rol del Estado y la ley? Deben garantizar todos los riesgos de la inversión. Por ejemplo, la adquisición de energía, esto se llama “contratos futuros de demanda asegurada”. El otro riesgo a garantizar es el de un ingreso mínimo, asegurar al inversor que haga su ganancia con los bienes públicos. Para ello propone un fondo de infraestructuras de garantías constituido a partir de activos suficientes para garantizar la confianza del inversor, pero administrado por alguna sociedad que se encuentre fuera del accionar del gobierno, preferiblemente extranjera.

La Ley 27.328 se inspira en estos presupuestos. Por eso fue celebrada por el estudio jurídico financiero Marval, O’Farrell & Mairal: “El régimen impulsado por el PEN implica un cambio de paradigma en la contratación pública, al excluirse o limitarse significativamente las prerrogativas de derecho público de la Administración (entre otras, el poder de modificar unilateralmente el contrato, la rescisión por razón de interés público…)”.

El artículo de Logiudice concluye que los PPP (Public Private Partnerships), según su denominación en inglés, bien pueden significar también Poder Político Privado.

II

La consultora LCG (Labor Capital Growth) proyecta “una marcada contracción de la actividad en el segundo y tercer trimestre y una recuperación recién a finales de este año o a principios del que viene”. Estima un crecimiento (techo) de 1,4% anual promedio en 2018”. Y enumera: el impacto en el consumo a partir de la caída de los ingresos reales derivados de la aceleración de la inflación post devaluación y una mayor incertidumbre, un menor aporte del crédito por tasas de interés muy altas, un todavía menor impulso fiscal ante la necesidad de sobre cumplir la meta inicial de déficit primario, inversores atentos a la dinámica de corto plazo demorando las decisiones de inversión de capital y menores proyecciones de crecimiento de Brasil, son todos factores que ayudan a explicar las menores perspectivas de crecimiento.

Por su parte, la consultora ACM señaló en su informe que “esperamos un freno en la actividad en los próximos meses por la extensión del fenómeno de la sequía, el impacto de la depreciación del peso y los recortes del gasto público para cumplir las metas fiscales”.

De 19 economías regionales que monitorea Coninagro mensualmente, una decena presentan signos de crisis (arroz, cítricos, forestal, hortalizas, leche, yerba mate, vino y mosto, papa, ovinos y mandioca) y dos -peras y manzanas y tabaco- directamente se definen “en crisis”.

Para Carlos Iannizzotto, su presidente, es determinante el aumento de los costos, en especial las alzas de tarifas y de combustibles. “[…] también el retraimiento en las góndolas pesa en la ecuación”, dijo.

A ese contexto, se le suma la sequía, con un impacto importante en la producción.

La sequía

Tanto la FAO a nivel regional como los grupos CREA (Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola) informaron que el 87% de las empresas agrícolas y el 94% de las ganaderas que pertenecen a esos grupos y son de punta, “muestran impacto negativo producto de la fuerte sequía”.

La falta de agua generó pérdidas de área de 5,2% en maíz temprano; 8,6% en soja de primera; 18,4% en soja de segunda; y 13,4% en maíz tardío. El informe añade que el maíz temprano presentó un 54,2% de área afectada y la proyección de caídas del rendimiento fue de 20,8%; la soja de primera un 58,9% y 29,6% y la soja de segunda 66,8% y 47%, respectivamente. En las Bolsas se informan pérdidas equivalentes a unos U$S 5.000 millones a pesar del incremento de los precios, particularmente la harina de soja (soymeal) que es lo que realmente exporta la Argentina, junto con el aceite.

Un tema adicional fue que se desplomaron las ventas al exterior de biodiesel cuando el gobierno de Donald Trump le aplicó un arancel de 70% a las importaciones desde la Argentina y la Unión Europea tuvo una nueva arremetida contra la entrada del producto. El año pasado se exportaron 1,7 millones de toneladas y para este año se proyectan 600.000 o menos.

Para Pablo Adreani, analista de mercados agropecuarios, las pérdidas no son solo los 12 millones de toneladas de soja y las 4 millones de maíz. Una merma de 16 millones de toneladas equivale a reducir la carga de transporte de 533.000 camiones y una pérdida de ingresos para los camioneros de U$S 720 millones. Además se dejan de consumir 40 millones de litros de gasoil equivalentes a U$S 60 millones. Si agregamos la pérdida de ingresos directos e indirectos en las poblaciones urbanas, solo en el rubro camiones y microeconomía, tendrá menos ingresos por un total de U$S 1.000 millones.

La menor producción de soja implica una menor oferta para abastecer a la industria aceitera (se importará soja de Paraguay y 560.000 toneladas de EE UU para procesar), y el principal producto afectado será la harina de soja. La merma estimada de harina es de 6 millones de toneladas, afectando el saldo exportable de dicho producto, donde Argentina ocupa el primer lugar en las exportaciones mundiales.

Jorge Vasconcelos, investigador del Ieral, destacó un dato: en 2009 la pérdida de 15 millones de toneladas en la cosecha implicó una caída de 1,5% en el PBI. Por el lado del frente fiscal podrían perderse U$S 700 millones de recaudación.

La suba en el precio de la harina de soja también afecta a los consumidores en el mercado interno (feedlots, tambos, avícolas, etc.) que han visto incrementado el costo en U$S 250 millones. El incremento en el costo del maíz implica un encarecimiento entre consumo en campo e industria de U$S 455 millones. Sumando el aumento en los precios de sorgo, avena, alfalfa y cebada forrajera, el mayor costo entre todos llegaría a los U$S 1.000 millones. Es decir, no solo se reduce el ingreso de divisas en U$S 5.000 millones, sino que también se encarece el costo de producción de carnes y lácteos en U$S 1.000 millones. Y este mayor costo se trasladará a los precios al consumidor impactando al índice de inflación.[1]

Sigue la presión a los que menos tienen

A modo de ejemplo, tomemos el caso del pan. En febrero la bolsa de harina costaba 210 pesos y hoy está entre 750 y 800. Si ese incremento se trasladara a las panaderías el kilo de pan debiera oscilar entre 80 y 90 pesos. El presidente del Centro de Industriales Panaderos del Oeste bonaerense, Rodolfo Silva, reconoció que esto no es posible porque las ventas caerían de manera significativa. Vende el pan a 50 pesos y hay colegas en los barrios que lo tienen a 35 pesos para poder vender, aseguró.

Pero la suba de la harina, acelerada por la devaluación del 20% en la primera quincena de mayo, es solo un factor. También suben las tarifas de electricidad, gas, impuestos, el alquiler, la levadura. Al respecto, propone un precio fijo interno de la materia prima básica que reclama al Gobierno. “La bolsa de harina debe ser de entre 300 y 350 pesos”, explicó.

El 3 de abril el Boletín Oficial publicó un Decreto con las firmas de Mauricio Macri y Marcos Peña que señala que los productores pagarán las retenciones que rijan al momento del embarque, en lugar de las que rigen al momento de presentar las declaraciones juradas, lo cual permite reducir los montos que pagan las exportaciones de soja, favorecidas por la baja en las retenciones del 0,5% mensual. De hecho para esa fecha el sector llevaba declaradas exportaciones a futuro por solo 11.475 toneladas de la actual cosecha, frente a las 870.000 toneladas del mismo período del año pasado. Al cierre del mes de abril las liquidaciones estaban en niveles muy similares a las del año pasado, superando los U$S 6.000 millones.

El miércoles 23 se instaló la versión que el gobierno estaba evaluando revisar el esquema de retenciones para reducir el déficit fiscal como lo exige el FMI. Trascendió que analizaba detener la baja progresiva en las retenciones a la soja y volver a imponer una tasa del 10% al maíz y al trigo. Recordemos que el campo se vio beneficiado por la fuerte suba del dólar un 33% en lo que va del año más la suba de los precios que compensa la caída en la producción. Las retenciones servirían para captar parte de esa renta adicional y además permitirían ponerle freno a la suba de los alimentos en el mercado interno.

El jueves Nicolás Dujovne eludió pronunciarse sobre el tema, aunque señaló que “todas las opciones están sobre la mesa" para lograr el equilibrio fiscal.

El pronunciamiento de la Mesa de Enlace no se hizo esperar, solicitando una audiencia al Presidente y condenando cualquier cambio en el esquema de retenciones. El viernes Marcos Peña confirmó que no habrá cambios y aprovechó para ratificar la política tarifaria oficial.

Fuentes: La Nación, Clarín, Clarín Económico, Página 12.

Nota:

[1] Para Clarín, la pérdida será aún mayor, aunque creemos que exagera. En su edición del 28 de mayo señala que “la última campaña está dejando pérdidas económicas gravísimas, que ya se calculan en torno a los 8.000 millones de dólares” que serían el resultado de las 30 millones de toneladas (20 millones de soja y 10 millones de maíz) que se “evaporaron”. Y todavía no terminó, ya que por ahora se cosechó el 80% de la soja y el 35% del maíz. Estima que de las 125 millones de toneladas registradas en la campaña 2016/7 este año habrá 98 millones de toneladas, lo que representa un 22% menos, según los últimos datos coincidentes de la Bolsa de Comercio de Rosario y del Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural Argentina: este año faltarán ingresos por U$S 3.773 millones menos de harina de soja; U$S 1.633 millones por maíz en grano; U$S 1.462 millones de aceite de soja y U$S 1.126 millones por poroto de soja. También menciona al analista Pablo Adreani para quien “la devaluación no implica que el productor gane más plata, porque la sequía y las lluvias de comienzos de otoño implicaron costos mayores que la mejora de precio y tipo de cambio”. Por eso, cree que (ahí viene el toque de Clarinete) “un aumento de las retenciones no ayuda”.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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