Ayer en La Plata se conoció el veredicto del juicio que comenzó a mediados de julio de este año contra 8 represores de la Armada y la Prefectura Naval por crímenes cometidos en la última dictadura contra 40 compañeros en el marco del accionar de la denominada “Fuerza de Tareas 5”.
Antonio Vañek, Jorge Alberto Errecaborde, Juan Carlos Herzberg, José Casimiro Fernández Carró, Carlos José Ramón Schaller, Luis Rocca, Eduardo Antonio Meza y Robero Eduardo Fernando Guitian fueron condenados como coautores del delito internacional de genocidio perpetrados durante la última dictadura cívico-militar, cinco de ellos a la pena de 25 años de prisión y los tres restantes a la pena de prisión perpetua. En todos los casos disponiendo la inhabilitación absoluta y perpetua, demás accesorias legales y al pago de las cosas del proceso. Por mayoría el Tribunal también dispuso revocar las prisiones domiciliarias de siete de los condenados y la remisión del fallo al Poder Ejecutivo Nacional para que una vez firme se proceda a la baja por exoneración de los condenados y la suspensión de toda jubilación, pensión o retiro.
. El fallo ordenó al Astillero Río Santiago mantener en funciones con percepción de haberes a los trabajadores víctimas del terrorismo de Estado, teniendo como base la máxima categoría que hubiera correspondido en cada caso de haber continuado la prestación laboral con normalidad desde su inicio, hasta encontrarse en condiciones de acceder a la jubilación. La medida abarca también a familiares con derecho a pensión de los trabajadores víctimas fallecidos. La recategorización en la percepción de haberes conforme la categoría que hubiera correspondido abarcará también a aquellos que fueron reincorporados y se encuentran en actividad. Asimismo el Tribunal instó al Estado provincial y nacional a adoptar las medidas necesarias para que se les otorgue un beneficio previsional que tenga como base la máxima jerarquía o categoría a la que se vieron privados de acceder por los años de servicios no prestados por su condición de víctimas, debiendo hacerse cargo el Estado de la integración de los aportes no ingresados desde la interrupción arbitraria de su prestación laboral hasta su reincorporación.
También se ordenó a las empresas Astillero Río Santiago, YPF, Propulsora Siderúrgica y Frigorífico Swift la reparación de los legajos de los trabajadores víctimas de esta causa para dejar constancia de los verdaderos motivos del cese de la relación laboral en los casos de los trabajadores detenidos desaparecidos, asesinados y sobrevivientes.
. El fallo dispuso remitir copias de las actas del juicio al Juzgado Federal 3 de La Plata para su incorporación a la causa 17/2012 en la que se investigan hechos cometidos por la Armada y la Prefectura y la posible responsabilidad de las empresas, sus directores y jefes (Astillero Río Santiago, YPF, Frigorífico Swift y Propulsora Siderúrgica). En la resolución se incorporó la remisión de declaraciones de testigos brindadas en este juicio en las que se mencionó el funcionamiento de un centro clandestino de detención hasta el momento no investigado, ubicado en las calles Nueva York y Río de Janeiro. En el mismo sentido se remitieron copias de las actas del juicio para la investigación del accionas de los Servicios de Inteligencia de la Marina.
Por otra parte, se dispuso remitir al Juzgado Federal en turno en La Plata una serie de testimonios brindados para que se investigue a todos los funcionarios de los sindicatos que tenían representación de los trabajadores al momento de los hechos, testimonios en los que a lo largo de las distintas jornadas del juicio se señaló la complicidad y colaboración de dirigentes gremiales en la persecución y secuestros de trabajadores.
Por último, se dispuso remitir a los Juzgados Federales 1 y 3 de la ciudad copias de las actas del juicio para que sean incorporadas a las causas donde se investiga el accionar de la Concentración Nacional Universitaria, con expresa mención a las posibles participaciones empresariales y sindicales.
. El Tribunal exhortó al Poder Ejecucito Nacional a que proceda, mediante el Ministerio de Defensa, a la desclasificación de los archivos de la Marina y la Prefectura.
Por otra parte se exhortó al Ejecutivo nacional y provincial a erijir en sitios de memoria con su correspondiente señalización a los edificios donde funcionaron centros clandestinos de detención. De la misma forma se exhortó a las autoridades de las empresas donde funcionaron Propulsora Siderúrgica, Destilería de YPF y Polígono Industrial de Berisso, para que permitan erigir en sus instalaciones, un monumento recordatorio de los hechos ocurridos con los trabajadores de esas empresas. En el mismo sentido se exhortó a las autoridades de Astillero Río Santiago a los efectos de que se realice la señalización del lugar en el que se encuentra el monumento recordatorio. En los tres casos se determinó que las mismas deben ser realizadas con participación de las víctimas.
Finalmente se ordenó poner en conocimiento de la sentencia al Ministerio de Defensa de la Nación para que se evalúe la inclusión de este pronunciamiento en los planes de estudios de los distintos estamentos educativos a su cargo, así como a la Dirección de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata, al decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y al decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la misma institución educativa, al Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires y al Consejo Escolar de Berisso y Ensenada. . Compartimos el audio y el texto completo del veredicto:
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