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Ofensiva contra nuestros salarios y condiciones laborales
Por Prensa F.T.C.I.O.D y A.R.A. -
Thursday, Feb. 22, 2018 at 9:34 PM
Boletín N°1, Febrero 2018 | Con la calle todavía caliente por las movilizaciones de diciembre y festejando el nuevo zarpazo sobre las jubilaciones, el Gobierno Nacional se lanzó a poner un techo salarial a las paritarias de 2018. La campaña mediática para instalar el tope del 15 % se puso en marcha cuando todavía están vigentes los acuerdos salariales de 2017. Pero eso no es un problema para los ministros que ofician de voceros de la nueva arremetida oficial. Ellos operan en línea con las nuevas metas de inflación, que fueron recalibradas en la conferencia de prensa del 28 de diciembre, que se pareció demasiado a una broma del Día de los Inocentes.
Intentar forzar un techo salarial no es una novedad, ocurrió también en anteriores gobiernos. Sólo basta con recordar la gran huelga aceitera del 2015. Lo que realmente cambió con Cambiemos es que ahora los funcionarios nacionales de primera línea llevan adelante, y de manera pública, la tarea de contener las subas salariales. Muestra la confluencia de intereses entre el Gobierno Nacional y los grupos de presión patronales, que encuentran en los salarios de los trabajadores una de las variables de ajuste y transferencias de recursos, sea para aumentar sus ganancias o para domar el proceso inflacionario. Profundizan la lógica del derrame ascendente: va de abajo hacia arriba.
Esa política oficial apareció claramente en el proyecto de reforma laboral. Es un texto que parece escrito en alguna reunión nocturna de abogados de empresas y gerentes de recursos humanos, que se dejaron llevar por sus impulsos, sin ningún freno inhibitorio y con música brasileña sonando de fondo. Si alguna duda había, la reforma previsional la aclaró: una reducción del aumento a los jubilados y jubiladas. De tan burdo, irritó incluso a los sindicalistas más acuerdistas. Funcionó, además, como una señal de alerta que movilizó y generó nuevos canales de diálogo y unidad entre otros sectores gremiales, a tal punto que terminó llevando a la CGT o a un amplio sector a desandar algún principio de acuerdo con el gobierno en los primeros días del año.
LA POLÍTICA SALARIAL DE CAMBIEMOS
El sueño de los trabajadores buenos, mansos y austeros, que alimenta las noches en la Quinta de Olivos, sobrevoló las reuniones de la efímera Mesa de Diálogo por la Producción y el Trabajo de 2016. El gobierno puso sillas para la CGT y la UIA y acordaron un bono de fin de año para compensar las pérdidas salariales.
En ese momento se terminó de perfilar la política salarial de Cambiemos: el gobierno reconocía que con la devaluación se había producido una caída del salario real producto de la inflación post devaluación y anunciaba un mecanismo de ajuste. A partir de allí, habría que calcular la inflación futura. Pero como los empresarios no estaban obligados a pagar ese bono finalmente no lo pagó ni Magoya.
Para 2017, la Provincia de Buenos Aires hizo punta con un aumento salarial de un 18% a los estatales y una cláusula gatillo que se activaba si la inflación superaba la pauta acordada. En las paritarias del sector privado algunos gremios utilizaron una fórmula que comenzó con La Bancaria: un porcentaje (4 por ciento) compensaba la pérdida del año anterior, otro porcentaje (17 por ciento) era para compensar la inflación que tendría ese año y se incluía una cláusula gatillo. La inflación superó el 24 por ciento y algunos pocos gremios lograron renegociar sus acuerdos. En estos casos, el salario acompañó a la inflación. Pero en la mayoría no fue así. Los últimos estudios sobre el bienio 2015-2017 aseguran que el salario real en Argentina cayó un 6,14%.
Esta nueva forma de recomposición salarial, segmentación del aumento en un tramo pasado, otro según metas de inflación y un ajuste al final para quien tuviera la capacidad de renegociar, fue aceptada por una gran parte de las organizaciones sindicales. El visto bueno superó las divisiones políticas y significó una importante modificación en el modo en que se venían negociando los salarios año a año.
Pero en la última avanzada del gobierno, aceptadas esas pautas de inflación por buena parte de los gremios pautas que murieron antes de terminar el año-, empezaron a ver con malos ojos la cláusula gatillo. La vieja y clásica forma de negociar con un piso en lo perdido en el último año para mantener el poder adquisitivo -histórica pauta de referencia para el comienzo de cualquier discusión salarial- ha sido peligrosamente olvidada ya en el 2017. Y esta ecuación apenas alcanzaría para mantener el salario real, que no siempre es un salario digno.
Y como suele suceder, ya han aparecido los primeros sindicatos siempre oficialistas y patronales firmando la pauta del 15%. El primero ha sido el Sindicato Aceitero de San Lorenzo. Una vez más las patronales aceiteras y el gobierno creen que así podrán poner un techo a la paritaria nacional aceitera.
LOS DEL FONDO DE TODO
En la forma que se da el debate público sobre las paritarias está la trampa, pues si a un salario de hambre lo actualizamos por la inflación, sigue siendo un salario de hambre. Si antes no alcanzaba para cubrir las necesidades básicas, ahora tampoco. Pero, al menos, mantendría más o menos la cobertura de las mismas necesidades, o dicho de otro modo, quedarían insatisfechas las mismas que antes.
Esos son los salarios que reciben los trabajadores de la economía informal, el tercio de trabajadores informales o no registrados, y la enorme cantidad de trabajadores formales, tercerizados e inclusive sindicalizados que no acceden a un salario que les alcance para tener una vida digna. Todos ellos y ellas suman más de la mitad de los trabajadores del país.
De esto habló Juan Carlos Schmid, uno de los triunviros de la CGT, en la reciente entrevista de Crisis cuando dijo que existen incluso franjas completas del sindicalismo que están allá en el fondo de todo Ramas industriales que están postergadas. Compañeros que tienen quincenas de cinco mil o seis mil pesos.
Sin olvidarnos de los miles y miles de trabajadores y trabajadores que en lo que va del año pasaron a engrosar las filas de los desocupados: Fabricaciones Militares, el INTI, jaboneros de UNILEVER, entre muchos otros, que suman más de diez mil despidos sólo entre diciembre y enero.
QUÉ SALARIO
El debate mediático da como una ley inamovible el actual reparto entre capital y trabajo. Siendo inamovible, la clase obrera debe aceptar su nivel de vida actual y limitarse a mantenerlo, en el mejor de los casos. Sigue ausente la discusión sobre la tasa de ganancia empresaria. Nadie quiere hablar de eso, aún con la enorme transferencia de recursos que se profundizó con el macrismo. El derrame inverso no sólo es obsceno, también es asombrosamente directo en el caso de la industria aceitera con la quita de retenciones a la exportación, entre otras medidas del gobierno.
Si los sindicatos parecen haber olvidado la discusión sobre la recuperación del salario real en la disputa capital trabajo, más olvidada parece estar la cuestión sobre el valor de la fuerza de trabajo. Poco se habla sobre el derecho constitucional de los trabajadores a un salario mínimo vital y móvil (SMVM) que asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimientos, vacaciones y previsión (Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y 116 de la Ley de Contrato de Trabajo).
Nuestra Federación de trabajadores aceiteros y desmotadores viene calculando cuánto se necesita para cubrir dicho mínimo constitucional, usando para ello las estadísticas oficiales de la Encuesta Nacional de Gasto de Consumo de Hogares de 2012, que elabora el INDEC. Así se determinó que los trabajadores con ingreso promedio de $ 8.114 podían pagar su ropa, alimentarse, vivir dignamente; actualizado a enero de 2018 el SMVM alcanza y supera los $ 30.000.
Este debería ser el punto de partida de toda discusión salarial: el cálculo del salario mínimo, vital y móvil como valor de reposición de la fuerza de trabajo, no limitarse a porcentajes de inflación. Cuando decimos paritarias sin techo falta lo primero y fundamental: el piso que garantiza una vida digna, fuera de la pobreza.
EL SINDICALISMO COMO ENEMIGO
Como bien dice el documento elaborado por una parte del gremialismo argentino en Mar del Plata y aprobado por la CGT, el gobierno nacional ha construido un relato con el sindicalismo como enemigo para poder avanzar con rapidez sobre el salario y las condiciones de trabajo. Para enfrentarlo es necesario, entre otras reivindicaciones, que las negociaciones paritarias sean libres y sin techos, pero con piso. Un gran sector sale nuevamente a la calle: el 15 de febrero ATE y CTA contra los despidos en el Estado y las organizaciones sociales, y el 21 la marcha convocada por camioneros y los sindicatos más combativos. Aunque la CGT sigue en una formal unidad con los conocidos de siempre, un sector mayoritario convoca a las organizaciones al conflicto contra las políticas de ajuste.
Y en este ataque a los sindicatos los aceiteros y desmotadores no somos la excepción: Cargill despidió 50 trabajadores, en Bolívar Oleaginosa Huanguelén cerró las puertas dejando 23 trabajadores en la calle y en La Banda la Cooperativa Algodonera se encuentra paralizada. Y no se limitan al despido y al conflicto abierto, empresas como Bunge, Cofco (ex Nidera), Molino Cañuelas y Avex (ex Dánica) realizan descuentos ilegales en los sueldos, todo en un marco nacional en el que la CIARA y CARBIO se han negado a negociar el bono de fin de año. Con un Ministerio de Trabajo que incumple con su obligación de entregar la certificación de autoridades necesaria para el normal funcionamiento de la Federación y de la Obra Social, y no homologa las paritarias del año pasado.
Todos los análisis coinciden en una cosa, el movimiento obrero organizado es capaz de enfrentar con éxito el nuevo ajuste. La clase trabajadora y sus sindicatos tienen en esta ronda paritaria esa posibilidad. Las movilizaciones de diciembre demostraron que nadie está dispuesto a perder los derechos y las conquistas. El grito que se oyó como nunca se había oído fue el de unidad de los trabajadores, sin distinción alguna. Formales y sindicalizados, informales, de la economía popular, organizados o no, todas y todos tienen en claro que viven de vender su fuerza de trabajo, lo único que poseen.
Por más que insistan con el fin del trabajo, el fin de los sindicatos y el fin de la lucha de clases, la disputa capital trabajo sigue estando en el centro de la realidad, y en su intensidad y resultado se juega gran parte del futuro.
Boletín N°1, Febrero 2018
Imagen: Conflicto en el complejo Punta Alvear Villa Gobernador Gálvez de Cargill, 30 de enero de 2018. Foto: Sofía Alberti.
Prensa F.T.C.D.I.O.D. y A.R.A.
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