HORACIO VERBITSKY

ROBO
PARA LA CORONA

Los frutos prohibidos del árbol
de la corrupción

PLANETA
Espejo de la Argentina

ESPEJO DE LA ARGENTINA

Diseño de cubierta: Mario Blanco
Diseño de interior: Alejandro Ulloa
Composición: Grafik Art

Séptima edición: febrero de 1992
© 1991, Horacio Verbitsky

Derechos exclusivos de edición en castellano
reservados para todo el mundo:
© 1991, Editorial Planeta Argentina SAIC
Viamonte 1451, Buenos Aires
© 1991, Grupo Editorial Planeta

ISBN 950-742-145-9

Hecho el depósito que prevé la ley 11.723
Impreso en la Argentina

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo del editor.

Participaron en la investigación Ana Alé, Eleonora Gosman y María Verónica Torras.

Eduardo Basualdo, Jorge Gaggero, Miguel Khavisse, Daniel Montenegro, Daniel Moragas, Adolfo Silenzi de Stagni, María Wagner y Marcelo Zlotogwiazda tuvieron la amabilidad de revisar parte de los originales y formular útiles observaciones.

ARGUMENTO

Lo nuevo no es la corrupción, sino el debate sobre ella.  Herederos de Maquiavelo, jacobinos y ultramontanos tratan de purificar las sociedades corrompidas con un acto de fuerza.  Dicho de otro modo, su mención ha servido para justificar el acto de fuerza, ya se trate de un golpe militar, o de una convocatoria a elecciones libres que pongan fin al gobierno surgido de un golpe militar. En distintas dosis, la Argentina ha conocido lo uno y lo otro.
Hoy no gobierna un presidente civil sobresaltado por la sombra de la espada, ni una dictadura militar se empecina en proscribir la expresión de la voluntad popular.  La denuncia de la corrupción se ha convertido en un instrumento de acción política y económica, dentro de un sistema aceptado por el conjunto de los participantes. Las embajadas extranjeras, la prensa independiente, las empresas, los sindicatos, los partidos políticos y dentro de ellos sus distintas fracciones se ejercitan con entusiasmo en su uso.
Si la sucesión de gobiernos elegidos por el voto no parece amenazada, está en cuestión el modo en que ejercen el poder, y el propio debate sobre la corrupción requiere precisar antes la materia a la que se refiere.  Una jubilación diez veces superior a la propia es fácil de percibir como corrupta por el ciudadano común, el mismo que carece de herramientas informativas y analíticas para conocer y comprender los mecanismos por los cuales decenas de miles de millones de dólares fueron transferidos de unos bolsillos a otros en las últimas décadas y terminaron creando situaciones estructurales irreversibles o de muy difícil enmienda y que condicionan los cursos de acción futuros, acotando la libertad de acción de gobiernos y actores sociales. La subvaluación de una empresa pública en venta puede fundamentarse con razonamientos técnicos, de aparente neutralidad ética, pero sus consecuencias son miles de millones de veces más nocivas que el pago de una comisión para activar un trámite.  Además, no son excluyentes, sino todo lo contrario.
Este libro no es una enciclopedia de episodios corruptos.  Aunque éstos abundan en sus páginas, su propósito es aportar información y análisis para que el lector pueda discernir algunos puntos centrales. Por ejemplo:
•	Que a medida que se asciende en la pirámide burocrática, las instancias superiores no sólo tienen la responsabilidad formal por los actos de sus subordinados, sino que los propios delitos serían imposibles sin su protección.
•	Que no todas las prácticas corruptas son delitos tipificados en los códigos.
•	Que con cierta frecuencia las conductas corruptas de algunos individuos, y también algunas recomendaciones dirigidas a corregirlas, ofuscan las situaciones sociales de fondo en que aquellas se producen.  La proliferación de comportamientos desviados es un buen motivo para cuestionarse acerca de las normas.
•	Que en determinados casos la corrupción es el precio que se paga a los individuos por participar en decisiones contrarias al interés general y a las que fueron sus propias convicciones.
•	Que el asalto a los organismos de control de gestión independientes es causa y efecto de una concentración de poder que premia y castiga con prescindencia del mérito de cada caso.
•	Que todas las formas de organización popular opuestas a la pasividad y el individualismo dificultan las prácticas corruptas.
•	Que la corrupción no se limita a transacciones que involucren dinero.
•	Que cuanto más inicuos sean los actos cuya aceptación se exige de un hombre, mayor será la probabilidad de que un día diga basta, y que por debajo de las solidaridades mafiosas recupere el impulso generoso y el compromiso con el bienestar material y espiritual de su pueblo, es decir con los motivos por los cuales las personas se inician en una actividad tan desagradable como la política.
Esa es la historia que aquí se contará.

PERSONAJES

El Gordito pidió:
-Dame el expediente.
El Negro contestó:
-No te lo puedo dar.
-Carlos dice que me lo des -insistió El Gordito.
-Entonces, que me lo pida Carlos -volvió a rechazar El Negro.
El ex contador de la curtiembre Yoma quería que su antiguo patrón sintiera que los roles habían cambiado.  Si su única preocupación hubiera sido el respeto por las jerarquías, el llamado telefónico que recibió unas horas después lo habría conformado:
-Dale el expediente -dijo la voz de quien El Negro y El Gordito habían mencionado como Carlos.  Por el contrario, sus temores aumentaron.  Preveía complicaciones.

El frigorífico Swift se radicó en la Argentina en 1907, con la denominación de La Plata Cold Storage, y en 1916 se convirtió en Compañía Swift de La Plata S.A. Frigorífica.  Fue el principal representante norteamericano en la pugna con los frigoríficos británicos y argentinos por controlar la exportación de carnes del Río de La Plata hacia Smithfield, el mercado mayorista de carnes que funciona al norte de Londres.  En la década del 70 protagonizó una escandalosa quiebra cuando integraba el grupo Deltec, al que estaba vinculado el ex ministro de Economía de Onganía, Adalbert Krieger Vasena.  Su presidente era en ese momento el teniente coronel Enrique Holmberg, primo del comandante en jefe del Ejército, teniente general Alejandro Lanusse.  Luego fue adquirido por el Frigorífico Rioplatense, del grupo argentino Huancayo, que en 1980 lo vendió a la transnacional norteamericana Campbell Soup Co. En su planta modelo de Rosario, de 150.000 m2, a orillas del río Paraná, Swift-Armour emplea a 3.000 personas.  También administra 270.000 hectáreas de campo, donde pacen 115.000 cabezas de ganado, lo cual lo convierte con alta probabilidad en el segundo terrateniente del país.  Con más de 100 millones de dólares, fue uno de los treinta principales responsables del endeudamiento externo argentino.  Para la construcción de la planta se acogió a dos de los regímenes de capitalización de deuda externa, por 70 millones de dólares en cada caso.  Es el primer exportador agroindustrial del país y en 1989 ocupaba el puesto 419 en el ranking de empresas industriales, con ventas por 670.000 millones de australes de abril de 1990, más de 100 millones de dólares.  El 80 por ciento de su facturación es por exportaciones.  Es líder mundial en carnes cocidas congeladas, y también refina aceite.  Comparte su edificio de Leandro Alem 986 con el frigorífico Rioplatense, cuyo presidente, Rodolfo Constantini, es el cuñado del de Swift-Armour, Carlos Oliva Funes.
En 1987, Swift-Armour inició los trámites para importar sin impuestos maquinarias de alta tecnología por 4,4 millones de dólares, destinadas a la ampliación de la planta, según la ley de promoción industrial.  Luego de recorrer todos los peldaños burocráticos, el expediente llegó junto con un proyecto de decreto a la firma del ministro de Economía, cuando el presidente ya no era Raúl Alfonsín sino Carlos Menem, de modo que, como Sísifo con su piedra, debió volver al punto de partida.  Su segunda ascensión fue más rápida, y en diciembre de 1989, ya autorizado por Néstor Rapanelli, salió en dirección a la Presidencia.  Esta vez, quien renunció fue el ministro.
En abril de 1990, el presidente de Swift-Armour pudo exponer sus tribulaciones al presidente Menem, quien lo recibió en compañía de Emir Yoma, el menor de los hermanos varones de su esposa y encargado de los negocios familiares.
-Cada, vez que está por resolverse, cambia el funcionario y todo vuelve atrás -se quejó Oliva Funes.
-Mi lucha es contra la burocracia. Lo que está haciendo Swift es parte de la revolución productiva -respondió Menem.  Al concluir la audiencia prometió interesarse en el pedido de Swift, y en presencia de Oliva Funes, ordenó a Yoma:
-Vos te vas a encargar de seguir el expediente.
Si la hiperinflación de 1989 fue gloriosa para los exportadores, que realizaron ganancias superlativas, la precaria estabilidad de 1990 mejoró sus cuentas, porque se basó en el atraso cambiario.  Desde que estalló la crisis de la deuda externa, los organismos internacionales y el gobierno de los Estados Unidos instaron a los países deudores a aumentar sus exportaciones según la teoría que en 1985 expuso el secretario del Tesoro, James Baker, quien asociaba crecimientos exportador con cancelación de los créditos pendientes.  La experiencia argentina de 1989 desbarató esa hipótesis.  Nunca el país había exportado tanto e importado tan poco, y sin embargo los pagos a la banca comercial, interrumpidos por el gobierno radical en abril de 1988, no fueron reanudados.  En lugar de ello, las ganancias del comercio exterior fueron a abultar las cuentas de argentinos en el exterior, cuyo monto se calcula en relación de uno a uno con la deuda.  En la reunión conjunta del Fondo Monetario Internacional, y el Banco Mundial del último trimestre de 1989, el  presidente del Banco Central Argentino expuso una nueva fórmula que los organismos internacionales aceptaron al principio con dudas pero que luego fue adoptada, también por Brasil.
La conveniencia de los acreedores en países como éstos no dependía del superávit comercial sino del superávit fiscal dado que en la Argentina el Estado había asumido el grueso de la deuda privada.  El dólar alto y la hiperinflación de 1989 licuaron los ingresos del Tesoro y le impidieron adquirir los dólares que debía girar al exterior.  En 1990 el atraso del dólar y la petrificación en títulos estatales  del dinero depositado en bancos a plazo fijo según la recomendación de los acreedores, permitieron mejorar la recaudación, y con los mismos australes comprar más divisas. En abril se reiniciaron los pagos a la banca comercial, por 40 millones de dólares mensuales.
La colocación financiera de los ingresos por ventas al exterior atenuó las protestas de los grandes exportadores ante el adormecimiento del dólar, pero Oliva Funes igual debió suministrar explicaciones a la casa matriz en Estados Unidos.  Desde la planta de Rosario planeaba compensar aquella merma con un nuevo flujo de exportaciones al Brasil, que se frustró cuando el cruzado comenzó a devaluarse más de prisa que el austral.  Antes de que concluyera 1990 Swift daría un paso temerario.
Entre mayo y agosto de 1990, Oliva Funes habló varias veces con Emir Yoma, para pedirle que apurase el expediente.
-Ya va a salir -le contestaba el calmo riojano.
Además compartieron una mesa en el Plaza Hotel con otros hombres de negocios y funcionarios.  Oliva Funes lo interrogó sobre su trámite.  Yoma respondió que no tenía novedades y preguntó a su vez en qué estación del jardín de los papeles estaba.  Oliva Funes no lo sabía, al cabo de tantas idas y venidas.  Al regresar a su oficina llamó al empleado a cargo del seguimiento y cuando averiguó que el trámite estaba en la Secretaría de Industria y Comercio pidió una comunicación a los números que había recibido durante la audiencia con el Presidente.  Con el 312-1853 resultó imposible conseguir. En el 312-4581 atendió una impersonal secretaria:
-Yoma, buenas tardes -saludó.
Es decir que para conocer las novedades de su expediente no debía dirigirse a un despacho oficial sino a la empresa familiar de los Yoma, recapacitó Oliva Funes.  Fue el primer motivo para sospechar que algo anormal estaba sucediendo.
Respetado profesor de Macroeconomía en la Universidad Nacional de Buenos Aires, ex economista de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Guillermo Nielsen pasó más de una década en Bruselas como representante agrícola argentino ante la Comunidad Económica Europea.  Designado bajo la presidencia de Galtieri, obtuvo la confirmación del gobierno radical.  Aprovechó bien esos años, y cuando el flamante gobierno peronista dejó de girarle sus sueldos con pretexto de la emergencia económica, regresó al país con una envidiada cartera de contactos internacionales.  Es uno de los pocos argentinos que con sólo levantar el teléfono consiguen una comunicación rápida con el director-gerente del Fondo Monetario Internacional, el francés Michel Camdessus.
Swift-Armour lo contrató como director de Planeamiento Externo y Relaciones institucionales.  En mayo de 1990, cuando se jubiló el funcionario del frigorífico que impulsaba el trámite de la desgravación, una de las primeras asignaciones de Nielsen fue substituirlo.  En un mes, el expediente pasó del subsecretario de Industria y Comercio, Jorge Pereyra de Olazábal, al de Economía, Carlos Carballo, y al de Hacienda, Raúl Cuello.  En los primeros días de junio arribó al despacho del ministro González.  Las maquinarias ya estaban en el puerto, con las obras para instalarla avanzadas.  Nielsen se dispuso a insistir hasta que se autorizara su importación.  Las secretarias le explicaban cada vez que el legajo estaba a estudio del ministro y le rogaban que llamara la otra semana.  Entre mayo y agosto de 1990 Nielsen reforzó llamadas telefónicas con varias visitas a la secretaría del ministro.  Hasta que un día le dijeron que el expediente "no estaba en la privada y que no se sabía nada".  En el mismo lapso fueron los contactos entre el presidente de Swift, Oliva Funes, y el asesor presidencial, Emir Yoma. En agosto, ocurrió la solicitud que dejó todo en claro.  El expediente del que dependía una inversión por 140 millones de dólares, o al menos su segunda parte, por 71 millones, estaba trabado y seguiría trabado mientras Swift no pagara un porcentaje a Emir Yoma.
En el primer contacto explícito no se mencionaron cifras.  Algunos directivos se inclinaron por aceptar el pedido y terminar pronto con tan fastidiosa historia.  Cuando quedó claro que por destrabar una desgravasión de 400.000 dólares había que pagar esos mismos 400.000 dólares, prevalecieron los que se oponían.  Les resultó fácil demostrar que ese pago exorbitante no podía ser presentado ante la matriz de Campbell Soup en los Estados Unidos.
La segunda discusión fue qué hacer para desbloquear la introducción de las maquinarias.  Había quedado establecido que el gestor podía detenerla por tiempo indefinido.  Swift estaba en un callejón sin salida porque la burocracia argentina toma irrenunciable la solicitud de beneficio como el que ellos tramitaban.  Una vez iniciada la gestión no hay forma de desistir de ella y optar por el pago de los impuestos.
Faltaba menos de un mes para la visita a Buenos Aires del presidente George Bush, y el embajador Terence Todman estaba recopilando datos sobre casos pendientes que pudieran solucionarse antes del encuentro presidencial.  Era una oportunidad que no convenía desaprovechar.  Oliva Funes solicitó la audiencia con Todman, pero luego voló a Estados Unidos para informar a la casa matriz sobre la incómoda situación que atravesaban sus negocios en la Argentina.  En su lugar acudió a la cita Nielsen, quien el 11 de noviembre rindió un informe completo sobre las vicisitudes del expediente y el lubricante indicado para desatascarlo.  El embajador había delegado la tarea en el cubano Rafael Fermoselle, consejero comercial de Estados Unidos en la Argentina, y en Angelo Ioffreda, quienes llevaban un registro especial sobre casos de corrupción.  A Nielsen le costaba quitar los ojos de una foto de Fermoselle que lo miraba con cara de triunfador desde una tapa falsa de Fortune.  Le pareció una mala broma.  El conocía a los modelos de algunas portadas auténticas.
El caso que Nielsen expuso a Fermoselle no era original.  En la última semana de octubre, durante la 264 convención del Instituto para el Desarrollo de Empresarios, que sesionó en un aislado club de esquí de Bariloche, el presidente de la Asociación de Bancos Extranjeros en la República Argentina, Emilio J. Cárdenas, sostuvo que se vivía en cleptocracia, es decir el gobierno de los ladrones.
La aseveración de Cárdenas, representante del pequeño Banco New Republic, de Nueva York, no fue el exabrupto de un individuo.  Asustado por la repercusión pública de sus palabras, Cárdenas no aceptó comparecer en el programa de televisión de Mariano Grondona, quien lo invitó para que Ofreciera precisiones.  Otro banquero de ABRA dijo que no le constaba que la entidad que reúne a los mayores acreedores externos de la Argentina hubiera resuelto difundir aquella caracterización, pero aclaró que la inquietud por la corrupción había sido uno de los tres temas principales que se plantearon en las comisiones en que se dividió el coloquio de IDEA.  Además accedió a explicar en qué consistiría el fenómeno: "Es la paralización deliberada de las privatizaciones en el Poder Ejecutivo, y de las leyes en el Congreso, hasta cobrar peaje para darles luz verde".
Directivo de la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana, profesor de la Universidad de Illinois y propietario en condominios y sociedades de 13.134 hectáreas en Benito Juárez, Maipú y 9 de Julio, Cárdenas expresaba, como mínimo, un consenso existente en los ámbitos que frecuenta.  Entre los principales clientes del estudio que desde 1976 atendió junto con Adrián Hope y Luis Otero Monsegur, estuvieron los bancos Morgan, Manufacturers Hanover, Middland (los tres poseen acreencias contra la Argentina y los dos Primeros encabezaron consorcios que se presentaron a la licitación por ENTel), Nova Scotia, Fuji, Saudi Int., Maryland, Exterior, Francés, y las empresas US Steel, Waste Management, Peñaflor, Chevron, Hughes Tool, Castrol, Nashua, Mitsubishi, Lan Chile, Massuh, Mary Kay y Arcor.  Cárdenas se especializó en derecho bancario y capitalización de deuda.  El estudio intervino en las postrimerías de la dictadura militar en la renegociación de la deuda de Aerolíneas Argentinas.  Uno de sus ex socios, Guillermo Walter Klein, asesoró a la interventora de ENTel, María Julia Alsogaray, en la redacción de los contratos con los licenciatarios.  Cuando participó en la convención de IDEA, Cárdenas era abogado de la empresa norteamericana Transco Energy Co., integrante de uno de los consorcios que aspiraban a construir el gasoducto argentino-chileno.  Le sobraban motivos para saber de qué hablaba.
La declaración final del coloquio no acogió el neologismo cardeniano , pero sí alegó que era imperioso acabar con la corrupción, un objetivo que no suele figurar en manifestaciones públicas de semejante nivel.  La última vez había sido en el documento difundido por el Grupo Convivencia, en setiembre, que en un mismo párrafo propugnaba el “evitar la corrupción y facilitar el desarrollo económico", como si lo uno dependiera de lo otro.
Una vez concluida la ronda de entrevistas con las empresas norteamericanas que acusaban algún problema en su relación con el gobierno argentino, el embajador Todman puso la información en conocimiento del ministro de Relaciones Exteriores, quien se comprometió a encontrar una solución para cada asunto.  La relación de Todman con Domingo Cavallo era más fácil que con el ministro de Economía.  Sin embargo en vísperas de la llegada de Bush no desperdició un encuentro casual en un pasillo con el siempre elusivo González y le preguntó qué estaba pasando con el expediente de Swift.  De todas las cuestiones pendientes era la única para la cual no había explicaciones administrativas satisfactorias.  Uno y otro sabían de qué estaban hablando.
"Si es miércoles debe ser la Argentina", podría haber dicho Bush, quien recorrió Sudamérica a razón de veinte horas por país y llegó a Buenos Aires el 5 de diciembre.  El lunes 3, un alzamiento militar dirigido por un coronel de padres y nombres árabes, que exalta como una cruzada religiosa la guerra de las Malvinas contra británicos y norteamericanos, procuró obstaculizar su escala aquí.  La embajada resolvió aliviar la agenda de su presidente.  Sin embargo, mientras Bush y Menem conversaban con informalidad en la Casa Rosada, miembros de la comitiva norteamericana abordaron la lista de reclamos con funcionarios argentinos.
-Queremos ayudarlos pero tenemos quejas de nuestras empresas -dijeron los visitantes.
-Manden un detalle, queremos analizar caso por caso -contestó Erman González Había retenido que uno de los reclamos no podía demorarse más sin riesgo de un grave conflicto.
En cuanto pasó el ajetreo de la visita de su presidente, la embajada dejó en la secretaría privada del ministro de Economía una carta confidencial que no decía Secreto, sino Muy urgente, con las aclaraciones solicitadas.  Según Todman, para invertir en la Argentina las empresas estadounidenses necesitaban tener la seguridad de que "recibirán en práctica igual trato que los inversores argentinos; que tendrán reglas claras y coherentes; que el gobierno argentino cumplirá sus compromisos, honrando los acuerdos y no cambiando las reglas del juego, y que los permisos de importación serán tramitados con celeridad y honestidad".  De los nueve casos de empresas de su país con negocios pendientes en la Argentina que enumeraba, apenas dos tenían que ver con permisos de importación, y sólo uno ponía en duda en forma explícita la honestidad de la tramitación: "Swift-Armour desea invertir 115 millones de dólares en Rosario, pero nos informa que funcionarios del gobierno argentino han pedido pagos sustanciales para emitir la documentación necesaria para importar maquinarias", decía en el punto 4. González afirma que la carta, fechada el 10 de diciembre, se recibió el 11, y que él recién la leyó el 19, al regresar de Estados Unidos, donde fue a reunirse con los acreedores externos, que le exigieron un aumento en los pagos mensuales a cuenta de intereses atrasados.
La desgravación que Swift tramitó durante tres años se resolvió en una semana a partir de la protesta escrita de la embajada.  González no intervino en la solución del problema que, en cambio, había contribuido a crear.  Fue Cavallo quien, luego de recibir una carta similar de Todman, se comunicó con Swift en la mañana del 18 de diciembre.  Como Oliva Funes había viajado a Estados Unidos, habló con uno de los vicepresidentes, Jorge Tapia.
-¿Ustedes están construyendo una planta nueva? -preguntó el canciller.
Tapia le explicó los detalles de la ampliación de la fábrica de Rosario, el demorado trámite por la desgravación impositiva y la solicitud de un pago para destrabarla.
-Hoy tengo audiencia con el Presidente por este tema.  Para solucionarlo necesito saber dónde está el expediente -insistió Cavallo.
-Consulto con la gente que ha seguido el tema en la empresa y le contesto -dijo Tapia.
Cavallo le dio el número de su teléfono móvil para que le transmitiera el dato lo antes posible.  Tapia no demoró.
-El expediente está en la secretaría privada del ministro -le dijo media hora después.
-Esto se va a arreglar -prometió Cavallo.
Durante la audiencia con el Presidente, Cavallo sostuvo que como ministro de Relaciones Exteriores le aconsejaba acordar de inmediato la desgravación solicitada por Swift-Armour, en bien de las relaciones con Estados Unidos, y le comunicó el estado del trámite.  Menem aceptó sus argumentos y pidió al secretario Legal y Técnico de la Presidencia Raúl Granillo Ocampo que buscara el expediente y preparara el decreto.  Erman González había llegado esa mañana de Washington y pidió tiempo para ocuparse.
-Decíle al Negro que me lo mande ya -insistió Menem a Granillo en un tono que no dejaba lugar a dudas. 
González informó a Granillo que el expediente estaba en manos de Emir Yoma.  Menem se fastidió con la respuesta:
-Decíle que se lo quite con la policía si hace falta -ordenó.
Por la tarde, Cavallo volvió a hablar con Jorge Tapia: 
-El Presidente creía que la desgravación ya había sido acordada.  En Cuanto supo que estaba pendiente pidió el decreto y acaba de firmarlo. El asunto está terminado.
El 20 de diciembre el decreto firmado el 18 se publicó en el Boletín Oficial.  Pero un mes después de presentada la nota muy urgente de Todman no había obtenido respuesta de González.

El martes lº de enero, en la intimidad de la gran quinta desierta, El Negro se franqueó con Carlos:
-Te dije que íbamos a tener problemas con El Gordito.  Por eso quise darle el expediente.
-Si se lo diste, es un problema entre Emir y vos.
-Se lo di porque vos me lo ordenaste.
-A mí no me metas.  Yo no tengo nada que ver.  Yo no te ordené nada.
Carlos anunció que llamaría a El Gordito para confrontarlo con El Negro cuya incomodidad creció con el silencio que sucedió a la discusión.  Partió por la mitad el cigarrillo que fumaba, muy blanco y delgado por contraste con sus dedos, y con la mayor serenidad que pudo aparentar replicó:
-No acepto que me trates así.  Ya te renuncié dos veces en la provincia, al banco y al ministerio, y lo voy a hacer de nuevo ahora.  Vos me estás maltratando y yo no lo acepto.  Me voy.
Carlos sintió el impacto.
-Vos no me podés hacer esto, ¿cómo me vas a dejar solo justo ahora? -respondió, mientras sus ojos se mojaban de lágrimas. 
-¿Qué te pasa? -inquirió El Negro, azorado.
-Los chicos.  No he podido verlos.  La madre los envenena conmigo.  Me jugaron a las escondidas la Navidad y el Año Nuevo.  Estoy mal por eso.
El Negro no insistió con su renuncia.  Carlos cambió de tono y se disculpó:
-No es con vos, perdonáme. Ahora me acuerdo de todo. Es como decís.  No te preocupes que ya está todo arreglado.
Pero el domingo 6 partes de esta historia comenzaron a contarse en la prensa.  Citando fuentes a prueba de desmentidas, el diario Página/12 dijo que Todman había protestado por la solicitud de una contribución económica a un frigorífico norteamericano, cuyo expediente había sido retirado del Ministerio de Economía por un empresario argentino de origen árabe, que integró la comitiva presidencial durante la visita a Estados Unidos de octubre de 1990.  "Delincuentes periodísticos", clamó Menem.  "Excesos de libertad", fulminó el subsecretario de Injusticia e Indultos, César Arias.  "Patrañas para desprestigiar al gobierno", les hizo eco el regente del Partido Justicialista, Eduardo Menem.

TRASFONDO

Alfonsín renunció a la presidencia el 8 de julio de 1989, cinco meses antes de la conclusión de su mandato, acosado por la hiperinflación y los fantasmas simétricos de la sublevación social y la anarquía militar. Su fragilidad apenas le permitió rehusar que la ceremonia de transmisión fuera el día de la Independencia y que Menem llegara cual Bolívar en su caballo blanco, aclamado por salvar a la Patria.  La primera transferencia del gobierno de un civil a otro en más de medio siglo no puso en evidencia la fortaleza sino la vulnerabilidad del sistema político, colonizado por los mismos intereses económicos que tres lustros antes habían decidido los movimientos del brazo que empuñaba la espada.
No obstante sus imperfecciones políticas, el primer período peronista había creado la sociedad más igualitaria de Latinoamérica.  Sus bases estructurales permanecieron inalteradas durante tres décadas, pese a la alternancia de gobiernos civiles irrepresentativos y de dictaduras militares que sucedieron al golpe de 1955.  Ni el aflujo de inversiones extranjeras en la segunda sustitución de importaciones, ni las reducciones graduales de la participación asalariada en el ingreso, ni las confrontaciones sociales en respuesta a la proscripción política alteraron el dato central de un modelo económico basado en la industrialización para el abastecimiento del mercado interno, en el que el salario  tenía un piso, porque no era sólo un costo de producción.  También constituía la demanda de la industria.
Una etapa distinta comenzó en 1975 y se profundizó a partir de 1976, en la que se dirimieron todos los conflictos pendientes, de fracciones del capital entre sí y con los trabajadores.  El Estado volvió a cumplir, como en los albores del peronismo, una función clave en la definición y ejecución de políticas que implicaron gigantescas transferencias de ingresos y transformaciones estructurales, aunque esta vez la redistribución operó en sentido opuesto.  Sus consecuencias se prolongarán durante décadas.  Sucesivas reformas financieras expusieron al país a los vientos huracanados de la economía internacional.  La herramienta maestra que remodeló la Argentina fue el endeudamiento externo, al que sólo unos pocos tuvieron acceso, a tasas diferenciales de las del mercado interno, origen del proceso de valorización financiera e internacionalización del capital, y gestor de la apertura importadora.  En aquellos años de persecución del movimiento obrero y exterminio de la disidencia armada y desarmada en los campos clandestinos de concentración, ese mecanismo de tomar crédito barato afuera y colocarlo a tasa de interés dentro del país, permitió ganar fortunas.  En las postrimerías de la gestión de Martínez de Hoz comenzó además una descomunal fuga de capitales al exterior por parte de los mismos deudores privados.  Según la Banca Morgan, a fines de 1985 la deuda externa total ascendía a 50.000 millones de dólares, pero si se descontaba la evasión de capitales al exterior, se reducía a mil millones.  El presidente de la filial de uno de los grandes acreedores confirmó al autor que la relación entre deuda externa y depósitos de argentinos en el exterior era de uno a uno para los bancos estadounidenses.  Añadió que algunos bancos europeos poseen más depósitos de argentinos que acreencias contra el país.  Es decir que la fuga sería mayor aún que la deuda.
Hacia finales de la dictadura esa deuda externa privada se estatizó, de modo que toda la sociedad cargara con sus costos.  El régimen de seguros de cambio inaugurado por Roberto Viola y su ministro Lorenzo Sigaut, y continuado un año después durante la Primera Aparición de Domingo Cavallo en el Banco Central, implicó subsidios estatales por más de 8.000 millones de dólares a fines de 1983, en la estimación más conservadora.  De ese modo se financió, mediante simples comunicaciones de la autoridad monetaria a los bancos, aquella fuga de capitales.  Según el Banco Mundial, en la década del 80 la fuga fue equivalente a la mitad del ahorro.  Incluso quienes se niegan a hablar de fuga porque consideran que la transferencia al exterior era legal y les parece legítimo que los inversores procuren diversificar sus colocaciones, como es el caso del director general de la Unión de Bancos Suizos, Guido Hanselmann, reconocen que la compra de activos externos por 15.000 millones de dólares por inversores argentinos entre 1981 y 1984 "es una prueba inequívoca de que algo no estaba en orden".  La deuda externa sirvió así como el gran reciclador de las relaciones de poder intensas: unos tomaron y disfrutaron el crédito y otros lo pagaron.
Los grupos económicos locales y las empresas transnacionales pasaron a desempeñar un papel preponderante en el proceso económico por decisión meditada de la dictadura, que uno de los miembros de la primera Junta Militar fundamentó ante la Cámara de Anunciantes, de las tribunas de doctrina preferidas por los dirty warriors: los grandes empresarios son lo más representativo de la sociedad occidental y cristiana, porque en las naciones marxistas hay políticos, intelectuales, asalariados y militares, pero no hombres de negocios, dijo el entonces brigadier general Ramón Agosti.  Todo el enorme poder del Estado se puso al servicio de ese sector, cuidado como la abeja reina por las obreras de la colmena.
Uno de los más altos funcionarios del equipo económico de entonces, el secretario de Hacienda Juan Alemann, confesó que se contrató la producción de petróleo con empresas privadas de capital nacional, a sabiendas de su capacidad inferior a la de las extranjeras más conocidas, para que la privatización petrolera no pareciera, como bajo el gobierno de Frondizi, una oposición a la simbólica YPF nacional.  Una vez consumado ese primer paso pudo darse participación sin conflicto político a empresas extranjeras, asociadas con las locales. Las transferencias de ingresos en favor de unas y otras fueron fabulosas.
Otro mecanismo que desde el Estado se aplicó en la misma dirección fue el régimen de subsidios por promoción industrial, establecido en la década del 60, y cuya distorsión se acentuó con los años. Sus beneficios siempre se concentraron en los mayores grupos económicos y empresas transnacionales, pero durante la dictadura, con Dios y la inflación mediante, esos subsidios pasaron a cubrir la inversión total.  Las conclusiones del estudio más completo sobre el tema, de Eduardo Basualdo y Daniel Aspiazu, son impresionantes.  Entre 1980 y 1985 la inversión neta privada disminuyó siete veces, se desplomó de 3.281 a 482 millones de dólares.  En esos mismos años el monto de la inversión privada según el régimen de promoción industrial fue de 366 y de 439 millones de dólares.  Esto significa que en 1980 apenas un poco más del 10 por ciento de la inversión neta se hacía mediante este sistema de subsidios, pero cinco años después ya superaba el 90 por ciento.  En suma, la inversión neta privada con capital propio fue de 2.915 millones de dólares en 1980 y de apenas 43 millones de dólares en 1985.  No un partido de izquierda, sino el organismo de investigaciones económicas mantenido por las grandes empresas sostuvo que “por cada austral invertido por el sector privado, el Estado contribuye con la misma suma a través de menores impuestos.  De esta forma, en los hechos, los contribuyentes aportan la totalidad de los fondos invertidos”.  Tal sistema no promueve la inversión privada, la desalienta.
Llamar propietarios de las plantas a quienes las erigen en esas condiciones es otra concesión graciosa, esta vez del lenguaje.  Gracias a las exenciones y diferimientos impositivos pudieron reemplazar maquinarias y equipos obsoletos o erigir nuevas plantas, con las cuales mantuvieron y/o profundizaron su poder oligopólico en seis ramas productoras de bienes intermedios, que modificaron el perfil industrial del país.  Esas subvenciones fueron concedidas al capital y negadas al trabajo.  La localización de las plantas en provincias de nula tradición industrial contribuyó a reducir los niveles salariales y de organización sindical, al mismo tiempo que algunas zonas fabriles tradicionales del Gran Buenos Aires y del Gran Rosario se convirtieron en bolsones de marginalidad. Cuando comenzaron a colocar parte de su producción en el mercado externo, los grupos obtuvieron nuevos subsidios por promoción de exportaciones.
También el Estado transfirió recursos a ese núcleo selecto por medio de avales del Tesoro y créditos de los bancos nacionales, que nunca fueron pagados, gracias a la maraña de licuaciones y moratorias que hicieron recaer su peso sobre el conjunto de la sociedad.  Los contratos de obras públicas y las ventas sin competencia admitida al Estado por firmas de esos mismos grupos completaron la succión de los recursos públicos, empobreciendo a las empresas estatales.  La modalidad de las privatizaciones periféricas inaugurada bajo el gobierno militar aniquiló la eficiencia de los prestadores oficiales de servicios, mientras prosperaban sus contratistas y proveedores privados.
Una doctrina jurídica favoreció y justificó ese vaciamiento del Estado por los grandes grupos económicos.  Denominada "de la intangibilidad de la retribución del co-contratante particular", formulaba una interpretación sui generis de los artículos 16 y 17 de la Constitución Nacional, mediante la cual lograba el milagro argentino de eliminar el riesgo empresario y endosar al Estado todo posible quebranto, por cualquier causa.  Esos artículos se refieren a la garantía de igualdad como base para las cargas públicas y de inviolabilidad de la propiedad.  Como el contratista privado al llevar a cabo una obra pública lo hace en vista al interés general, el Estado, como representante de ese interés general, debe soportar las consecuencias de todas las vicisitudes económicas susceptibles de alterar la fórmula económico-financiera, sostiene la doctrina.  De lo contrario se impondría al co-contratante particular una carga específica, un detrimento patrimonial en aras de la satisfacción del interés general.  La Corte Suprema abandonó su jurisprudencia restrictiva anterior y abrazó la nueva doctrina en el mismo momento en que comenzaba la oligopolización de la gran obra pública y los contratos se concentraban en el exclusivo club formado por los más grandes: la Unión Argentina de la Construcción.
A partir de 1975 se produjeron cambios decisivos.  La inflación continuó con guarismos superiores al 100 por ciento anual, pero ahora en un contexto de estancamiento y retroceso de todas las variables productivas. La nueva jurisprudencia no sólo protegió al contratista de la suspensión de obras imputable al comitente.  También admitió la revisión de las fórmulas polinómicas que se aplican para expresar variación de costos de los insumos y la compensación en caso de modificaciones.  Cualquier contingencia de cualquier naturaleza que afectara la relación del contrato debía ser compensada por el ente público contratante.  En ese contexto de stangflation en el que todos perdían, esta doctrina liberó de todo riesgo a los grandes contratistas y los preservó del decrecimiento general.
Después del golpe de 1976 se fue perfeccionando un método de succión dolosa de recursos del Estado, que se convirtió en invariable pagador de cualquier situación económica negativa, ya no sólo excepcional. Establecida la doctrina, los contratistas organizaron su relación con el Estado de modo de maximizar sus beneficios en forma arbitraria y a expensas de ese interés general que invocaron en el comienzo del razonamiento.  Nada de esto hubiera sido posible sin corromper a los mal pagos funcionarios permanentes de las empresas estatales que realizaban las contrataciones y sin la complicidad de los grandes dirigentes sindicales.
En el club de contratistas se concertan las presentaciones a licitación.  En algunos casos se decide de antemano quién debe ganar el concurso.  En otros se deja librado a la competencia de precios por encima de un nivel acordado, con el compromiso de la posterior subcontratación de partes de la obra con los derrotados.  En el peor de los casos, el perdedor en la licitación recibe una compensación económica, para que nadie resulte excluido del festín.
El primer desvío suele estar en la declaración de necesidad de una obra, servicio o suministro.  El Estado adquirió infinidad de bienes que no necesitaba, pagando sobreprecios a los miembros del oligopolio y un enorme costo financiero por guardarlos en stock, donde muchas veces se echaban a perder o eran robados.  Otro gran negocio derivó de las omisiones en los pliegos que tipifican los bienes a contratar.  La redacción de pliegos se convirtió en una tarea esencial (y completamente ilegal) para los grandes contratistas.  El arte reside en omitir en el pliego algún paso esencial para la conclusión de la obra.  Cuando al promediar el trabajo esto se descubre, el contratista solicita su pago como adicional.  El Estado se niega.  El contratista pide prórroga y, mientras se discute, paraliza la obra.  En ese momento agrega al reclamo el mayor costo por los gastos improductivos que le crea la permanencia del personal y el equipo más allá del plazo previsto.  Con este método, el Estado termina dándole la razón al contratista y pagando aparte el paso omitido en forma mañosa en el pliego.  No es excepcional que los costos de una obra terminen triplicando el presupuesto original debido a estos costos extra que se cargan por imprevisión del Estado, y hay casos espectaculares como el de Yaciretá, donde antes de la terminación de la represa el presupuesto ya se ha decuplicado.  Una vez terminada la obra, aún quedan reclamos pendientes, por variación de costo financiero, por adicionales, que van a pleito.  Entonces los abogados de las empresas estatales, que por un sueldo miserable siguen miles de casos, con la atención que es de imaginar en esa situación y con una alta vulnerabilidad a la corrupción, se enfrentan con los pesos pesado de los mejores estudios.  Los mismos que redactan pliegos y elaboran doctrina.
Este sistema perverso produjo un incremento espectacular en el costo de los servicios, suministros y obras que el Estado contrataba con el oligopolio.  Un informe de la Sindicatura General de Empresas Públicas muestra de qué modo a partir de 1975 la brecha entre el costo nacional y el internacional se fue ampliando.  Esta reseña incluye los caños para YPF o Gas del Estado, las líneas telefónicas para ENTel, la construcción de obras o la provisión de servicios.
La cuenta de regulación monetaria con Martínez de Hoz, el festival de bonos bajo el gobierno radical, convirtieron al mismo tiempo a los grupos económicos en destinatarios de otra forma de subsidio financiero, que fue bautizado como déficit cuasifiscal para disimular su carácter de pasivo.  Así lo describió la más famosa revista de noticias del mundo: "Los latinoamericanos ricos han desarrollado técnicas sofisticadas para ponerse a salvo de la inflación e incluso beneficiarse con ella.  Lo típico es que conviertan sus pesos, cruzados o australes en dólares, porque son mejor depósito de valor.  Luego invierten o depositan su dinero en el exterior, donde estarán a salvo de impuestos y perturbaciones políticas.  Sólo en Estados Unidos los latinoamericanos han invertido unos 326.000 millones de dólares, más de lo que Argentina, Brasil y México deben a sus acreedores externos.  Esta fuga priva a los países de su capital de inversión y mutila su capacidad de pago de los créditos externos.  Para contener la hemorragia los gobiernos se ven obligados a ofrecer rendimientos en depósitos bancarios locales y certificados del Tesoro, que superan los sueños de los más ambiciosos especuladores de los Estados Unidos".  Al referirse a esos beneficios que califica como "suculentos ", alega que "son maná para los ricos.  Pero sólo para expandir la oferta monetaria de modo de pagar este costoso endeudamiento, los gobiernos han avivado la inflación y enviado al abismo el poder adquisitivo de las clases medias y bajas. La espiral descendente se realimenta".
Por último, un sistema tributario cada día más regresivo se encargó de extraer de la masa asalariada, por medio de impuestos indirectos y al consumo, los recursos que irrigaron a poco más de un centenar de grupos locales, empresas transnacionales diversificadas e integradas y bancos acreedores. La desindustrialización que destruyó puestos de trabajo y fábricas y dio comienzo a la precarización de la mano de obra como alternativa al desempleo abierto, fue simultánea con la concentración y centralización del capital por esos grupos que emergieron como los grandes triunfadores en medio de la derrota de todos los proyectos populares.
Diversificando sus actividades entre la producción y las finanzas y dispersando riesgos en el estilo aprendido de la vieja oligarquía agropecuaria, llegaron a alcanzar un papel decisivo en la economía.  La ilusión radical del relanzamiento productivo y la reforma del Estado en asociación con ellos se frustró por el incumplimiento de las metas de inversión privada comprometidas en las sobremesas de Olivos y los vuelos del avión presidencial.  Durante la presidencia de Alfonsín los grupos tuvieron un crecimiento anual aún más espectacular que bajo la dictadura, mientras la producción, el consumo, el empleo y el salario seguían cayendo.  A partir de 1984 tradujeron ese poder económico también en influencia política, cuando dejaron caer a sus antiguos benefactores militares y participaron en las principales decisiones del gobierno de Alfonsín.  El mismo día de abril de 1985 en que la Justicia comenzó las audiencias del proceso contra nueve ex Comandantes, quince capitanes de la industria, representativos del mundo occidental y cristiano, comieron con el Presidente en Olivos.  Aseveraron que sólo dentro del sistema democrático concebían el desarrollo de sus empresas.  Luego reclamaron un cambio drástico, cuyo costo político sólo podía ser asumido por el Presidente.  A cambio de desentenderse de los generales que habían realizado el trabajo sucio, lo convencieron de declarar la economía de guerra contra el salario, opuesta a la que había prometido en su campaña electoral.  Uno de ellos, Francisco Macri, regaló la procesadora de texto que la Cámara Federal empleó para el juicio a Videla, Massera & Cía, a través de la asesoría legal de su empresa Sideco Americana.  Los grandes empresarios también se horrorizaban por las revelaciones de los campos de concentración. ¿Cómo hubieran podido imaginar lo que había ocurrido mientras ellos estaban tan ocupados ganando plata?  Descubrieron el discreto encanto de la democracia.  Todo limpio, sin golpes, sin gritos.  Lo bueno del terror es que su efecto perdura.  Al cabo de aquella histórica comida en Olivos se formó una comisión de enlace de los capitanes con el gobierno integrada por Livio Kühl, Carlos Bulgheroni, Miguel Roig y Javier Gamboa.  Otra de las ofertas que por entonces recibió Alfonsífn fue un plan basado en las fórmulas econométricas que empleaba Bunge & Born, presentado por su presidente, Mario Hirsch.
A fines de 1988 el capítulo de la valorización financiera y la fuga de capitales estaba concluido.  Vampirizado durante tres lustros hasta quedar anémico, el Estado Hood Robin no tenía más sangre para continuar la transfusión, había dejado de ser funcional.  Su gasto fijo era muy alto.  Condenado a la ineficiencia, ya no podía prestar ni servicios esenciales y no era posible extraer más recursos de la reducida masa salarial para seguir afrontando las continuas transferencias a los grupos económicos, las empresas extranjeras y la banca acreedora, los subsidios a la producción industrial, el sistema financiero, los programas de capitalización, las contrataciones dispendiosas y los sobreprecios a los proveedores.  Había llegado el momento de cerrar la parábola, mediante la tupacamarización de sus despojos y del relanzamiento productivo basado en las colocaciones en el mercado externo de unos pocos productos primarios y commodities industriales.
La nueva etapa, de capitalización de deuda y privatizaciones, con despidos masivos de personal y orientación de los servicios sólo al sector de altos consumos, aumentando la tasa de ganancia, tendría un ritmo de vértigo.  Las piezas del Estado ya estaban lo bastante flojas como para comenzar su desguace.  Para eso era precisa la maduración de los cambios superestructurales iniciados en estos años, determinando más allá de toda duda cuál era el papel de los partidos políticos en esta nueva fase de crisis y reestructuración capitalista.
Estados Unidos y el gran capital interno exigían de los populismos en América Latina que hicieran viable la propuesta dominante y comprimieran el salario sin usar la espada.  La tarea básica que reservaban a los partidos políticos y al sistema democrático consistía en ajustar todas las variables a la medida de sus necesidades.  La propuesta proselitista del partido en el gobierno no consistía en la reconstrucción del Estado sino en liquidarlo, no transferir ya ingresos sino directamente el capital social a los sectores dominantes en la Argentina.  El peronismo, en cambio, planteaba el salario como la variable central, la divisoria de aguas de un proyecto alternativo. Se oponía al remate del Estado y reclamaba atención para los trabajadores, las pequeñas y medianas empresas y las provincias.
Al suspender el apoyo que venía brindando al gobierno radical, tres meses antes de las elecciones presidenciales, el Banco Mundial adujo el incumplimiento en el control del déficit fiscal y de las reformas estructurales comprometidas.  Reconoció la buena voluntad del gobierno radical para encarar ese programa y señaló que sus esfuerzos por privatizar empresas del Estado habían sido detenidos en el Congreso con mayoría peronista, que tampoco aprobó la reforma impositiva acordada por el Poder Ejecutivo con el Banco Mundial. Al cuestionar las transferencias de fondos del poder central a las provincias que no habían ajustado su gasto público, mencionó críticamente una manifestación de los gobernadores peronistas sobre el Congreso en demanda de recursos adicionales.  También fustigó el atraso de las tarifas públicas respecto de la inflación y anunció que después de las elecciones el Banco apoyaría un esfuerzo para la reforma estructural, concentrándose en la reforma de las empresas públicas, si hubiera voluntad política y consenso.
Este pliego de condiciones, firmado por el responsable del Banco Mundial para América Latina Pietr Bottelier, no dejaba dudas de que el objetivo era doblegar de un solo golpe a las dos grandes fuerzas políticas populares, al comenzar una nueva etapa en la que no bastaba con un partido si el otro vetaba o simplemente demoraba sus proyectos (por ejemplo: la ley de atomización sindical que fue derrotada por el peronismo en el Senado, las trabas a privatizaciones y reformas impositivas y las transferencias de ingresos a las provincias señaladas en el memorándum del Banco Mundial).  Las voces en favor de una concordancia radical-peronista en respaldo del ajuste comenzaron junto con la escalada hiperinflacionaria del primer semestre de 1989, antes de las elecciones presidenciales.  Su principal vocero fue por entonces Rodolfo Terragno, que desde el Ministerio de Obras y Servicios Públicos había comenzado a ejecutar con alguna timidez, si se piensa en lo que vino luego, el programa de los acreedores.  El ominoso clima de angustia colectiva que generó la hiperinflación preparó las condiciones para las medidas que aliviarían aquella sensación y legalizarían las transferencias de ingresos, la destrucción de fracciones de capital y puestos de trabajo y el proceso de concentración, centralización e internacionalización con el acuerdo de los dos grandes partidos.
Se trataba de impartir una lección inolvidable al próximo presidente para escarmentarlo aun antes de que resultara electo.  El triunfador en las elecciones argentinas debía nacer con la pistola en la nuca.  Este era, a escala continental, el proceso de colonización de los viejos partidos populistas, la concesión más generosa que el gran capital concebía como alternativa a la barbarie de las dictaduras.
La primera presentación política de Menem en cuanto concluyeron los festejos por la victoria fue el 16 de mayo, en el programa de Bernardo Neustadt y Mariano Grondona, quienes preferían a Alvaro Alsogaray y consideraban como un mal menor a Eduardo Angeloz.
Cuando lo interrogaron sobre las empresas del Estado respondió que el problema no era la privatización sino la eficiencia, e incluso destacó que había empresas privadas más ineficientes que las públicas, de lo cual puso como ejemplo a las compañías telefónicas que en seis provincias argentinas brindaban peor servicio que ENTel en el resto del país y reclinaban subsidios del Estado.  Defendió las prestaciones sociales de las empresas fiscales y cuando le preguntaron sobre el perfil exportador que debería asumir su gobierno exaltó la función del mercado interno y los salarios, potenciando el consumo popular para que no hubiera más gente al borde de la marginalidad social.  Dijo que en las negociaciones con el gobierno saliente había ordenado que sus delegados impusieran mejoras para los asalariados, transferencias de fondos a las provincias y asistencia a las empresas pequeñas y medianas.  Parecía en campaña.
La estampida monstruosa sobre el dólar iniciada en febrero y el reacomodamiento correspondiente de todos los precios relativos de una economía dolarizada no se detuvieron.  La lección no estaría completa hasta que el nuevo mandatario terminara de entender qué era lo que se esperaba de él, y qué lo que no se le permitiría.  Grondona expuso las alternativas que aguardaban al nuevo presidente.  Podía ser Alan García y condenarse, o Felipe González y salvar su alma eterna.  Hubo muchos interesados en que no equivocara la decisión.

Un operativo de cooptación de Menem había comenzado junto con la campaña electoral.  El 3 de enero de 1989 el vocero del candidato, Juan Bautista Yofre, quien desde 1986 daba periódicas charlas sobre temas políticos para directivos de Bunge & Born, acompañó en un vuelo privado a La Rioja al vicepresidente ejecutivo del holding, Néstor Rapanelli, y al encargado de los negocios petroleros de Pérez Companc, Oscar Vicente. Los representantes de los dos mayores grupos económicos del país llevaron a La Rioja dos inquietudes: la parte económica de la plataforma electoral y por qué vía canalizar los aportes financieros a la campaña sin pasar por ávidos bolsillos intermediarios. Rapanelli sostenía que una entrega anterior de dinero no había llegado completa al candidato, e insistió en dejar en sus manos la nueva cuota.  Yofre está convencido de que esa gestión nunca le fue perdonada por quienes manejaban la agenda de Menem para esas cuestiones: sus secretarios Miguel Angel Vico y Ramón Hernández, su cuñado Emir Yoma y Eduardo Bauzá, y que por ella debió renunciar como vocero del candidato, un mes más tarde.  El holding apostaba a los dos partidos, aunque no en la misma proporción.  Contribuyó con 3 millones de dólares a la campaña del peronismo y con 2 a la de la Unión Cívica Radical.  El conocimiento de estas cifras por una infidencia de Jorge Born dos años después reavivó las querellas peronistas sobre el desvío de una parte asombrosa de esos fondos.  Los recaudadores oficiales, Eduardo Menem, Eduardo Bauzá, Luis Barrionuevo y Armando Gostanián, dijeron que sólo habían recibido 700.000 dólares.  Es decir que más del 75 por ciento de la contribución no habría llegado a destino.  Luego de 48 horas de frenéticas gestiones del gobierno ante Bunge & Born, el directorio emitió una sutil declaración según la cual las manifestaciones de su ex presidente habían corrido por su cuenta y riesgo, cosa que nunca había estado en duda, y “en cuanto a la empresa se refiere, no se ajustan a la realidad".  En un reportaje de dos páginas Born había hablado sobre docenas de temas.
Al no ceñir la desmentida a uno en particular el comunicado del holding dejó las cosas como estaban.  Si se lee con más cuidado, lo único desmentido fueron las declaraciones de Jorge Born "en cuanto a la empresa se refiere".  Por ejemplo, sus planes de inversión futuros, o el porcentaje de las exportaciones cerealeras sobre el conjunto de sus negocios.  Peor todavía le fue al gobierno con la Unión Cívica Radical.  Ni su conducción formal ni el ex candidato Angeloz dijeron esta boca es mía.  Sólo se produjo una declaración de Ricardo Yofre, ex integrante del comando financiero de la campaña, quien está distanciado de Angeloz desde la fallida operación de su acceso como primer ministro al gabinete de Menem, que realizó junto con su amigo Carlos Bulgheroni.  Es hermano del Yofre menemista.
Barrionuevo precisó que el menemismo había recibido en total 8 millones de dólares de los empresarios e identificó a cuatro aportantes: Bunge & Born, Loma Negra y Pérez Companc con 700.000 dólares cada uno; Macri con 600.000 y una docena de autos Fiat; Supercemento (de Tonino Macri, el hermano de Franco) con 600.000 dólares, y Bridas con 500.000 dólares.  Si seis grupos empresarios aportan casi la mitad de la contribución total, es probable que la oligarquización de la política y del poder en la Argentina supere a la de El Salvador con sus famosas 14 familias.  Aquí no pasarían de una docena, y ya se verá de qué modo se cobran sus favores.  Si se repara con atención en esta lista se advertirá que la integran los grupos cuyos titulares tuvieron libre acceso a la intimidad de Menem y que discutieron con él los planes de su gobierno.  Resulta más fácil de comprender así por qué los empresarios se refieren a los sobornos con el eufemismo pago de peaje.  Este es un buen indicio acerca del costo argentino que desesperaba a las empresas norteamericanas y a su embajador, cuando éste presentó la carta famosa.
Aquel día de enero de 1989 Rapanelli y Vicente estuvieron reunidos media hora a solas con Menem antes de un almuerzo multitudinario.  Le entregaron una hoja con lineamientos sobre política para el sector petroquímico y un portafolio con dinero para la campaña, y se llevaron una promesa: las cuestiones económicas de la plataforma serían redactadas por el dirigente peronista allegado a Antonio Cafiero, Gustavo Caraballo, tío de Octavio Caraballo, un hombre clave del holding.
Bunge & Born ocupaba el puesto 13 entre los principales deudores externos privados al concluir la dictadura, con 80 millones de dólares, y el puesto 14 por sus proyectos industriales que el Estado subsidió por casi 48,6 millones de dólares.  Ocupa el noveno puesto entre los beneficiarios de los regímenes de capitalización de deuda externa que rigieron hasta 1989, con 6,3 millones de dólares, y ese año fue el segundo exportador industrial privado, con más de 143 millones de dólares.  En 1973 poseía o controlaba 59 empresas, que llegaron a 62 en 1983 y crecieron en forma espectacular bajo el gobierno de Alfonsín, hasta ser 86 en 1987.  De ellas, 11 en el sector primario, 30 en el industrial, 8 de comercio, 32 en finanzas y 5 en servicios.  Sus articulaciones productivas, comerciales y financieras en tres continentes son bien conocidas.
La plataforma peronista interpretó los slogans menemistas según los intereses de Bunge & Born.  Definió al sector agropecuario como pivote desencadenante de la revolución productiva, propuso el crecimiento sobre las exportaciones agroindustriales, describió los sectores con ventajas comparativas a expandir (agroindustria, alimentación, gas, petroquímica, papel) y propugnó incrementar la presencia de empresas argentinas en los mercados exteriores.  Rapanelli había presentado el mismo programa al candidato presidencial del otro partido, Eduardo Angeloz, luego de una gestión fallida del propio Jorge Born ante Alfonsín, en diciembre de 1988.
Además del conducto Yofre-Rapanelli, Menem también tenía contacto con Jorge Born por medio de políticos a sueldo del presidente del holding, como Julio Bárbaro, y de allegados, como Rubén Cardozo y Julio Mera Figueroa.  Ellos intentaron demostrar la existencia de bases objetivas para la alianza entre el peronismo y Bunge & Born.  Lo presentaban como un productor de alimentos que consume el pueblo, por lo cual sus intereses pasarían por el mercado interno, al que abastecería sin los subsidios que constituyen el modo de vida de los grupos económicos más recientes.  Esta es una construcción insostenible en los hechos.  Desde siempre el holding tuvo su fuerte en la exportación de granos.  En los últimos años, al declinar la incidencia de este rubro, le sumó otros intereses químicos, petroquímicos e industriales, también con eje en el mercado externo, y de ninguna manera en los alimentos para el pueblo.  Si bien es cierto que una parte de su actividad está dedicada a los artículos de consumo, toda mención a ese ramo es incompleta si omite la caracterización que de esa práctica hizo Juan D. Perón: "Hasta 1947 disponía para esos fines de una cadena de almacenes (Grandes Despensas Argentinas: GDA).  Cuando el gobierno constitucional, ante el clamor del pueblo por la carestía de la vida, se vio precisado a tomar medidas en el control de los precios y los abastecimientos, para lo cual se crearon los organismos estatales indispensables para la vigilancia, este consorcio cerró sus establecimientos minoristas, con lo cual la regulación de los precios entró inmediatamente en la normalidad y fue inmediatamente posible detener la espiral inflatoria que amenazaba la economía popular".  La conducta del holding en las semanas previa y posterior a la asunción de Menem, cuando sus empresas alimenticias estuvieron entre las campeonas en el torneo de remarcaciones salvajes de precios, ratifica la exactitud de las apreciaciones del ex presidente.
La evolución prodigiosa de Bunge & Born bajo el gobierno radical siguió los mismos resortes ya descritos del Estado Benefactor para Pocos, que autorizan a considerar su prosperidad como el reverso del empobrecimiento general, no a partir de una definición ideológica sino de la información y el análisis de su funcionamiento empresarial.
Lo mismo vale para los otros grupos locales o para las transnacionales diversificadas e integradas.
Rapanelli era el coordinador oficial del grupo de los capitanes de la industria, y junto con Oscar Vicente y Livio Kühl centralizaba los contactos con los delegados peronistas, Eduardo Bauzá y José Luis Manzano.  Pero por entonces Bunge & Born no había resuelto ofrecer uno de sus hombres para el Ministerio de Economía, y se limitaba a expresar su oposición a la posible designación de Domingo Cavallo.  En la hipótesis sugerida por Menem de un empresario exitoso, el candidato era Vicente, jefe político del grupo Pérez Companc, que siempre tuvo buenos vínculos con el peronismo, y amigo personal de Bauzá, quien también aspiraba al cargo.  Hasta que el holding se alarmó por el modo brutal en que el Grupo de los Ocho principales nucleamientos empresariales impusieron al moribundo gobierno de Alfonsín la liberación cambiaría, que produjo una caída del salario del 40 por ciento en un par de meses, y por el afianzamiento de la candidatura de Cavallo en la predilección de Menem.  Jorge Born temía una réplica popular violenta y entendía que los mismos efectos y sin riesgo de conmociones podrían lograrse mediante la concertación de los empresarios con el nuevo gobierno.  La idea peronista del pacto social le parecía muy sensata.
La búsqueda de recursos para la caja vaciada por la hiperinflación, y en la que pese al superávit comercial de 3.600 millones de dólares no había más que 500 millones, obsesionaba a Menem, quien planeó un viaje a Estados Unidos para tratar el refinanciamiento de la deuda externa y pedir a los acreedores un aporte extraordinario de entre 1.000 y 1.500 millones de dólares.  Richard Handley y Guillermo Stanley, presidente y vice del primer banco acreedor de la Argentina, el Citibank, desalentaron a Manzano y Bauzá.  Durante una conversación en las oficinas de Bauzá les aconsejaron poner la casa en orden antes de negociar.  Handley también insistió en la necesidad de un acuerdo bipartidario refrendado por las representaciones parlamentarias.  Diez días más tarde estas recomendaciones fueron recogidas en el comunicado emitido por Menem y Alfonsín, en el que los dos presidentes se hicieron responsables de la declaración del Estado de sitio y acordaron el envío de una delegación conjunta a los Estados Unidos con el propósito de analizar los temas referidos a la deuda externa con los organismos internacionales de crédito.  Pero por el momento había que buscar fondos en otro lado.

En la caótica semana posterior a las elecciones presidenciales, Rapanelli volvió a La Rioja, el viernes 19 de mayo, en compañía de Carlos García Martínez, con quien presentó a Menem el modelo econométrico que servía para la toma de decisiones de la compañía.
-¿Puedo hacer pasar al Negro? -preguntó Menem antes de la reunión.
-Carlos, vos sos el Presidente -le recordó Yofre.
Menem se hizo acompañar por Erman González, para que monitoreara con un ojo algo más experto que el suyo las cuestiones técnicas del plan, pero dejó fuera de la reunión a Bauzá.  La inquina entre Yofre y Bauzá fue definitiva y no paró hasta que uno erradicó al otro de la corte menemista, en la que era un advenedizo.  Esta vez Rapanelli no llevó un portafolio con billetes, pero a partir de entonces comenzó a repetirse en las cercanías del presidente electo que los hombres de Bunge & Born le habían hablado de un compromiso de futuras inversiones, que según quien lo contara, ascenderían a 2.000, 3.500 o 5.000 millones de dólares.  Al concluir aquella exposición, Menem dejó sin aliento a sus interlocutores cuando propuso continuar el diálogo el martes, en Buenos Aires, y anunció que él iría a las oficinas de Bunge & Born, acompañado por Alvaro Alsogaray.  Rapanelli empleó toda su diplomacia para sugerir que sería más conveniente que antes Menem recibiera una explicación en detalle de los economistas Eduardo Katzman y Orlando Ferreres acompañada con una proyección de diapositivas.  Si Menem lo deseaba, en otro encuentro podrían repetir la exposición para el Chancho.
Durante una reunión posterior en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Menem escuchó taciturno las discusiones entre economistas, gobernadores y dirigentes peronistas sobre lo que convenía hacer. Se levantó y fue hacia el baño, donde en ese momento estaba el sociólogo Leonardo Di Pietro.  "Ninguno me ofrece soluciones y yo necesito darle de comer a la gente", le comentó Menem.  Al salir del baño había cambiado de ánimo.  "Mi candidato en Economía es Cavallo, pero no tiene apoyo.  Etchart tiene una bodeguita igual que yo.  Así que me decidí por Bunge & Born", notificó eufórico.  Luego alzó un maletín y exclamó jocoso:
-Aquí hay 1.500 millones de dólares y en otro tengo 2.000 millones de dólares.  Es el aporte de Bunge & Born a la Revolución Productiva.
En público siempre desmintió que hubiera existido la promesa de los 2.000, 3.500 o 5.000 millones de dólares, pero en privado exhibió estallidos de indignación por su presunto incumplimiento.  El único vestigio de tal aporte fue un préstamo puente de 600 millones de dólares, depositados en Nueva York para pagar parte de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y vencimientos de Bonex de la deuda interna, que Bunge & Born y otros exportadores cerealeros otorgaron al Estado en los primeros duros meses del gobierno peronista.  Su financiación la efectuaron bancos acreedores de la Argentina con una sobretasa leonina del 5% por encima de la Libor.
Las negociaciones de Menem con el holding fueron llevadas por su presidente Jorge Born y su vicepresidente ejecutivo Néstor Rapanelli, quienes debieron vencer para ello fuertes reticencias internas.  Durante varias décadas Bunge & Born fue gobernada por una alianza entre las familias Born y Hirsch, que conformaba una mayoría preponderante respecto de los socios belgas.  Dentro de ese esquema tenía gran importancia Octavio Caraballo, hijo de Leonor Hirsch y Pepe Caraballo.  El poder de Octavio emanaba de la viuda del ex presidente del grupo, Mario Hirsch, Elena Olazábal, quien delegó en él la representación de sus acciones.  A los 46 años, Octavio Caraballo era partidario de mantener el muy bajo perfil público que Alfredo Hirsch había impuesto a las actividades del conglomerado, luego de los rudos enfrentamientos en las décadas del 40 y el 50 con Juan D. Perón, quien presentó al grupo como paradigma de la denostado oligarquía que, mediante maniobras dolosas, deprimía los precios en perjuicio del productor argentino y "radicaba en el exterior la mitad de las divisas producto de sus operaciones".  Mario Hirsch fue íntimo consejero del dictador Juan Onganía que en la década del 60 lo recibía hasta la madrugada en Olivos pero nunca formuló declaraciones a la prensa ni permitió que lo fotografiaran.  Tanta discreción no impidió que en la década del 70 los Montoneros, que buscaban erigirse en vengadores de la historia del peronismo, secuestraran a sus directivos Jorge y Juan Born, por cuyo rescate cobraron 60 millones de dólares.  Caraballo aprobaba las gestiones reservadas que redundaran en beneficios como la política descrita en la plataforma peronista, pero no veía la utilidad de una mayor exposición.  Fue como consecuencia de estas impugnaciones internas que, una vez concluidos los acuerdos básicos, el ministro fuera el jubilado Miguel Roig, cuyo nombre surgió en un diálogo de Rapanelli con Bauzá y Manzano, quienes temían ser excluidos de las decisiones.
Cuando se destapó el nombre de Roig para ocupar el sillón de Martínez de Hoz, Menem acababa de participar en una reunión con el futuro ministro y con Carlos Bulgheroni, el cortesano capitán del grupo Bridas.  Bulgheroni también estuvo vinculado con una gestión para obtener los fondos que el programa necesitaba en el arranque.  En sociedad con Citicorp ofrecía mil millones de dólares, garantizados por exportaciones futuras de petróleo y derivados, y a una descomunal tasa de interés de casi el 20 por ciento anual.
Otro candidato a la cartera había sido el ministro de Industria del dictador Roberto Viola, Livio Kühl, y Menem también ofreció un cargo en el gabinete a la fabricante de cemento Amalia Lacroze Reyes, viuda de Fortabat, propietaria del grupo Loma Negra.  La revista norteamericana Time la presenta con alguna exageración como la mayor latifundista del país, en cuyas 17 estancias, con una superficie que duplica la de la ciudad de Nueva York, rumian 185.000 vacunos.  El peronismo confundía a esa clase transnacionalizada cuyo vínculo con el mercado interno es o tenue o parasitario con la mítica burguesía nacional de medio siglo atrás.
Jorge Born respondió a las objeciones de Caraballo en una inusual aparición pública, una semana antes de la asunción del nuevo gobierno: "De ningún modo podíamos permanecer impávidos, de brazos cruzados, ante el probable derrumbe definitivo del andamiaje social, político y económico del país".  Para justificar que por primera vez en la historia de "la centenaria organización que presido, nuestro destino se vincula tan estrechamente al de un futuro gobierno, o al éxito o el fracaso de una administración pública" dijo que "jamás dejaremos de cumplir con nuestro deber, mucho menos cuando se trata de la reconstrucción moral y material de la República".  Añadió que "sólo puedo decirles a quienes duden de nuestra determinación, que no hemos nacido para perder".  Dos años después explicó el fracaso con otra frase rimbombante: "Es como la invasión a Normandía, a los primeros soldados los arrasan".
La muerte súbita de Roig en la primera semana del gobierno peronista reabrió el debate, tanto en el gobierno como en Bunge & Born.  Devorado por la ansiedad, Domingo Cavallo picoteaba los daditos de queso de la mesa de Menem en Olivos.  Desaparecida la candidatura de Bauzá, el canciller aspiraba a ocupar el Ministerio para el que se creía mejor preparado que nadie.  Carlos Grosso fue quien más insistió ante el abrumado Presidente para que continuara en el mismo rumbo abierto con la designación de Roig, mientras Francisco Macri, Carlos Bulgheroni y Amalia Fortabat volvían a postular a Livio Kühl, uno de los principales operadores políticos de los capitanes de la industria.  El carácter casi contractual de la cesión del Ministerio de Economía en leasing a la casa Bunge, tomó natural que Menem terminara por ofrecer el cargo a Jorge Born y, ante su negativa, fundamentada en la necesidad de atender los negocios del holding en Brasil, a Rapanelli.  Este también declinó el cargo, pero a solicitud de Menem y en su presencia, Jorge Borne ordenó que lo aceptara, lo cual renovó el disenso entre los principales accionistas.  Ya no se trataba de un jubilado como Roig, sino del vicepresidente ejecutivo en actividad.
Mientras el presunto aporte del holding era difundido con insistencia desde el gobierno, nadie en la cúpula de Bunge & Born estaba al tanto de tal posibilidad.  Incluso lo consultaron con Rapanelli, quien respondió que él sólo había hablado de recursos para el éxito del programa que serían generados por los sectores agropecuario y petroquímico, pero no ofrecido inversiones directas del grupo.  El ministro atribuyó la versión a que Menem necesitaba atenuar las reacciones negativas en el peronismo por la alianza con el enemigo histórico.  Para ello resultaba funcional aquel rumor, que alimentaba idealizaciones como la de un intelectual peronista, según quien la transnacional le aportaría "manteca, es decir capitales para respaldar su proyecto de desarrollo del mercado interno y de la pequeña y mediana industria".  A cambio obtendría "control social a un costo relativamente bajo", sin necesidad de usar cañones, ni "matar cincuenta mil hambrientos para imponer el Orden".  Su conclusión era que "el acuerdo peronismo-Bunge & Born es (en lo inmediato) fructífero, sirve", porque "puede ahorrar sangre en un país ensangrentado".  Si esta promesa había sido formulada, su autor sólo podía ser el propio Jorge Born.  Pero Born niega: "No sé de dónde salió lo de los 2.000 millones de dólares".
La sorpresa del directorio de Bunge & Born fue mayúscula cuando, a fines de 1989, se presentaron ante la firma dos banqueros alemanes que ofrecieron créditos de magnitud equivalente a la inversión fantasma mencionada por Menem.  Alertados por esta coincidencia encargaron una investigación a sus corresponsales alemanes, quienes informaron que los banqueros que habían realizado aquella gestión eran testaferros del Bank of Commerce and Credit International, el BCCI.
Su mayor accionista, Ghaith Pharaon, había invertido en hotelería y plantaciones en la Argentina durante la presidencia de Alfonsín.  El asesor financiero de esos proyectos, que se iniciaron antes de que el Banco de Londres, la Reserva Federal de Estados Unidos y la Justicia de Nueva York sometieran a investigación al magnate saudita, fue Javier González Fraga, un experto en el régimen de capitalización de deuda externa, a quien Menem designó como presidente del Banco Central.  Menem declaró que había tenido que intervenir en persona para que la burocracia no trabara esa inversión extranjera que ayudaría a crecer al país, y concedió una audiencia a Pharaon, quien había solicitado su carta de ciudadanía.  Según las leyes argentinas los ciudadanos tienen derecho a ser juzgados en el país, como quedaba demostrado en marzo de 1991, cuando uno de los viceministros de Obras Públicas de Menem, Mario Caserta, se autodenunció al conocerse que un juez español había solicitado su extradición, y la de la cuñada y directora de audiencias del Presidente, Amira Yoma, por lavado de dólares originados en el comercio de determinados productos del campo o agroindustriales no permitidos por las autoridades sanitarias.  El abogado defensor de Amira Yoma, titular de uno de los grandes estudios jurídicos de Buenos Aires, declaró bajo juramento a la Justicia que había ideado ese artificio para bloquear la eventual extradición.
Al determinar la vidriosa procedencia de los fondos ofrecidos por los alemanes, el directorio de Bunge & Born rehusó el préstamo.  Sus dispositivos financieros, que desde el siglo diecinueve transfieren todos los días sumas millonarias entre sus filiales del Norte y Sudamérica, Europa y Asia, son apetecibles para cualquiera que necesite justificar grandes movimientos de divisas.  La fecha en que Bunge & Born rechazó el crédito coincide con la renuncia de Rapanelli, quien se había distanciado de Born por discrepancias sobre la reforma impositiva cuando el ministro creyó que había sido designado por irresistible simpatía personal.  Menem volvió a intentar que el propio Born asumiera el Ministerio de Economía, pero recogió una nueva negativa.  Luego de la ruptura de lo que había llamado una alianza estratégica con el holding, Menem llegó a decir que no pararía hasta ver a Jorge Born entre rejas.  El empresario respondió que a veces a Menem no puede tomárselo en serio.
La historia de las promesas incumplidas sólo se conoce, en parte, gracias a las publicaciones del periodista serio Rogelio García Lupo, el mayor investigador privado sobre Pharaon y el primer argentino citado a testimoniar en esta causa por la comisión del Senado de los Estados Unidos que se interesa en el mismo tema.  Artículos de García Lupo impresos por la prensa española anticiparon en mayo de 1991 que en la primera semana de julio el escándalo del BCCI estallaría en Londres y Nueva York y que sus salpicaduras llegarían a todo el mundo.  En ese momento y no en otro la asamblea de accionistas de Bunge & Born consagró la ruptura del equilibrio interno tradicional.  Una nueva alianza entre los Hirsch y los accionistas belgas decidió entonces el relegamiento de Jorge Born a un cargo honorífico y su reemplazo en la presidencia del holding por Octavio Caraballo, el líder de la oposición al compromiso con el gobierno peronista.  Claudia, la hermana de Caraballo está casada con un diplomático belga.  Esa substitución, que ya había sido vaticinada en 1990, recién se produjo el 26 de junio de 1991, nueve días antes de que se cumpliera el plazo anunciado por García Lupo para el destape mundial de los negocios sucios del BCCI.  A fines de 1991, librado de toda responsabilidad en el holding, Born se dedicaba a su obsesión personal por recuperar 14 millones de dólares del rescate pagado en 1975, con el asesoramiento de un experto: el montonero arrepentido Rodolfo Galimberti, quien actúa en la causa que instruyen el fiscal federal de Bella Vista, Juan Romero, y su juez Carlos Luft.
Un día después que García Lupo mencionara los fondos ofrecidos por los banqueros alemanes a Bunge & Born como provenientes del banco de Ghaith Pharaon, Menem descartó en una indignada declaración pública aquella información como un rumor sin fundamento y dijo que la casa Bunge formularía una desmentida.  Incluso hubo contactos con el grupo para que lo hiciera, pero sin resultado.  El propio Menem se comunicó con Caraballo.  "Tienen que hacer algo.  Ustedes saben que eso no es cierto", rogó el Presidente.  Caraballo le respondió que plantearía la cuestión al directorio, pero nada ocurrió.  Ante consultas reservadas de periodistas, colaboradores de Caraballo confirmaron la información de García Lupo pero dijeron que no deseaban formular apreciaciones públicas acerca de episodios sucedidos durante la presidencia de Jorge Born.  Este, por su parte, trató de tomar distancia con una frase venenosa sobre la corrupción, dedicada a González Fraga: "Se habla del narcotráfico, de hoteles raros que aparecen con el narcotráfico".  Nadie se siente cómodo guardando un Pharaon en el ropero.

Para la etapa que se iniciaba en julio de 1989 el Ministerio de Obras y Servicios Públicos era tan importante como el de Economía.  Menem ubicó allí al asesor de su hermano Eduardo, Roberto Dromi.  Hijo y sobrino de contratistas de viña, casado con la hija también abogada de un ex intendente peronista del departamento Rivadavia, que le consiguió empleo en la bodega Tittarelli, Dromi se especializó en derecho administrativo e hizo una rápida carrera, en una provincia donde se exagera su autoridad intelectual pero no se habla con el mismo entusiasmo de su rectitud.  Cubierto de premios como un toro de exposición, en la Facultad, en el Instituto de Cultura Italiana, en la Cámara Junior, que lo ungió joven sobresaliente en 1979, discípulo de Dardo Pérez Gilhou, su amistad con el brigadier Ernesto Horacio Crespo le valió ser designado intendente de la capital de Mendoza, señorío de la Fuerza Aérea cuando comenzó la descomposición de la dictadura militar, en 1981.  Aspiró incluso a la intervención federal, pero fue postergado por Bonifacio Cejuela, del tradicional Partido Demócrata.
Después de la victoria de Alfonsín en 1983 Dromi inició un ingenioso reciclaje, afiliándose al derrotado Partido Justicialista, en prueba suprema de altruismo y desinterés.  Asociado con José Luis Manzano, su distrito le fue adverso en las elecciones internas de 1985 para las candidaturas a diputado provincial y optó por aproximarse como asesor a quienes sí sabían cómo conseguir votos.  Así introdujo algunos conceptos modernos en los proyectos de reforma constitucional del emirato petrolero de Neuquén y la satrapía de La Rioja.
Por cobro de honorarios en litigios familiares, llegó a ser un riquísimo propietario de fincas y de bienes raíces urbanos en el centro de Mendoza.  Su estudio llegó a ser el más importante de la provincia, contratado por los grupos Pérez Companc, Cartellone, Pescarmona, Astra, y la constructora de casi todas las rutas de la provincia, Gutiérrez Hermanos.  Asesor del grupo Grecco, prefirió mantener un perfil mínimo en la quiebra, sin actuación pública en un asunto cuyo potencial escandaloso no se le escapaba.  Su cada día más próspera actividad profesional y su inhabilidad para la política partidaria en Mendoza lo indujeron a radicarse en Buenos Aires, poco antes de las elecciones de 1987, mientras su esposa, Laura Sarimartino, quedaba a cargo de la sede mendocina del estudio.  Dromi vivía en un apart-hotel y sumaba a su clientela empresas de la Capital Federal, entre ellas la contratista de ENTel, Dycasa.  También patrocinó en litigios contra la telefónica estatal al contratista de plantel externo Miguel Saiegh.  Al mismo tiempo asesoraba a Eduardo Menem en el Senado, sin cortar amarras con Manzano y Bauzá.
Durante la campaña electoral había sido el interlocutor de Menem con las Fuerzas Armadas.  El presidente electo se proponía designarlo ministro de Defensa.  Pero el coronel Mohamed Alí Seineldín, detenido en los cuarteles de Palermo desde el alzamiento de Villa Martelli, lo vetó debido a su amistad con Bauzá y sobre todo con Manzano, a quien consideraba un despreciable socialdemócrata alfonsinista, personificación de Satanás.
En febrero de 1989 Francisco Macri, titular del grupo Socma, convocó a gerentes y directores de las empresas que lo integraban para comunicarles que los grandes grupos económicos habían sido invitados a integrar comisiones de técnicos y políticos, organizadas según las áreas de trabajo del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.  A esas sesiones asistían, entre otros, Luis Santos Casale, Julio César Aráoz, Mario Caserta y Raúl Carignano, quien luego de trabajar en la oferta de áreas petroleras saltó a la Cancillería.  Esos encuentros fueron caóticos.  Había cruce de información, piratería y desenfreno por ocupar cargos.  Una vez designado, Dromi explicó sus proyectos a los grupos y les solicitó colaboración, a través de hombres que ocuparan lugares en el organigrama del Ministerio, aunque ese loteo no debía hacerse manifiesto, y también propuestas, para ganar la carrera contra el tiempo que suponía la conversión del nuevo gobierno al credo privatista que había denunciado en la Presidencia radical.
Macri colocó en la Subsecretaría de Planeamiento a Horacio Escofet, ex jefe de gabinete de Terragno y fundador del Instituto de Políticas de Largo Plazo, a quien hizo regresar de Guatemala.  También negoció la designación como subsecretario de concesiones del director de Sideco Americana, Carlos Manuel Ramallo, mientras su experto en informática jurídica, Osvaldo Pérez Cortés, fue ubicado junto a Raúl Granillo Ocampo en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, donde se revisan los proyectos de ley antes de someterlos a la firma del Presidente.  Otros dos hombres de anterior vinculación con el grupo fueron nombrados asesores en lugares estratégicos: Ricardo Zinn en la intervención liquidadora de ENTel, y Carlos Carballo para las negociaciones con los acreedores extranjeros, pese a que estaba bajo juicio por 84 defraudaciones durante su desempeño como director del Banco de Italia.
Los otros grupos también tomaron decisiones orgánicas acerca de los hombres que los representarían en el gobierno.  El presidente del área de construcciones de la Organización Techint, y su principal operador político desde el alejamiento de Arnaldo Musich, Roberto Sammartino, tenía un acceso tan fácil y frecuente al despacho de Dromi, aun cuando se estuvieran desarrollando reuniones reservadas, que personal de la secretaría privada preguntó intrigado por la causa de semejante familiaridad.  "Sammartino es el verdadero ministro de Obras y Servicios Públicos de la Argentina desde hace veinte años", fue la respuesta.  La preponderancia de los intereses italianos, o vinculados con ellos, fue manifiesta desde el primer día.
Como parte de ese abordaje fue nombrado viceministro de Obras Públicas Rodolfo Carlos Barra.  Hijo de un comisario de policía sometido a sumario por haber recomendado el ascenso de José López Rega de cabo a comisario general, Barra fundó, durante el gobierno de Onganía, una agrupación peronista en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, donde se recibió y desde 1985 es profesor.  Autor de cinco libros sobre Derecho Administrativo, representó a Techint y Pérez Companc en juicios contra el Estado, una especialidad en la que descolló, igual que Dromi, de quien era corresponsal en Buenos Aires.
Desde la Secretaría de Obras Públicas Barra coordinó con el flamante director de Asuntos Jurídicos del Ministerio, Juan Carlos Cassagne, otro virtuoso en el arte de litigar contra el Estado por centenares de millones de dólares, el establecimiento de los principios básicos para la reforma estructural.  Bajo el último gobierno peronista y la dictadura militar Cassagne había elaborado buena parte del régimen de transferencias de recursos de la sociedad a los capitalistas privados con el pretexto de la promoción industrial.  Luego defendió a Carlos Bulgheroni en los juicios que el Estado le seguía por fraude fiscal de su empresa Papel del Tucumán, constituida con esos subsidios.  Por último, a este gran profesor colmado de títulos y honores en asociaciones argentinas e internacionales de derecho administrativo le tocó intervenir en el diseño del reparto de los despojos del Estado, entre los mismos clientes de siempre.  El nombramiento en los cargos críticos de Obras Públicas de directivos o abogados de los grupos, que luego de debilitar al Estado se disponían a fagocitar sus mejores activos, implicaba la circulación entre el Estado y las empresas que los politólogos norteamericanos bautizaron como la puerta giratoria.
Junto con Dromi y Cassagne, pero más que ellos, Barra fue el intelectual orgánico de la Patria Contratista, autor de la mencionada doctrina jurídica de la intangibilidad de la retribución del co-contratante particular, que difundió en artículos y libros y en su tarea profesional, como subgerente legal de la constructora Sade, de Pérez Companc y Vittorio Orsi.  A la hora en que moría Roig, el 14 de julio, ingresaba al Senado la cuarta versión de la ley de emergencia administrativa y reestructuración de empresas públicas, elaborada por este temible trío.

Los acreedores externos eran más fuertes a mediados de 1989 que en mayo de 1982, cuando la moratoria mexicana puso en riesgo al sistema financiero internacional, porque habían previsionado sus créditos y tenían un grado de exposición mucho menor.  Si en los últimos años se habían conformado con cobrar una parte de los intereses, ya estaban en condiciones de exigir el pago también del capital.  Como las exhaustas economías latinoamericanas no estaban en condiciones de producir las divisas necesarias para afrontar sus compromisos, maximizados por la creciente tasa de interés internacional, la línea que cada vez cobraba mayor fuerza entre los acreedores era un régimen de capitalización aplicado a la enajenación de las empresas públicas.  Esa propuesta fue transmitida al gobierno y la oposición argentinos por su principal activista local, Richard Handley, quien tuvo choques por ello con Rapanelli y su viceministro, también de Bunge & Born, Orlando Ferreres, similares a los que lo habían opuesto en el pasado con el equipo radical de Sourrouille y Brodersohn, e incluida en el nuevo cuerpo normativo a insistencia de Barra.
Durante la Presidencia de Alfonsín habían comenzado a aplicarse cinco regímenes de capitalización: de conversión de deuda externa privada con seguro de cambio, de conversión de deuda pública externa, para la cancelación anticipada de préstamos bancarios o redescuentos del Banco Central, en représtamos u on-lending y para pequeñas y medianas empresas.  Los inversores recibían un subsidio del Estado, que les entregaba o les reconocía australes por un valor superior al precio de mercado de los títulos que presentaban.  En total descargaron con estas operaciones más de 2.000 millones de dólares. Terragno apoyaba la pretensión de los acreedores de cruzar esos regímenes con las privatizaciones, pero Sourrouille fue un tenaz opositor mientras tuvo fuerza para ello.  El peronismo había sido desde la oposición más duro que el más duro de los radicales: sólo aceptaba la capitalización de títulos en proyectos productivos nuevos, con aporte de dinero fresco y sin transferencia de activos.  Handley objetó esa posición, con argumentos que fueron compartidos por el diputado extrapartidario properonista Domingo Cavallo: el canje de deuda por acciones no provocaría expansión monetaria con efectos inflacionarios.  Pero Dromi declaró que no se utilizaría.  Cuando ese mecanismo terminó por convertirse como era de prever en la clave de la etapa, explicó que "en el fondo no lo entendíamos e ignorábamos con qué nos encontraríamos".  Se encontraron con personas como Cavallo y Handley que les explicaron todo lo que no entendían.  "Entonces nos dimos cuenta de que era un buen procedimiento", añadió Dromi.
En junio uno de los hombres de mayor confianza del presidente electo, el diputado nacional por La Rioja Julio César Corzo, a quien Menem designó luego como ministro de Salud y Acción Social, redactó un proyecto de ley que deponía las prevenciones expresadas hasta entonces por el peronismo y se inclinaba por la visión de Handley, quien se inquietó cuando la prensa motejó al proyecto como ley Corzo-Handley.  Preveía la creación de una Secretaría de la Presidencia para las Privatizaciones, asesorada por un consejo tripartito con representantes de la CGT, de los empresarios y del Poder Ejecutivo. El texto no preveía que cada privatización debiera pasar por el Congreso.  También preparó por indicación de Menem un proyecto de flexibilización laboral y otro de restricciones al derecho de huelga.  Los tres suscitaron respuestas indignadas en el peronismo político y sindical, que no terminaba de advertir lo que se estaba incubando.  Cuando Dromi se hizo cargo del área de Obras y Servicios Públicos, Barra y Cassagne mantuvieron el régimen de capitalización aplicado a las privatizaciones, pero suprimieron el molesto control del consejo asesor.
Luego de la confusión inicial, cuando todavía no estaba claro cómo se dividirían los cargos y áreas de influencia, la política menemista se ordenó sobre dos leyes básicas: una de Supresión de Subsidios, y otra de Desguace del Estado, que fueron denominadas de Emergencia Económica y de Emergencia Administrativa, con el propósito de eludir muchos controles y normas vigentes.  Una debía concluir con la transfusión de recursos de la sociedad, desde el Estado hacia los grupos económicos.  La otra, reglamentar las condiciones de su despedazamiento.
La segunda tenía dos artículos fundamentales: el 9, por el cual la privatización de las empresas incluidas en los anexos sólo requeriría decretos del Poder Ejecutivo, de modo que una vez votada esta amplia ley-marco terminaba la intervención del Congreso, salvo a los efectos informativos; y el 15, cuyo inciso 13 autorizaba a capitalizar deuda externa para la privatización de empresas del Estado.  Ese inciso 13 fue suprimido, ante cuestionamientos del legislador del Chubut Pedro Molina.  Pero sólo se trató de un retoque cosmético, ya que el inciso 10 facultó en forma genérica a la autoridad de aplicación a establecer modos para que los acreedores del Estado y/o sus empresas "puedan capitalizar sus créditos": lo mismo pero con un perfil más bajo.  Los primeros en advertir que el artículo 10 era lo que llamaron "una ventana abierta a la capitalización" fueron los acreedores externos, porque así se encargó de explicárselos José Luis Manzano.  Sin embargo, el dictamen de la mayoría en Diputados eliminó también ese inciso, e incluyó una serie de enmiendas menores para hacer transparente el proceso, ahorrándole al país arbitrariedades al por menor además del gran despilfarro mayorista que significaba esta ley.  Por ejemplo, aumentó las facultades de control del Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Empresas Públicas y la Comisión Bicameral Legislativa de seguimiento; excluyó la posibilidad de que adquirieran una empresa del Estado quienes tuvieran litigios contra ella; estableció que los organismos que intervinieran en la tasación no podrían participar en la selección de adquirentes; ordenó que los diferimientos, quitas y remisiones a otorgar, y su régimen de actualización, formaran parte de los pliegos de base de licitación; introdujo cláusulas para que el administrador o concesionario de una empresa estatal con opción a compra (leasing) no pudiera fundirla deliberadamente para luego adquirirla por cascajos; otorgó prioridad o exclusividad a las cooperativas para la concesión de obras de distribución de Obras Sanitarias, Segba, Gas del Estado y Agua y Energía o los elevadores terminales de la Junta Nacional de Granos; endureció las medidas de control para el reconocimiento de mayores costos; eliminó la facultad de contratar servicios privados de administración, consultoría y auditoría.
En cambio no se aprobó el agregado al artículo 9, propuesto por el representante peronista por Entre Ríos José Carlos Ramos, por el cual el Poder Ejecutivo debería enviar al Congreso amplia información sobre cada empresa sujeta a privatización: su estado patrimonial y endeudamiento y las condiciones propuestas para su privatización (carácter monopólico o no del servicio; compromisos sobre personal, inversiones, garantías de pago, precios y tarifas a solicitar al adquirente o concesionario; subsidios implícitos o explícitos ofrecidos por el Estado; utilización de mecanismos de capitalización de deuda; valuación y plan de pago).  También el balance de ingresos y egresos operativos presupuestados para el trimestre agosto-setiembre-octubre de 1989, incorporando los últimos valores tarifarios, que en varios casos bastaron para eliminar el déficit que se había invocado como razón decisiva para la privatización urgente.
Es posible que Ramos buscara poner obstáculos que al tornar más lento el proceso permitieran organizar la resistencia que lo desbaratara.  Al gobierno tampoco nada le importaba más que el ritmo de la reforma, como si la consigna fuera ahora o nunca.  Así lo prescribían los organismos internacionales que habían seguido las peripecias del proyecto previo de Alfonsín.  Además otro efecto funcional de la hiperinflación fue la necesidad perentoria del gobierno por obtener financiamiento de corto plazo.  Se desperdició entonces una oportunidad única de proceder en forma racional, como hicieron todos los países europeos que privatizaron empresas públicas.  Ellos establecieron en primer lugar un marco regulatorio y una autoridad de aplicación que fijara los objetivos sociales deseables a cumplir y los mecanismos de control, y antes de sacar empresas públicas a la venta las sanearon, para que todo no se convirtiera en un remate irresponsable a precio vil, sólo conveniente para los negocios privados y sin ningún abrigo para los intereses públicos de mejores servicios a menor precio.  Quienes acicatearon a Menem no ignoraban las consecuencias que la terapia de choque tendría.  Al analizar las reformas necesarias en el tránsito de una economía de planificación centralizada a otra de mercado, el Banco Mundial advierte que una privatización rápida "podría dar origen a una corrupción generalizada".  Añade que "el apremio por privatizar puede conducir a la subestimación de los precios de los activos y a una asignación menos productiva de los recursos", y que un cambio repentino de políticas puede producir "la quiebra de empresas o fábricas potencialmente viables y el despido de trabajadores posiblemente productivos". Inspirado en el ex bloque comunista, afirma que la sucesión preferible de reformas comenzaría con medidas para estabilizar la macroeconomía y eliminar los controles de precios a fin de obtener indicadores claros y precisos para la actividad económica y la valoración de las empresas.  Al mismo tiempo se racionalizarían y recién entonces se privatizarían las grandes empresas estatales.
Durante dos semanas las comisiones parlamentarias estudiaron la ley para impedir sus excesos más escandalosos, a pesar de las urgencias del Poder Ejecutivo.  Era impensable que los acreedores externos aceptaran una solución que excluyera la capitalización de deuda, por lo cual una vez que los diputados sancionaron estas enmiendas, Menem ordenó al bloque de senadores que las triturara sin discusión.  Lo único que se le permitiría discutir a la Argentina sería el nivel de subsidio, es decir la tasa de corte, para la capitalización.  Junto con la reaparición de ese mecanismo, se abandonaron todas las restricciones y controles al proceso privatizador; con la extravagante fundamentación de disminuir el gasto público, se reintrodujo la autorización para contratar con el sector privado servicios de administración consultiva o contralor, que no eran gratuitos; se atenuó la preocupación por los efectos negativos de cada privatización sobre el empleo y la pérdida de puestos de trabajo; desapareció hasta la expresión de deseos de que el Estado garantizara "la prestación del servicio público en zonas no rentables".
La Ley de Suspensión de Subsidios tuvo menos problemas con los legisladores, pero atravesó con dificultad las horcas caudinas de los lobbies empresarios que sentaron campamento en los pasillos del Congreso.  El texto enviado por el Poder Ejecutivo contemplaba excepciones a la interrupción transitoria de privilegios, y renegociaciones de leyes especiales y cláusulas contractuales.  La presión de los grupos económicos interesados determinó que esa renegociación comenzara antes de lo previsto, en la redacción misma del proyecto, y se acentuara en cada etapa del tratamiento legislativo.
El primer borrador suspendía los beneficios de los regímenes de Promoción industrial y minera.  Durante seis meses los promovidos deberían pagar todos sus impuestos.  El texto que ingresó al Senado ya redujo esa suspensión al cincuenta por ciento, y, además, el fisco se haría cargo de la nómina salarial.  Sin embargo la sanción del Senado anuló esa última compensación (debido a que buena parte de los salarios se pagan en negro y no hubieran podido recibir el subsidio), y la reemplazó por otras más apetecibles: las franquicias suspendidas se completarían al concluir el contrato de promoción, que se prorrogaría por seis meses.  Entretanto los grupos subvencionados recibirían certificados de crédito fiscal, ajustables y endosables a los proveedores y al fisco para pagar impuestos al Valor Agregado y a las Ganancias, y derechos de importación y exportación.
La suspensión de beneficios comprendió a los regímenes de promoción industrial sancionados por siete leyes, pero mantuvo los acordados por decretos del Poder Ejecutivo.  Para que se aprecie la magnitud de esa concesión: seguirían eximidos de obligaciones tributarias emprendimientos como la planta de aluminio de Aluar (cuyo contrato se firmó antes de la sanción de las leyes) y la siderúrgica Siderca, del grupo Techint.  La ley hizo silencio respecto de la importación de componentes e insumos por las empresas radicadas en Tierra del Fuego, que seguiría desgravada.  Esas importaciones no eran en absoluto despreciables, ya que ascendían al 10 por ciento de las compras externas de la Argentina.
Dromi formó un consejo consultivo coordinado por su colaborador mendocino Wenceslao Emilio Fluixá, que incluía al ideólogo de los capitanes de la industria, el ex propietario de Sade-Pérez Companc, Vittorio Orsi; Miguel Madanes, de Aluar; Fulvio Pagani, de Arcor; el bodeguero Arnaldo Etchart; el dirigente gremial de los telegrafistas Ramón Baldassini, y el de los obreros ferroviarios José Pedraza.  Al mes siguiente creó un segundo grupo de consulta, integrado por los diputados Moisés Fontenla, Jorge Domínguez, Jorge Matzkin, Irma Roy, Gualberto Venesia, Marcelo y Jorge López, Alberto Iribarne, Raúl Alvarez Echagüe y Jorge Rodríguez.  Además había convocado a una comisión honoraria de especialistas que redactó el proyecto de reglamentación de la ley de reforma del Estado: Fernando Borio, Carlos Brieba, Ricardo Druetta, Guillermo Fernández Boan, Eduardo Mertehikian, Francisco Otero, Carla Palmaghini, Luis Pérez Colman, Enrique Saggese, Horacio Creo Bay y Héctor Mairal. Ese triple cinturón de legisladores, académicos, sindicalistas obreros y representantes de los grupos económicos procuraba conferir mayor legitimidad a las graves decisiones que se adoptarían con el patrimonio común y minimizar la eventual influencia de la Comisión Bicameral.
Para los entendidos, la presencia allí de Mairal era tan significativa como los acuerdos con Bunge & Born o los Alsogaray.  Su estudio, en sociedad con Guillermo Walter Klein, el viceministro de Economía de José Alfredo Martínez de Hoz, había sido allanado el 5 de setiembre de 1984 por la comisión parlamentaria que investigaba la ruinosa estatización de la Compañía Italo Argentina de Electricidad por Martínez de Hoz. Los legisladores secuestraron instrumentos oficiales y papeles de negocios que mostraron su destacada participación en el endeudamiento de bancos y empresas del Estado con la banca internacional, e incluso documentos sustraídos de los ministerios de Economía y de Relaciones Exteriores con secretos políticos y militares, tales como las negociaciones con Gran Bretaña por la explotación petrolera de las islas Malvinas.  Concluida la dictadura, el estudio se dedicó a la capitalización de deuda, rubro en el cual es considerado uno de los tres más importantes.  En el momento de asumir Menem la presidencia, Mairal tenía entre sus clientes a la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, el First National Bank of Chicago, el Credit Lyonnais, el Barclays Bank, la Unión de Bancos Suizos, el Banco Di Roma, Tetra Pak, Volvo, Carrefour, Philip Morris, Massalin Particulares, Cargill, Pfizer, Wrangler, Motorola y la exportadora de cereales Louis Dreyfus.
Con este personal se completó lo que Dromi llamaría el Nuevo Derecho de la Emergencia. Faltaban elaborar los pliegos para poner en práctica el descuartizamiento del Estado, y reducir a silencio al Poder Judicial y los organismos de control de gestión administrativa, sin cuya pasividad no hubiera sido posible desentenderse en forma tan completa de todo interés público.

Nadie en el gobierno peronista tomó en cuenta los problemas éticos conectados con el programa de privatizaciones. El especialista británico en política internacional comparada de la Universidad de Southampton Peter Calvert sostiene que esos problemas éticos son análogos a los que se discutieron en todo el mundo durante la oleada de nacionalizaciones de la posguerra, pero a la inversa: la validez de la propiedad privada en oposición a la propiedad estatal, el principio por el cual se distribuirá la propiedad, y la compensación debida al Estado.
Si toda creación de propiedad privada es una venta de activos estatales, la cuestión clave es qué recibe a cambio el Estado.  Como depositario del bienestar nacional el Estado debería percibir una compensación adecuada por la pérdida de activos, cuya venta priva al gobierno de recursos que podría utilizar en favor de sus ciudadanos.  En puros términos de inversión podría justificarse el desprenderse de activos si los ingresos se invirtieran en un campo más productivo, pero no como en Gran Bretaña, que los empleó para cubrir gastos corrientes.  Las disposiciones municipales británicas establecen que la disposición de propiedades públicas sólo es aceptable si se obtiene el máximo ingreso posible a cambio.  Pueden venderse únicamente por licitación, y si no se adjudican a la oferta más elevada, se puede reclamar a los concejales que compensen la diferencia de sus bolsillos.  Sin ninguna restricción similar, en los programas nacionales británicos se da la ironía de que, por la ley de la oferta y la demanda, un gobierno ansioso por privatizar recibirá el menor precio posible, siempre inferior a su valuación previa.
Calvert también advirtió que al ofrecerse siempre antes los activos más vendibles, un gobierno que emprenda un programa global de privatización corre el riesgo de perder sus actividades lucrativas y quedarse con las que arrojan pérdidas.  En Gran Bretaña el método elegido fue ofrecer las compañías en el mercado accionario.  Cuando el secretario de Energía se anticipó con una negociación directa al lanzamiento de las acciones de dos compañías eléctricas menores, la tempestad política suscitada obligó a suspender la venta.  Las objeciones fueron que la venta a un solo oferente excluía otros posibles competidores, y que la transacción se había hecho por menos que el valor libro de la compañía.
Para refutar el cargo de que los programas de privatización implican entregar la propiedad de todos a un menor número de personas, es importante que los medios empleados sean vistos como justos y equitativos y que la propiedad se difunda con la mayor amplitud posible.  Los partidarios de la privatización la justificaron en Gran Bretaña por la competencia que crearía.  Pero en muchos casos el principal efecto fue reemplazar un monopolio público por otro privado.  Además, la experiencia general sobre los entes regulatorios indica que pronto son capturados por los intereses que deben controlar.  En Gran Bretaña, las ganancias de los inversores extranjeros en el proceso privatizador fueron por lo menos proporcionales a las de los nacionales, lo cual representó una transferencia neta de riqueza, mientras en países como Japón, donde la preservación de la inversión nacional es un objetivo primordial, no hubo una carrera precipitada de privatizaciones.  En Francia, se puso un límite máximo del 3 por ciento a la cantidad de acciones que podían pasar a manos de un individuo o una empresa, y además se tomaron precauciones para asegurar que los activos siguieran en propiedad de franceses.  El programa de privatización de Chirac en Francia no suscitó demasiadas controversias porque si bien incluyó grupos industriales, bancos, compañías de seguros, de finanzas y de comunicaciones, no comprendía servicios públicos.  Lo mismo ocurrió en Alemania.
Como se aprecia, al comenzar el proceso privatizador argentino había una vasta experiencia internacional acerca de los riesgos involucrados.  Nada se hizo para impedir que aquí se repitieran, agravados por la mayor debilidad de la economía argentina y por la falta de escrúpulos en liquidadores que acometieron la tarea con predeterminación ideológica y compromisos anteriores con intereses particulares.  Es ostensible que no fue el interés público sino las conveniencias particulares las que determinaron todo el proceso.
Al fundamentar la política de privatizaciones, el gobierno reseñó los males atribuidos a la empresa estatal: déficit, falta de rentabilidad, decadencia tecnológica, desinversión, debilitamiento del sector prestacional, ineficiencia de los servicios y altos costos operativos.  Sostuvo que el paternalismo estatal había generado un empresariado minusválido, por un lado, y un especulador empresario, por otro, la empresa pública protegida y la empresa privada subsidiaria.  Según Dromi se eligieron para comenzar sectores estratégicos o críticos, en los que se preveía una inmediata respuesta de inversores nacionales y extranjeros.  Los sectores fueron priorizados, si se da crédito a la literatura oficial, con el propósito de reducir el déficit fiscal, modificar la tendencia a la desinversión, detener la creciente caída en la calidad y cantidad de los servicios y obtener rápidos ingresos destinados a prestaciones sociales esenciales y a la producción.  La finalidad esencial de la reforma sería recuperar soberanía, autodeterminación, y reintegrar a los ciudadanos la libertad y la iniciativa que les enajenó el Estado.
Es imposible encontrar en los hechos de la realidad trazas de esta retórica adiposa.  La privatización fue encarada en medio de la bancarrota financiera del Estado, al que le permitiría vivir un par de años sin recurrir al endeudamiento, que ya no estaba en condiciones de contraer porque no encontraba quien le prestara, ni dentro ni fuera del país. Esto ha sido descrito con varias metáforas coincidentes.  "Vender la platería familiar para pagar la cuenta del carnicero", dijo en Gran Bretaña el ex primer ministro conservador Harold McMillan.  Echar los muebles a la chimenea o rematar las joyas de la abuela fueron equivalentes empleados por periodistas, académicos y políticos argentinos. Lo cierto es que todo el programa fue concebido por y para los grupos económicos, las empresas transnacionales y los bancos acreedores, que se asociaron con algunos Estados nacionales europeos, interesados tanto en esta graciosa transferencia como en la influencia política que supone la penetración económica.
Como sostiene un estudio sobre la enajenación de ENTel, este proceso "no parece ser el certificado de defunción de los mecanismos de transferencias regresivas, sino el certificado de su renacimiento, bajo formas renovadas".  El capitalismo de rapiña que impera en la Argentina ha entrado en una nueva etapa.  En lugar de extraer los recursos y transferirlos, el Estado ha cedido patentes de corso para que los mismos beneficiarios del esquema anterior los obtengan ahora en forma directa, sin órganos regulatorios, sin objetivos nacionales definidos, sin recaudos para impedir la implantación de monopolios privados en lugar de públicos, y con la corrupción como forma de pago por la participación en semejante despilfarro del patrimonio acumulado en las empresas públicas por generaciones de argentinos.

EL PRECURSOR

Rodolfo Terragno había ingresado en 1987 como secretario coordinador del gabinete tras la estela deslumbrante de sus libros de vulgarización desarrollista.  Luego de la derrota electoral del 6 de setiembre Alfonsín se sumió en un sopor del que sólo lo rescataban las fantasías fundacionales, que se le agudizaron.  Terragno pasó al Ministerio de Obras y Servicios Públicos con la promesa de rescatar a la Argentina del feudalismo y depositarla sin escalas en el siglo XXI, para que los ingratos se arrepintieran del error cometido en las urnas.  Entre sus primeras medidas, firmó tres decretos de desregulación y desmonopolización de los servicios públicos.
Cuando Terragno comenzó a negociar la venta parcial de las compañías de teléfonos y aviación, a fines de 1987, todavía esperaba turno en el Congreso un proyecto de ley de privatizaciones firmado por Alfonsín y Sourrouille en días más sensatos.  Un anexo enumeraba las empresas de las que el Estado no podría desprenderse.  Las dos primeras eran ENTel y Aerolíneas Argentinas.  Por ellas empezó Terragno.  En febrero cerró trato para vender el 40 por ciento de las acciones de Aerolíneas Argentinas a la Scandinavian Airlines System (SAS), propiedad de los Estados nacionales de Suecia, Dinamarca y Noruega, con un mercado complementario y no competitivo con el de la empresa nacional, y en marzo firmó una carta de intención con la Telefónica de España, que adquiriría una participación de no más del 40 por ciento en ENTel, asociada con otros inversores que el documento no mencionaba pero que eran conocidos: Telettra, de Techint, y los bancos Citi y Chase.  En los dos casos el Estado retendría el 51 por ciento y entregaría el 9 por ciento restante a los trabajadores.  Sin embargo, SAS y Telefónica de España se harían cargo de la gestión operativa y administrativa de las dos empresas estatales, y la tarea más importante del Estado consistiría en absorber la deuda externa de las compañías.
Antes del descenso de Terragno sobre el gabinete nacional Alfonsín había encomendado al ministro de Obras y Servicios Públicos Roque Carranza un análisis del mercado aeronáutico.  Carranza y el secretario de Transportes, Daniel Batalla, elaboraron un informe cuyas conclusiones generales eran que el mercado de cabotaje no admitía dos empresas y propusieron la absorción de Austral por Aerolíneas Argentinas.  Ese trabajo, que definía un proyecto de política aerocomercial y proponía la integración latinoamericana, fue sustituido por otro contradictorio, que luego de su muerte se le atribuyó a Carranza, un prestigioso dirigente histórico del radicalismo.
Con el mismo método de privatizar ganancias y socializar pérdidas, Terragno había entregado la línea de cabotaje Austral al fabricante mendocino de turbinas y maquinaria pesada Enrique Pescarmona.  En un house organ de la época, Pescarmona discurseaba desde una tarima que con plata propia cualquiera hacía negocios y pedía al personal que reconociera a los patrones la habilidad de haber creado puestos de trabajo con plata de terceros, que es lo difícil.
Contra la evidencia de que una vez más la sociedad aportaba el capital para el negocio privado, Terragno pretendía que el Estado no podría invertir en los teléfonos para modernizar y extender las comunicaciones, ni en la renovación de la flota de Aerolíneas Argentinas para competir en el mercado aeronáutico, cuya desregulación a partir de 1993 exterminaría a las compañías nacionales pequeñas en beneficio de pocas megatransportadoras mundiales. El presidente de SAS John Herbert proclamó que su empresa estaría entre las cuatro o cinco sobrevivientes, para lo cual necesitaba de acuerdos como el planeado con Aerolíneas Argentinas.  Tal vez con ese objetivo, publicaba avisos en una revista fundada por Terragno en Caracas, adonde no llegaban sus vuelos.  Otro de los anunciantes de la revista era la Telefónica de España.

En cuanto trascendió que Terragno había abierto negociaciones con Telefónica-Techint, un grupo de proveedores y contratistas de ENTel presentó una oferta alternativa, asociado con bancos.  Por Pérez Companc estaban su constructora Sade, su vendedora de equipos Pecom Nec y su Banco Río, junto con Siemens-Standard Electric, el grupo Juncal y los bancos Morgan Guaranty y Deutsche.  Pero Terragno siguió adelante con Telefónica de España, y cien días después el presidente de Sade, Vittorio Orsi, anunció su respaldo a un tercer proyecto, denominado de federalización de ENTel, demostrativo de la descomunal batalla que los capitanes de la industria estaban dispuestos a librar con las transnacionales y los bancos acreedores, por la rebatiña de cada pieza en el desguace del Estado nacional.  Una de las escaramuzas de esa contienda fue el robo de la carta de intención firmada con Telefónica de España del Directorio de Empresas Públicas, cuya cerradura fue violada.  Asociado en Pecom-NEC con la japonesa Nippon Electric Co., el grupo Pérez Companc fue desde 1980 uno de los grandes proveedores para la construcción del cinturón digital y de equipos de conmutación telefónica.  Además, Sade fue uno de los mayores contratistas de obras para ENTel, a partir de la privatización periférico iniciada en 1977.
En 1977 Martínez de Hoz concedió a los contratistas privados el 11 por ciento de las horas/hombre de trabajos en planteles exteriores, es decir la instalación de cables subterráneos y aéreos de interconexión entre centrales, o entre central y abonado.  El porcentaje no cesó de aumentar desde entonces y llegó a ser del 91 por ciento en 1983.  Paralelamente a la privatización fue disminuyendo la eficiencia, con una sola excepción: la abrumadora campaña de acción psicológica que tendía a presentar los términos de la ecuación invertidos, asociando contratación privada con eficiencia.  Los órganos de control de ENTel penetrados por los contratistas, certificaban como bien terminadas y en el plazo convenido obras que no lo estaban, de modo que la Argentina alcanzó el más alto costo mundial por línea instalada, con aproximadamente 2.000 dólares, contra 900 a 1.000 dólares del promedio internacional.  El 60 por ciento de ese costo desmesurado correspondía al trabajo de planteles exteriores, donde las contratistas privadas facturaban de 3 a 8 veces más del costo por el que ENTel podría haber realizado, antes y mejor, las mismas obras.  Los equipos de conmutación, adquiridos invariablemente en el exterior, representaban otro 30 por ciento, los edificios el 7,5 por ciento, con un 2,5 por ciento de varios.
Pese a esa diferencia, los contratistas pagaban a sus obreros por debajo de lo establecido en los convenios y sin efectuar aportes jubilatorios.  A medida que fue creciendo la participación privada en la instalación de planteles exteriores fue disminuyendo la productividad, que se mide en horas/hombre de trabajo por cada nuevo abonado ganado por la ENTel.  En 1979 eran necesarias 47,7 horas/hombre por cada nuevo abonado pero en 1984 ya hacían falta 124.  Los contratistas llegaron a facturar obras en las que cada hombre trabajaba 36 horas por día.  Si la productividad se hubiera mantenido en el nivel de 1979, las 58,8 millones de horas/hombre pagadas por ENTel hasta 1985 hubieran permitido ganar 1.232.955 abonados nuevos.  La incorporación real de abonados nuevos en ese lapso fue de 758.762 con una diferencia por baja productividad de los contratistas privados de 474.193 abonados.  Según pautas internacionales, cada línea instalada producía un promedio de facturación de 25 dólares.  La ineficiencia de los contratistas privados hizo perder entonces al Tesoro, entre la dictadura militar y el gobierno radical, 650 millones de dólares.
Las irregularidades están certificadas notarialmente: arreglos entre diez de los oferentes para repartir una licitación adjudicada al que cotizó el menor precio, obras entregadas con demoras que duplicaban el lapso del contrato, subcontrataciones ad infinitum, obras abandonadas sin terminar que fueron concluidas por ENTel, daños causados a los planteles por incapacidad técnica durante la ejecución de los trabajos, no devolución de materiales.
La digitalización de la red, iniciada durante la dictadura militar, convirtió a la Argentina en banco de prueba de nuevas tecnologías adquiridas a precios desmesurados que sus países de origen sólo aplicaban experimentalmente.  El cinturón digital de fibras ópticas construido entonces fue el más extenso del mundo, como resultado de la política de las grandes compañías proveedoras de convertir a países sonámbulos como la Argentina en cobayos que además pagan a buen precio el experimento.  Estados Unidos tiene 60 por ciento de equipos electromecánicos, y no se propone reemplazarlos mientras el cálculo de rentabilidad no lo aconseje.  Los técnicos japoneses de NEC que vinieron a la Argentina dijeron que esta obra fue su mayor campo de experimentación con cables de fibra óptica, que en ese momento estaban en observación.  Medía 300 kilómetros, mientras España, que era un país líder en la materia, no pasaba de los 90 kilómetros.  A consecuencia de tantas contrataciones apresuradas que sólo contemplaban la utilidad de las empresas proveedoras, ENTel llegó a tener en uso 13 técnicas y 35 tecnologías distintas.
El autor del plan auspiciado por Sade y Siemens era el ex administrador de ENTel durante 212 días de 1987, Nicolás Gallo, quien impulsó la privatización de las obras telefónicas, la contratación de consultoras para supervisarlas, y la realización de trabajos llave en mano, que redujeron a ENTel al rol de un abuelo rico en silla de ruedas, al que sólo se molesta para presentarle las facturas a pagar.  También creó organismos paralelos de control de obras y designó en puestos clave como la Dirección de Abastecimiento a funcionarios ajenos a la empresa.  Incorporó a 60 asesores en las categorías más altas, y prescindiendo de la Asesoría Legal volvió a contratar obras de plantel exterior con DYCASA Dragados y Construcciones, la empresa que Dromi representaba en sus litigios con el Estado, a la que ENTel le había rescindido el contrato anterior y demandado por dejar obras inconclusas en siete lugares del país.
La ineficiencia creciente de ENTel obedeció en parte a la feroz rotación de directivos.  En los siete años que van de 1948 a 1955, lapso en el que se instalaron más de un millón de líneas, tuvo un solo administrador general.  El millón siguiente tardó en instalarse treinta y dos años, durante los cuales los administradores fueron 26, contando uno interino.  Cada uno de ellos designó compactos pelotones de asesores en las categorías más altas del escalafón.  Con siete meses en el cargo, Gallo estuvo por debajo del promedio posterior a 1955, de catorce meses, e incluso del de ocho meses, a partir de diciembre de 1983.  De hecho la empresa fue conducida por jerarquías intermedias vinculadas con los contratistas privados y los proveedores.  Cualquier gobierno interesado en una reforma racional del Estado hubiera podido advertir los obstáculos que se oponían a que fuera eficiente una empresa cuyo presupuesto era decidido por el Ministerio de Economía, la remuneración de sus empleados por el Ministerio de Trabajo, la adquisición de sus equipos por la Secretaría de Industria, mientras el Ministerio de Obras y Servicios Públicos fijaba la política de telecomunicaciones.  Según el diagnóstico de Gallo, la obsolescencia de redes y equipos exigiría reemplazos por 1.700 millones de dólares, o sea casi 650 dólares por cada abonado con servicio.  Su propuesta de sustituir todos los equipos electromecánicos colmó de satisfacción a los proveedores.
Veinticuatro horas antes del anuncio de Orsi para ENTel, Pescarmona presentó una propuesta alternativa para Aerolíneas Argentinas, con Alitalia y Swissair como operadores aéreos, y los socios argentinos Amadeo Riva, Hugo Bunge, Francisco De Vincenzo (todos ellos socios de Austral), Gilberto Montagna y Pedro Mayol.  Aunque Sostuvieron que las empresas extranjeras y el grupo argentino aportarían el capital de riesgo necesario, ya entonces la propuesta contemplaba consolidar Austral y Aerolíneas Argentinas en una sola empresa.  Terragno siguió adelante también con SAS.  En los dos casos a las demandas de una licitación, respondió que un socio no se licita, se elige, pero la presentación de Pescarmona con semejantes socios causó un fuerte impacto, igual que la visita reservada de Menem a Munich, en cuanto obtuvo la candidatura presidencial peronista.  El candidato voló hacia Grecia y Siria.  Viajaba con él su allegado Blas Medina, un contact-man de Siemens que tenía gran influencia sobre el presidente de la compañía en la Argentina, Herbert Steffen, y el aspirante al Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Luis Santos Casale. Cuando Steffen volvió a Alemania, cuestionado por el alto endeudamiento de la filial argentina, Medina reforzó sus vínculos personales con Menem, con quien desarrolló una amistad íntima hasta formar parte del entorno personal conocido como la minicarpa.  Medina quería poner a Menem en contacto con la conducción alemana de Siemens, el mayor proveedor, y acreedor de ENTel.  La relación de Medina con Menem era vital para las cobranzas de Siemens.  El estilo argentino de compras tiene reglas propias: la absoluta falta de control en los precios que se pagan se compensa con las dificultades para cobrar, lo cual valoriza la intercesión de influyentes y gestores.

Para determinar lo que se llamó el precio razonable de mercado de Aerolíneas Argentinas, la empresa aérea firmó un contrato con SAS y con la Corporación Financiera Internacional (CFI, organismo conexo del Banco Mundial) que a su vez contrató a la consultora Shearson, Lehman & Hutton, asesorada por la banca acreedora J.P. Morgan y el First Boston.  La valuación a la que arribaron los expertos extranjeros fue de 510 millones de dólares, contra los 777,5 que calculaba la Sindicatura General de Empresas Públicas, SIGEP, como valor de los activos a fines de 1988.  Los 204 millones de dólares de SAS se aportarían en un primer pago de 100 millones y cuotas por el resto durante cuatro años.  Los escandinavos retendrían 40 millones de dólares en caución por si el gobierno argentino se arrepentía y denunciaba el contrato.
En el caso de ENTel, la carta de intención proponía que su valor de mercado fuera determinado por una empresa y/o institución de prestigio internacional, aprobada por las partes y seleccionada y supervisada por el Banco Mundial.  Telefónica de España aportaría 750 millones de dólares con un margen de variación, en más o en menos, del 20 por ciento.  La gran novedad fue que un tercio de la inversión se haría en títulos de la deuda externa argentina, que por primera vez se admitía cruzar con una privatización.  En el proyecto de ley que Terragno envió al Congreso en diciembre de 1988, el aporte de Telefónica de España por su 40 por ciento había ascendido hasta mil millones de dólares.
Perdida la mayoría radical en el Congreso, Terragno debió lidiar con la oposición peronista, cuya estrategia consistió en postergar el tratamiento del acuerdo con SAS hasta el 15 de diciembre, de modo que venciera el término fijado por la compañía escandinava, que no aceptó modificar la contratación directa por un concurso privado, como se le propuso.  Durante la visita electoral de Menem a Roma, la delegación peronista integrada por José Luis Manzano y Domingo Cavallo abrió contactos con Alitalia, para interesarla en sustituir a SAS una vez que caducara su oferta.  El gobierno, que veía caer su proyecto, envió sobre los pasos de Manzano y Cavallo al presidente de Aerolíneas Argentinas, Eduardo González del Solar, para que sondeara si Alitalia estaría dispuesta a asociarse con los escandinavos, pero la respuesta fue negativa.  En cambio González del Solar entabló buena relación con Alitalia, para la que trabajó luego de dejar Aerolíneas Argentinas.
Una vez cumplido el plazo el bloque justicialista presentó un proyecto alternativo del senador Florencio Tenev para vender el 49 por ciento del paquete accionario de Aerolíneas: el 25 por ciento a través de una licitación internacional, el 14 por ciento en la Bolsa y el 10 por ciento para el personal.  Mientras el país se encendía en la primera hiperinflación, Terragno negociaba con Manzano y con los hombres de las cavernas del Senado.  Los gremialistas que bregaban contra la enajenación de Aerolíneas Argentinas acercaron con ilusión sus propuestas a Tenev: una primera etapa de normalización empresaria y una segunda en la que se analizara la posibilidad de captación de capital privado, una vez decidido en qué cantidad y para qué propósito.  "Ojo, que si la hacemos muy eficiente después perdemos el principal argumento para privatizarla", los fulminó Tenev.
En noviembre de 1988, Carlos Menem se reunió en Madrid con el presidente de la Telefónica de España.  Sostuvo que el peronismo no tenía barreras ideológicas contra las privatizaciones ni contra la participación de grupos de mayor tecnología en firmas argentinas.  Pero le advirtió que no aceptaría la contratación directa propuesta por el gobierno radical, sino una licitación o concurso de precios, tanto en el caso de ENTel como en el de Aerolíneas Argentinas.  Durante ese viaje, Menem habló con los eventuales inversores españoles un lenguaje distinto al que usaba en su campaña proselitista.  El embajador argentino Hugo Gobbi le explicó que los españoles estaban interesados en petroquímica, aviación, comunicaciones y turismo.  Luego siguió a Alemania, en un vuelo de ida y vuelta París-Munich en el mismo día, en un pequeño jet suministrado por Siemens, a través de Blas Medina.

Eduardo Menem fue uno de quienes más cuestionaron los planteos de Terragno desde el Congreso.  Sostuvo que el aporte español a ENTel era inferior al ahorro interno captado para el plan Megatel, argumentó que no se reconocía el valor patrimonial de ENTel y que se afectarían la defensa y la soberanía nacional.  Para Menem los acuerdos suscriptos por Terragno implicaban un inadmisible reconocimiento acerca de la incapacidad del Estado.  Mientras hablaba tenía sobre su pupitre un ejemplar de la revista madrileña Cambio/16 que se refería a la Telefónica de su país en términos idénticos a los que el coro de privatizadores argentinos usaba para ENTel: demoras en la colocación de teléfonos, corrupción, líneas saturadas y descompuestas, comunicaciones ligadas.  Enumeraba además algunas peculiaridades de la compañía española: inversión en los sectores que dejan ganancias, mientras se mantienen incomunicados a cientos de pueblos, de los cuales la Telefónica sólo se ocupa si recibe un subsidio directo del Estado; mal servicio pese a la solidez patrimonial de la Telefónica, debida a su habilidad para la especulación financiera; monopolio incapaz de actuar en un régimen de libre competencia, en el que el gobierno garantiza una rentabilidad superior al 10 por ciento.  La revista tenía marcas y subrayados de puño y letra del principal asesor de Eduardo Menem: José Roberto Dromi.
Cuarenta y cinco días antes de las elecciones presidenciales, el ministro radical desistió del intento denunciando que el proyecto de Tenev no había tenido más propósito que dilatar decisiones hasta que el proceso electoral estuviera bien avanzado.  En respuesta a las recriminaciones de Terragno, Eduardo Menem lo acusó de ofrecer un mercado monopólico a una empresa extranjera.  Dijo que Terragno no privatizaba sino que desnacionalizaba al pasar una empresa de mayoría estatal a otros Estados europeos, y que en vez de una licitación internacional efectuaba una venta directa.  Fue cuidadoso en señalar que el peronismo no estaba contra las privatizaciones y que ésas eran mentiras de Terragno.  "Nos queremos llevar los laureles y la plata", se jactó su asesor.  "El negocio es nuestro", le dijo Tenev al senador radical Faustino Mazuco. El peronismo no se proponía aliviar una sola estación del calvario radical, y nadie acusó nunca a Terragno de haber ofrecido participación económica a quienes estrangularon su proyecto.
Terragno también llegó a plantear la concesión de rutas por peaje y dio los primeros pasos para la transformación del mercado petrolero.  El decreto 1842, que firmó en diciembre de 1987, premiaba a quienes presentaran proyectos para las redes de acceso a Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.  La idea era impulsar proyectos de ingeniería que sirvieran como puntaje previo para una posterior licitación.  Techint, Sade (Pérez Companc), Benito Roggio, Kocourek quedaron así en primera línea para la Red de Acceso Metropolitana.  Pescarmona, que no había presentado proyecto previo, quedó descartado de antemano.  El asesor de Terragno en esta cuestión era Rodolfo Perales, de la empresa Perales Aguiar.
El Petroplan de Terragno propugnaba el progresivo acercamiento entre los precios internos y los internacionales, la transferencia al sector privado de las áreas secundarias y la asociación con YPF para las zonas de mayor producción, la libre importación y exportación de crudo y derivados, la privatización de algunas tareas realizadas por YPF y el gradual retiro del Estado en la fijación de reglas del juego.  También en este terreno los legisladores justicialistas se opusieron a lo que calificaron como una "entrega", aunque peronistas y radicales se habían comprometido a privatizar y abrir el mercado interno.  No hubiera sido distinto el plan si Luder hubiera ganado en 1983 y Alieto Guadagni, el último secretario de Energía de la dictadura, hubiera conducido la política petrolera.
En el esquema cerrado que rigió hasta 1990, YPF no monopolizaba la producción de petróleo, pero sí su compra.  Extraía en promedio el 65 por ciento del total del crudo, y el resto provenía de las viejas concesiones de Amoco y Occidental (3 por ciento) y de los contratos concedidos por Martínez de Hoz, con los propósitos políticos que confesó Juan Alemann, a buena parte de los actuales grandes grupos económicos (Pérez Companc, Bridas, Astra), para que crecieran gracias a la renta que les transfería.  Los precios que YPF les pagaba se basaban en los costos que los contratistas denunciaban y que el Estado no controlaba.  En casi todas las renegociaciones, que los contratistas forzaban reduciendo su producción y obligando a YPF a aumentar la propia o a importar, obtuvieron precios superiores a los internacionales.  Pero cuando YPF vendía ese crudo, propio o adquirido a los contratistas, los refinadores privados le reconocían un precio inferior al que había pagado.  Esa diferencia originó el déficit operativo de YPF, que también subsidiaba así a los refinadores Shell, Esso e Isaura, a quienes asignaba cuotas de destilación según la capacidad de cada refinería, incluidas las seis estatales.
Dromi fue el abogado de uno de esos grupos en sus litigios con otra empresa fiscal del sector energético, que describen la índole de una relación asimétrica que está en el origen de la crisis del Estado.  Astra, de la familia Gruneisen, propietaria del ex Banco Polaco, poseía más del 20 por ciento del paquete accionario de Copetro, una firma exportadora de carbón residual de petróleo.  Los socios de Astra allí eran Petrolera San Jorge, Great Lakes de los Estados Unidos y Taiyo del Japón.  YPF vendía a Yacimientos Carboníferos Fiscales el residuo de la refinación del petróleo.  A su vez YCF estaba atada por un contrato leonino con Copetro firmado en 1977 por las autoridades que designaron Videla y Martínez de Hoz.  YCF estaba obligada a venderle 275.000 toneladas de ese carbón residual, a 24 dólares la tonelada una vez descontado el flete, unas tres veces menos que el precio interno y cuatro veces menos que el internacional para el mismo producto.  Esa cantidad era casi el 30 por ciento de la producción total.  Copetro exportaba una parte y con otra elaboraba en Ensenada un producto calcinado que vendía a Aluar.  Copetro procuraba que YCF no exportara el carbón directamente invadiendo su negocio de intermediación.  En dos licitaciones internacionales por el carbón residual, convocadas en octubre de 1988 y febrero de 1989, YCF obtuvo 62 y 76 dólares la tonelada.  A través de Miguel Colombetti, el último subsecretario de Combustibles de Alfonsín, Dromi presionó para que YCF suspendiera una licitación por la exportación de 500.000 toneladas.  La línea se negó, pero el sucesor de Terragno, Roberto Echarte, lo ordenó, cuando el gobierno radical se extinguía.  Yacimientos Carboníferos Fiscales perdió una venta a la Trader International de España a 78,5 dólares la tonelada por venderle a Copetro.  Al advertir que esta situación era insostenible, Gruneisen ofreció duplicar el precio del contrato.
Pocos días antes del cambio de gobierno Dromi acompañó a Ricardo Gruneisen a una reunión en YCF.  Ahí supieron que la empresa fiscal había demandado a Copetro por nulidad del contrato, daños y perjuicios.  Con una carcajada, Dromi dijo: "Vos me contrataste por un llamado telefónico para presionar a Echarte.  Esto cambia totalmente mis honorarios".  Al mes siguiente de asumir Menem, el interventor en YCF José Matar, quien dependía de Dromi, hizo un arreglo extrajudicial con Copetro, que desde entonces pagaría 62,20 dólares el carbón originado en La Plata y 59,49 el de Mendoza.  De acuerdo con un investigador del Estado, Dromi también habría propuesto, en diciembre de 1988, la cancelación con 4 millones de dólares de la deuda de Copetro por 20, propuesta que se habría aceptado en octubre de 1989, cuando Dromi ya era ministro.
Bajo el Plan Houston de Alfonsín los privados corrían con el riesgo minero, porque su compromiso incluía la búsqueda, que es la parte más costosa e incierta del negocio.  Antes y después sólo se dedicaron a la extracción en áreas donde YPF había descubierto petróleo, invertido en las instalaciones de superficie y en las tareas de exploración y desarrollo.  Pero los yacimientos encontrados con el Plan Houston fueron de poca magnitud, y su puesta en producción demandaba no menos de ocho años, de modo que los contratistas se propusieron sumar yacimientos próximos de YPF a las zonas donde ya operaban.
También aspiraban a obtener acceso a las doce mejores áreas, de las que proviene el 75 por ciento de la producción total, y a conseguir garantías legales que les permitieran cobrar precios muy por encima de los costos de extracción.  Por su parte los destiladores querían más petróleo del que les aseguraba YPF, acceso a la exportación de derivados y a la importación de crudos, y dominio absoluto de la comercialización.  Productores o refinadores, de capital local o extranjero, todas las diferencias entre los privados desaparecían frente al objetivo común de anular la competencia de YPF en cada segmento de la actividad, desde la extracción hasta las bocas de expendio.  Alfonsín debió retirarse sin concluir la programada privatización de cincuenta áreas marginales ni la licitación de las primeras dos áreas centrales.  Era el turno del peronismo.
El último diálogo de Dromi con Terragno, luego de la victoria de Menem, fue sobre ENTel, para interceder en favor de Blas Medina:
-Tenés que poner al día la deuda con Siemens, que después de la interna le mandó un avión a Carlos a Grecia y le pagó el viaje a Alemania.

LOS CONTROLES

Desde antes de las elecciones, Menem temía una actitud de obstrucción de la Corte Suprema de Justicia, tanto a su política económica como a las medidas con las que procuraría cerrar la revisión de los crímenes de la guerra sucia militar contra la sociedad argentina.  Los cambios fundamentales de la era Menem requerirían un apoyo jurídico que desde la Corte Suprema de Justicia sostuviera idénticas concepciones, argüía Raúl Granillo Ocampo, a quien el presidente electo había encomendado estudiar las cuestiones vinculadas con la Justicia.  "Menem no puede estar expuesto a los riesgos del New Deal", explicaba para fundamentar el aumento del número de miembros del tribunal.  Pero los plazos no corrían a su favor.
Casado con la descendiente de una de las familias fundadoras del pueblo natal de Menem, ex miembro del Supremo Tribunal de Justicia de La Rioja, Granillo se radicó en Estados Unidos, donde trabajó varios años en estudios jurídicos de Baton Rouge y Dallas.  Allí supo de las desventuras del muy popular presidente demócrata de la década del 30, Franklin Delano Roosevelt, con una Corte Suprema que declaraba inconstitucionales sus innovativas políticas para superar la Gran Depresión.  Después de conseguir su primera reelección por una mayoría abrumadora, Roosevelt anunció un proyecto que le permitiría designar un ministro adicional por cada uno que cumpliera setenta años y no prefiriera retirarse.  El pretexto era que los jueces más ancianos no estaban en condiciones de compartir el pesado trabajo de la Corte, pero un mes más tarde Roosevelt confesó que su propósito era librarse del obstruccionismo conservador de la Corte, que negaba al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo.
En inferioridad numérica de ocho a dos en el Congreso, los republicanos eligieron la táctica del silencio, lo cual permitió que se expresara la oposición dentro del propio Partido Demócrata y en la prensa.  El presidente de la Corte y otros dos jueces refutaron en una carta a las comisiones legislativas los motivos funcionales invocados por el Poder Ejecutivo: el trabajo estaba al día, y el incremento de jueces no mejoraría su eficiencia.  Días después, la Corte aprobó por cinco votos a cuatro dos de las leyes laborales de Roosevelt, y al cabo de otro mes y medio renunció uno de los ministros que con mayor firmeza se habían opuesto al keynesiano New Deal.  Esto terminó por volcar en contra del proyecto a los senadores más dubitativos, al sumar a las objeciones doctrinarias su falta de necesidad política.  El día en que Roosevelt lo retiró, uno de los líderes de la oposición exclamó: "Alabado sea Dios".
Menem tenía una ventaja sobre Roosevelt.  En Estados Unidos nunca un presidente había intentado copar la Corte Suprema en forma tan directa y por eso se produjo semejante reacción en contra.  En la Argentina, en cambio, ya lo habían hecho o intentado tres presidentes antes que Menem: Arturo Frondizi, Arturo Illia y Raúl Alfonsín.  Después del alzamiento de Semana Santa de 1987, durante una tensa reunión celebrada en la Casa de Gobierno mientras llegaban rumores sobre nuevos pronunciamientos en Tucumán y Salta, Alfonsín había procurado que los jueces de la Corte se apoderaran de todas las causas militares para desprocesar por el deber de obediencia a los oficiales en actividad.  No logró convencerlos, y solucionó los casos más urgentes con la ley de Obediencia Debida, promulgada en junio.  La situación de la Corte se tornó insostenible al divulgarse un memorándum interno en el que su vicepresidente Augusto Belluscio reflejaba la nueva relación de fuerzas posterior al alzamiento, al referirse a una pareja de detenidos-desaparecidos en la jerga de los campos clandestinos de concentración, (chupados y liquidados) y acusar al secretario penal de la Corte, Leopoldo Schiffrin, de favorecer a las Abuelas de Plaza de Mayo.  En la última semana de octubre Alfonsín envió al Congreso un proyecto que aumentaba de cinco a siete el número de ministros e instituía el per saltum, que la facultaría a avocarse en forma directa en causas radicadas en tribunales inferiores cuando la gravedad institucional lo aconsejara.  Con él pensaba superar tanto la crisis interna de la Corte como los pendientes juicios militares.  Los delegados de Antonio Cafiero, contraofertaron que el número se elevara a nueve, lo cual facilitaría las cosas en el vasto mapa peronista.  Se estableció que cada partido propondría al Poder Ejecutivo radical dos jueces, que contarían con acuerdo, del Senado de mayoría peronista.  El proyecto oficial sólo requería para la aplicación del per saltum que existiera en la causa alguna resolución dictada en primera instancia, por ejemplo una prisión preventiva.  La oposición, comandada en el Congreso por Italo Luder y su discípulo Carlos Ruckauf, pretendía que la Corte no pudiera avocarse, a menos que hubiera sentencia en la causa.  Es decir saltearse una instancia, pero no dos, porque lo contrario suprimiría la posibilidad de apelación.
El 6 de enero de 1988 Belluscio anunció su decisión de renunciar cuando el Congreso convirtiera en ley el proyecto, originado en lo que llamó repugnante negociación política, que le producía asco.  Radical balbinista, socio del procurador del Tesoro Héctor Fassi, primer presidente de Cámara que en 1976 aplicó las leyes militares declarando prescindible a personal del fuero civil, Belluscio advirtió: "No cuesta mucho imaginar los excesos de un tribunal genuflexo".  Repitió esos argumentos ante la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. 
Con recato, sus cuatro colegas también se opusieron, mientras en publicaciones jurídicas brotaban objeciones.  Ricardo Levene (n.) escribió que siete jueces tardarían más que cinco, y que mediante el per saltum las decisiones de la Corte podrían estar influidas por las necesidades políticas del momento.
Los negociadores por el gobierno radical eran el subsecretario de la Presidencia, Ricardo Entelman, y el ministro de la Corte Enrique Petracchi.  Por la oposición peronista, Antonio Cafiero y José Luis Manzano.  Hijo de un ex procurador general de la Nación y ex procurador del Tesoro bajo la primera presidencia de Perón, Petracchi fue funcionario judicial casi diez años en la Procuración General y la Corte Suprema, veedor para la reorganización del Partido Justicialista en 1982, propuesto por Lorenzo Miguel cuando Alfonsín pidió un peronista para la Corte y respaldado por Jorge Antonio, cuyo sobreseimiento en la vieja causa por monopolio había pedido como fiscal de Cámara.  Petracchi llegó a convertirse en el ministro más próximo al presidente radical, quien le solicitó consejo en momentos críticos, y estaba dispuesto a profundizar esa influencia con un eventual presidente peronista.  Los candidatos por el radicalismo eran el mismo Entelman y el ex asesor jurídico de Alfonsín, Carlos Fernández Pastor.  Por el peronismo, el ex ministro de la Corte de 1973, Héctor Masnatta, y el asesor de Cafiero, Abel Fleytas Ortiz de Rosas.  Pero Masnatta era resistido por Petracchi, quien pretendía que el segundo candidato peronista fuera Carlos Arslanián.  En la reunión decisiva, Manzano comunicó que si se incluía el nombre de Masnatta y si Petracchi aceptaba ocupar la presidencia de la Corte sólo hasta el cambio de gobierno, esa misma noche la Cámara de Diputados podría tratar la ampliación.  Ansioso por presidir la Corte, Petracchi rechazó ambas condiciones y el tema entró en hibernación.  En julio, Menem arrebató a Cafiero la candidatura peronista, y al comenzar la campaña proselitista por la presidencia, el proyecto se desactivó.
Disipada esa ilusión, Petracchi insistió ante Alfonsín que la Corte podría avocarse y resolver las últimas dos docenas de expedientes militares, que sólo involucraban a retirados, sin necesidad de una ley. Belluscio estaba dispuesto a consentir el atajo del avocamiento por creación pretoriana, pero ni Petracchi ni los emisarios de Alfonsín lograron convencer al ministro Carlos Santiago Fayt, con el que hubieran formado mayoría: "Esta Corte, con todos los desgarramientos que ya ha sufrido, no está en condiciones de manejar semejantes causas", les respondió.  El desenlace se produjo el 19 de setiembre de 1988 con un pronunciamiento atípico, en un fallo por la competencia para juzgar la masacre de Margarita Belén: sólo Petracchi votó por apoderarse del expediente.  Caballero y Fayt sostuvieron que no era aplicable la doctrina de la gravedad institucional.  Jorge Antonio Bacqué dijo que la necesidad de resolver graves problemas no justificaba el desconocimiento de principios fundamentales del estado de derecho, como el del debido proceso.  Ni una ley del Congreso, y menos aún la jurisprudencia, podían ampliar la jurisdicción del Tribunal.  Belluscio, que no quiso quedar en minoría, adhirió sin fundamentos, redondeando un cuatro a uno.  Pese al resultado adverso Petracchi insistió en febrero de 1989, ya sobre la fecha de las elecciones presidenciales, en la causa por la apropiación de una niña, hija de desaparecidos, por una hemoterapista de la Casa Cuna.  Pero la Corte volvió a rechazar el per saltum.
Petracchi fue el principal partidario de tender puentes para la retirada de José Severo Caballero y Carlos Santiago Fayt y la designación en su reemplazo de dos hombres de confianza que le permitieran modificar la reciente jurisprudencia sobre el per saltum.  Pronto obtuvo el apoyo de Dromi, otro de sus allegados en el entorno menemista.
Como interlocutor de Menem ante las Fuerzas Armadas, Dromi organizó un Estado Mayor donde hubo lugar para hombres de pensamiento, hombres de acción y hombres de negocios.  Entre estos últimos el agente de la proveedora de equipos de comunicaciones Siemens, Blas Medina.  Dromi llegó a la misma convicción que el alfonsinismo: era preciso evitar nuevas audiencias públicas, en las que las víctimas de la guerra sucia evocaran la vida cotidiana en los campos concentración, y saldar las cuentas con pocos juicios más, sustanciados con suma reserva por la Corte Suprema.  De la mano de Petracchi, Dromi trató de convencer a los otros ministros que revisaran su posición sobre el per saltum, pero la Corte resolvió aguardar hasta el 14 de mayo, porque sentía en forma aguda su falta de reaseguro político.

Villa Martelli en diciembre, los cortes de luz y La Tablada en enero, el dolarazo en febrero, la hiperinflación a partir de abril, las elecciones presidenciales en mayo, y los saqueos en junio, hicieron que la Corte dejara de ser problema de Alfonsín y, en cambio, comenzara a preocupar a Menem.  Días después de las elecciones, los delegados radicales Horacio Jaunarena y Enrique Paixao contemplaron con los peronistas Eduardo Bauzá y Eduardo Menem resucitar el proyecto de ampliación, de modo que se sumaran a la Corte el ex procurador general Juan Gauna y Granillo Ocampo.
El 16 de mayo de 1989, en prueba de su influencia, Petracchi llegó en el jet del capitán del grupo Bridas, Carlos Bulgheroni, a la estancia del empresario Enrique Capozzolo y la fotomodelo Graciela Allano, donde el presidente electo concedió su primera conferencia de prensa internacional.  Menem estaba abocado a la conformación de su equipo de gobierno en una carrera contra el tiempo, debido a la gravedad de la crisis económico-social y el consiguiente adelantamiento del traspaso.  El trato para la ampliación de la Corte con Gauna y Granillo se deshizo el 31 de mayo, cuando Menem rehusó acompañar a Alfonsín en un indulto a los militares bajo proceso, para no compartir la carga como creyeron todos, o el rédito, según pensaba Menem.  Lanzados desde el 9 de setiembre de 1988 a una insensata escalada verbal denigratoria, cada uno deseaba que la crisis militar estallara en las manos del otro.  Convencido de que Menem se proponía destruirlo como opción política futura, Alfonsín resolvió abandonar cuanto antes el potro de tormentos de la presidencia, al precio de facilitar con su mayoría parlamentaria la Sanción de las leyes económicas de la nueva administración, hasta que juraran los nuevos legisladores que, recién el 10 de diciembre, darían mayoría al menemismo.  En cambio, no aceptó apoyar las leyes políticas que deseaba Menem, entre ellas la conformación de una Corte propia.
Dromi confirmó como ministro de Obras y Servicios Públicos sus convicciones de delegado militar sobre la importancia del control de la Corte Suprema.  Si había declarado inconstitucional el decreto de emergencia provisional de Alfonsín, también podría invalidar sus leyes de excepción.  Terminó por sumarse a la posición drástica de Granillo (quien al fallar su nombramiento en la Corte Suprema y pasar Dromi a Obras Públicas, ocupó la Secretaría Legal y Técnica), y atrajo hacia esa vía al también mendocino ministro del Interior Eduardo Bauzá y su subsecretario Carlos Corach.  Existe voluntad política de homogeneizar la Corte con el Poder Ejecutivo, alegaba Bauzá, repitiendo una doctrina que Julio Oyhanarte había expuesto en un libro publicado en 1967, un año después del golpe de Onganía.  El proyecto se completaría con el traspaso de la Secretaría de Justicia al Ministerio del Interior.
Fue el designado ministro de Educación y Cultura, Antonio Salonia, quien sugirió para Justicia a Oyhanarte.  Presidente de la Corte Suprema de Frondizi, e ideólogo de su recambio por el senador José María Guido para evitar la asunción de una junta militar, asesor jurídico en grandes quiebras comerciales (como la de Sasetru) o institucionales (como la respuesta de Videla al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, las instrucciones de Alfonsín a los fiscales militares para terminar todos los juicios y la ley de Punto Final), Oyhanarte se imaginaba como el Savigny de Menem, constructor jurídico del nuevo orden y reformador de la Constitución Nacional.  Con su incorporación quedaron delineados cada bando y sus integrantes: Petracchi y Oyhanarte por la inducción de vacantes; Granillo, Bauzá y Dromí por la ampliación.
A diferencia de Roosevelt, Menem no tenía tiempo que perder.  El norteamericano fue elegido en 1932, dictó las leyes básicas del New Deal en 1933, la Corte comenzó a declararlas inconstitucionales, en 1935 y el proyecto de empaquetamiento del tribunal surgió en 1937.  Menem asumió en julio de 1989, y el 4 de setiembre la Cámara Federal de San Martín se proponía tomar declaración indagatoria a quien fuera el Señor de Campo de Mayo, el general Santiago Omar Riveros, procesado por tormentos y homicidios. "No es por eso, es por las leyes de emergencia administrativa y de reforma del Estado", protestó José Luis Manzano en la comisión de Labor Parlamentaria cuando el radicalismo le enrostró que el nuevo gobierno procuraba domesticar la Corte para que avalara su solución al problema militar.  Era por lo uno y por lo otro.
Bajo la presión del plazo de la Cámara de San Martín y la negativa radical a prestar sus votos legislativos a la ampliación comenzaron los contactos para obtener las renuncias de Caballero y Fayt, y del procurador general de la Nación, Andrés D'Alessio.  El 25 de julio el nuevo presidente recibió un regalo de lo alto, cuando la abogada Mirta Schvartzman cayó en corpiño y bombacha desde una ventana de un residencial en París luego de escribir una carta en la que decía: "Augusto, me has humillado".  Allí compartía la habitación con Belluscio, autor de un Manual de Derecho de Familia que exalta el matrimonio monogámico como ideal jurídico y ético, considera un deber la fidelidad aun en caso de separación y describe como injuria grave el adulterio, que ejemplifica con el encierro de la mujer durante horas con otro hombre que el marido en un hotel u hospedaje.  En lugar de dos vacantes, el gobierno comenzó a apetecer tres.  Pero la Constitución asegura el respeto a las acciones privadas de todos los hombres, Tartufo inclusive.
Alicia Saadi, heredera de una banca en el Senado con derecho a la presidencia de la comisión de Acuerdos, le sugirió la conveniencia de una salida silenciosa.  La duda de Belluscio giraba en torno de una cuestión elemental: nadie podía garantizarle que el expediente no se abriría de todos modos una vez presentada la dimisión, que algún periodista no hurgara en sus folios.  Por último, Saadi reclamó en forma pública la renuncia del ministro y divulgó cartas póstumas en que la suicida encomendaba al juez arreglar las cuestiones patrimoniales de su hija pendientes en el estudio que compartieron.  Belluscio replicó que le sorprendía que la senadora tuviera las cartas "porque la Surété no se las mostró a nadie.  Supongo que debe haber habido alguna ayuda extraparlamentaria para conseguirlas y convertirme en un blanco móvil".  Es cierto: antes que por las manos de Saadi los documentos habían pasado por la redacción del semanario Somos los Servicios.
Cuando Belluscio anunció que no cedería a lo que calificó como una extorsión, el procurador del Tesoro, luego subsecretario de Justicia y postulante a un puesto en la Corte Suprema, César Arias, instaló a un ex amigo, socio y cliente de Belluscio en una oficina del tercer piso de la calle Maipú al 900, en la que atendían negocios los asesores presidenciales Emir Yoma, Juan Carlos Sinópoli y Mario Rotundo.  Emilio Jajan, quien había roto con Belluscio a raíz de un diferendo comercial en la sociedad propietaria del country Swan, se convirtió, por su conocimiento íntimo de la vida y milagros del juez, en el testigo principal en el juicio político que impulsó el gobierno.
La comisión de juicio político recomendó acusar a Belluscio por entender que después de su designación había subsistido la sociedad profesional con Schvartzman.  La Cámara de Diputados aprobó ese dictamen, pero no alcanzó los dos tercios necesarios para instar el juicio.  De todos modos, el procedimiento terminó en setiembre de 1990, con un año de retraso para las urgencias del gobierno.  Belluscio continuó en la Corte, y, para su consuelo, el acusador Jajan fue detenido el 19 de noviembre en Estados Unidos, bajo cargos por lavado de dinero de la droga.  El agente del FBI Gary Bray dijo al juez que se hizo pasar por narcotraficante y entregó a Jajan cien mil narcodólares que él lavó en su cuenta número 4241223 del Citibank de Miami.  Añadió que Jajan había ofrecido sacar narcodólares hacia la Argentina en valijas diplomáticas, se había jactado de sus contactos políticos, suficientes para conseguir una audiencia con el presidente Menem.  Jajan también contó a los agentes encubiertos que tenía una detención previa por contrabando de cocaína.  Una semana después fue detenido en España el economista panameño Ignacio Cruz, alias Andy, cuyas declaraciones a la Justicia española sindicaron como camellos que transportaba narcodólares en valijas oficiales a la cuñada y directora de audiencias de Menem, Amira Yoma, a su concuñado Ibrahim al Ibrahim, y al vicepresidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, Mario Caserta.
Como pasajero asustado en un vuelo turbulento Belluscio se aferró a su sillón.  Fayt rechazó la embajada argentina en Bogotá.  Cuando Granillo Ocampo le transmitió el ofrecimiento de Menem, el ex candidato socialista a la gobernación de Salta le extendió un ejemplar de su tratado sobre Etica y Derecho, al tiempo que le decía: "Sepa que yo he escrito este libro".  La última esperanza del gobierno era Caballero.  Luego de una negociación iniciada por el asesor del Ministerio del Interior, Carlos García, Menem citó al presidente de la Corte el 11 de agosto, para confirmar su renuncia a cambio de la designación como embajador ante los organismos de Ginebra que tratan el desarme.  Pero entre el encuentro con García y la audiencia presidencial, Caballero había conversado con Fayt y Bacqué, quienes le pidieron que no renunciara.  Introducido al despacho presidencial por Bauzá, el viudo e indeciso Caballero argumentó que deseaba permanecer en el cargo hasta el 12 de setiembre, porque el 8 volvería a casarse, con una prima de su ex esposa.  Menem no percibía la diferencia entre el casamiento de un Presidente de la Corte y un embajador, y sospechaba una maniobra dilatoria.  De todos modos si Caballero renunciaba el 12 lo más urgente era diferir la citación del 4 al general Riveros.  Carlos Corach enfiló sobre la Cámara Federal de San Martín:
-Van a tener que postergar la indagatoria -advirtió.
-No pensamos hacer tal cosa -le contestó la presidenta del tribunal.
-Hay un pedido de juicio político contra ustedes.  Vamos a activarlo -amenazó el hombre encargado de recorrer los despachos judiciales con una cachiporra y una soga en el portafolios.
-Haga lo que considere conveniente, pero retírese de este despacho -respondió a Corach la catamarqueña Marta Herrera, de ojos y pelo negro, con un mechón blanco sobre la frente.
El Ministerio de Defensa y el Estado Mayor del Ejército gestionaron que el Hospital Militar certificara que Riveros padecía una grave afección cardíaca, y Migraciones que había salido rumbo a San Pablo.  La Cámara le fijó nueva fecha: el viernes 13 de octubre.  "No se lo puede volver a enfermar. ¿Adónde lo vamos a mandar a curarse ahora, a Siberia?", inquirió el jefe del Ejército, Isidro Bonifacio Cáceres, durante un asado servido para pocos comensales en la Escuela Superior de Guerra.  Se quejó por el desgaste que le imponía la demora del indulto, y anunció su decisión de presionar, para que no ganaran espacio político los carapintada.

Corach tuvo más suerte con el procurador general.  D'Alessio integró la Cámara Federal que en 1985 condenó a Videla, Massera & Cía., lo cual le valió que la banda de Camps y Etchecolatz sembrara medio kilo de trotyl en el jardín de su casa en Hurlingham, donde vive con su mujer y sus nueve hijos.  Dos años después fue el único de sus jueces que aceptó la constitucionalidad de la ley de Obediencia Debida, sancionada bajo la presión de las bayonetas.  Luego, Alfonsín lo designó procurador general para que abogara ante la Corte Suprema en favor de su aplicación rápida y amplia.  En los últimos agitados meses de ese gobierno se convirtió en apreciado asesor de un presidente cada día más solitario y taciturno, que no alcanzaba a entender cómo y por qué su poder se desangraba sin remedio ni gloria.
También integró el Consejo de Seguridad Nacional creado después del ataque al regimiento de La Tablada, por lo cual conocía en detalle la causa judicial.  Un día antes de iniciarse la audiencia pública, el 19 de julio de 1989, visitó a Menem para contarle todo lo que necesitara saber sobre el copamiento del cuartel de La Tablada y las repercusiones políticas del juicio a sus autores.  Era su primer contacto con el presidente que había asumido diez días antes.  También le informó que no se proponía continuar en el cargo durante toda su presidencia, pero que deseaba terminar algunos proyectos, como la nueva organización del Ministerio público.
-¿Por qué me dice eso, si yo no tengo intención de removerlo? -preguntó Menem.
-No se lo digo por eso.  Mi cargo es inamovible -se disparó como un resorte de amor propio el procurador.
El gobierno tenía otras ideas.  D'Alessio recibió la primera noticia a través de Enrique Petracchi, su amigo personal desde los años en que los dos trabajaban en la Procuración: "Se viene una ofensiva en contra tuya", le dijo.  La segunda, a través de Corach.  Apoderado de una rama de la Unión Cívica Radical y luego del Movimiento de Integración y Desarrollo, ingresó al peronismo hacia 1971, y en las elecciones internas de 1988 se alineó con Cafiero.  Luego de la victoria de Menem integró el equipo de Justicia coordinado por Granillo Ocampo. Con su ayuda aspiraba a ser intendente de la Capital, pero luego intimó con Eduardo Bauzá, quien lo designó subsecretario de Interior.  El martes 15 de agosto, visitó a D'Alessio en la Procuración:
-El Poder Ejecutivo quiere tu cargo.  Podés elegir la Cámara a la que quieras ir -expuso sin prolegómenos.
-Yo respeto tu investidura, pero también tengo que respetar la mía.  Lo que vos me decís me lo tendría que decir el Presidente. ¿Me conseguís vos la audiencia o la pido yo? -replicó D'Alessio.
Así ganó tiempo para analizar con Petracchi y con el secretario de Justicia Oyhanarte qué ocurriría si se negara a renunciar y, ante la cesantía, pidiera a la Corte Suprema que no tomara juramento a quien fuera designado como sucesor.  Oyhanarte le prometió su apoyo, pero Petracchi le dijo que lo veía improbable: "No sé si no sos removible por decreto".  D'Alessio hizo una última consulta, con el secretario de Justicia y ministro de Trabajo de Alfonsín, Ideler Tonelli.
-No tiene cómo resistir, salvo que pretenda convertirse en un procurador general en el exilio -opinó.
-Eso no sirve para nada.
-Si no quiere incinerarse ni aspira a ser un mártir del radicalismo, tiene que irse.
Al día siguiente, Corach regresó con un decreto ya firmado por Menem y el ministro de Cultura y Educación, Antonio Salonia, de sólo dos artículos: la cesantía de D'Alessio y la designación de su reemplazante.  D'Alessio pidió hasta la mañana siguiente antes de resolver.  La procuradora fiscal Graciela Reiriz habló con Salonia, quien le confirmó que había firmado la remoción.  Antes del vencimiento del plazo, D'Alessio llamó a Corach, y le transmitió su capitulación:
-No hace falta que protocolices el decreto, pero yo la renuncia sólo se la presento al Presidente.
La audiencia fue fijada para el 18 de agosto, a las 19.30. Cuando D'Alessio llegó al Ministerio del Interior, Corach le preguntó si traía la renuncia.  Le extendió el texto para que leyera:
-Pero no lo firmaste -se sorprendió Corach.
-A ver si el presidente piensa que es una firma trucha, como se me ocurrió a mí que podía ser el decreto que me mostraste -sonrió D'Alessio.
En presencia de Corach, Bauzá, Oscar Fappiano, Granillo y el procurador del Tesoro, Carlos García, Menem agradeció el gesto.
-Mire, señor, creo que todos los que estamos aquí sabemos cómo vino la mano en este asunto, de modo que no hay ningún gesto que agradecer.  Mi último servicio será aconsejarle que se ahorre el pasar a la historia como el primer presidente civil desde 1862 que designa un procurador por decreto, sin acuerdo del Senado -se despidió D'Alessio.
Menem no hubiera podido seguir aquel consejo de D'Alessio, aunque se lo hubiera propuesto.  Su candidato sólo podía ser designado por decreto.
El procurador depuesto había creado una comisión ad hoc para investigar la desaparición de niños.  El primer caso en el que actuó ese organismo, integrado por los fiscales federales Mariano Ciafardini y Aníbal Ibarra y por el secretario de la Procuración Juan Carlos López, puso en evidencia un comportamiento irregular en la entrega en adopción de un niño hijo de desaparecidos.
Pedro Pablo Tortrino, de 78 años, contador, viudo, tenía una relación dolorosa con su hija María del Carmen, quien corría los riesgos de una militancia clandestina.  En julio de 1976 le avisaron que había sido abuelo.  Recién pudo conocer a su nieto en setiembre, luego de tomar todos los recaudos recomendables para una cita en el Buenos Aires de los primeros meses de la dictadura.  El cuadro era desgarrador.  El chiquito había nacido con el paladar perforado y su padre, Carlos Enrique Castro, había sido secuestrado junto con un hermano.  Al cabo de seis meses de persecución, la madre del niño siguió la misma suerte.
El otro abuelo, Juan Alberto Castro, recibió una llamada anónima: 
-Apúrese, que su nieto está en la comisaría 29.
Los dos viejos comenzaron el descenso al infierno.  Los policías de la seccional confirmaron que un chico de seis meses había sido abandonado cinco días antes en la puerta de un bar, y que estaba a disposición de un juzgado de menores.  El abuelo Tortrino se presentó en el juzgado, donde no pudo ver ni una foja del expediente, ni conocer su carátula. ¿Un niño?  En los juzgados de menores siempre hay niños.  Pero ¿qué elemento más confiable que una llamada anónima les hacía pensar a los abuelos que allí estaba el que ellos buscaban?  Tiene el paladar fisurado, insistía Tortrino.  El juez callaba.
Pasaron seis años de búsqueda sin resultados, hasta que fue posible retomar el hilo perdido y conocer la trama completa.  El niño había aparecido el 23 de marzo de 1977, el 25 el juez lo entregó en guarda a un matrimonio, el 28 se presentó el abuelo Tortrino.  El fiscal pidió al juez que se determinara si el bebé entregado al matrimonio tenía algún parecido con el de la foto aportada por el abuelo que lo reclamaba.  El juez respondió en forma lacónica: "No ha lugar".  El 13 de abril los médicos forenses informaron de la fisura en el paladar y dos semanas después el matrimonio comunicó al juez que iniciaría el juicio de adopción.  El 15 de agosto una resolución del juez mencionó que el matrimonio que guardaba al niño lo había puesto en tratamiento médico por su fisura en el paladar.  Sin embargo, de nada de esto fueron enterados los abuelos, que nunca pudieron verlo.  El mismo 15 de agosto el juez pidió a la Policía Federal el paradero y comparendo de María del Carmen para imputarla, como si hubiera abandonado en forma voluntaria a su hijo o bastara con una citación judicial para devolverla al mundo de los vivos.  Los abuelos no pudieron oponerse a la adopción en el juicio civil porque el juez nunca les informó a quién había sido entregado su nieto y dónde se tramitaba la sustitución de su identidad.  Ante una solicitud del juez civil, silenció el dato decisivo de la fisura palatina y ocultó al asesor de menores que había entregado al niño en guarda.  El procedimiento se perfeccionó con la desaparición del expediente de adopción.  Una denuncia anónima permitió ubicarlo en junio de 1983.  Estaba en poder del adoptante, Domingo Gabriel Magiotti, un agente de Bolsa amigo del juez que le entregó la criatura.  El abuelo materno murió sin conseguir su meta.  El abuelo paterno, próximo a cumplir ochenta años, dijo por esos días en un programa de radio sobre los niños desaparecidos: "No quiero morirme sin verlo y decirle que es mi nieto".
El juez ascendió luego a camarista, pero al concluir el régimen militar el Senado le negó el acuerdo para confirmarlo.  Colaboraba en la Secretaría Legal y Técnica con Granillo Ocampo, cuando su nombre fue incluido como sucesor de D'Alessio en el decreto de su remoción: Jorge Mario Müller.  Hubiera sido una afrenta pedir su acuerdo para la Procuración a un cuerpo que se lo había negado para un cargo inferior.  El secretario de la causa había sido Alberto Daniel Piotti.
Cuando estos episodios trascendieron Müller anunció que querellaría a los medios de prensa que evocaron el caso, aduciendo que además de la defensa de su honor estaban involucradas connotaciones políticas e ideológicas.  La concepción según la cual los tribunales deberían subrogar a la discusión política e ideológica, castigando como si fueran delitos la difusión de noticias y opiniones tendientes a defender o garantizar un interés público actual, es incompatible con el debate de ideas en un sistema democrático.  Este intento por acallar a la prensa contradecía el respeto por la libertad de expresión que pregonaba el nuevo gobierno, y lo involucraba de modo innecesario en asuntos de interés particular.  La candidatura de Müller fue retirada.
Menem recurrió entonces a quien había sido presidente de la Confederación General Universitaria, CGU, mientras él estudiaba en la Universidad Nacional de Córdoba, y ayudante de cátedra cuando el hijo de prósperos bodegueros riojanos cursaba derecho penal: Oscar Alfredo Roger.  Después, en 1974, Roger fue interventor en la Universidad Nacional de Córdoba, al mismo tiempo que Alberto Ottalagano en la de Buenos Aires, cuando la Misión Ivanissevich se propuso limpiar los claustros de adversarios del ser nacional.  Los quince años transcurridos desde entonces no habían corrido en vano y nadie volvió a contar que luciera en su escritorio un retrato de Benito Mussolini.
La organización judía B'Nai B'rith se había interesado por la situación legal de Franz Joseph Leo Schwammberger, acusado por el asesinato de centenares de adultos y niños durante la ocupación nazi de Polonia y la deportación de otros miles a los campos de concentración de Auschwitz y Belzec.  "Ustedes habrán oído muchas cosas de mí.  Algunas son exageradas, pero hay algo cierto", comenzó el procurador Roger.  Sus interlocutores se miraron.  "En mi juventud tuve militancia nacionalista, con todo lo que eso significaba entonces.  Pero son cosas del pasado.  Con la madurez he cambiado muchos enfoques, y pueden quedarse tranquilos.  Mi mujer es judía.  Al Schwammberger ése lo vamos a reventar", concluyó con una sonrisa.  Uno de sus visitantes acertó a contestarle: "Nuestro deseo es que se conceda la extradición solicitada por la República Federal de Alemania, no que lo revienten".  La sonrisa se borró en el rostro de Roger.  Menem tenía por fin a un amigo en la Procuración General.  Iba a necesitar de él cuando las medidas más debatidas de su gobierno empezaran a llegar a la Corte.

La reticencia de Caballero, las negativas a dimitir de Fayt y Belluscio, la posición de la Cámara de San Martín y el emplazamiento de Cáceres apuraron dos decisiones extremas: la remisión al Congreso del proyecto que ampliaba de cinco a nueve el número de miembros de la Corte, y la firma del indulto para más de dos centenares de procesados por la guerra sucia y los alzamientos de 1987 y 1988, y para los conductores chambones de la guerra de las Malvinas.  Nadie hizo más transparente que Oyhanarte la relación entre las causas militares y la crisis en la Corte, al alertar sobre el "peligro tremendo" de un fallo adverso: "Si algún querellante o algún fiscal impugna, sosteniendo que no se puede indultar a procesados, el expediente puede estar un mes en esta Corte.  Y si esta Corte declara la inconstitucionalidad, ese día cae el general Cáceres y se arma un lío infernal".
Como Roosevelt, Menem apeló a pretextos funcionales: exceso de causas atrasadas, delegación de tareas en personal auxiliar, necesidad de elevar el nivel académico de las sentencias, pero muy pronto confesó sus motivaciones políticas.  Su proyecto de ampliación no incluía el per saltum, porque le bastaba con corregir lo que Granillo Ocampo llamó justicia alfonsinista, integrada por "hombres que compartían el diseño de país y los grandes objetivos del proyecto del doctor Alfonsín", según ratificó ante las primeras protestas.  Granillo aclaró que "no buscamos hombres que se identifiquen con la política concreta del gobierno sino con sus grandes objetivos".  César Arias sostuvo que se vivía una emergencia, y Dromi instó a construir el Nuevo Derecho.  El proyecto también excluía al procurador general de la Corte, de la que hasta entonces había sido un integrante, de modo de subordinarlo en forma explícita al Poder Ejecutivo.
Menem lo envió al Congreso el 15 de setiembre.  El 22, la ígnea Acordada número 44, suscrita por Belluscio, Bacqué, Petracchi y Fayt, denunció que peligraban los derechos y garantías constitucionales y la subsistencia misma del régimen democrático.  Según ella, el proyecto del Ejecutivo, "compromete el funcionamiento de la cabeza de uno de los poderes que, según la Constitución Nacional, gobiernan la Nación, y cuya misión por excelencia es la de custodiar la supremacía de la Ley Fundamental y ser el garante final de los derechos y garantías en ella consagradas".  La independencia y estabilidad del Poder Judicial es uno de los pilares en los que se asienta la esperanza de la sociedad argentina en un tránsito "verdadero y sólido" por el camino de las instituciones constitucionales, y "las bruscas alternativas en su composición, aunque entren formalmente en las atribuciones legales de otros poderes, afectan tales valores, los cuales deben ser especialmente preservados para asegurar dicha esperanza, surgida tras vicisitudes históricas amargas, prolongadas y reiteradas".

"La reforma de la composición dificulta y demora el ejercicio de las funciones de la Corte y reduce su autonomía, en la medida en que se la somete al riesgo de una eventual paralización o impotencia que originaría un número de miembros que amén de injustificado, dificultaría enormemente la toma de decisiones de un cuerpo que debe pronunciarse como una unidad.  En la medida de la falibilidad humana interesa la Corte a la subsistencia misma del régimen democrático porque como lo ha señalado la mejor doctrina, una institución semejante no se compadece con los gobiernos autoritarios, en cuanto es de la esencia de ellos la liberación de las trabas de la Constitución y la ley."

La Corte refutó los argumentos sobre atrasos y delegación de tareas y explicó que el incremento de jueces produciría debates interminables e inseguridad jurídica, ya que la Constitución prohibía su división en salas, al definirla como una Corte Suprema.

En su último punto, transcribió las palabras con que Mitre puso en funciones a sus primeros integrantes: "Como Presidente de la Nación busqué a los hombres que en la Corte Suprema fueran un contralor imparcial e insospechado de las demasías de los otros poderes del Estado, y que viniendo de la oposición dieran a sus conciudadanos la mayor seguridad de la amplia protección de sus derechos, y la garantía de una total y absoluta independencia del Alto Tribunal".  Esto mide la gravedad de la cuestión, ya que el primer mandamiento del poder en la Argentina es no invocar el nombre de Mitre en vano.

Además de la Acordada, la Corte preparó un informe reservado para las comisiones legislativas, negando que tuviera trabajo atrasado.  Sostuvo que a fines de 1989 los expedientes en estado de sentencia eran 1466, de los cuales el 87,27 por ciento se encontraba en esa situación con una antigüedad no mayor a los seis meses.
Las tres entidades de abogados de la Capital salieron al cruce del Poder Ejecutivo.  El Colegio Público sostuvo que el número de integrantes de la Corte no debía ser variable de ajuste para resolver problemas partidistas.  El Colegio consideró inconveniente el proyecto porque la estructura de la Corte sólo toleraba enmiendas fundadas, que tendieran a fortalecer su independencia, con el respaldo de los distintos sectores de la sociedad.  La Asociación advirtió una finalidad política circunstancial y un agravio a los jueces en el mensaje de elevación.  El partido gobernante respondió con una solicitud de juicio político a los firmantes de la Acordada 44, presentada por el diputado nacional por Tucumán Miguel Camel Nacul.
La misma semana en que el proyecto entró al Congreso, el ministro de Economía Néstor Rapanelli explicó a los potenciales inversores en Washington que la Argentina era un estado de derecho y que las reglas del juego estaban garantizadas por la seguridad jurídica, que definió como un valor definitivo.  Se esforzaba así por remontar la visión predominante de un país turbulento y pintoresco que simpatiza con los nazis en la década del 40 y comercia con los comunistas a pesar del bloqueo norteamericano en la del 70; donde ocupan la presidencia bailarinas de cabaret asesoradas por astrólogos asesinos, o generales alcohólicos que guerrean con Gran Bretaña; donde los militares desaparecen opositores por decenas de miles, se pintan la cara y tanto pueden asesorar a la contra nicaragüense financiada por Estados Unidos como al general Noriega que desean derrocar, y desarrollan misiles y sueñan con artefactos nucleares; donde los negociadores de la deuda externa son procesados al volver al país, y la hiperinflación llega al 200 por ciento mensual como conclusión de tres planes antiinflacionarios.
Con toda lógica, el gobierno colocaba el mismo énfasis que su predecesor en la previsibilidad como elemento clave en las relaciones internacionales.  Se trataba de convencer al mundo de que el país había sentado cabeza y no volvería a las primeras planas de los periódicos por nuevas juergas adolescentes.  Era con el objeto de impedir sobresaltos en la aplicación del programa económico, como una hipotética declaración de inconstitucionalidad de sus leyes esenciales, que el Poder Ejecutivo embestía sobre la Corte Suprema.  Pero había en esto una contradicción imposible de resolver.  La estabilidad de los índices de precios se consigue en dos meses, como se demostró una y otra vez.  La estabilidad institucional y la seguridad jurídica requieren muchos años y varios gobiernos sucesivos comprometidos en el respeto de reglas elementales de convivencia.  Entre ellas, la división de poderes y el respeto por la independencia de la Justicia.
Los acuerdos de la Corte se celebraban los martes y los jueves.  La Acordada 44 estuvo lista el jueves 21 de setiembre en los habituales horarios diurnos pero sus firmantes debieron permanecer hasta casi la medianoche en sus despachos, hasta que Caballero terminara de redactar su disidencia.  El Presidente se retiró de Tribunales sin avisar a sus colegas.  Recién al día siguiente entregó el breve voto en el que afirmaba que el tribunal sólo tenía el deber y el derecho de expedirse sobre la constitucionalidad de las leyes una vez dictadas por el Congreso, y que la Corte tampoco se había manifestado ante los anteriores proyectos de aumento del número de sus miembros, de Frondizi, Illia y Alfonsín.  Esos habían sido algunos de los argumentos del gobierno.
Petracchi vio reaparecer su oportunidad de alcanzar la presidencia de la Corte que se le había escapado unos meses antes.  Cada día desde la renuncia de Genaro Carrió crecieron las peleas e intrigas por presidir la Corte entre cuatro de sus cinco miembros.  Por ejemplo, Belluscio fue amistoso con Petracchi mientras contó con su voto para suceder a José Severo Caballero en la presidencia, hasta el día en que Petracchi se presentó en su despacho para denunciar el acuerdo y notificarle:
-Yo también aspiro a la presidencia.
A favor de esta discordia Fayt lanzó su propia candidatura.  Por afinidades humanas e intelectuales, se habían diseñado dos bloques que eran cada día más inconciliables: Caballero-Belluscio por un lado, Petracchi-Bacqué por otro, Fayt oscilando entre ambos.  Como ni Fayt ni Belluscio retiraron su candidatura, los dos terminaron apoyando un nuevo período para Caballero, mientras Petracchi votaba por Bacqué y Bacqué por Petracchi, con lo cual las posiciones quedaban 2-1-1.  Fue Petracchi quien convocó a los periodistas para comunicarles el desempate: Caballero había sido reelegido, luego de votar por sí mismo.  "Lo cual no tiene precedentes", dijo.
El martes siguiente a la Acordada 44, Petracchi presentó un hecho consumado a Caballero.  Sus colegas habían dejado de sentirse representados por él, de modo que debía alejarse de la presidencia.  Una vez ungido en su reemplazo Petracchi trató de minimizar la colisión con el Ejecutivo, explicando que la Corte no cuestionaba las facultades de los otros poderes.  También se encargó de difundir por la prensa que la Corte no pensaba oponerse a las leyes de emergencia que el gobierno estimaba esenciales.  Con una metáfora muy náutica dijo que "se ha querido hacer un mar de un charco", y se dispuso a secundar desde la Corte a su gobierno peronista.  Le hicieron comprender que había cometido un serio error de cálculo.
Al asumir como secretario de Justicia Oyhanarte había anunciado que sería por un breve lapso, y Granillo Ocampo reveló que Oyhanarte sería designado ministro de la Corte, pese a que no existían vacantes.  Tres décadas antes, Petracchi había sido secretario privado relator de Oyhanarte en la Corte.  Aun cuando ninguna disposición escrita lo dijera, era obvio cuál de los dos ocuparía la presidencia del cuerpo.  Petracchi lo sabía y ello no le impidió apoyar la designación de Oyhanarte, en favor de quien estaba predispuesto a postergar sus ambiciones.  Sin embargo, al agudizarse la crisis con Caballero no resistió la tentación y una vez más se precipitó sobre la vacante sin medir las consecuencias.  Su elección como presidente por tres años cerró el camino de Oyhanarte.  "Petracchi lo ligereó, como Oyhanarte hizo en 1962 con Poggi", se regocijó un camarista federal.
Después de la elección de Petracchi, Oyhanarte dejó saber a periodistas amigos que él también había conocido por los diarios la ampliación.  Pese a su aversión al proyecto, devolvió la gentileza a Petracchi, con un informe al Poder Ejecutivo en el que descalificó la Acordada 44 como una mera opinión sin más valor que un editorial de prensa, y sostuvo la legalidad de la división del tribunal en salas.  Además destacó que otras entidades pero no la Corte habían formulado la "gravísima tacha" de que se procuraba subordinar a la Corte convirtiéndola en un órgano adicto al gobierno.  La Acordada 44, dijo, sólo había hecho referencia a una reducción de la autonomía de la Corte, como efecto indirecto de la paralización que derivaría del número excesivo de integrantes.  "El cargo de tentativa de copamiento, pues, es tácitamente desechado por la Acordada".  Oyhanarte había leído mejor que nadie, como ya se vería.
Petracchi fue elegido para presidir la Corte el martes 26 de setiembre, el Senado sancionó la ampliación de la Corte el jueves 28, y el general Riveros tenía cita con la Cámara de San Martín el viernes 13 de octubre.  El lunes 2, Granillo Ocampo anunció a Menem que tenía listos los decretos de indulto, pero Oyhanarte no entregó los informes que según la Constitución deben solicitarse antes a los tribunales.  Menem insistió en que deseaba firmar sin más dilaciones.  "No he renunciado.  Todo depende del diálogo que sostenga con el Presidente", dijo Oyhanarte al ingresar a la Casa Rosada, el mediodía del martes 3. "He renunciado.  Cuando asumí dije que sería por un breve lapso.  El Presidente y yo consideramos que está cumplido", corrigió al salir.
Al retirarse de la Casa de Gobierno, reveló que sólo hubiera permanecido en funciones si el Presidente hubiera accedido a retirar el proyecto de ampliación.  En cuanto se fue, Menem llamó por teléfono al subsecretario Hugo Rodríguez Sañudo, su socio en el estudio jurídico durante años, y le recriminó malhumorado que no tuviera todavía listos los expedientes.  "Que vengan todos los abogados de la Secretaría", ordenó Rodríguez Sañudo al colgar la comunicación con el Presidente.  Su despacho se llenó de gente en pocos minutos: allí son abogados todos los que no sirven café.  Eligió entre cincuenta a quienes deberían llamar por teléfono a todas las Cámaras Federales para confeccionar el informe (la Constitución no dice que deba ser por escrito).  Cuando el Presidente se despertó de la siesta le informaron que se demoraría la respuesta de la Cámara Federal de Rosario.  "Tienen tres días para mandar todo", lo escuchó decir el edecán de turno, vicecomodoro Javier Miravalle.  El sábado 7, al salir de Buenos Aires, dijo que no había decidido la fecha del indulto, y al llegar a La Rioja reveló que ya lo había firmado.

Con la atractiva metáfora de que había recibido un país en llamas, Menem se lanzó a acumular poder para sofocarlo, sin preocuparse demasiado por las formas.  En setiembre de 1989 el Congreso de mayoría radical le delegó sus facultades para vender el patrimonio social como mejor le pareciera.  En diciembre la cómoda mayoría oficial en el Senado permitió que la ampliación de la Corte fuera sancionada en dos semanas.  Pero la negativa radical a apoyar otra cosa que las leyes económicas hizo que el gobierno debiera aguardar hasta que los legisladores electos en mayo le dieran también la primacía en la Cámara de Diputados.  Aun así, en las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales el debate quedó empatado, y la ley no llegó al recinto hasta fines de marzo, luego de un verano inquietante para el gobierno.
El rápido fracaso del holding Bunge & Born en el Ministerio de Economía derivó en un rebrote hiperinflacionario e hiperrecesivo, con cierres de empresas pequeñas y medianas y corte de las cadenas de comercialización.  Más solo que nunca, Menem recurrió a los íntimos.  Su contador Clark Kent González, quien ya había acudido a los pedidos de socorro del Banco Central y del Ministerio de Salud y Acción Social, entró por una ventana del Palacio de Hacienda a reimplantar la ley y el orden bajo la asombrosa personalidad de Sup-Erman González.
La conversión en bonos del Estado de todos los depósitos a plazo fijo superiores a 600 dólares, muchos de cuyos titulares recurrieron a la Justicia; la sucesión de paros y movilizaciones iniciada por el primer gremio que había apoyado la candidatura presidencial de Menem, los colectiveros, cuyos afiliados recorrieron el centro de la ciudad gritando hasta enronquecer "Nos cagó, El Turco nos cagó"; las colas de varios kilómetros de menesterosos que aguardaban horas bajo el sol de enero la entrega de bonos de cinco dólares canjeables por alimentos ("casi un 70 por ciento del bono no ha ido a sus destinatarios reales", confesó Eduardo Bauzá, el ministro responsable de su distribución, quien en un informe oficial a la Cámara de Diputados sostuvo que el 64 por ciento del total se fue en gastos de impresión, traslados y comisiones bancarias; "parte de los bonos fueron a parar a otras manos y no a las de sus destinatarios; siempre hay un mercenario suelto", añadió el senador Eduardo Menem); la intervención militar en seguridad interior discutida por el Presidente y su ministro del Interior con el Estado Mayor del Ejército en el Regimiento de Granaderos, comandado por un familiar de Julio Mera Figueroa; la fallida incorporación al gobierno como primer ministro del derrotado candidato presidencial radical Eduardo Angeloz, con la bendición de la Iglesia y el aliento de la embajada de los Estados Unidos; la denuncia del ex presidente Alfonsín de que se estaba planeando el cierre del Congreso para gobernar por decreto; la marcha de los trabajadores estatales sobre el Parlamento, mientras el Grupo de los Ocho diputados peronistas disidentes reclamaba al Poder Ejecutivo la suspensión por noventa días de la ley de desguace del Estado y sus decretos reglamentarios; la elaboración de un decreto limitativo del derecho constitucional de huelga; la interpelación parlamentaria a Dromi concebida por la oposición como un cuestionamiento global a la política económica, imprimieron un carácter de urgencia al copamiento de la Corte Suprema.
"Menem está solo porque el Partido Justicialista no sirve para una mierda", llegó a decir José Rodríguez, uno de los dirigentes sindicales fieles al Presidente, cuyo enfrentamiento con otros ex aliados llegaba al agravio personal.  Acerca de la posible declaración de un paro general de la CGT inmediato a la marcha sobre el Congreso, Menem comentó que la Argentina estaba cansada de la protesta tanguera.  Saúl Ubaldini respondió que el Presidente debería escuchar "Acquaforte", el tango social de la década infame de 1930, que opone la historia de "un viejo verde que gasta su dinero emborrachando a Lulú con su champán", con la del patrón "que hoy le negó el aumento a un pobre obrero que le pedía un cacho más de pan", y los niños descalzos que venden diarios ganando monedas.  Efectivamente, concluye: "Qué triste es todo esto, quisiera llorar".  La relación sentimental de Ubaldini con Amira Yoma, quien había roto su provechoso contrato de matrimonio y turismo con Ibrahim al Ibrahim, convertía cada episodio de esta saga en un escándalo de familia.
Concluido el pacto de la transferencia, el bloque radical de diputados elaboró una táctica simple: ingresaban al recinto si sus votos, sumados a los de bloques minoritarios, podían formar mayoría.  De lo contrario, esperaban afuera hasta que el peronismo reuniera quórum lo cual obligaba a interminables negociaciones, con propios y aliados, y recién entonces se sentaban en sus bancas para oponerse.
El jueves 29 de marzo, el peronismo no consiguió quórum en su primer intento.  El presidente del bloque, José Luis Manzano, dijo que "Menem necesita la ampliación de la Corte Suprema, y parece que hay compañeros que se olvidaron de este hecho".  El vicepresidente, Augusto Alasino, explicó que la ampliación "es necesaria para agilizar la tarea del Poder Ejecutivo, perdón, del Poder Judicial", confesión que constituye uno de los gags más efectivos del video del psicólogo Miguel Rodríguez Arias, Las patas de la mentira, sobre los actos fallidos de los políticos.
Dispuesto a enfrentar la protesta sindical, Menem anunció el 3 de abril a un grupo de periodistas que también el gobierno instrumentaría lo que llamó un plan de lucha para defender su voluntad de privatizar las empresas públicas, que comenzaría por el descuento de los días no trabajados y llegaría hasta la quita de la personería gremial.  Además desmintió versiones sobre la renuncia de Mera Figueroa, cuya circulación atribuyó a los interesados en el cargo.  Para desalentarlos, dijo que si se produjera su alejamiento de urgencia, lo reemplazaría Barra, quien una vez concluida la preparación de las leyes de emergencia y los pliegos de las primeras grandes privatizaciones en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, había sido transferido por Granillo Ocampo al del Interior, como segundo de Mera Figueroa, con quien colaboró en las previsiones para la intervención castrense en seguridad interior, en caso de desbordes sociales.  Además de las tres virtudes teologales, Barra practicaba la lealtad peronista.  "Mis únicos dos jefes son Perón y Menem", se enorgullecía.

Para conseguir el quórum, el peronismo necesitaba de la presencia de sus aliados en el Frejupo (democristianos e intransigentes), de los partidos provinciales y hasta del Grupo de los Ocho, aunque luego votaran en contra.  En cambio la UCeDé, además del número para sesionar, debía proporcionarle los votos para aprobar el proyecto.  En todos los casos, los cabildeos fueron largos.  Francisco de Durañona y Vedia, quien admitía la ampliación a siete miembros pero no a nueve porque le parecía mal precedente que un gobierno pudiera disponer de la mayoría del tribunal por sí y ante sí, aceptó votar a favor en general y en contra en particular, a sabiendas de que así permitiría la sanción a la que declaraba oponerse.  El Grupo de los Ocho, con la solitaria excepción de Luis Brunati, quien se retiró airado del Congreso, accedió a facilitar el tratamiento del proyecto con incomprensión de los mecanismos institucionales y su importancia en la lucha política.  Uno de sus miembros, Franco Caviglia, no sólo ayudó a lograr el quórum sino que intervino en el debate en apoyo del proyecto de copamiento, con citas de un trabajo del Foro de Estudios Sobre la Administración de Justicia, (FORES), una institución de lobby creada en 1976 para defender a la dictadura militar de los cargos que se le formulaban por violaciones a los Derechos Humanos y consolidar desde la Justicia las victorias de la guerra sucia.  En cambio, se opusieron la liberal Adelina Inés Dalesio y el renovador salteño Jorge Folloni, en una demostración clara del cruce de posiciones que suscitaba el tema.
Así y todo, fue la votación más difícil para el gobierno, que pudo sesionar con quórum estricto de 128 diputados y luego obtuvo los dos tercios de los presentes a favor del tratamiento sobre tablas.  Recién entonces entraron los radicales, sin abandonar su propósito de dejar la sesión en minoría.  Para desmentir que el Poder Ejecutivo quisiera copar la Corte, el diputado Jorge Yoma, primo político del Presidente y ministro de su gobierno provincial riojano, propuso que el Senado prestara acuerdo a los nuevos jueces en sesión pública, de modo que el pueblo comprobara la falta de fundamento de tales sospechas y conociera la trayectoria de los notorios juristas que la integrarían.  No todo el bloque hizo tantos esfuerzos de simulación.  El peronista Miguel Camel Nacul admitió que siempre se tomaba en cuenta la adhesión a la fórmula política para designar a los jueces de la Corte, y que eso era correcto dado que el tribunal coparticipaba en funciones políticas.
Un diputado radical pidió pasar a cuarto intermedio porque a las 3 de la mañana ya se habían retirado los periodistas del recinto y un provincial de Tucumán porque si se sumaban las reuniones previas de comisión llevaban muchas horas reunidos y estaban cansados.  Manzano insistió con éxito en seguir hasta agotar la lista de oradores.  En un clima de creciente exasperación, el ex radical Oscar Alende, de 83 años, aliado del peronismo, repudió la Acordada 44 de la Corte y acusó a sus firmantes de ejercer la baja y menuda política, por lo cual era conveniente que los poderes Ejecutivo y Legislativo produjeran un cambio en la organización de la Justicia.  Alende arrancó aplausos al bloque peronista al terminar su discurso con una diatriba inesperada y sin relación con el tema contra Alfonsín.  Dijo que había sido un error aceptarle la renuncia, porque si hubiera continuado hasta el 10 de diciembre el país habría advertido que dejaba como legado a la República la hiperinflación.
-No vale tanto una banca, doctor Alende -le dijo Federico Storiani, casi superpuesto con César Jaroslavsky, que gritaba:
-Usted paga el precio por su banca.
El anciano le replicó con el clásico:
-¡No me insulte porque no se lo voy a permitir!
Y Jorge Yoma no se privó de otro aporte al folklore nacional: 
-¡Gorilas, cállense la boca!
Los radicales se fueron retirando en forma paulatina del recinto, hasta que sólo quedaron César Jaroslavsky, Melchor Cruchaga, Lorenzo Cortese y Carlos Mosca.  Cuando el evidente Simón Lázara, del satélite Partido Socialista Unificado en Sí Mismo, intentó seguir el éxodo, el presidente de la Cámara, Alberto Pierri, se negó a dejarlo salir.  A las 5.20 del 5 de abril de 1990, luego de nueve horas de sesión, el liberal Federico Zamora pidió el cierre del debate, cuando quedaban treinta oradores inscriptos. Dos empleados del bloque radical se ubicaron cerca de la bancada justicialista para controlar el tablero electrónico, que puede accionarse presionando en la banca con la mano sin estar sentado, y que no hubiera cafeteros en lugar de legisladores, como la noche en que se votó la ley de emergencia.  Durante el debate, el presidente del bloque radical denunció que había en el recinto lo que llamó diputados falsos o dibujados en las bancas.
-Ché, coloradito, rajá de acá o te fajamos -dice el secretario parlamentario radical Carlos Giacobone que le dijo un diputado peronista.  Luego le habrían colocado una pistola en la espalda, mientras seguían los forcejeos entre radicales y peronistas, que discutían si había o no número para sesionar.  Mientras los últimos radicales se levantaban para dejar a la Cámara en minoría, los agentes del gobierno apuraron la votación, de modo que en apenas 41 segundos la ampliación de la Corte se convirtió en ley.  Contra lo que marca el reglamento sólo se votó en general y nunca se produjo la votación en particular, en la que la UCeDé había anticipado que no aceptaría el número de nueve ministros.  Tampoco se votó artículo por artículo, sino agrupándolos de a dos. Que los diputados oficialistas cantaran la desactualizada marcha Los muchachos peronistas, y que los archienemigos Alberto Pierri y José Luis Manzano se besaran, mide la importancia fundamental que el gobierno le asignaba a una ley que le permitiría controlar el único poder que aún no obedecía órdenes de la Casa Rosada.
El 5 de abril la Cámara de Diputados sancionó la ampliación.  El 11, la vieja Corte aceptó el indulto a procesados, en un gesto de condescendencia hacia el gobierno que la había vejado.  El 17, Menem promulgó la ley; el 18, envió los pliegos de los nuevos jueces, que el Senado aprobó el 19, en una sesión de apenas siete minutos a la que no asistieron los radicales, aduciendo que el apresuramiento oficial les impedía evaluar si reunían las condiciones jurídicas, académicas, personales y de independencia requeridas.  Menem declaró que nadie había preguntado a los nuevos ministros, que asumieron el 26 de abril, a qué partido pertenecían.  No era necesario.
Julio Oyhanarte había renunciado a la Secretaría de Justicia el 3 de octubre, cuando Menem rehusó retirar el proyecto de ampliación.  Pero en noviembre mudó de idea y aceptó substituir a José Severo Caballero, quien, en cuanto la atención pública se distrajo de la Corte, cumplió su promesa de renunciar.  "Reflexioné y me di cuenta que todo depende de quiénes lleguen a ser los nuevos integrantes", explicó Oyhanarte.  "Si todos fueran como yo en el sentido de su neutralidad política, su no militancia en el peronismo o el menemismo, me parece inobjetable.  Si en cambio nombran ministro al sobrino de Menem, al tío de Menem, al primo de Menem o a algún peronista militante de una Unidad Básica, me parece muy mal".  Para su tranquilidad, entre los cinco nuevos ministros no había primos, sobrinos ni tíos de Menem.  Pero todos, salvo uno, estaban vinculados en forma directa con su familia o con su gobierno, comenzando por el propio Oyhanarte, quien fue secretario de Justicia del mismo presidente que lo colocó en la Corte.  Durante el debate por la ampliación, el diputado radical Jorge Vanidossi cuestionó el argumento oficial del atraso de trabajo en la Corte con el ejemplo de Oyhanarte, que tenía acuerdo del Senado desde diciembre y no se hacía cargo.  Jorge Yoma replicó que asumiría luego de la ampliación, cuando la Corte se dividiera en salas.  Oyhanarte recién juró en abril, en la misma ceremonia con Ricardo Levene (h), Mariano Cavagna Martínez, Rodolfo Carlos Barra y Julio Salvador Nazareno, y la Corte nunca se dividió en salas, como para no dejar dudas, ni siquiera en esos detalles, de qué operación se trataba.

Ricardo Eugenio Gabriel Levene (h), de 76 años, había sido asesor de César Arias, quien sucedió a Oyhanarte en la Secretaría de Justicia.  Autor de diez tomos sobre derecho procesal y penal, y redactor de los códigos procesales de La Pampa, Chaco, Neuquén, Chubut, Formosa, Misiones, Santa Cruz y Tucumán, también elaboró la reforma al Código Procesal Penal de la Capital, que Menem remitió al Congreso. Su artículo 176 devolvía validez a la mal llamada declaración espontánea ante la policía.  Arslanián, sucesor de Arias en Justicia, eliminó esa licencia para torturar.
La designación del montesco Levene alborotó al peronismo judicial, por la histórica enemistad nacida durante la primera presidencia de Perón con el capuleto Hugo Benedicto Alfredo Anzorreguy, quien expresaba su aristocrático desdén llamándolo Ricky Levín.  Al plantearse su candidatura a la Corte en 1973, los Anzorreguy lo acusaron de haber asesorado a un coronel de la SIDE bajo la Revolución Libertadora que reprimió al peronismo, y de no haber cantado la marcha en un acto de abogados peronistas. El folklore peronista dice que, para desmentirlo, Levene mostraba una foto de la ceremonia en la que se le veía con la boca abierta.
Ministro de la Corte Suprema de Justicia hasta el derrocamiento de Isabel Perón, cuando Levene reasumió en 1990 fue preciso que El Tata Anzorreguy fuera designado conjuez de la Corte para restituir el equilibrio del cosmos peronista.  No obstante, los Anzorreguy hicieron circular copias del expediente jubilatorio de Levene, en el que constaba su colaboración con los servicios de inteligencia de la revolución antiperonista del '55, y su pequeña pretensión de cobrar tanto el sueldo como la jubilación por el mismo cargo de juez de la Corte.  Incluía una carta de puño y letra de Levene en la que comunicaba al presidente de la Caja de Previsión del Personal del Estado que, desde el 19 de enero de 1956 hasta el 28 de febrero de 1957, había prestado servicios como asesor letrado de la SIDE, de la que adjuntaba un certificado.  Levene manifiesta que aquel cargo le fue conferido por la dictadura de Aramburu "como especie de reparación moral" por su cesantía como juez en 1955, pero que "no borró el irreparable daño material", declaración de veras notable en labios de un peronista.
Con la misma vocación de servicio que había demostrado en los ministerios de Obras Públicas y del Interior, Barra marchó a evangelizar a los impíos en la Corte Suprema.  Su intervención en las leyes de emergencia y los pliegos de las licitaciones le resultaría de especial utilidad, y su pregonada lealtad a Menem sería puesta a prueba.
El catamarqueño Julio Salvador Nazareno fue jefe de policía de La Rioja bajo la dictadura de Onganía y presidente del Superior Tribunal de Justicia.  Entre un cargo y otro, compartió su estudio con Eduardo Menem.
Mariano Augusto Cavagna Martínez había sido jefe de gabinete del intendente de Buenos Aires Leopoldo Frenkel en 1973, subsecretario de Justicia de la provincia de Buenos Aires y asesor de su ministro de Educación en 1974.  Cuando Menem lo ubicó en la Corte Suprema de la Nación, era presidente de la Suprema Corte de Buenos Aires, en la que fue designado con acuerdo del Senado por el gobierno radical en 1983.
Sin esperarlo, el gobierno se encontró con una sexta vacante.  El mismo día que la ley de ampliación se publicó en el Boletín Oficial, presentó su renuncia Jorge Bacqué, el ministro que mayor independencia había demostrado siempre respecto del Poder Ejecutivo, cuyas disidencias en temas como la obediencia debida serán ejemplares testimonios de época, y el único de los cuatro firmantes de la Acordada 44 que se hizo cargo de sus consecuencias.  Su dimisión individual se remitió a aquel texto colectivo.  Bacqué señaló la inseguridad jurídica que se derivaría de una mutación brusca de la doctrina y jurisprudencia del Tribunal y, al desechar una vez más que hubiera atraso en las sentencias, dejó implícito que aquella repentina metamorfosis era el real propósito de la reforma y de la nueva integración del Tribunal, aunque reconoció que la ley no merecía reparos constitucionales.
Mientras acomodaba sus libros en canastos de mudanza, concedió un reportaje en su despacho de la Corte.  Explicó que la Constitución Nacional había querido dar mayor estabilidad al Poder Judicial:
-Un diputado cambia cada cuatro años, un senador cada nueve, y el presidente de la República cada seis.  En cambio los jueces son nombrados de por vida y son inamovibles.  El Poder Judicial se cambia porque un año se muere uno, otro año se jubila otro, a los dos años se enferma uno o renuncia porque está cansado, y entonces, los que vienen se van incorporando poco a poco y van incorporando también sus ideas.  Y van luchando para que los que quedan las vayan aceptando.  Y esto hace que la jurisprudencia vaya evolucionando lentamente a través de los años.  Esto es muy importante porque entonces los ciudadanos, la gente a la cual va destinada la ley, pueden ir tomando conocimiento de cuáles son los rumbos jurisdiccionales que se van arando poco a poco.  Si usted en un tribunal que tiene cuatro miembros incorpora cinco, lo que se ha hecho es incorporar una mayoría.  Y Con esto la seguridad jurídica disminuye.
-¿No hubiera sido mejor plantear las cosas dentro de la Corte? -le preguntaron.
-No sé, en todo caso no tuve el coraje para afrontarlo. O no tuve ganas. ¡Qué se yo! -contestó.
Para atenuar el impacto de esta renuncia tan sobria como implacable, que no formulaba reproches a las personas sino al método, Menem ofreció la vacante al radical Fernando De la Rúa, triunfador en los comicios para senador por la Capital, cuya banca le fue arrebatada en el Colegio Electoral por una combinación entre el peronismo y la UCeDé.  Sin deseos de blanquear con su presencia una Corte modelada a imagen y semejanza del Presidente, De la Rúa se excusó en razones de ética, ya que había sido el senador informante contra la ampliación.  César Arias viajó a Mendoza, donde puso el cargo a disposición de otro ex ministro de la Corte, Ernesto Corvalán Nanclares.  Luego de dos semanas de vacilaciones Corvalán declinó la propuesta "debido al enrarecido clima de corrupción que se respira en el país".  Puso en duda el éxito de la denominada revolución productiva porque "la primera condición ineludible es la inversión de capitales, a lo que no está dispuesto Estados Unidos", y afirmó que "el justicialismo no necesita de las alianzas con los liberales para encontrar respuestas dentro de su doctrina, de su propia filosofía".  En una declaración en el viejo tono peronista, acusó a "los grandes monopolios, las grandes y poderosas entidades financieras y comerciales del país que le hicieron la vida imposible al presidente Alfonsín, y llevaron al punto de una catástrofe en la cual el ex presidente se vio obligado, para evitarla, a entregar anticipadamente el poder", y reveló que "en el plano casi subconsciente me sentí muy incómodo en Buenos Aires por el clima de corrupción, de perversión de cosas, a tal punto que me siento moralmente defraudado porque creo que los principios éticos y morales sustanciales están siendo masivamente desconocidos".  También sostuvo que "la alianza con Bunge & Born no condujo a nada, y el acuerdo con el liberalismo es en la práctica una negación de toda una vida de lucha del justicialismo como alternativa frente a las propuestas marxistas o liberales".
Sin más tolerancia para contendores que le devolvían el saque con objeciones éticas, Menem decidió completar el tribunal de un solo ace, y designó como noveno juez de la Corte al vicepresidente de la Asociación Argentina y de la Confederación Sudamericana de Tenis.  Nacido dos años después del fusilamiento por los republicanos españoles de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, Eduardo José Antonio Moliné O'Connor tenía otro título para ocupar un asiento en la Corte de los Amigos: tres de sus hermanas están casadas con el secretario de Inteligencia del Estado, Hugo Anzorreguy, su hermano Jorge, uno de los más eficientes digitadores del Poder Judicial argentino a quien docenas de jueces deben sus cargos, y el ex socio de Moliné y ex ministro de la Corte, Manuel Arauz Castex.  Mientras Arauz Castex la integraba, el estudio, que quedó a cargo de Moliné O'Connor, ganó en la Corte el juicio de veinte años y casi diez millones de dólares por la devolución de los terrenos del Albergue Warnes.

Petracchi presidía la Corte desde setiembre de 1989 y pretendía mantener ese cargo durante los tres años para los que había sido elegido. Oyhanarte se abstuvo de asumir, porque recién cuando se concretara la ampliación Menem estaría en condiciones de cumplir su promesa de apoyarlo para la presidencia.  Molesto al comprender que no podría retener el cargo, de valor sólo protocolar salvo cuando se trata de la sucesión presidencial por acefalía, Petracchi volcó su apoyo hacia Levene, con quien tenía menos afinidades que con Oyhanarte, y consiguió que fuera designado para sucederlo.
La amistad de Petracchi con Eduardo Menem no garantizaba una relación pacífica con el menemismo, pero sólo un incontinente verbal como César Arias pudo conseguir el milagro de un malentendido entre el Poder Ejecutivo y su casi doméstica Corte Suprema.  "Hemos detectado que en un juicio por regalías petroleras el ministro [Petracchi] tuvo una actuación perjudicial para los intereses del Estado", espetó Arias en un reportaje sobre corrupción en el Poder Judicial.  Como titular del Poder Judicial el deber de la Corte es "velar por la vigencia real de principios de rango constitucional y por el logro de la plenitud del estado de derecho", respondió el tribunal.  El Poder Judicial es la última garantía de los derechos de la comunidad, añadió.  Su compromiso es con esos derechos, tal como los consagra la ley, es decir con el estado de derecho, no con los intereses del Estado.
Arias no se expresó mal, ni fue citado fuera de contexto.  Dijo lo que se proponía decir.  La Corte tampoco escogió al azar las palabras de su réplica, que parecen extraídas del ensayo de Jürgen Habermas sobre la revaloración en la Alemania contemporánea de Carl Schmitt, y con él, del derecho nazi.  Es otra paradoja de este tiempo de conversos que los campeones de la privatización se inspiren en el doctrinario de la estadolatría.
En la Noche de los Cuchillos Largos, la Gestapo y las SS exterminaron a un millar de personas que incomodaban al canciller Adolfo Hitler, quien se presentó ante el Reichstag como el único responsable.  El Parlamento delegó su facultad de dictar leyes y el Consejo de Ministros sancionó una que textualmente decía: "Las medidas tomadas los días 30 de junio, 1 y 2 de julio de 1934 para contrarrestar las tentativas de traición y de alta traición son consideradas como medidas urgentes de defensa nacional y, por lo tanto, legales".  Schmitt arguyó entonces que debían dejarse de lado "restricciones como el precedente jurídico y la compulsión de basar los juicios sobre la comprobación de los hechos, buscando en cambio la colaboración creativa con la voluntad de la Conducción".  Y el más alto tribunal administrativo de Alemania sentenció que en el Estado nacional-socialista la legislatura, la administración y la judicatura no podían estar legalmente opuestas.  En consecuencia, el Poder Judicial no podía "desautorizar ninguna acción del Estado tomada como medida política".
Aunque la situación es incomparable, la filosofía del Estado es la misma.  En esto no hay diferencias entre menemistas.  La pretensión del rojo Arias es idéntica a la del celeste Dromi, quien durante la sesión famosa de la Comisión Bicameral, dirigiéndose al micrófono oculto y a la posteridad, exhortó a no alejarse de la realidad y planteó la opción: "Lógica jurídica, Kant, Kelsen, Carlitos Cossio y ya vemos qué pasa, el simbolismo de la teoría pura del derecho. O esto: la praxis política, la Argentina real, la Argentina del presente".  Es decir, el país arrodillado donde todo se justifica por la voluntad de la Conducción y el Estado de Emergencia.
Carlos Corach ya no era subsecretario del Interior, sino subsecretario general de la Presidencia, siempre junto a Eduardo Bauzá, con quien también había pasado por el Ministerio de Salud y Acción Social.  Pero seguía siendo el tipo insuperable para los trabajos que otros rehuían.  En noviembre de 1990 visitó al presidente del Tribunal de Cuentas de la Nación, Alberto Pedro Porretti:
-Queremos la renuncia de los cinco -dijo.
Porretti, Roberto González Dosil, Eduardo Antonio Cedale y Néstor Mariano Victorero ocupaban sus cargos desde las dictaduras militares de Lanusse y Videla.  Mientras ellos discutían qué hacer, Bauzá le ofreció otro trato al contador José Luis Devoto, tal vez en atención a que su nombramiento fue firmado por Raúl Alfonsín.  En una reunión nocturna, le propuso confirmarlo en el Tribunal y designarlo su nuevo presidente.
El vicepresidente Eduardo Duhalde firmó el curioso decreto de “cese por renuncia", cuyos considerandos sostienen que la ley 20.677 suprimió el artículo 78 de la ley de contabilidad, que exigía el acuerdo del Senado para nombrar a los integrantes del tribunal y las mismas causas que los jueces para su remoción, es decir el juicio político por mal desempeño.  De hecho, ninguno de los erradicados tenía acuerdo de la Cámara de Senadores.
El conflicto del Poder Ejecutivo con los integrantes del Tribunal de Cuentas obedeció a cinco episodios:
1. Su observación a la compra de 1,3 millones de guardapolvos de Bauzá.  La empresa Herrera Hnos. cobró por ellos 15.000 millones de australes en marzo, y los entregó en abril, con lo cual la única inversión de riesgo la realizó, como de costumbre, el Estado.  Por ello, el tribunal formuló denuncia penal;
2.	su cuestionamiento a la privatización de la facturación de servicios públicos, que a raíz de ello se postergó;
3.	su rechazo a la tasación de los activos de Aerolíneas Argentinas atribuida al Banco Nacional de Desarrollo.  El tribunal sostuvo que la tasación era obra de los bancos First Boston y J.P. Morgan, y no del Banade como mandaba la ley de desguace del Estado;
4.	su impugnación del contrato de Villalonga-Furlong con Encotel, y
5.	su negativa a aceptar la renegociación por mayores costos de los contratos con las empresas constructoras del puente Encarnación-Posadas.
Villalonga-Furlong, demandó a Encotel por rescisión de un contrato de cinco años de duración, por 10,7 millones de dólares.  El 14 de marzo de 1990 los ministerios de Obras y Servicios Públicos y de Economía concluyeron un acuerdo transaccional, ratificado dos semanas después por decreto 605 del 28 de marzo.  El monto actualizado de la transacción fue de 25,6 millones de dólares.  El Tribunal de Cuentas observó la desproporción evidente: por tres años de inejecución del contrato se otorgaba "una compensación 138,83 por ciento superior a la erogación que hubiera demandado la ejecución íntegra del mismo".
Esto no era todo.  Descubrió, además, que la transacción cerrada al 13 de marzo fue por 66.812 millones de australes, y el crédito que se incorporó dos semanas después para darle cumplimiento, mediante una medida del 28 de marzo, de 127.000 millones de australes.  "Se advierte una diferencia en más del 90 por ciento, la cual en principio no responde a ningún cálculo de actualización con aplicación de los índices correspondientes, no surgiendo sobre qué proyección financiera se estimó ese importe presupuestario", dictaminó.  Luego de afirmar que "dicho acto administrativo carece de causa, resultando en consecuencia inviable", el tribunal observó el decreto y remitió copia de su dictamen al juzgado donde se tramitaba el asunto.
El 12 de noviembre de 1987 el Consorcio Puente Posadas-Encarnación (Sideco Americana, EACASA y SIUGE Argentina) reclamó renegociar el contrato y reajustar sus valores.  Sostuvo que a su vencimiento, en 1986, se le exigió para su prórroga la renuncia a los reajustes por diferencia de costos, costos financieros, costos de importación, inflación exterior y paridad Bonex.  Tanto el Ministerio de Obras y Servicios Públicos cuanto la Dirección Nacional de Vialidad se pronunciaron en contra, considerando que ese condicionamiento no estaba probado, y en 1988 se rechazó el pedido de renegociación del contrato.  Pero dos resoluciones de enero y marzo de 1990 se allanaron a los reclamos.
En su dictamen, que culminó con una denuncia penal, el Tribunal de Cuentas destacó "la gravedad que este tipo de conductas asume sobre todo en un caso como el presente, que se traduce en la creación artifíciosa de un compromiso económico a cargo del Estado, de 36.649.800	Bonex 87 -equivalente hoy a su valor de mercado a 20.249.014	 dólares (cierre de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, del 27 de marzo de 1990, cotización en U$S: 55,24)-".
"Si bien aparentemente se aprueba una quita del 21,33 por ciento sobre el monto reconocido al consorcio –añadió-, esta quita en realidad es inexistente por cuanto queda neutralizada al reconocerse al mismo un interés del 12 por ciento anual sobre el capital anualizado, en lugar del 5 por ciento anual que legalmente hubiera correspondido aplicar, en el supuesto hipotético de que hubieran tenido derecho a lo reclamado.  Esta situación incrementó la deuda un 24,7 por ciento más que si se hubiera aplicado la tasa del 5 por ciento anual.  Fácil es advertir que no sólo no se ha efectuado quita alguna sino que con este ingenioso procedimiento se logra un beneficio adicional e improcedente para el consorcio del 3,4 por ciento."
Seis días antes de la transacción impugnada, por la que el Estado se comprometió a pagar al consorcio la deuda inexistente con Bonex 87 a su valor de mercado, es decir lisa y llanamente dólares, el decreto 36/90 había dispuesto la cancelación de los muy reales depósitos a plazo fijo, cajas de ahorro especiales, garantías por préstamos y aceptaciones, acreencias de entidades financieras contra el Banco Central, y obligaciones de la deuda pública interna con Bonex 89 a su valor teórico.  "Si los créditos de un determinado grupo, integrante de la categoría acreedores del Estado fueron cancelados mediante la entrega de Bonex 89 a su valor teórico -sostuvo el Tribunal de Cuentas-, idéntico temperamento corresponde aplicar para cancelar los créditos de otro grupo de la misma categoría (en este caso contratistas del Estado)", ya que de lo contrario "se violaría así el principio de igualdad garantizado por el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional, si se entregara a los contratistas del Estado, Bonos Externos al valor del mercado, cuando en forma simultánea o por las mismas razones de emergencia se entrega a otros acreedores del Estado los mismos bonos a su valor teórico".  De este modo, concluyó, mientras el conjunto de los acreedores comprendidos en el decreto 36/90 sólo obtendrían el 38,6 por ciento de su acreencia, los beneficiados por la transacción observada recuperarían el 100 por ciento.
El dictamen fustigó "la excesiva generosidad de la cual participa el mismo director general de asuntos jurídicos en el manejo de fondos públicos, máxime cuando el país transita por una situación de emergencia declarada por ley.  Ello puede advertirse con sólo comparar el informe emitido por la misma dirección y las estimaciones que sobre los mismos rubros efectúa Vialidad, representando el reconocimiento que acepta esta última sólo el 10,44 por ciento del primero.  Tampoco se justifica retribuir a la empresa el uso de su propio capital mediante el porcentaje resultante de la diferencia entre las tasas activas vigentes en cada período y el índice de precios mayoristas correspondiente, pues ninguna norma habilita tal procedimiento.  Esto se traduce en el reconocimiento de un interés total del 75 por ciento sobre el capital actualizado por un período de 18 meses, lo cual es manifiestamente improcedente".
Desde que el Tribunal de Cuentas fue creado por el dictador Pedro Aramburu en lugar de la Comisión Revisora de Cuentas del disuelto Congreso, nunca hubo tantas observaciones de semejante magnitud en tan poco tiempo.  Anegada con una mayoría automática la Corte Suprema, removidos los molestos miembros del Tribunal de Cuentas, Dromi y su Barra se proponían directamente eliminar el poder jurisdiccional de vetar actos administrativos, y al mismo tiempo dar una pátina de control mediante la creación de una Controladuría General de la República, ese organismo cuyo nombre Menem utiliza para sus ejercicios de oratoria con los maestros Saborido y Quiroga.
Lo más notable fueron los nombres de los convocados para suplantar a los suprimidos jueces del Tribunal de Cuentas, entre ellos uno de los funcionarios a quienes ellos incriminaban:
•	El asesor de Eduardo Menem en el Senado, Héctor Luis Agustini;
•	el ex jefe de la Dirección Nacional de Coordinación Administrativa y ex director general de asuntos jurídicos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Héctor Jofré, quien había intervenido en 1a confección de los pliegos para la licitación de las rutas por peaje y en la preparación de los pliegos de venta de Aerolíneas Argentinas;
•	el funcionario de financiamiento externo del Ministerio de Economía Roque Eduardo Ceballos, y
•	el miembro de la Comisión Asesora de la Subsecretaría de Justicia, Vicente Antonio Barros.

En la Procuración del Tesoro de la Nación, de la que depende el cuerpo de abogados del Estado que instruye sumarios a sus agentes, asesora al Poder Ejecutivo, y representa a la Nación en juicios, fueron designados sucesivamente tres incondicionales del menemismo: César Arias, Carlos Alfredo García y Jorge Maiorano, entonados respectivamente de Carlos Menem, Eduardo Bauzá y el Hermano Eduardo. Recién en 1991 el nombramiento de Alberto García Lema sugirió alguna estima por las funciones del cargo.  Sin embargo, el dictamen iniciado por Maiorano y concluido por García Lema sobre el escándalo Swift-Yoma se orientó ante todo a determinar quién había dejado trascender el episodio a la prensa.  Cotejado con la instrucción que realizó el juez federal Miguel Pons, no parece dirigido a esclarecer nada.  Maiorano pasó de la Procuración del Tesoro a la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, y por su conocimiento del caso recibió el encargo de coordinar las respuestas que los funcionarios debían dar por escrito a las preguntas de Pons.  El jefe del espionaje gubernativo, Hugo Anzorreguy, remitió un chasqui para que averiguara cuándo recibiría su cuestionario.  Pons le respondió que no estaba interesado en su testimonio.  Recién entonces se celebró una reunión de gabinete a la cual cada uno llevó su oficio, para que Maiorano concertara las respuestas.  Sólo el vocero presidencial, Humberto Toledo, contestó con independencia, y confirmó lo que ya se sabía por la prensa.  Antes de que terminara 1991 se esperaba un decreto de Pons: si bien la confabulación entre los funcionarios y la negativa de Swift a colaborar con la Justicia tornaban muy difícil la prueba legal del delito, los indicios concordantes eran tantos y tan graves que sólo era previsible un bochornoso sobreseimiento provisional y, tal vez, el procesamiento de algún ministro por falso testimonio.
Mientras el de procurador del Tesoro sea considerado un cargo político, el público carezca de acceso a sus dictámenes y no se archiven los antecedes de cada uno de ellos, con la opinión de los asesores que fueron consultados, a los efectos del control republicano lo mismo daría que el organismo desapareciera.  Por otra parte, es absurdo que los abogados del Estado tengan ejercicio libre de la profesión, en lugar de ser funcionarios full-time con remuneraciones equivalentes a las de los mejores estudios privados y equipamiento de primer nivel en materia de información jurídica.

Alberto González Arzac fue renunciado de la Inspección General de Justicia en setiembre de 1990, luego de formular objeciones a la legalidad de los procesos de alienación de Aerolíneas Argentinas y ENTel, como se describe en los capítulos 7 y 9, y Ricardo Molinas eyectado de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas por un decreto que Menem firmó en febrero de 1991, cuando estaba investigando los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica y administración fraudulenta que se habrían cometido en el decreto que declaró de interés nacional el proyecto petroquímico de Enron-Westfield que se analizará en el capítulo 10.  González Arzac no opuso resistencia, pero Molinas recurrió a la Justicia.  Un juez de primera instancia y la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal dijeron que sólo podía ser removido mediante juicio político, que su remoción había constituido una ilegalidad manifiesta, sin causa válida y sin sumario previo y ordenaron su reposición en el cargo.
Cuando el procurador del Tesoro llevó el caso a la Corte, el ministro Belluscio sostuvo que no resultaba razonable que el funcionario encomendado de fiscalizar la actuación de la administración pudiera ser removido sin causa, o sin debida justificación de ella, por el jefe de la propia administración cuya fiscalización la ley le encomienda, ya que ello le quitaría toda independencia.  Fayt recordó que el decreto ley 11.265 -que en 1962 creó la Fiscalía- dispuso que ésta investigara los actos de los funcionarios públicos y calificara su conducta, como parte de la función permanente del Estado de velar por el cumplimiento de las leyes y por la observancia de las normas de moralidad que posibilitan la convivencia pacífica y digna.  Para ello le otorgó a su titular jerarquía de fiscal de Cámara y requirió que su nombramiento contara con acuerdo del Senado.  Era entonces un despropósito incluirlo entre los empleados de la administración que según el artículo 86, inciso 10 de la Constitución Nacional dependen del Presidente, ya que el fiscal general debe promover la investigación de la conducta administrativa de los agentes integrantes de la administración nacional.  "Resulta pues un sinsentido incluir en el ámbito del significado de la expresión constitucional a quien explícitamente la ley ha puesto fuera de esa referencia, como órgano de contralor de la conducta de tales empleados".
En el voto más contundente, Petracchi sostuvo que cabía decir "de una vez por todas, sin vacilaciones ni componendas, que el cese de un fiscal general es algo muy grave".  Agregó que "el estado actual de desarrollo de las democracias y de la cultura de los pueblos ha hecho de la transparencia, publicidad y razonabilidad del obrar de los funcionarios, una cuestión crucial.  Están en ello comprometidos los propios cimientos de dicho sistema político en la medida en que, cabe repetirlo, los gobernantes son sólo representantes del pueblo, el cual, por ser el soberano, reside en él el derecho inquebrantable de elegir a aquellos y de conocer cómo ejercen su representación".  Con otro ánimo que el día en que negó apoyo a D'Alessio en la misma situación que ahora enfrentaba Molinas, Petracchi también recordó que "la Constitución, bueno es decirlo, no es una marioneta verbal".
"No sería concebible que un funcionario a quien la ley ha encomendado fiscalizar el accionar de la administración, dotándolo de amplias facultades -que, entre otras, comprende la de informar al Poder Ejecutivo cuando estimare que la permanencia en funciones de un ministro, secretario de Estado o funcionario de jerarquía equivalente, pueda obstaculizar gravemente la investigación- pueda ser removido con prescindencia de toda formalidad, a semejanza de lo que sucede con los funcionarios que tienen colaboración inmediata con la gestión presidencial", añadió.  Con citas de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, consideró que "no cabe esperar que quien depende de la voluntad de otro para permanecer en su cargo actúe en forma independiente respecto de éste último".  El fiscal general "ha sido puesto por la sociedad con la misión de controlar la gestión de la administración y, cuando corresponda, denunciar a los que espuriamente desnaturalizan el poder que, en mayor o menor grado, detentan.  Esta tarea no resulta compatible con un emplazamiento lábil que, más que actuar como incentivo para denunciar lo ilegítimo, se convertiría en el indeseable aliado de turbias complacencias, alterando lo medular de la responsabilidad a la que ha sido llamado".
Recuperando el tono de la Acordada 44, Petracchi concluyó que “ante la ilegitimidad palmaria" del decreto, "corresponde a esta Corte intervenir con el objeto de reparar la grave lesión inferida al actor.  Ello es así pues los integrantes de este Tribunal no hemos prestado el juramento constitucional para facilitar o dificultar los propósitos políticos de los gobiernos de turno; lo hemos hecho simple y exclusivamente para decidir si ellos se adecuan a la Constitución Nacional y, por lo mismo, no sería saludable que el alto contenido emocional que suelen tener dichos propósitos nos impresionen de tal modo que lleguemos a depender de ellos.  Somos los guardianes supremos de los principios constitucionales, entre los cuales está el de evitar cualquier exceso de los otros poderes.  Tenemos el deber ineludible de pronunciarnos ante cualquier intento de desconocer dichos principios".
Pero aquí volvió a verse la importancia fundamental de la mayoría automática con la que Menem había anegado la Corte.  Por unanimidad resolvieron que el fiscal general no gozaba de inmunidad en los términos del artículo 45 de la Constitución Nacional, aunque hubiera sido nombrado con acuerdo del Senado.  Levene, Barra, Cavagna, Moliné, Nazareno y Antonio Boggiano (que había reemplazado a Oyhanarte) sostuvieron que el Presidente, como jefe supremo, tenía a su cargo la administración general del país y el Congreso no podía retacear esa potestad otorgando estabilidades no comprendidas por la Constitución.  Ni siquiera consideraron necesario el sumario administrativo, aduciendo que los órganos del gobierno nacional que ponen en ejercicio poderes conferidos por la Constitución están autorizados a elegir los medios que les parezcan más conducentes.  Como Molinas estaba sometido a proceso, recaía sobre él una fundada sospecha, causa suficiente y razonable para que resultara inadmisible su permanencia en la función.  Por supuesto sin afectar la presunción constitucional de inocencia.  Es decir, la vieja fórmula: es inocente pero marche preso.  En su reemplazo fue designado Jorge Pinzón, cuyo hijo Octavio pasó de asesor del ministro del Interior Julio Mera Figueroa a la Secretaría de la Función Pública con Gustavo Béliz.

Suprimidas la independencia de la Corte, la Procuración General de la Nación, el Tribunal de Cuentas, la Procuración del Tesoro, la inspección General de Justicia y la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, sólo quedaba en pie la Sindicatura General de Empresas Públicas, encargada de efectuar auditorías y control de gestión en las empresas públicas y de elevar sus dictámenes al Ministerio de Economía.
El 23 de agosto de 1991, Menem firmó el decreto por el cual se redujo su rango de Secretaría de Estado al de Dirección Nacional, subordinada a la Secretaría de Planificación de la Presidencia.  En los meses anteriores la SIGEP había impugnado la adjudicación de tres ramales ferroviarios en las condiciones convenidas por el Ministerio de Economía (General Urquiza a Renfe, Rosario-Bahía Blanca a Techint, y Delta-Borges a Sociedad Comercial del Plata), se había opuesto a los pagos a proveedores de ENTel autorizados por María Julia Alsogaray, y había dictaminado que la deuda reconocida por el Estado a Iberia estaba inflada.  Según el Ministerio de Economía, la SIGEP retrasaba el cronograma de privatizaciones, pero los síndicos replicaban que nunca habían excedido el plazo de diez días para pronunciarse que les concedía la ley de emergencia administrativa.  También Mario Truffat, quien nunca había sido beligerante contra el gobierno, fue desembarcado de mala manera.

La elevación de Levene a la presidencia de la Corte abrió una nueva etapa.  Petracchi se separó de su mujer, se casó con su bellísima joven secretaria y se replegó a la vida privada.  El poder en el cuarto piso se había deslizado hacia otras manos.  Avanzando sobre los años y el cansancio de Levene se creó un Consejo de Administración, en el cual se concentraron las facultades de superintendencia que hasta entonces descansaban en el presidente.  En Tribunales el organismo es denominado Fuerza de Tareas Menem Conducción.
Barra y Cavagna Martínez lo dotaron de un Cuerpo de Auditores cuya dirección encomendaron a Juan Carlos Corbetta.  Profesor de la Universidad Católica y miembro del Cuerpo de Inspectores de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires desde la penúltima dictadura militar, los golpistas de 1976 designaron a Corbetta secretario de Superintendencia con imperio sobre designaciones, licencias y cesantías en toda la provincia, ya que esa Corte no delegó sus facultades en las Cámaras como ocurre en la Justicia Nacional desde 1952.  Permaneció allí durante todo el gobierno radical, hasta que Italo Luder lo designó director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa. Cavagna Martínez lo trajo a la Corte Suprema de la Nación en 1990, con el propósito de crear un instrumento de control como el de la provincia, que les permitiera tener al Poder Judicial en un puño.  Su conformación es un dispendio irritante en tiempos de escasez.  La Corte de cinco miembros, acusada por el Poder Ejecutivo de delegar tareas en funcionarios de menor jerarquía, tenía poco más de treinta secretarios.  A fines de 1991 ésa era la dotación sólo del Cuerpo de Auditores de Corbetta, todos con jerarquía y remuneración de juez de primera instancia.  El conjunto de la Corte quintuplicó la cantidad de secretarios, que excedían los ciento cincuenta.
Su hermano, el ahora capitán de navío Ricardo Corbetta, tenía destino en la base aeronaval de Trelew cuando la masacre precursora del 22 de agosto de 1972, y fue denunciado como uno de los secuestradores de la Escuela de Mecánica de la Armada, donde en 1977 actuaba con los alias de Matías, Biónico o El Cura.  Una de sus identidades para la cacería nocturna era la de sacerdote.  Por el deterioro psicológico familiar derivado de sus actividades, su esposa le pidió el divorcio, que Biónico se negó a concederle.  Una patota le pegó una paliza de la que la mujer aún conserva una cicatriz en el rostro.
El 27 de diciembre de 1990, la Corte entregó un espléndido regalo de Navidad a Menem, con un fallo sobre la constitucionalidad del decreto 36/90 por el que se transmutaron los depósitos a interés en los bancos por bonos del Estado.  Con la única disidencia de Petracchi, dijo que en materia de emergencia económica el Presidente podía dictar los decretos leyes que le parecieran bien, con la condición de que se los comunicara al Congreso.  Luego de invocar la conveniencia de que estas disposiciones se tomen de sorpresa y de recordar cuántas facultades ha delegado el legislador en el Banco Central, el fallo sostuvo: "Son las exigencias de la vida política de un país la razón de ser de las Constituciones.  La vida real del país, su situación económica, política y social son la fuente eficaz del texto; la existencia o no de antinomias entre el texto y la vida real daría lugar a que el país -en definitiva- desenvuelva su existencia dentro o fuera de la Constitución.  Las Constituciones son fuentes de derecho.  Las realidades políticas son hechos.  Cuando las primeras no interpretan a las segundas, éstas fracasan.  Cuando las reflejan, triunfan.  Las más bellas creaciones, las más justas aspiraciones, las más perfectas instituciones, no suplen la naturaleza de las cosas". ¿La única verdad es la realidad?

En febrero de 1991 comenzaron a divulgarse en España y la Argentina las actividades de Amira Yoma y Mario Caserta.  Menem gestionó un encuentro con la jueza que atendía la causa, María Romilda Servini de Cubría, por medio del abogado de la Secretaría de Informaciones del Estado Fernando Archimbal, el defensor de Dromi en la causa Enron-Westfield.  Allí se acordó que el cada vez más rico, gordo y calvo ex defensor oficial, ex juez y ex camarista Archimbal, viajaría a España en procura de información fidedigna sobre el grado de compromiso de la cuñada presidencial en la causa.  De regreso con las manos vacías, Archimbal recomendó que la propia jueza probara suerte con el juez español Baltasar Garzón.  El entonces subsecretario y luego ministro de Justicia, Carlos Arslanián, transmitió a la Cámara Federal el interés del Presidente en la gestión de la doctora Cubría.  Para completar la telaraña, el socio de Archimbal y también abogado de la SIDE, Martín Fragueiro Frías, actuaba ante Cubría como defensor de Caserta.
La Cámara negó la autorización para el viaje, luego de una tensa audiencia en la que sus miembros declararon que estaban dispuestos a defender la autonomía de la Justicia.  "En esas condiciones, viajaría como representante del Poder Ejecutivo y no del Poder Judicial", llegó a decirle uno de los camaristas.  Cubría negó su presencia en Olivos, pero sus interlocutores replicaron en forma categórica que el hecho les constaba, como quedó demostrado más tarde por declaraciones del secretario que la acompañó.  Acudió entonces al 4º piso, donde Levene, Barra y Cavagna Martínez firmaron el 26 de marzo uno de los documentos más extravagantes producidos por el Poder Judicial en años.  La doctora Cubría aducía que necesitaba una entrevista personal con el juez español Baltasar Garzón por "la extrema gravedad institucional de la investigación que se lleva a cabo".  La Cámara respondió que no advertía la gravedad institucional alegada y que un juez no podía intervenir fuera de la jurisdicción de su tribunal.  El Consejo de Administración sostuvo entonces que si bien el criterio de la Cámara era el que "ha sostenido la Corte en forma reiterada, las razones expuestas personalmente por la señora jueza peticionante justifican que en el caso se adopte un temperamento de excepción", y la autorizó a viajar.  En Madrid la jueza se reunió con el director de Asuntos Jurídicos de la SIDE, el ex juez José Alevato, otro interesado en la gravedad institucional.
En la primera ocasión en que pudo acceder al expediente, la Cámara Federal puso patas para arriba lo que durante más de tres meses había dispuesto la doctora Cubría.  Impulsó medidas de prueba que ella había omitido y que dieron un vuelco a la investigación cuando las puso en ejecución otro juez que la reemplazó durante la feria de invierno.  También dispuso investigar el desempeño de la jueza.  Cavagna Martínez comunicó entonces a la Cámara Federal que la Corte reasumiría su delegada facultad de superintendencia en el sumario administrativo ordenado y sugirió que ambos cuerpos diesen una declaración conjunta comunicando la novedad.  El presidente de la Cámara, Juan Rodríguez Basavilbaso, se negó.  Si la Corte lo dispone, que la Corte lo fundamente, respondió.
"No vivimos en una campana de cristal ni en un mundo angélico, somos conscientes de que esta causa tiene ribetes políticos.  Lo que queremos lograr con la intervención del Cuerpo de Auditores es garantizar al juez interviniente la independencia de criterio, que esté protegido de presiones externas, presiones que son lógicas cuando hay intereses políticos en juego, pensando que estamos a las puertas de un proceso electoral", admitió Barra en diálogo con la prensa.
Antes de que la Corte pudiera apoderarse también de otro expediente iniciado a raíz de las publicaciones de la prensa y la denuncia de un particular, el fiscal Gustavo Bruzzone solicitó y el juez Miguel Pons dispuso el procesamiento de la jueza por prevaricato.  Pons demandó a la Cámara de Diputados que iniciara el juicio político de la doctora Cubría, solicitud a la que luego se sumó, por otra causa, el juez federal Néstor Blondi.  Bruzzone mencionó la colaboración de Cubría con la estrategia defensista ideada por el abogado de Amira Yoma, Alfredo Itibarren, para neutralizar los requerimientos de la Justicia española, y la influencia de Jorge Antonio en la dirección de la causa con finalidades exclusivamente políticas.  Antonio hizo amistad con la jueza luego de que la doctora Cubría sobreseyera a su hermano Rubén, que había matado a un hombre con cinco disparos.  Un testigo decisivo fue Emir Yoma, quien en su declaración ante Pons brindó elementos para concluir que la jueza orientó en un principio las investigaciones en favor de los acusados, pero luego la volcó en contra, cuando el gobierno advirtió que su insistencia en salvar a Amira lo colocaba de frente a la suspicacia pública y decidió retirarle la protección.  Este interminable escándalo continuó cuando el secretario penal de la Corte, Alfredo Horacio Bisordi, admitió ante Pons su desempeño en la causa como asesor de la jueza por órdenes de Barra.  Bisordi también dijo que dos enviados del ministro de Justicia habían entregado a la jueza una resolución ya redactada que ella sólo debía firmar.
Mientras Arslanián procuraba obtener un alejamiento silencioso de la doctora Cubría para evitar el juicio político, Eduardo Bauzá, José Luis Manzano y su Terminator judicial, Carlos Corach, la emprendieron sobre el Ministerio público.  La primera decisión fue el apartamiento del procurador general Roger y su reemplazo por el ex camarista federal de la dictadura Aldo Montesano Rebón, ex director de la Escuela de Defensa Nacional y fugaz director de Seguridad Interior. Montesano Rebón debutó disponiendo el traslado del fiscal Bruzzone, quien había tocado involuntariamente uno los nervios más sensibles del poder menemista al mencionar tangencialmente en un dictamen la causa de los guardapolvos.  Ese fue el punto inicial de una ofensiva contra el fiscal de Cámara, Luis Moreno Ocampo, quien en esa primera esgrima consiguió conservar a Bruzzone.  El menemismo se sosegó cuando supo que la denuncia del fiscal no era contra Bauzá, sino una vez más contra la doctora Cubría, por haber entregado fotocopias de la causa a funcionarios del Poder Ejecutivo cuando estaba bajo secreto de sumario.  Pero volverá a enceguecerse cada vez que el expediente de los guardapolvos se reactive.
Pasadas las elecciones, el peronismo impuso su mayoría en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para desestimar in limine, sin siquiera abrirlos a prueba, los pedidos de juicio político a la jueza Cubría.
La confusión que el gobierno creó en la Justicia fue tan grande que Barra y Cavagna Martínez terminaron firmando una admonición contra la injerencia de Arslanián por haber solicitado en un reportaje la renuncia de la doctora Cubría.  Todos los límites se habían perdido. La Fuerza de Tareas pretendía simular independencia.
Con la justicia y todos los órganos de control en un puño, subyugados la Corte Suprema, el Tribunal de Cuentas, la Procuración General, la Procuración del Tesoro, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la Inspección General de Justicia, la SIGEP y la comisión de juicio político, Menem estaba en condiciones de definir lo lícito y lo prohibido, el bien y el mal.

HOMBRES DE PALABRA

Las denuncias de corrupción fueron un arma política desde que Menem arrebató la candidatura presidencial peronista al gobernador de Buenos Aires.  Antonio Cafiero dominaba el partido y su máquina de hacer favores pero los afiliados prefirieron las palabras de fe y esperanza de Menem, quien sólo tenía una docena de apóstoles y articulaciones con los sectores excluidos del dispositivo rival, como las ofendidas 62 Organizaciones a las que el cafierismo había llamado la rama seca del movimiento.  Al subirse al menemismo, el cofundador de la renovación Julio Bárbaro lo bautizó Agrupación San Lázaro.  La lucha interna se exacerbó una vez escogido el candidato.  Los marginales que lo acompañaron desde el primer día reclamaban el premio de la victoria, y quienes ocupaban los puestos más convenientes se negaban a cederlos.
Desde el círculo íntimo del ungido, Bauzá y El Hermano Eduardo tendieron un puente hacia los derrotados.  Así nació la mesa de los miércoles, en la que comenzaron a reunirse entre ellos y/o con algunos de sus representantes: Miguel D'Alessandro por De la Sota, Juan Carlos Mazzón por Manzano, Miguel Angel Toma por Grosso, Hernán Patiño Mayer por Cafiero, Carlos Arslanián y Roberto Dromi por Eduardo Menem y Eduardo Bauzá.  Todos Procuraban mutua protección de los socios o amigos del candidato que luego fueron conocidos como los rojo punzó, pero que entonces eran mencionados como los monstruos o los masseristas de negocios: Alberto Kohan, César Arias, Juan Carlos Rousselot, Julio Corzo, Rubén Cardozo, Carlos Cañón Naval, Mario Caserta, Luis Barrionuevo, Augusto Alasino, entre otros.  Hay incluso quienes piensan que Bauzá y Manzano tenían un pacto de reciprocidad previo a las elecciones internas.
La confederación celeste-renovadora quería celebrar un acuerdo político con el radicalismo al día siguiente de las elecciones presidenciales.  La locomotora del entendimiento sería la reforma constitucional en marzo de 1990, y los rieles a recorrer, la cuestión militar (donde se trataba de decapitar a los carapintada sin entregarse a la cúpula liberal) y la política económica, en la que se trataría de negociar una concertación sectorial.  En cambio, Alberto Pierri proponía crear comisiones especiales que hostigaran al gobierno saliente con investigaciones de corrupción; Granillo Ocampo quería centralizar las procuraciones de la Nación y del Tesoro, la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la Sindicatura General de Empresas Públicas, el Tribunal de Cuentas, en una estructura de control y persecución penal, y Julio Corzo abogaba por forzar la salida prematura de Alfonsín.  Unos basaban su poder en el entendimiento entre los partidos políticos, los otros preferían la alianza desde el Estado con los factores de poder militar, sindical, eclesiástico y empresarial.  Menem aceptó las recomendaciones más beligerantes hacia el radicalismo y siguió el romance con los carapintada.  Además tramó acuerdos políticos y económicos con el sector conservador autoritario que gira con el inapropiado nombre de liberalismo.  Esto redundó en un estilo de gobierno al que desde distintas vertientes aportaban seineldinistas, rojos punzó y la familia Alsogaray: menosprecio de los partidos políticos y del Parlamento; gobierno por decreto, y su condición necesaria, el sometimiento del Poder Judicial y de todos los organismos de control de gestión.
Mientras se discutía el acortamiento de su mandato, Alfonsín propuso a Menem un acta, que el presidente electo se negó a firmar.  En uno de sus puntos solicitaba "un exhaustivo examen de todos los actos administrativos efectuados durante su gestión y del comportamiento de sus funcionarios, sin exclusiones, a fin de aventar el riesgo que para las instituciones democráticas entrañan las acusaciones indiscriminadas y no demostradas de irregularidades".  Menem le respondió que no necesitaba de su pedido para investigar "situaciones muy dolorosas para el pueblo argentino y para el patrimonio nacional".  En su primer discurso como presidente, enardeció a la Asamblea Legislativa al declarar la guerra contra la corrupción, que identificó con traición a la Patria.
Como tantas otras veces, fueron sólo palabras que no se concretaron en ningún hecho, ya que el abismado radicalismo cumplió con mansedumbre su promesa de favorecer la sanción de las leyes económicas del nuevo gobierno con su mayoría en la Cámara de Diputados.  Sus motivaciones no lo enaltecen: en lo esencial estaba de acuerdo, y en lo específico temía a las investigaciones sobre corrupción.  No fue casual que el discurso sobre la corrupción reapareciera justo en el momento en que vencía ese pacto, el primer diciembre del nuevo gobierno, al mismo tiempo que debían renovarse las autoridades del bloque de diputados y había presiones para una reforma del gabinete.  Con ingenuidad, Menem creyó tener en sus manos un arma secreta y de uso exclusivo. O conocía mal a la sociedad o se conocía mal a sí mismo.  Pronto comenzó a volverse en su contra.
El Presidente dispuso crear una comisión parlamentaria investigadora dora y denunció una campaña de desprestigio en contra de su gobierno, mediante "comentarios y versiones infundadas, a veces arteras y nada transparentes".  Unas horas antes, la petroquímica Bahía Blanca había informado sobre la adjudicación de las obras de su nueva planta de etileno al consorcio Compagnia Tecnica Internazionale Progetti S.p.A. de Italia, Techint SPA y Techint SACI, con tecnología Lummus Crest de Estados Unidos.  Sostuvo que el contrato de 241 millones de dólares se encuadraba "en los montos presupuestarios aprobados por distintas autoridades" y concordaba "con valores internacionales para obras similares de esa magnitud y complejidad".  Añadía que se trataba de un contrato llave en mano con crédito del tratado argentino-italiano, a tasas de interés bajas y períodos de repago extensos.
La empresa y el gobierno estaban respondiendo a La Nueva Provincia, el cerebro cuyos impulsos nerviosos se transmiten a la base naval de Puerto Belgrano y el Cuerpo de Ejército de Bahía Blanca.  El diario, que de tanto en tanto publica una cruz svástica corno esqueleto para sus crucigramas, decía que la obra estaba sobrevaluada en 40 millones de dólares, parte de los cuales se habrían repartido entre Dromi, de quien dependía la adjudicación, Bauzá y Manzano, cuyo colaborador Jorge Geraige ocupaba la presidencia de la petroquímica.
El llamado a concurso para la ampliación de la planta de etileno se realizó durante el gobierno radical.  Al asumir el nuevo directorio enjulio de 1989, había dos ofertas importantes y sólo faltaba la preadjudicación: la de Techint, con tecnología Lummus, y la de las constructoras MacKee y Sade (del grupo Pérez Companc), con tecnología alemana Linde.  Entre dos ofertas parejas, la ventaja de Linde era que había construido la planta original, y la de Lummus-Techint la financiación barata del Crédito aiutto italiano.
Ingeniero mendocino, Geraige se había convertido en secretario administrativo del bloque de diputados peronistas cuando Manzano rompió con su Primer Presidente, Diego Ibáñez, en 1984.  Sin embargo, su designación en Petroquímica Bahía Blanca no fue dispuesta por Manzano sino por Bauzá, con el aval del propio Menem.  A la reunión de directorio en la que se dispondría la Preadjudicación, Geraige llegó con una insólita acta firmada por Bauzá, Dromi, Rapanelli, los ministros de Defensa, Italo Luder, y de Trabajo, Jorge Triaca, el secretario de Energía Julio César Aráoz y el subsecretario de Combustibles, Rubén Maltoni, que respaldaba la adjudicación a Techint-Lummus.  Rapanelli se lo echó luego en cara a Dromi y Triaca, y juró que no volvería a firmar nada sobre un tema que otros conocieran pero él ignorara.
Petroquímica Bahía Blanca produce los insumos para las empresas satélite del polo petroquímico. La empresa madre era de mayoría estatal, con socios minoritarios privados.  Las satélites, a la inversa, eran de propiedad privada con minoría estatal, y adquirían su insumo a la madre, lo cual creaba un entramado de conveniencias comunes y controles recíprocos, que duró hasta noviembre de 1990, cuando el Estado vendió su 30 por ciento de cada planta a los socios privados.  Tres plantas satélite adquirían el etileno de PBB y además importaban, lo cual creaba la demanda para la ampliación: Polisur, donde el socio privado mayoritario era Ipako, del grupo Garovaglio & Zorraquín; Petropol, en asociación del Estado con Indupa, del grupo Richards, y Monómeros Vinílicos, con minoría de Electroclor, donde estaban asociados Bunge & Born, Astra, Imperial Chemical e Indupa.  Los intereses de los socios privados eran divergentes.  Sin participación en ninguna de las satélites y con 10 por ciento en la planta madre, el grupo japonés Seitosh apostaba a sus resultados económicos.  Monómeros Vinílicos y Petropol deseaban asegurarse una provisión suficiente de etileno al menor precio posible.  Ipakol en cambio, prefería que la ampliación no se efectuara, ya que en sociedad con Shell encaraba la construcción de su propia planta de etileno, el proyecto Petrokén.
Una vez negociado el contrato con Techint, volvió a someterse a consideración del directorio, que lo aprobó por mayoría.  Votaron a favor los representantes estatales y Seitosh, y en contra Ipako.  Se abstuvieron Electroclor e Indupa, haciendo constar que el proyecto les interesaba, pero que no habían tenido tiempo de estudiar el contrato.  Aunque arguyeron que se los había marginado de la negociación, Ipako alcanzó a proponer que si en un plazo de nueve meses el dinero italiano no estaba disponible depositado en un banco, la adjudicación quedaría sin efecto. El sector estatal lo aceptó y esas cláusulas se incorporaron al contrato.
En el apogeo de su influencia, María Julia Alsogaray introdujo en el despacho presidencial al Propietario de Ipako, Federico Zorraquín, y a su operador en Bahía Blanca, Alejandro Achával, quienes visitaron a Menem dos veces: una en la Casa Rosada, con la presencia de Granillo Ocampo, y otra en Olivos, a solas. Allí le reclamaron la anulación del acuerdo y la cabeza de Geraige. Le dejaron una carpeta con documentación escrita sobre las irregularidades que señalaban en el proceso y le informaron de viva voz sobre las comisiones que se habrían pagado.
La carpeta técnica es abrumadora.  En 41 puntos divididos cada uno en varios incisos, Zorraquín y Achával destrozaron el proyecto Techint-Lummus.  Aunque sus intereses fueran contrarios a la ampliación de la planta, esas objeciones no podían dejarse de lado a la ligera. Señalaban una sucesión impresionante de modificaciones al pliego dispuestas en el contrato sin fundamentos, y calificaban la actitud de las autoridades de la empresa como de "inusitado e inexplicable apuro por firmar".  Todos los impuestos y cargas quedaban a cargo de PBB, igual que los gastos de mantenimiento y los seguros de importación; había una larga lista de conceptos no incluidos en el precio; los pagos anticipados se adelantaban de treinta días corridos en el pliego a tres días hábiles en el contrato; en vez de pagar en cuotas, PBB lo haría según el avance de la obra, perdiendo una ventaja financiera; se suprimió la obligación de presentar diversos comprobantes para aspirar a reembolso de gastos; se reconocían mayores costos aunque los atrasos fueran del contratista; se liberaba a éste de responsabilidad o demoras por las pruebas de funcionamiento de la obra; se reducía de siete días a 72 horas el período de prueba de la planta; se ampliaba de seis a doce meses el plazo para arreglos y modificaciones si esa prueba no fuera satisfactoria; se redujo de 10 a 6 por ciento la garantía de fiel cumplimiento.  En "prueba de la celeridad y ligereza con que el contrato fue firmado", no se incluyó valor para el costo total garantizado para los servicios; se admitieron premios por adelanto para plazos menores a un mes; se limitaron las obligaciones y responsabilidad del contratista ante el asegurador; se estableció su no responsabilidad en caso de lucro cesante o pérdidas de producción.  Pero lo que era más grave, el contrato no hacía "ninguna mención al crédito italiano y, por otra parte, se traslada la responsabilidad de la obtención del financiamiento en PBB", cuando la existencia de ese crédito había sido el argumento central para optar por esa oferta en detrimento de Linde, que había construido la planta original.  "Tanto la cláusula 8 del contrato como su apéndice 4 no contienen las precisiones mínimas indispensables acerca del esquema de financiación que fuera uno de los elementos que más influyera en la preadjudicación por el componente del préstamo italiano", especificaban Zorraquín y Achával.  Como era evidente, el contrato era un pretexto para que los comisionistas viajaran a Italia y lanzaran el anzuelo en las aguas revueltas del crédito aiutto. También señalaban otras cláusulas muy peligrosas conociendo los modos operativos de la Patria contratista, por ejemplo el ganar las licitaciones con una baja cotización que luego se infla con interminables reajustes por mil y un motivos: se facultaba al contratista a requerir reajustes de precios hasta un año después de la recepción provisoria de la planta y se le permitía repactar sus condiciones.  Por último, se liberaba al contratista del concepto de Garantías Absolutas contenido en el pliego.
Pero no sólo el socio desafecto impugnó el contrato.  También formuló una observación legal la Sindicatura General de Empresas Públicas, complementaria de la carpeta de Ipako.  Señalaba que no había compromiso firme de suministro de la materia prima para el funcionamiento de la nueva planta, lo cual impedía conocer la factibilidad y la rentabilidad del proyecto.  Tampoco estaba garantizada contractualmente la comercialización de una parte importante de la producción ni se habían demostrado las razones de urgencia invocadas para suscribir el contrato.  El apuro había sido tanto que el contrato se firmó el mismo día de su tratamiento, añadía la SIGEP.  Petroquímica Bahía Blanca carecía de la autorización legal previa para encarar proyectos de construcción que comprometían presupuestos futuros y cuyo monto excedía los límites fijados en los pliegos.  La Sindicatura coincidía con Zorraquín y Achával en observar la limitación de las garantías y expresaba dudas sobre el precio de las materias primas a emplear, ya que no se había comparado el proyecto con otros nacionales.  Como conclusión, observaba que "el contrato no resulta razonable para Petroquímica Bahía Blanca SA, ni preserva los intereses empresarios básicos".  No hacía falta que nadie pusiera en negro sobre blanco la acusación que estaba en todos los labios para que se percibieran las graves y llamativas irregularidades en un contrato demasiado grande como para que. pasaran inadvertidas.
Al mismo tiempo las denuncias por corrupción llegaban a La Nueva Provincia, a La Prensa, al semanario humorístico de centroultraderecha El informador Público y a las columnas económicas de La Nación.  Las versiones señalaban que la Secretaría de Informaciones del Estado y el servicio de informaciones de la Armada poseían un dossier completo sobre el caso, y que el presidente del Citibank, John Reed, y el de Bunge & Born, Jorge Born, estaban "azorados por los niveles que habría alcanzado la corrupción administrativa".  Durante una reunión de gabinete, Menem habría fulminado también a dos amigos, empresarios de la Patria contratista, un petrolero y un dueño de astilleros, que serían deudores del Estado por 700 y 200 millones de dólares.  Uno de ellos le habría prestado su avión para la campaña y su casa en Punta del Este.  Estos eran los retratos hablados del jefe del grupo Bridas, Carlos Bulgheroni, y del propietario de los astilleros Alianza, Arnaldo Martinenghi.  El brulote del diario de Bahía Blanca concluía describiendo un fondo sostenido por grandes empresarios para incrementar los sueldos de los principales funcionarios.  Un diario de negocios añadió que el embajador del Vaticano, Ubaldo Calabresi, había preparado una carpeta con denuncias de corrupción para Menem.
"Ese rumor es una verdadera mentira y no renuncié ni me pidieron que lo hiciera.  Ese tema lo traté con los ministros Dromi y Bauzá y me brindaron su total apoyo lo mismo que el presidente Menem.  Intereses monopólicos lesionados por la política de desregulación petrolera tratan de ganar espacio con estas versiones sin fundamento", quiso defenderse Geraige.  Sin embargo, el ministro de Defensa Romero lo relevó poco después. Vencido el primer plazo de nueve meses y una prórroga solicitada por Techint sin que se concretara la disponibilidad del crédito, el contrato quedó sin efecto en febrero de 1991, aunque luego se reiniciaron negociaciones.
Faltaban pocos días para que asumieran los diputados electos el 14 de mayo.  Los rojo punzó, los saádicos y el incipiente Grupo de los Ocho coincidían en la fecha límite del 10 de diciembre para quitarle su presidencia a Manzano, quien había viajado a Italia junto con Geraige para tramitar el desembolso del crédito.  A su regreso, en una reunión ampliada de la conducción del bloque se discutieron los informes sobre Petroquímica Bahía Blanca, con algunas carpetas de los servicios de informaciones sobre la mesa.  Se debatieron dos versiones respecto de cómo se habrían pagado las comisiones: en efectivo, o con un avión Falcon Jet capaz de volar hasta Miami con un par de escalas, aterrizando lejos de los grandes aeropuertos, en pistas precarias, símbolo de libertad.
Hasta ese momento no había habido más pago que el sellado del contrato.  Con jactanciosa calma, Manzano contestó:
-Sólo tengo una cosa que decir.  Yo robo para la Corona. ¿Les quedó claro o alguien necesita alguna explicación adicional?
La frase fue publicada el 6 de mayo de 1990.  Unos días después, un asesor de Manzano, el sociólogo Héctor Stupenengo, sostuvo este diálogo irónico con el responsable, en un restaurante donde ocupaban mesas próximas:
-¡Cómo nos pegaste!
-Diez veces menos de lo que ustedes se merecen.
-¿Diez por ciento?  Es muy poco.  La Corona no nos deja casi nada.
La búsqueda de nuevos testigos en previsión de una demanda judicial tuvo resultados sorprendentes: Manzano había repetido muchas veces la frase, en el bloque, en el Consejo Nacional peronista, cada vez que enfrentó cuestionamientos por prácticas corruptas.  Demasiados lo habían oído.  No hubo juicio.  De rápidos reflejos, que a veces se confunden con la inteligencia, explicó que prefería soportar afirmaciones calumniosas antes que lesionar la libertad de expresión.
En esos mismos días, Juan Pablo Cafiero, Carlos Alvarez, José Carlos Ramos y Germán Abdala fueron convocados de urgencia al departamento de Manzano, en Talcahuano y Paraguay, atendido por personal del Congreso.
-Menem y Duhalde están recalientes con Germán, por los quilombos que arma en la Comisión Bicameral -informó el presidente del bloque, quien los recibió acompañado por Roberto García, Miguel Angel Toma y Carlos Guido Freytes.  Por distintas razones, todos ellos eran aceptados a regañadientes por el menemismo, pero ante los disidentes que aún no habían formado el Grupo de los Ocho, Manzano y los suyos se ofrecían como bisagra para tramitar un modus vivendi.
De ese encuentro con aire conspirativo los condujeron a una reunión formal con Pierri, Alasino y el colaborador de Duhalde, Raúl Alvarez Echagüe, quienes presentaron su pliego de reivindicaciones contra Abdala y le solicitaron la renuncia a la Comisión encargada de supervisar desde el Congreso el despiece de las empresas públicas.
-Si son tan bravos lo van a tener que sacar ustedes, porque Germán no renuncia -advirtió el entrerriano Ramos.
Alasino, que había sido elegido en la misma lista que Ramos en 1987, hizo su máximo esfuerzo de persuasión y les habló con afecto de compañero:
-Yo admiro la ética de ustedes, pero cuando pusimos el artículo 14, la Bicameral era para cubrir a los compañeros que robaban.
Pierri tomó a Alasino por un brazo:
-Pará loco, que puede haber micrófonos -le dijo casi en un susurro, al mismo tiempo que Alvarez levantaba la voz para contestar:
-Esa es la causa de nuestra ruptura.
Alasino se arrepintió:
-Uy, qué boludo soy, ahora me vas a escrachar en ese libro de mierda que tenés.  Eso me pasa por abrir la boca.

Desde el escándalo de Petroquímica Bahía Blanca no hubo sosiego para el gobierno, que había aprovechado sus primeros seis meses en la sanción de las leyes básicas que le permitirían postergar pagos y obviar procedimientos por la emergencia y enajenar de cualquier modo las empresas fiscales productoras de bienes y servicios.  En diciembre, la prensa publicó el facsímil de una boleta de depósito de Eduardo Menem por casi medio millón de dólares en el Banco Pan de Azúcar del Uruguay.  En enero de 1990, el diputado menemista Dante Caamaño retiró del Ministerio de Salud y Acción Social de Bauzá una camioneta con bonos canjeables por alimentos, que se repartieron en el bloque entre los diputados complacientes, mientras el ministro de Defensa Humberto Romero y el secretario de Justicia César Arias les encontraban una utilidad que no se les había ocurrido a los legisladores: reforzar sueldos del Servicio Penitenciario y de los suboficiales de las Fuerzas Armadas.  En febrero, la esposa de Menem descubrió micrófonos en la residencia presidencial, y cuando un diario uruguayo sugirió que era un invento de una mujer despechada, se preguntó: "Yo quisiera saber quién pagó esa nota.  Porque acá se paga todo.  Acá los dólares vuelan que da miedo".  Días después añadió: "Detesto a la política de la corrupción y de los negociados".  En marzo, se denunció el pago a la empresa de un compañero peronista de guardapolvos aún no entregados al gobierno.  En abril, aparecieron cerca de la Casa Rosada carteles que pregonaban "Lealtad a Menem pero no a los delincuentes", y sobre ellos otros más pequeños que sólo decían "José Luis Petroquímica Manzano, Eduardo Guardapolvo Bauzá, Eduardo Pan de Azúcar Menem y Roberto Cometa Dromi".
El Poder Ejecutivo organizó una movilización policial con pocos precedentes, que permitió identificar y detener a varios de los presuntos responsables del anacrónico delito de desacato, resabio medieval con ecos en legislaciones autoritarias como el Código Rocco de 1930 bajo el fascismo italiano.  El escándalo no fue menor en Tribunales que en la Casa Rosada, aunque por otras causas: la intervención de un juez de instrucción y recién designado en un caso que, por involucrar a dos ministros y dos legisladores, sin la menor duda correspondía al fuero federal; la detención efectiva de los acusados por un delito excarcelable, cuya pena es de un mes a un año, y el allanamiento al estudio de un letrado que no estaba ni siquiera imputado en la causa, por la sola presunción de que allí podría estar uno de los imprenteros buscados.  La causa de tanta ansiedad quedó clara cuando la Justicia citó a declarar como imputada a Zulema Yoma.  La respuesta de Menem fue la separación matrimonial y un nuevo discurso ante la Asamblea Legislativa contra la pobreza material y la miseria moral.  Dijo que no admitiría la impunidad ni la indignidad para desempeñar una función pública, ya que "la democracia aniquila a la inmoralidad o la inmoralidad aniquila a la democracia".  Repitió que corrupción era traición a la Patria, y prometió una ley especial para reprimirla.

El taxativo delito de traición del derecho romano (en latín perduellio, es decir pasarse al enemigo en una guerra) desbordó con el Imperio a la figura del crimen majestatis, que los Césares y sus retoños medievales utilizaron para reprimir toda conducta que molestara a la corona.  En Gran Bretaña, la traición llegó a cubrir un espectro tan amplio que abarcó desde la violación de princesas de la casa real hasta la celebración de misas, con penas que llegaban al descuartizamiento.  En aplicación de la ley de Supremacía fue decapitado Santo Tomás Moro, en 1535, por no jurar fidelidad al monarca como jefe dé la Iglesia.
Producto de la Ilustración, la Constitución norteamericana volvió a encerrar al genio errante en la lámpara del perduellio, para proteger a los ciudadanos de los abusos del poder.  Su definición fue recogida en el artículo 103 de nuestro texto constitucional.  "La traición contra la Nación consistirá únicamente en tomar las armas contra ella, o en unirse a sus enemigos prestándoles ayuda y socorro", dice.  El artículo 29 extiende "la responsabilidad y pena de los infames traidores a la Patria" a los legisladores que concedieran a los ejecutivos nacionales o provinciales facultades extraordinarias, la suma del poder público, o sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna.  El artículo 214 del Código Penal fijó la pena para ese delito de traición: reclusión o prisión de 10 a 25 años, el mínimo más alto del ordenamiento legal argentino para casos no agravados por muerte.  Pero irradiar con este concepto de traición un espacio de delitos que extralimitan su definición tan precisa constituía un despropósito jurídico, violatorio de la letra de la Constitución y del espíritu de las leyes.
Justo en su Espíritu de las leyes, Montesquieu utiliza las mismas palabras del artículo 29 de la Constitución.  Las formalidades de la justicia, dice en el Capítulo 2 del Libro VI, parecen excesivas "en relación con los esfuerzos que un ciudadano debe efectuar para obtener su bien o la satisfacción de cualquier agravio", pero escasas "en la relación que ellas tienen con la seguridad de los ciudadanos".  Para Montesquieu "los trabajos, los gastos, las lentitudes, los peligros mismos de la Justicia son el precio que cada ciudadano paga por su libertad".  Lo opuesto al modelo que propone es el imperio otomano, donde, dice, "se presta poca atención a la fortuna, a la vida, al honor de los súbditos.  Se termina rápidamente, de una manera o de otra con todas las disputas.  La manera de terminarlas es indiferente, con tal de que se terminen".

Había otra hermenéutica posible de las palabras de Menem: los corruptos no serían traidores a la Nación, sino que se los castigaría con las mismas penas.  El proyecto de ley que el Presidente prometió remitir en una semana al Congreso elevaba a diez años de prisión, por supuesto no excarcelable, la pena mínima en el título 11 del Código Penal, Delitos contra la Administración Pública.  Esto coincide, como se ve, con las penas del artículo 214 para los traidores a la Nación.
Bauzá, Dromi, Erman González, pusieron el grito en el cielo.  Si los delitos no eran excarcelables, todos los funcionarios correrían riesgo de extorsión.  Durante un mes y medio derivaron a los abogados para pulirla cada versión de la ley que Granillo Ocampo presentaba al gabinete, hasta que Menem los emplazó.
-Sale o sale -dijo.
-Está bien, pero para contrabalancear hace falta otra ley, que incrimine la falsa denuncia, la calumnia o la injuria -contraatacó Bauzá.
Así quedaron listos los dos proyectos.  El primero, fundamentado en la salvaguardia de la integridad del Estado, castigaba con mayor severidad que el homicidio (ocho años de mínimo, Capítulo I, Delitos contra la Vida, artículo 79 del Código Penal) el enriquecimiento ilícito, las exacciones ilegales, el cohecho, el abuso de autoridad y la violación de los deberes de los funcionarios públicos, lo cual constituía una subversión de los valores que según se presume protegen las leyes.  El segundo garantizaba que el primero fuera inaplicable al crear nuevas figuras jurídicas y aumentar penas de otras para proteger a los funcionarios públicos contra denuncias de corrupción, lo cual caracteriza al gobierno ampuloso que concibió a uno y otro.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) formuló una severísima advertencia contra el segundo proyecto, porque limitaría en forma irreparable la libertad de expresión y de prensa.  El presidente de ADEPA, Luis Etchevehere, reclamó la derogación de la figura de desacato ya que "en el régimen republicano de gobierno los funcionarios y personalidades públicas no debieran tener privilegio alguno, sino que, por el contrario, deben estar más expuestos a la crítica ciudadana".  Esa es la doctrina de la Corte Suprema de Estados Unidos, y del artículo 32 de nuestra Constitución, agregó.
ADEPA y la Comisión Empresaria de Medios de Comunicación Independientes (CEMCI) recibieron garantías de Granillo Ocampo, quien negó que el gobierno propiciara leyes contra la libertad de prensa. Pero según ADEPA, Granillo también "advirtió sobre la ligereza con que se pone en tela de juicio la honra de los funcionarios, pudiendo llegarse al caso de que no haya quienes quieran asumir funciones públicas para no ver mancillado su nombre injustamente".  No dio como ejemplo un solo caso en que se cumpliera esta hipótesis.
El informe de Etchevehere aseguró que, de aprobarse, el proyecto Granillo "distorsionaría seriamente la estructura del régimen republicano de gobierno".  Citó a Sebastián Soler para llamar a la figura del desacato "paraíso para los mandarines y resabio larvado de los regímenes del despotismo que consideran a sus funcionarios como ejecutores de una voluntad poco menos que divina, y por lo tanto ajenos a la crítica ciudadana".
El alarmante texto modificaba o sustituía 16 artículos del Código Penal, en todos los casos para aumentar penas, establecer agravantes y crear nuevas figuras delictivas.  El Código Penal vigente define la calumnia como la falsa imputación del delito de acción pública.  La omnicomprensiva nueva redacción la extendía a la falsa imputación de un delito doloso o una conducta criminal dolosa aunque fuera indeterminada, lo cual abarcaba todos los extremos de la actividad humana.
En los delitos contra el honor, la acción por calumnia o injuria sólo puede ser ejercitada por el ofendido o, a la muerte de éste, por sus descendientes.  La reforma facultaba también a promoverla a los superiores jerárquicos de un funcionario o empleado público, o de "esas personas designadas colectivamente" ofendidas en el ejercicio de sus funciones.  De este modo se convertía un delito de acción privada en otro de acción pública, que podría seguir de oficio.  Un nuevo artículo castigaba la preparación de "hechos falsos concernientes a una persona colectiva, o a sus autoridades, que puedan dañar gravemente el buen nombre, la confianza del público o el crédito de que gozara", lo cual hubiera permitido reprimir cualquier crítica al modo en que se ejerce la función pública en las personas colectivas Ministerio de Obras y Servicios Públicos o Yacimientos Petrolíferos Fiscales, por ejemplo.
Tanto para el delito de injurias como para el de calumnias Granillo creaba un nuevo agravante "cuando el hecho hubiere sido cometido de una manera que facilite su divulgación", lo cual iba en procura de secar las fuentes de la prensa.  Según el Código Penal, el acusado por una injuria puede defenderse probando ante la Justicia la verdad de la imputación.  Con esta enmienda habría perdido esa posibilidad aun si su imputación hubiera dado lugar a juicio penal contra el ofendido.  Al probar la verdad de la imputación a solicitud del ofendido, no podría afectar "derechos o secretos de terceros"; si lograra probarla, igual podría ser penado de considerar el juez que fue hecha con deseo de ofender o espíritu de maledicencia.  Es decir que la condena por injurias se hubiera desvinculado de la verdad de los hechos.
El artículo del Código que impone pena al que "denunciara falsamente un delito ante la autoridad" pasaba de veinte genéricas a noventa detalladas palabras.  El proyecto de ley se proponía castigar a quienes acusaran a sabiendas a un inocente de un delito de acción pública o simularan pruebas materiales, con cinco a diez años de prisión si el inocente resultara condenado, y a la misma pena que él si aquella hubiera superado los diez años.  También se amenazaba con ese mismo castigo al falso testimonio o peritaje del que resultara la condena de un inocente, al testigo falso sobornado y a quien lo sobornara.  Otro artículo amenazaba con un mes a dos años a quien "ante la autoridad afirmare falsamente que se ha cometido un delito de acción pública o simulare los rastros de éste con el fin de inducir a la instrucción de un proceso para investigarlo", aun cuando no hubiera identificado a sus presuntos responsables.  Como es obvio, lo que se protegía así era a toda la administración pública.
La reforma Granillo creaba agravantes, como la divulgación en casos de calumnia e injuria.  Esta concepción sigilosa de los asuntos públicos amparaba a los denunciados del conocimiento de sus actos.  Aumentaba las penas mínimas y máximas de prisión para calumnias, injurias, atentado y resistencia contra la autoridad, desacato o ultraje al funcionario público, falsa denuncia o calumnia judicial, falso testimonio y soborno de testigo.  Con este nuevo Código, hubiera sido peligroso llamarle ladrón a un ladrón o criticar a la hija del capitán por el remate de ENTel.
Al terminar el período de sesiones ordinarias del Congreso el último día de setiembre de 1990, ninguno de los dos proyectos había recibido tratamiento ni siquiera en comisiones.  Cuando comenzó el de extraordinarias, las preocupaciones del gobierno se habían desviado y las relaciones de fuerza entre los distintos bandos eran otras.  Durante 1989 y principios de 1990, diputados saadicos, de los Ocho y de la Liga Federal de Duhalde tendieron varias emboscadas para despojar de la presidencia del bloque a Manzano, el enemigo común.  Pero las incompatibilidades que había entre ellos le permitieron eludirlas una tras otra, e incluso fortalecerse como para pasar a la ofensiva.  En noviembre de 1990, al regreso de un viaje a Estados Unidos, Pierri rezongó desde su estrado de presidente de la Cámara de Diputados: "Me duele que me hayan querido voltear cuando estaba acompañando a mi hijo que fue sometido a una operación.  Aún entre los ladrones existen códigos".
En diciembre de 1990, las acusaciones de corrupción no habían menguado, pero al cabo de nueve meses sin modificaciones del tipo de cambio, con índices de precios al consumidor que oscilaban alrededor del 10 por ciento mensual, el gobierno y sus funcionarios sentían que ya habían pasado lo peor, y se permitían reacciones extravagantes.
El diputado radical Victorio Bisciotti había cuestionado a Dormí por el pago de 6,7 millones de dólares a la Compañía Naviera Paraná, que estaba en concurso preventivo, pese a que la ejecución de sentencias contra el Estado estaba suspendida y desde jubilados hasta acreedores cobraban en bonos y con sustanciales quitas.  Tres días antes, el mismo ministro había rescindido un viejo contrato entre la empresa y el Estado.  En el convenio firmado por Dromi, el Estado nacional desistía de un crédito por 8,9 millones de dólares verificado en la convocatoria de la empresa, que no había entregado un buque para cuya construcción recibió un préstamo y un subsidio del Fondo Nacional de la Marina Mercante, y se quedaba a cambio con el buque a medio armar.  El dictamen jurídico se emitió el 10 de agosto, la rescisión del contrato se firmó el 13, el convenio se celebró el 16, y el Estado completó el pago el 22.  Según Bisciotti, este trámite en doce días era record absoluto en los anales de nuestra administración pública".
El legislador de la oposición descubrió que, para rescindir el contrato, Dromi había invocado las causas de fuerza mayor de la ley de emergencia administrativa.  Pero esa misma ley prohibía indemnizar por gastos improductivos y por lucro cesante.  Bisciotti demostraba que el dictamen jurídico del Ministerio había citado en forma impropia un solitario fallo de la Corte Suprema de Justicia, que el propio tribunal había dejado de lado en un caso similar posterior.  Para colmo, acompañaba sus observaciones con comentarios de un manual de Derecho Administrativo, en el que Dromi fulminaba como catedrático lo que resolvería como ministro.
Dromi reaccionó con exasperación.  Convocó a conferencia de prensa, en la que acusó a Bisciotti de irresponsable.  "Yo soy un hombre de carne y hueso", se enfureció.  Para probarlo buscó la cédula y la sacó del bolsillo entreverado con un fajo de billetes que apenas podía sostener.  "Ojo -lo interrumpió en voz muy baja el subsecretario Mario Guaragna-, guardá los dólares".

MOBY DICK

Las 9 de la mañana del primer domingo de enero no son horas para que una secretaria despierte a su jefe, sobre todo si éste recién comienza sus vacaciones.
-¿Somos nosotros? -preguntó Silvia desde Buenos Aires. 
-¿Nosotros qué? -contestó con pereza Guillermo Nielsen en Punta del Este.
-Los de Página/12 -explicó su alborotada secretaria.
-¿Qué quiere decir "los de Página/12"? -se despabiló el gerente de Swift-Armour.
Silvia le explicó.  Nielsen dejó su casa en San Rafael y antes de mediodía estaba reunido con el presidente del frigorífico, Oliva Funes, y el síndico suplente, Juan Ernesto Cambiaso, quienes también descansaban en la playa oriental donde los tacos argentinos realizan sus inversiones inmobiliarias sin temor a los cobradores de impuestos. (La corresponsal del The New York Times Shirley Christian la describió como uno de los pocos lugares del mundo donde todavía se pagan dos millones de dólares por una casa que no se ocupará más de sesenta o noventa días al año.  En la pista de su aeropuerto estaciona más de medio centenar de aviones privados Lear Jet.) Oliva Funes y Cambiaso tampoco habían visto los diarios de Buenos Aires.
Cambiaso es un reconocido especialista en derecho bancario, abogado del estudio de marcas y patentes Marval & O'Farrell, que intervino en la adquisición del Banco de Italia por la Banca Nazionale del Lavoro, y que cuenta entre sus clientes a Coca-Cola, el banco de Boston, Refinerías de Maíz, Texas Instruments y Merrill Lynch.  En octubre fue uno de los participantes en el coloquio de IDEA.  Cuando Emilio Cárdenas impugnó a la cleptocracia, Cambiaso le respondió: “¡Dejémonos de descalificar a los políticos!". Las conclusiones fueron equitativas: IDEA recomendó un amplio esfuerzo contra la corrupción, que además del sector público incluyera al privado porque, como dijo Louis Flynn, de Cargill, por cada corrupto hay un corruptor.
El lunes 7 de enero de 1991 a primera hora, Oliva Funes y Cambiaso estaban de regreso en Buenos Aires para soportar el aguacero, mientras Nielsen permanecía en Punta del Este.  Se comunicaron con la casa matriz en Estados Unidos y no pudieron responder a una pregunta clave: ¿tomará estado público cuál fue la empresa objeto de la tentativa de cohecho?  El domingo, Página/12 sólo se había referido a uno de los frigoríficos más antiguos radicados en el país, adquirido por una de las grandes transnacionales alimenticias de origen norteamericano, pero sin identificarlo.  El lunes, los demás diarios trataron la cuestión con displicencia.  Ambito Financiero dio por sentado que "el enojo de Menem será acompañado hoy por una desmentida de la embajada de Estados Unidos".  Como en todas las cuestiones que tengan relación con el poder, La Nación fue el más preciso.  Se limitó a consignar que altas fuentes del Ministerio de Economía se habían manifestado sorprendidas por la divulgación de un tema que desconocían, pero advirtió a sus lectores que no había podido comunicarse con el ministro González ni con el embajador Todman, para que desmintieran o confirmaran la versión.  El Cronista, Clarín y La Prensa dedicaron unos pocos centímetros -y sin título- dentro de la crónica sobre el viaje del Presidente a Mar del Plata, a reproducir las diatribas de Menem contra los alienados y los delincuentes periodísticos que habían publicado la información, aunque el diario de los Gainza destinó una nota aparte a una sobria síntesis de la información de Página/12.  Luego de una ojeada a estas repercusiones, e inclinadas a creer que sólo existe lo que publican los diarios, las personas pensantes del gobierno dedujeron que la cuestión había concluido sin mayores daños.
Al día siguiente de la discusión con Erman González, Menem había volado a Pinamar, a 150 kilómetros por hora, en su flamante Ferrari colorada, luego de llamar mojigatos, frívolos, hipócritas y estúpidos a quienes le recordaron que al aceptarla de regalo incurría en el delito de cohecho pasivo tipificado en el artículo 259 del Código Penal.  Ese artículo tiene un siglo de antigüedad.  Reprime con "prisión de un mes a dos años, e inhabilitación absoluta de uno a seis años, al funcionario público que admitiere dádivas que fueran entregadas en consideración a su oficio, mientras permanezca en el cargo".  En 1891, al remitir el proyecto al Congreso, el Poder Ejecutivo sostuvo que ese artículo "prevé el caso, por desgracia harto frecuente para despreciarlo, del funcionario que admite regalos que le son presentados en consideración a su oficio.  Este caso se asemeja a los demás de cohecho, en que el delincuente se propone corromper la conducta del funcionario, predisponiéndolo a su favor, y se distingue en que no aparece manifiesto el propósito de obtener inmediatamente un acto ilícito determinado de parte del funcionario.  En un país republicano, con más razón que en cualquier otro país civilizado, los funcionarios públicos deben estar a cubierto de toda sospecha de inmoralidad y, para ello, la ley penal debe reprimir los hechos que tiendan a arrojar esa clase de sospechas, como los regalos que la amistad particular no justifica y que son, por decirlo así, la forma más refinada del cohecho".  Fue incluido en el Código como culminación de años de debates sobre el enriquecimiento del ex presidente Julio A. Roca y sus hermanos, los Goyos y Atalivas como los llamaba despectivamente Sarmiento, abastecedores del Ejército desde la campaña al desierto y beneficiarios de enormes repartos de tierras.  El ejemplo que dan los tratadistas sobre la aplicación del artículo es pertinente: para que se consume el delito, si a un funcionario "se le regala un automóvil, basta con que lo reciba, aunque no se haga la registración de la transferencia ante el Registro Nacional del Automotor".
La carta con que la firma Ducati Meccanica Spa presentó la dádiva no dejaba lugar a dudas: fue hecha al señor Presidente de la República en su carácter de funcionario, sin que mediara ningún elemento de amistad, susceptible de atribuir el regalo a un acto de la vida privada. El honor al que se refería era por la presencia en Italia del Presidente.  La admiración, el carisma, la carga humana, también.  Si se sintieron honrados por la aceptación del presente, fue porque quien lo recibía era, como reitera con absoluta formalidad la carta, el señor Presidente, no Carlitos, como lo llama Tato Bores.  El amor por Menem que declararon los hermanos Castiglioni y los hermanos Braghieri, quienes lo consideraron "muy sociable, muy simpático, una persona muy agradable", no mejoraba la figura.  Se supone que los fabricantes de esos vehículos frecuentan a muchos apasionados de los motores, y que no a todos les presentan regalos de cien mil dólares.  Menem, que se autodefine como un transgresor, no parece distinguir entre inocentes cuestiones de gustos, como teñirse el pelo, vivir maquillado y calzar tacos altos, y la comisión de delitos castigados por la ley que juró cumplir y hacer cumplir.
(En setiembre de 1991 se supo que el caso era aún más grave: apadrinados por el secretario privado de Menem, Miguel Angel Vico, los italianos ofrecían la remodelación de siete aeropuertos por 345 millones de dólares. Italimpianti contrataría la obra con el Ente Nacional de Turismo, que dependía en forma directa de la Presidencia, y subcontrataría la obra civil con Corimec, el consorcio de los donantes del auto colorado.  Lo hubieran conseguido si uno de los ojos más expertos del país en presupuestos abultados no les hubiera puesto la proa.  El secretario de planificación Vittorio Orsi, ex propietario de la constructora SADE, encomendó un estudio técnico: las obras no valían más de 156 millones, menos de la mitad de lo que se pretendía cobrar.  La época de la contratación abusiva con un Estado inerme había concluido.  El contratista reciclado en probo funcionario objetó el negocio.  La operación fue descartada.  Pero Orsi se enteró leyendo la prensa italiana de que continuaba bajo otra forma: un estudio de factibilidad encomendado por decreto presidencial a la misma firma autora del presupuesto desechado.  Ante la reaparición con vida de la Ferrari, Orsi presentó la renuncia.  Eran tiempos de privatización, no de contratos escandalosos.)
En Pinamar aguardaban El Hermano Eduardo, Bauzá, Manzano y Dromi.  Sus anfitriones aconsejaron al Presidente el reemplazo de Erman González como ministro de Economía.  Aplastado el camellazo de Seineldín, había que pensar en las elecciones.  Se había conseguido la estabilidad, pero no era suficiente.  Hacía falta ofrecer algo más atractivo, alguna forma de crecimiento que permitiera cosechar sus frutos en las urnas.  De allí Menem corrió a Mar del Plata, donde siguió analizando la estrategia electoral y decidió que el vicepresidente Eduardo Duhalde fuera el candidato peronista en la provincia de Buenos Aires.  Estaba exultante.  Los periodistas le preguntaron si había notado alguna mejora en las rutas y se burló:
-Sí: ahora hay cabinas de peaje.

Pero el martes 8, Página/12 añadió que la empresa había sido Swift-Armour, reseñó la historia de su planta en Rosario, informó sobre el alcance internacional del interés norteamericano en los casos de corrupción en el Tercer Mundo y dijo que Erman González había pretextado una gastroenteritis por insolación para diferir un encuentro en el que Menem se proponía pedirle explicaciones por la difusión del caso.  Además, la embajada de Estados Unidos admitió que mantenía estrechas relaciones con empresas norteamericanas que operan o que tienen intereses en la Argentina, así como también con apropiados funcionarios del gobierno argentino", aunque no consideraba pertinente "formular declaraciones acerca de los detalles de las comunicaciones ni de las conversaciones que se llevan a cabo".
Nielsen no soportó la espera y anunció que también él regresaba a Buenos Aires.  "No te muevas de ahí", lo conminó Oliva Funes.  Más tarde, fue confortado por directivos de Campbell Soup, desde New Jersey.
-Tranquilícese.  Usted y su familia tendrán protección -le anunciaron por teléfono.
-Espero que no sea necesario -declinó.
-El avión de la compañía está a su disposición para que puedan salir del país.
-Pero yo estoy fuera del país, en el Uruguay -aclaró. 
-Usted decide.
-No les voy a cortar las vacaciones a mis chicos.  Aquí estoy seguro.  Gracias.
La embajada y la empresa se preparaban para la embestida oficial, pero no imaginaron su estilo.
Sin consultar con el directorio, Nielsen, Cambiaso y Oliva Funes habían resuelto presentar la denuncia a la embajada.  Una vez concluida la ronda de entrevistas con todas las empresas norteamericanas que acusaban algún problema en su relación con el gobierno argentino, el exaltado Fermoselle solicitó a cada una que lo describiera en una carilla.  Swift eligió hacerlo en un papel sin membrete.  Varios directores no se sintieron felices de enterarse por los diarios y recriminaron el camino seguido sin su asentimiento.  El vicepresidente Carlos Galli intentó cobrar la cabeza de Nielsen, confiado en que detrás de ella también rodaría la de Oliva Funes.  "A los 65 años, Todman desempeña su sexta embajada, todo un record en la diplomacia estadounidense.  Ha superado la edad para retirarse.  Lo mandaron aquí para que jugara al golf, porque la Argentina no está en la agenda de Bush.  No podíamos sospechar que fuera a poner esos datos por escrito, bajo su firma, en una comunicación con el gobierno en papel de la embajada, y menos que llegaría a las páginas de la prensa.  En ninguna parte del mundo un ministro deja asentada la recepción de una carta semejante.  Promete solucionar el problema y la devuelve", se defendieron Oliva Funes y Nielsen.
En el gobierno, en la embajada, pero también en Swift, todos empezaron a mirarse de reojo. ¿Quien había filtrado la información a la prensa?  Cada uno tenía sus sospechosos.  En el gobierno los favoritos fueron Alberto Kohan y Raúl Granillo Ocampo; en la embajada, el modelo de Fortune; en Swift, Guillermo Nielsen, quien era el candidato número uno del jefe de la Secretaría de Informaciones del Estado, Hugo Anzorreguy.  Cambiaso insistió en que Nielsen no se moviera de Punta del Este, mientras aquí se acordaba una táctica a seguir en consulta con Campbell Soup.  Desde el primer momento tuvieron claro que no irían más allá de lo que Todman ya había revelado en su carta.  Pero aun eso era excesivo, porque el embajador había hablado de una solicitud de pagos por parte de funcionarios del gobierno.

El miércoles 9, La Nación pudo verificar la historia en fuentes oficiales y de la empresa.  Explicó en qué había consistido el trámite de desgravación impositiva de Swift-Armour, y en una columna de opinión sostuvo que los comisionistas o gestores proliferaban en un sistema económico preñado de regulaciones y todavía altamente estatizado. El director de Ambito Financiero, Julio Ramos, la emprendió a puñetazos con su máquina de escribir para arrancarle un editorial desopilante, que abogaba por las desprotegidas empresas argentinas: ¿Quien será su defensor, con un poder igual o similar al de Terence Todman?  Pensemos que las empresas argentinas tienen menos acceso al crédito bancario.  Además ahora tienen menos defensa que las extranjeras contra las coimas. O sea que podría haber una diferenciación peligrosa para la libre competencia empresaria".  Clarín compensó tres días de silencio con un informe especial de dos páginas, para el que cuatro de sus redactores rastrearon en Presidencia, en los ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y en la embajada de Estados Unidos.  Afirmaba que, antes de la nota de Todman, Washington había protestado seis veces por casos de corrupción en la relación del Estado con empresas norteamericanas.  Una fuente diplomática describió la secuencia tipo: cuando el trámite iniciado en forma normal por una empresa estadounidense para concretar un proyecto de inversión llega a un nivel alto de decisión, comienza una demora que sólo se resuelve contra el pago de aportes económicos.
Por televisión, Humberto Toledo, con expresión de ataque al hígado parecida a la que hizo famoso a Buster Keaton, informó que Menem había ordenado una investigación.  Sin embargo, anticipó que el Presidente seguía considerando delincuentes periodísticos a los responsables de la publicación y minimizó su importancia.  "Son acusaciones que caen en el vacío y que sólo alteran un poco la vida normal de la sociedad", añadió el ex encargado de prensa de la embajada de Irak.  Cuando se conoció el decreto 71 firmado por Menem, se comprobó que ese día vocero y Presidente habían coincidido: encomendaba al procurador del Tesoro establecer cómo habían llegado a la prensa las que prejuzgó como "noticias inexactas".
Ese mismo miércoles 9, Página/12 descorrió el tercer velo.  "Todos los caminos conducen a Yoma", decía en su portada.  Hasta entonces, Emir Yoma había tratado de creer que el diario no conocía más detalles de los que había publicado, que conocía el pecado pero no el pecador.
-"Un empresario de origen árabe": tenés que ser vos -le dijo su concuñado Munir Menem.
-Pero yo no integré la comitiva oficial -razonaba Emir.
-¿Había algún otro árabe en la comitiva? -se interesó Munir, que por entonces era embajador en la madre patria Siria.
-Sí, pero es puto, y el diario no dice puto.  Sólo dice árabe -se consoló Emir.
-¿Por qué decís que no integraste la comitiva? -inquirió Munir. 
-Porque me reuní con Carlos en Washington -contestó Emir.
-Pero te colaste en la reunión donde se trató el arancel al cuero -repuso Munir.
En la primera semana de octubre de 1990, Estados Unidos había recibido la visita de Menem con una resolución del secretario de Comercio Robert Mossbacher imponiendo recargos del 15 al 23 por ciento sobre los cueros curtidos y manufacturados (más de 65 millones de dólares, el primer rubro de las ventas a ese país antes de los caños de acero de Siderca), en represalia por la prohibición argentina de exportar cueros crudos.  Una comisión estadounidense había cuantificado empresa por empresa en la Argentina el subsidio implícito en la prohibición.  Recargos equivalentes cayeron sobre la importación de otros veinte productos argentinos.  Menem intercedió ante el subsecretario de Asuntos Interamericanos, Bernard Aronson, explicándole que la Argentina necesitaba de sus exportaciones para pagar la deuda externa.  Aronson le contestó que era un argumento lógico y que lo iban a estudiar.  Hundido en un sillón, escuchaba cada palabra Emir Yoma, quien gracias a su familiaridad con Menem había logrado introducirse como representante de la cámara de industriales curtidores, burlando la vigilancia de Cavallo, que lo miraba con furor.  Los intereses de curtidores como Yoma se oponen a los de frigoríficos exportadores como Swift.  A raíz de la prohibición de exportar en crudo, el precio del cuero pagado al productor bajó el 8 por ciento, pero este beneficio para las curtiembres desaparecía si los productos elaborados con materia prima más barata debían tributar el nuevo derecho compensatorio en el principal mercado consumidor.
No había sido el único roce del gobierno de Menem con Swift.  Como encargado de los negocios nuevos del frigorífico, Nielsen había intervenido en gestiones por la probable adquisición de la planta de San Sebastián.  En julio de 1990 Alberto Kohan les recomendó que se pusieran en contacto con un funcionario del gobierno norteamericano.  Se concertó una reunión, en la que se analizaron planes de inversión y mercados.  Swift descubrió más tarde que aquel norteamericano que tomaba nota de todo no era un agente del gobierno sino un criador de pollos de Minneapolis.
Nielsen volvió con ansiedad a aquel día de agosto en que recibió el pedido.  Las oficinas del directorio y la presidencia de Swift están en el primer piso.  Al salir del ascensor, el visitante desemboca en un palier adornado con una maqueta de por lo menos dos metros, que reproduce a escala la planta de Rosario, fotos de las latas de paté con crema, con champignons y de pollo, y un cartel de letras negras sobre fondo blanco, firmado por Campbell Soup, que dentro de una guarda de flores de lis anuncia "Nuestros Principios".  Uno de ellos es "ser buenos ciudadanos".  Las medidas de seguridad son estrictas.  Para llegar a los despachos principales hay que sortear varias puertas, que sólo se abren si se coloca en la ranura una tarjeta magnética con el código de las personas autorizadas a trasponerlas.  En la oficina de Nielsen cuelga un afiche de la National Gallery of Art de Washington, que anuncia los drawings de Jaspers Johns, y cuadritos más pequeños con el lema: "La calidad nunca es accidental, es el resultado de un esfuerzo inteligente".  Cuando acompañó a Emir Yoma hacia la salida, Nielsen observó el andar del hombretón y tuvo un pensamiento que lo hizo sonreír: "Moby Dick", asoció.  El ver la foto de la ballena blanca en la tapa del diario no le causó la misma gracia.
Peor le cayó a Menem.  Con la misma energía que había puesto un mes antes en sofocar el alzamiento carapintada, y siguiendo el modelo que tanto éxito le había dado entonces, subió la apuesta y desencadenó la ofensiva fulminante que había meditado la noche anterior, luego de una nueva reunión en Olivos con Erman González.  Desde el auto que lo conducía a la Casa Rosada convocó a su cuñado, con quien repasó los contactos con el frigorífico posteriores a la audiencia de abril, y resolvió arriesgarse a una confrontación.  Luego hizo pasar a González, al embajador en Estados Unidos, Guido Di Tella -quien también había recibido un reclamo del subsecretario de Estado, Bernard Aronson, en Washington-, y al subsecretario de Justicia, César Arias, y ordenó a su secretario Ramón Hernández que citara a los directivos de Swift-Armour.  La blitzkrieg debía coordinar varios pasos: elaborar en un par de horas y entregarle al embajador la respuesta que Todman había esperado en vano durante un mes; intimar al frigorífico para que no respaldara su denuncia, e iniciar la persecución penal contra el diario que la difundió.  Menem había emprendido una audaz fuga hacia adelante.
Desde la Casa Rosada, Erman González citó a Todman al Ministerio de Economía.  A mediodía del 9 de enero le entregó su demorada respuesta, en la que habían trabajado el viceministro Carlos Carballo y funcionarios de la cancillería, y sin previo aviso lo introdujo a otra sala donde aguardaban periodistas llamados a una conferencia de prensa.  El embajador y el ministro admitieron por primera vez la existencia de la carta.  Todman argumento que Swift y no él conocía quién había solicitado la contribución económica y por qué monto.  Ocultó sus sentimientos con una permanente sonrisa de placidez y se refugió en los conceptos contenidos en su carta.  Estados Unidos apoya el programa de crecimiento del presidente Menem, basado en mercados abiertos y un sector privado dinámico.  Para que las empresas estadounidenses inviertan en la Argentina es necesario que reciban igual trato que los inversores argentinos; que las reglas sean claras y coherentes, que el gobierno cumpla sus compromisos honrando los acuerdos, y que los permisos de importación sean tramitados con celeridad y honestidad.
Una vez delimitado el campo con Todman, restaba el frigorífico.  Por la tarde, Oliva Funes y Cambiaso fueron impuestos por González, en el despacho de Munir Menem, sobre las consecuencias que tendría para los negocios de Swift en el país ratificar la denuncia.  El frigorífico no tenía el menor entusiasmo por seguir adelante con el caso, que había conmocionado a todas las empresas norteamericanas en la Argentina.  Los hombres de negocios estaban disgustados con el embajador por haber confiado al papel un asunto confidencial.  Sólo después de que se acordó el ambiguo comunicado que daría la empresa, Oliva Funes fue introducido al despacho presidencial.  Menem le reclamó que tuviera listo el texto antes de las 19.  Como el 3 de diciembre, tenía todo preparado para comunicar a la prensa el parte de la victoria.
Al retirarse un edecán condujo nuevamente a Oliva Funes ante González.  El ministro hizo pasar a Emir Yoma, que aguardaba en un pasillo.
-Quiero presentarle a un amigo -dijo el ministro.
-Emir Yoma, a sus órdenes -musitó el asesor presidencial.
-El hombre de sus desvelos -añadió González.
-Encantado -respondió el aturdido Oliva Funes, siguiendo el juego del ministro, como si recién se conocieran.  Más tarde, González reiteró ante los periodistas que Oliva Funes no conocía con antelación a Emir Yoma.  Recién modificó su versión cuando Menem culminó ese día de contradicciones admitiendo que ambos habían mantenido uno o dos encuentros previos.  Entonces González atribuyó a Oliva Funes haber dicho durante el simulacro de presentación que le parecía haber conocido a Yoma por teléfono.
Ninguna de esas evidencias interesaron al procurador del Tesoro Jorge Maiorano ni a su reemplazante Alberto García Lema.  Al cabo de cuatro meses, el informe de la Procuración pretendió que no hubo actos ilícitos, reprochó a Swift haber comunicado a la embajada y no a las autoridades argentinas su inquietud y asignó una importancia decisiva al hecho trivial (e incierto) de que el expediente ya hubiera salido de Economía hacia Presidencia cuando Todman presentó su carta, ignorando el previo reclamo verbal.  Sobre la innecesaria demora de seis meses en el despacho del ministro, se limitó a transcribir las pueriles disculpas de González, sin someterlas al mínimo análisis crítico, y ni siquiera le llamó la atención que el trámite hubiera salido de su letargo al día siguiente de la reunión Menem-Bush.
Durante buena parte de su conferencia de prensa, Menem agitó triunfal el comunicado en que Swift negaba haber recibido presión gubernamental y, sin explicar a título de qué, invocaba políticas expresas y convicciones éticas para rechazar "cualquier intento de presión por parte de eventuales vendedores de influencias".  En su excitación, Menem brindó indicios sobre la forma en que dispuso enfrentar la crisis: "Los que publicaron esto creyeron que yo era tan ingenuo como para hacer un sumario que durara tres meses, durante los cuales la prensa nacional e internacional se ocupara del tema.  Quise tener primero el comunicado de Swift, y ahora investigaremos todo el tiempo que haga falta".  Añadió que estaba disgustado con su amigo el embajador, quien sería citado a brindar explicaciones.
Emir Yoma se declaró "preocupado por esta campaña de infamias irresponsables, que desprestigian la irrestricta libertad de prensa que gozamos", mientras Erman González y Menem daban el caso por cerrado, ya que sólo restaba un problema entre Todman y Swift.
-¿Es una desmentida al embajador? -preguntaban los periodistas.
-Ahí dice que no hubo presiones, deben circunscribirse a lo que dice el comunicado -orientaba la encargada de comunicaciones institucionales de la empresa, Patricia Canabal.  Esa misma noche, el vicecanciller Héctor Subiza recibió a Todman.  Al salir, el embajador dijo que había leído y releído la declaración de Swift y que no encontraba contradicción con su nota.  "No tengo nada de qué retractarme", sostuvo con la sosegada sonrisa que no perdió ni en el peor momento.
Recién entonces el gobierno advirtió que no era lo mismo intimar rendición a un capitán carapintada, rodeado dentro de un edificio vacío y sin nadie de quien esperar auxilio afuera, que al embajador de los Estados Unidos.

MIENTRAS LA CIUDAD DUERME

En cuanto asumió como ministro de Obras y Servicios Públicos, Dromi se preocupó por garantizar a la Telefónica de España que las promesas efectuadas por Carlos Menem durante su viaje se mantenían. El presidente de la empresa española, Luis Solanas, había padecido constantes cuestionamientos políticos y de la prensa, y para sostenerse en la interna de su Partido Socialista necesitaba una señal clara de Buenos Aires.  Dromi prometió que llegaría desde el más alto nivel, y el 3 de agosto de 1989 Eduardo Menem declaró a una radio que la nómina de empresas a privatizar incluidas en el proyecto de ley de reforma del Estado no se modificaría.  En setiembre, la ley fue promulgada.  En octubre, el memorándum de entendimiento del ministro de Economía Néstor Rapanelli prometió al Fondo Monetario Internacional comenzar, igual que Terragno, por la pronta privatización de ENTel y Aerolíneas Argentinas, las más lucrativas.
Es asombroso que en los documentos oficiales sobre la enajenación de una de las pocas empresas aéreas superavitarias del planeta, creada casi medio siglo antes, con rutas a todo el país y buena parte del mundo, que pese a su errática política comercial mantenía aceptables niveles de eficiencia en pasajeros/kilómetro transportados, coeficientes de ocupación de sus aeronaves, desarrollo y ampliación de rutas y actividades complementarias integradas verticalmente, no hubiera referencia alguna a los objetivos nacionales que se procuraban conseguir con esa operación.  La extensión de la Argentina le aseguraba un mercado en el cual el transporte aéreo debía aumentar su baja presencia relativa: por avión se transportaban el 6 por ciento de los pasajeros/kilómetro y el uno por mil de las toneladas/kilómetro del país.  Las leyes de la década del 70 que regulaban la competencia partían de un concepto que entonces era obvio, pero que a fines de la del 90 parecía olvidado: la índole del transporte aéreo de pasajeros y cargas como un servicio público, que no podía confundirse con una mercancía.  Sólo los gremios aeronáuticos tenían una propuesta integral, que comenzaba con la sanción de una ley de transporte y la definición de una política aerocomercial dentro de la cual se hicieran explícitos los objetivos que debía cumplir Aerolíneas Argentinas.  Al mismo tiempo, insistían en cerrar los grifos que desangraban a la empresa estatal en beneficio de contratistas periféricos, llevar a cabo una reestructuración orgánica, integrar un pool latinoamericano, rediscutir las frecuencias de vuelos a Estados Unidos y Europa y reactivar el transporte de cargas.  Normalizada Aerolíneas Argentinas, podría lijarse un plan de acción que estableciera las necesidades económicas mínimas para lograr los objetivos.  Y recién entonces buscar inversores, si fuera necesario.  Pero nadie en el gobierno estaba dispuesto a reflexionar sobre estas engorrosas cuestiones.  Lo moderno era liquidar, mal y pronto.
El decreto-marco número 1.591, para la venta, ya no del 49 como planteaba Terragno sino del 85 por ciento de Aerolíneas Argentinas, fue firmado el 17 de diciembre de 1989, sin atender a aquellas racionales sugerencias.  El 51 por ciento del capital social debía pertenecer a propietarios argentinos.  Aunque la ley de reforma del Estado estableció que ENTel y Aerolíneas Argentinas debían convertirse en sociedades anónimas dentro de las figuras establecidas por la legislación argentina, el decreto-marco transformó a Aerolíneas en una sociedad anónima con participación minoritaria del Estado.  De otro modo se hubiera perdido el carácter de línea de bandera, definido por la ley 19.030 de 1971, y en consecuencia el monopolio del servicio internacional regular.  Sin ese monopolio de las rutas exteriores era impensable privatizar la empresa, sostenía Dromi, quien trabajó en el decreto y el pliego de condiciones con el secretario de Obras Públicas Rodolfo Barra y con su sucesor, Osvaldo Pritz.
El anteproyecto del pliego se conoció en febrero de 1990, cuando Barra ya había partido para apuntalar a Mera Figueroa en el Ministerio del Interior. Definía que en el grupo comprador, que durante los primeros cinco años no pagaría impuestos, debía participar una empresa aérea con no más del 30 por ciento de las acciones.  Otro 10 por ciento se transferiría al personal, que tendría un representante en el directorio, y el Estado se reservaría un 5 por ciento, con poder de veto sobre decisiones fundamentales, al estilo de las golden share de las privatizaciones británicas.  Tomaba como base la valuación efectuada durante la gestión radical, con lo que el 85 por ciento en venta equivalía a 433,5 millones de dólares, pero incluía en el paquete a la operadora turística Optar, que había dado beneficios en los once ejercicios corridos desde su creación; la participación del 55 por ciento en Buenos Aires Catering, que en sociedad con Swissair proveía comida para la propia empresa y a terceros, con lo cual se financiaba el servicio de a bordo y quedaba superávit; el Centro de Instrucción de Vuelo, que en forma remunerada capacitaba a personal de todo el mundo; el centro de cómputos, y los talleres, hangares e inmuebles.  Por todo ello se solicitarían apenas 220 millones de dólares en efectivo y 213,5 en títulos de la deuda externa.  Aerolíneas Argentinas facturaba más de 700 millones de dólares al año.
La capitalización de deuda ya había aparecido el mes anterior en el pliego de ENTel y en los dos casos se convirtió en la vedette del show.  Como ya veremos en el capítulo 9, en ENTel habría un precio base en dólares igual para todos, y ganaría quien ofreciera más títulos de la deuda.  En Aerolíneas Argentinas, el anteproyecto de Dromi también subestimaba la importancia del precio.  En la calificación de los oferentes por puntaje sólo le asignaba 30 sobre 100.  Los otros 70 puntos se repartían en ítem de valoración subjetiva: 25 puntos premiarían la incidencia de los intereses públicos y de la comunidad, que no se definían; 20 el plan de acción; 15 el programa de propiedad participada para los trabajadores, y 10 las atribuciones del Estado.  De este modo, subordinaba el papel del Estado a criterios propuestos por el futuro propietario, en vez de decretarlos con claridad.  En cambio, ni el grupo oferente ni el plan de inversiones valían puntos en la calificación.  Esta ponderación de los intereses públicos, el control estatal o la participación laboral sólo fue una cortina retórica para ocultar el descuido por el precio, que es donde mejor hubieran sido resguardados aquellos grandes valores teóricos.
Antes que Dromi remitiera los pliegos al Poder Ejecutivo, la Comisión Bicameral creada por la ley de desguace del Estado logró modificaciones en el precio, las exenciones impositivas por cinco años, la indefinición de las atribuciones del Estado como socio minoritario, la puntuación del plan de inversiones y la evaluación de los grupos interesados como parte de la decisión.  En cambio, dejó a discreción de Dromi la tasación.  Así se llegó a la primera versión del pliego, con el decreto 461 del 13 de marzo de 1990.  La principal novedad respecto del anteproyecto fue un leve incremento del precio base.  Uno de los aspectos más irritantes de ese decreto fue que obligaba a aplicar el resultado de la venta parcial de Aerolíneas Argentinas a la cancelación de parte de la deuda externa de la compañía, que quedaba a cargo del Estado.
Luego de un almuerzo con Terragno, Dromi informó que para “ahorrar tiempo y dinero" se utilizaría como base la tasación de Shearson, Lehman & Hutton, J.P. Morgan y First Boston realizada durante las negociaciones con los escandinavos.  Sin embargo, la ley 23.696 y el decreto-marco exigían que la tasación corriera por cuenta de "organismos públicos, nacionales, provinciales o municipales".  Sólo si esto fuera imposible y quedara acreditado por autoridad competente y en informe fundado, el artículo 19 de la ley autorizaba a contratar organismos internacionales o entidades o personas privadas.  Pese a que no existía tal imposibilidad, el decreto 1.591 dispuso la contratación retroactiva de los consultores extranjeros, hipótesis que la ley no preveía.  Dromi cubrió las formas disponiendo que el Banco Nacional de Desarrollo verificara las cifras de los consultores elegidos por la Scandinavian Airlines System, para lo cual lo presionó a pronunciarse en menos de un mes.  Aun así, la tasación creció de 510 a 623 millones de dólares, de acuerdo con un informe en el cual el Banade sostuvo en forma explícita que "en estos valores no se incluye la participación de Aerolíneas Argentinas en otras sociedades, en especial Buenos Aires Catering, Optar y otras menores del país y del exterior", lo cual confirmó que el método preferido por Dromi servía para ahorrar tiempo y dinero.  Además dejó claro que no los ahorraría el Estado nacional.  
Entre los primeros en advertirlo estuvieron los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, que crearon una Unión Nacional de Trabajadores Aeronáuticos (UNTA) para oponerse a la enajenación de la empresa, con las dirigencias oficiales de las asociaciones de Técnicos de Vuelo y Personal Aeronáutico; tres listas opositoras a la conducción de Aeronavegantes, que sumadas habían representado en los últimos comicios al 67 por ciento de los comisarios y auxiliares; los opositores a la dirigencia de la Asociación del Personal Superior, y la agrupación que nucleaba al 48 por ciento de los pilotos.  De los materiales elaborados por la UNTA surgían objeciones tremendas al proceso de enajenación.
Las pólizas de seguros vigentes de las aeronaves, motores y repuestos de Aerolíneas Argentinas superaban los 800 millones de dólares, pero la tasación utilizada en los pliegos era de 340.  Diferencia: 460 millones de dólares.
Aerolíneas Argentinas tenía el 66 por ciento del tráfico de cabotaje, el 45 por ciento del sudamericano y el 38 por ciento de los vuelos a Europa.  Esto incluía siete frecuencias semanales a Europa, con llegadas a Madrid, Roma, París, Zurich, Frankfurt, Londres y Amsterdam; once a Estados Unidos, que cubrían Miami, Los Angeles y Nueva York, y una red de cabotaje que servía a 41 ciudades argentinas, con 700 vuelos semanales, que en temporada alta alcanzaban a 1.000. Todas esas rutas, más los vuelos a Asia y el transpolar, de alto valor de mercado, se entregarían sin cargo.  Por ejemplo, American Airlines acababa de comprar en la quiebra de Eastern sus derechos de rutas a Centro y Sudamérica en 350 millones de dólares, según la tasación realizada por la misma consultora Shearson, Lehman & Hutton, y pagó otros 100 millones por los derechos de acceso a Dallas, la ruta Miami-Londres y seis espacios de despegue y aterrizaje en el Aeropuerto Kennedy.  En su edición inmediata anterior a la presentación del pliego, el 5 de marzo, la revista especializada Aviation Week & Space Technology había informado que Panamerican negociaba la venta a Lufthansa en 300 millones de dólares de sus rutas a Berlín desde Frankfurt, Hamburgo y Munich.  En los dos años posteriores a la tasación original, Aerolíneas Argentinas había inaugurado nuevas rutas a Toronto, Sidney, Londres y Amsterdam, su resultado operativo positivo había crecido de 6 a 39 millones de dólares y su rentabilidad sobre ventas se había incrementado más del 500 por ciento.  De modo que los números de 1987 no tenían vigencia a principios de 1990.
La valuación de la flota fue efectuada en 1987, tomando como base los valores de libro.  Como ya estaban amortizados, dos Boeing 707 fueron tasados en un dólar cincuenta y siete centavos cada uno y no según su valor de reventa en el mercado de usados, que era de 2,1 millones de dólares cada uno.  La diferencia no era menuda: de tres dólares a cuatro millones. A precios de mercado, cada uno de los seis jumbos costaba entre 55 y 60 millones de dólares, de modo que el adquirente se apoderaría de la empresa, con todos sus bienes y su flota, con menos dinero del necesario para comprar cuatro de esos jumbos.
Tal como hizo Terragno al privatizar Austral, la sociedad argentina debería cargar con la deuda externa de Aerolíneas, en aplicación del precepto clásico: "Las ganancias se privatizan, las pérdidas se socializan", o su versión vulgar: "Socialismo, las pérdidas".  Un anexo del pliego cifraba la deuda de Aerolíneas en 741 millones de dólares más l27 millones por intereses vencidos.  Una empresa rentable se entregaría a los adquirentes sin su pasivo, que seguiría pesando sobre el erario.
La Comisión Técnica de la Asociación del Personal Aeronáutico demostró que el pasivo de Aerolíneas Argentinas se había originado parcialmente en la renovación de la flota, pero abultado con un fuerte componente financiero.  Si Aerolíneas hubiera podido licuarlo según el mismo régimen al que se acogieron, entre muchas otras empresas, su competidora Austral (de acuerdo con las resoluciones sobre seguros de cambio A31 y A33 de 1981; A137 y A251 de 1982; A303 de 1983, y A278 sobre bono de absorción monetaria del mismo año), una vez actualizada por el índice de precios mayoristas del Indec, y deducidos la inflación internacional y las erogaciones de divisas efectuadas entre julio de 1982 y enero de 1990, esa deuda se reduciría a 270 millones de dólares.  Es decir que con una tasa de interés internacional (Libo= 8,25 por ciento), insumiría unos 22 millones de dólares anuales, que Aerolíneas estaba en condiciones de afrontar con recursos propios, de modo que una mejora en su eficiencia de explotación le hubiera podido devolver su plena capacidad de inversión.  Aerolíneas Argentinas había sido el conejillo de indias con el que se experimentó en 1982 la renegociación de la deuda externa con altísimos intereses.  El acuerdo, que sometía los litigios a la Justicia de Nueva York y motivó la detención por un juez federal del entonces presidente del Banco Central, concluyó con el General Refinancing Agreement (GRA), por el que para cada privatización era imprescindible la dispensa de los bancos, el célebre waiver.  En esa negociación intervino el estudio de Emilio Cárdenas.
El argumento de que el Estado nacional no estaba en condiciones de endeudarse caía en este caso por el mismo hecho de que para vender Aerolíneas Argentinas absorbiera primero toda su deuda.  Si de todos modos la sociedad se hacía cargo del pasivo, desde el punto de vista de los recursos escasos resultaba menos oneroso conservar la empresa que venderla.  Sobre esa base, el interventor Carlos Russo planteó a fines de 1989 un plan alternativo: vender dos jumbos B-747 para cancelar con el Estado la deuda externa de Aerolíneas Argentinas adquiriendo bonos a precios de mercado, realquilar los mismos aviones y con la diferencia afrontar el crecimiento empresario.  Había llegado a esbozar inclusive algunos de sus lineamientos: crear subsidiarias para el transporte de cargas y el turismo, y comenzar con la reconstrucción del hotel internacional de Ezeiza, en lo cual habría interés de Swissair.  Russo había negociado la integración de los servicios de tierra con Varig, de modo que cada empresa atendiera en su país a los aviones de la otra para no duplicar gastos, y buscaba un acuerdo más profundo con la transportadora brasileña que incluyera la venta recíproca de partes.  "Méndez me mandó a la mierda", dijo al regresar de la audiencia en la que expuso todas estas ideas.
La entrega de una aerolínea con 29 aviones, libre de los servicios por ese equipamiento, constituiría un subsidio insólito en una actividad en la que la deuda de cada empresa aérea gravita en su desenvolvimiento económico.  La deuda de Aerolíneas Argentinas era inferior en ese momento a la de varios de los candidatos a adquirirla: American Airlines (3.611 millones de dólares), Varig (1.469 millones) o Iberia (1.043 millones).  La transferencia de tal deuda al Estado impedía también justificar la enajenación en la reducción del déficit.  En los tres últimos ejercicios, Aerolíneas había arrojado un superávit operativo de 90 millones de dólares.
Luego de vendido el 85 por ciento al comprador privado y cedido el 10 por ciento a los dirigentes gremiales que aceptaran convertirse en Directores, Obreros a cambio de su complacencia, el Estado retendría el 5 por ciento de las acciones.  Ese 5 por ciento de una empresa suya superavitaria le costaría los 868 millones de dólares de la deuda externa y sus intereses.  Comparando las cifras de la inversión privada con la participación estatal, y suponiendo una rentabilidad anual de 28 millones de dólares (promedio de los últimos tres años), los adquirentes obtendrían una rentabilidad del 23 por ciento anual, cuando la rentabilidad media de las 30 mayores empresas del mundo no llegaba al 3 por ciento, mientras el Estado sólo tendría una rentabilidad del 0,18 por ciento anual por los 868 millones de dólares que aportaba.  La sociedad argentina recuperaría su inversión en el año 2.620.
El capital de la nueva empresa fue fijado en 623 millones de dólares.  Luego de las últimas enmiendas, el punto 13.1 del pliego estableció que por el 85 por ciento los oferentes deberían cotizar 529,55 millones de dólares.  De ellos, "la parte del precio en dólares billete no podrá ser inferior a doscientos veinte millones de dólares.  Los oferentes, en el caso que decidan pagar todo o parte del resto del precio con títulos de la deuda externa argentina, deberán cotizar los mismos a su valor nominal".  La aparente neutralidad formal del enunciado ("en el caso que decidan" algo que por supuesto estaba decidido) no era lo más grave.  En ningún inciso del pliego se fijaba el monto mínimo de papeles de la deuda externa que se admitiría.
En una declaración especial sobre la Argentina, el macroeconomista Rudiger Dornbusch demolió ese criterio.  Dijo que la capitalización de deuda a valor nominal le parecía escandalosa, y que ni México ni Chile habían recurrido a ese mecanismo susceptible de traer críticas sobre todo el programa.  "Lo que la Argentina necesita urgentemente es capital con el cual pueda poner en marcha su economía, no reducir una deuda que, como todos saben, en estos momentos no puede pagar.  Debe mantener buenas relaciones con los acreedores, pero no entregar sus bienes sin recibir dinero a cambio.  El problema de la Argentina no es cómo pagar la deuda, sino cómo resolver la vida de todos los días, cómo mantener un estado de normalidad.  Creo que esto sólo puede lograrse si se encaran las cuestiones por separado.  La política con respecto a la deuda debe mantenerse aparte de la política fiscal y del plan de privatizaciones."
Según el pliego, la sociedad anónima podría mantener en el exterior "la porción de divisas que le corresponda por la prestación de servicios internacionales", aplicables al pago de servicios financieros, dividendos y reembolso de capital de accionistas del exterior.  Se transferían los derechos y prerrogativas de Aerolíneas Argentinas a la nueva sociedad anónima, que sería designada línea de bandera por cinco años para los servicios regionales y por diez para los internacionales.

La nueva empresa también recibiría los recursos del Fondo de Renovación de la Flota, procedentes de la venta de un Boeing 747-SP y del cobro del seguro por un Fokker F-28 destruido en un accidente en Villa Gessel.  Esa aeronave se había incendiado luego de un aterrizaje bajo la lluvia y en el barro, el 5 de enero de 1990, al culminar un vuelo en el que viajaban Rodolfo Barra y la senadora Liliana Gurdulich, dos personales clave en el remate de las empresas públicas.  El diminuto Barra fue el primero en abandonar corriendo la máquina aferrado a un portafolio.  Entre los restos chamuscados, el personal de Aerolíneas Argentinas sostuvo haber visto una valija con dólares, sobre la que nunca volvió d oírse.  Pese a que no había habido víctimas, Menem mostró tanto interés como para pilotear una avioneta hasta Villa Gessel e inspeccionar el lugar del accidente sin que se explicaran las razones.
Según los reglamentos, en caso de pérdida de equipaje Aerolíneas Argentinas cubre hasta 20 dólares por kilo, con un máximo de 400 dólares por pasajero.  Sin embargo, la senadora Gurdulich alegó que llevaba en sus valijas, entre otras cosas, un tapado de visón, un reloj marca Rolex y joyas.  Menem ordenó que se le pagara lo que pedía, sin indagar por el extraño caso del traslado de un visón en pleno verano.  El interventor Russo delegó la firma de ese pago indebido en el subinterventor, Enrique Femández.  La senadora cobró no menos de 12.000 dólares y lo mismo ocurrió con otros pasajeros especiales.
Si el comprador de Aerolíneas se quedaría con los seguros, el Estado debería pagar a la nueva sociedad, por transportes a realizar en su primer año, valores tarifarios más altos que los que había percibido al vender los pasajes adelantados con descuento a las agencias de viaje.  Hasta el 49 por ciento de las acciones podrían pasar a manos extranjeras, y el 30 por ciento podría ser absorbido por un operador aéreo del exterior.
Nada se decía de los pasajeros y la carga que Aerolíneas Argentinas transportaba a tarifas subvencionadas hacia y desde ciertas zonas del país, como la Patagonia, por cuestiones de interés nacional en su desarrollo e integración.  La relación tarifa/kilómetro para la zona sur del país (salvo Bahía Blanca, Mar del Plata y Viedma) era casi el 25 por ciento menor que para el resto del territorio.  Como los ingresos producidos en la zona sur representaban un tercio de los ingresos totales del tráfico interno, esa reducción del 25 por ciento equivalía aproximadamente a un 8 por ciento del total del cabotaje.  En 1989 la rentabilidad de Aerolíneas Argentinas había sido del 5,6 por ciento neto, libre de impuestos, lo cual indica que destinaba a la promoción de la Patagonia una vez y media su rentabilidad de cabotaje.  Como los Pliegos no incluían obligaciones o compromisos al respecto, era de temer  que en el futuro, por cuestiones de rentabilidad, esas zonas quedaran aisladas o su atención requiriera de un subsidio, pagado a la nueva empresa con déficit estatal.  Más aún, con alta inflación, recesión profunda y caída de los salarios como en 1989, la demanda de cabotaje había disminuido, y si los vuelos prosiguieron fue gracias a los ingresos por el servicio internacional, que compensaron aquel déficit.
El derecho de veto que retendría el Estado podría impedir la eliminación de servicios de transporte interno y correo, la modificación del plan de acción o los estatutos y la denegación de requerimientos del gobierno para la defensa nacional.  Pero ni en ese ni en ningún otro documento oficial se enunciaban algunos objetivos generales para el crecimiento y la integración del país: incremento de la participación del transporte aéreo en el total del transporte en la Argentina, mayor presencia de la bandera argentina en el mercado aéreo comercial internacional, acceso a nuevos mercados internacionales, establecimiento de nuevas rutas que rompieran con el diseño radial con centro en Buenos Aires, integración de las economías regionales, de la economía nacional o con los países latinoamericanos.
Por la parte financiada del precio (no más del 50 por ciento del total a pagar en efectivo) los oferentes deberían presentar avales bancarios y, como respaldo del plan de inversiones, garantías de bancos de primera línea internacional (clase A) por el 10 por ciento de las inversiones propuestas.
La falta de participación de los trabajadores o sus representantes sindicales en la confección de las normas de la enajenación determinó que se eliminara en los pliegos hasta la mención que hubo en los borradores acerca del mantenimiento del personal comprendido en las convenciones colectivas de trabajo.  Llegado el momento, el gobierno justicialista haría mucho más que eso por los adjudicatarios.
En la Comisión Bicameral, el peronista disidente Germán Abdala había rechazado el precio base establecido; el radical Hugo Socchi consideraba que la forma en que se otorgaba la capitalización de deuda externa constituía un privilegio, y todos cuestionaban la cotización de esos títulos a su valor nominal, sin fijar un piso para la cantidad de papeles.  De seguirse al pie de la letra la prescripción del pliego, los oferentes se hubieran apoderado del 85 por ciento de Aerolíneas Argentinas por 220 millones de dólares en efectivo y 309 en pagarés de la deuda, que se conseguían en ese momento en el mercado por 36 millones de dólares.  En total no hubieran aportado más que 256 millones de dólares: la facturación de la empresa en un cuatrimestre.
El 9 de marzo todavía estaban discutiendo el borrador del pliego de la licitación cuando Dromi lo envió para la firma de Menem.  Los legisladores recién lo supieron al verlo publicado en el Boletín Oficial y reaccionaron con ira, sin diferencia de bloques.  Incluso diputados que declaraban su colaboración con "la reforma del Estado", como los peronistas Jorge Yoma, José Corchuelo y Marcelo López Arias, protestaron por "la marginación del Parlamento de las funciones que le corresponden".  Insistían en el resguardo debido de "los intereses de la comunidad y el patrimonio del Estado Nacional, cosa que a nuestro criterio no ocurre como debiera en los pliegos". Menem aplicó también aquí su política del hecho consumado.  Tal vez debiera resignar algunos puntos de su objetivo de máxima, pero al firmar el pliego ya había desplazado el eje de la discusión.
Una semana después, Abdala presentó un proyecto de suspensión por sesenta días de la ley 23.696 y sus decretos reglamentarios referidos a las privatizaciones.  En esos dos meses el Congreso debía retomar el control del proceso de reforma del Estado.  Lo había cedido al Poder Ejecutivo bajo la presión de la hiperinflación y los saqueos como instrumento de emergencia para superar la crisis.  Seis meses más tarde, aquel apoyo legislativo se estaba empleando en empresas estratégicas de un modo descontrolado, sin la deseable transparencia y con la aplicación prioritaria del sistema de capitalización de deuda externa, que el Poder Legislativo había suprimido en forma expresa en el artículo 15, inciso 13 del proyecto de ley del Poder Ejecutivo.  Además de sus compañeros de bloque, firmaron el proyecto socialistas, demopopulistas, intransigentes y peronistas críticos como José María Díaz Bancalari y Juan Bruno Tavano, vinculados al gobernador de Buenos Aires Antonio Cafiero y al vicepresidente Eduardo Duhalde.
El bloque peronista de diputados replicó al desaire de Dromi promoviendo una interpelación para que explicara por qué tanta premura, e imponiéndole enmiendas al pliego: reservar para el Estado los ingresos de 45 millones de dólares por la venta de un B-747 y el cobro de otros 7 millones de dólares del seguro por el F-28 accidentado; destinar a previsión social, educación y salud y no al pago de deudas de Aerolíneas Argentinas los fondos obtenidos por la venta; premiar con un 5 por ciento más de puntaje a las empresas extranjeras cuyos servicios no se superpusieran con los de Aerolíneas Argentinas; asignar derecho de veto al Estado sobre cualquier reducción del servicio de transporte, eliminando rutas o destinos; elevar de 220 a 236 millones de dólares el efectivo mínimo admisible; prohibir durante cinco años la transferencia de las acciones en poder de la aerolínea internacional integrante del consorcio, y colocar un piso de 1.500 millones de dólares a la cantidad de papeles de la deuda externa.
Una vez que le hicieron llegar estas observaciones, Dromi confeccionó un borrador de decreto modificatorio en el que bajaba ese piso a 1.000 millones de dólares como pedían los bancos acreedores.  Los diputados descubrieron el ardid y debió volver a lo establecido.  Estos tira y aflojes indican el margen de discrecionalidad con que se manejó Dromi, quien de un plumazo regalaba o recuperaba centenares de millones de dólares.
Mientras los legisladores presionaban de un lado, los oferente se hacían sentir del otro.  "El gobierno puede pedir sugerencias, pero no andar negociando con cada interesado.  Nos pidieron opinión y les dijimos que nos parecían mal los cambios.  Estamos ayudando a que salga el pliego, tiene que ser cristalino, porque tampoco nos interesa que nos acusen de estar robando nada", explicó un directivo del Citibank, que (asociado con Alitalia, el grupo Socma y el ex interventor radical en Aerolíneas Argentinas, Eduardo González del Solar) constituía el candidato más firme a la adjudicación.  A cambio de las modificaciones en el pliego negociadas con los legisladores, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos les había ofrecido la posibilidad de excluir a Varig, por su carácter de competidor de Aerolíneas Argentinas.  Pero el Citi se negó.  "Nosotros no queremos que lo bajen, preferimos que vayan porque sabemos que no pueden ganar.  Por estatutos, Varig no podría tener más del 6 o 7 por ciento, y el Chase tendría mayoría.  Es un imposible.  Se tiene que caer solo.  Y el Presidente ya lo sabe.  El problema es que el precio es muy alto", argumentaba el Citi.
Con menos bulla que los legisladores, la Fuerza Aérea consiguió rescatar de la privatización los también rentables servicios de free shop y rampa de Ezeiza (5,6 y 8 millones de dólares de ganancia al año), que pasaron a su jurisdicción y contabilidad, y para cuya explotación se asoció con empresas privadas, que un año y medio después comenzaron a ser investigadas por contrabando.  De este modo, Dromi calmó los nervios de los brigadieres, que también pugnaron para que su Policía Aeronáutica Nacional recuperara jurisdicción sobre los ricos aeropuertos de Ezeiza y la Capital Federal.  En cambio, no les incomodaba que la Gendarmería atendiera el resto de las estaciones aéreas del país, donde no hay contrabando que combatir e incautar.  Eso es lo que había quedado de su tradicional nacionalismo.
Dromi planificó la interpelación contemplando los horarios de mayor audiencia de la televisión y de cierre de las ediciones de los diarios.  El lunes 26 de marzo recogió las quejas de los diputados radicales, quienes no pedían mucho más que leyes privatizadoras en lugar de decretos, y debate público de sus condiciones.  Dromi lo descartó aduciendo que no había tiempo para ese perfeccionismo y les explicó que las enmiendas en elaboración a los pliegos contemplaban las sugerencias radicales.  El martes 27 por la tarde obtuvo el aval explícito del Consejo Nacional Justicialista, presidido por Antonio Cafiero.  Por la noche comunicó al bloque de diputados peronistas que aceptaba las modificaciones solicitadas a los pliegos, y el miércoles 28 recibió a José Luis Manzano en su piso de dos plantas y 270.000 dólares de Libertador y Carlos Pellegrini, para planificar la estrategia ante la interpelación de esa noche, que consiguieron convertir en un monólogo de varias horas.  Antes de salir para el Congreso, llevó a la firma de Menem el decreto con las enmiendas a los pliegos de Aerolíneas Argentinas y ENTel, y a las 20.15 comenzó a hablar ante los diputados.  Dromi calculó que su introducción concluyera a las 22, hora en que la televisión estatal cortó la transmisión para pasar el partido entre Argentina y Cuba por el campeonato mundial de básquet, en el que Menem recogió los primeros silbidos de su mandato.  La complaciente oposición radical, cuyos cuestionamientos no iban mucho más allá de los que el bloque peronista había presentado ya a Dromi, aceptó formular sus preguntas por escrito y no pudo impedir que tanto la televisión como los diarios de la mañana siguiente se concentraran en la versión del ministro.  Las cámaras volvieron al recinto a medianoche, para un aburrido debate en el cual Dromi no concedía interrupciones, y que terminó a las 4.20 de la madrugada en medio de un escándalo, en apariencia concertado, cuando el radical Jesús Rodríguez gritó:
-¡Dromi miente! -y el subsecretario de Transportes Eduardo Ceballos le respondió:
-¡Calláte, chanta!
Al terminar la sesión, Manzano cruzó hasta el único bar abierto, en Callao y Rivadavia.  Alicia Castro y Alicia Regidor se acercaron con el borrador del primer panfleto que estaba preparando la UNTA contra la venta de Aerolíneas Argentinas.
-Yo le oí decir que usted manejaba a los gremios aeronáuticos.  Sepa que no es cierto.  Nosotros no estamos peleando por nuestra fuente de trabajo sino por el patrimonio de la Nación -lo increpó la stewardess Castro, de larga cabellera cobriza y ojos verdes encendidos de furia militante.  Manzano revisó los papeles que le tendían, miró de arriba abajo a su interlocutora y con frialdad replicó:
-Aerolíneas sin ustedes adentro valdría mucho más.
Las delegadas de los aeronavegantes se alejaron y Manzano masculló una imprecación:
-Estas conchudas se van a acordar de nosotros cuando vengan las minas de American y las echemos a la calle.
-Mi viejo es peruca y estuvo en cana.  Vos no vas a hablar así de las compañeras -lo interrumpió desde la mesa de al lado un técnico de vuelo.
-No lo tomés así, hermano -se disculpó Manzano, quien comenzó a temer que el incidente terminara a golpes.  Para evitarlo, no tuvo más remedio que liarse en una discusión que no se limitó al caso de Aerolíneas Argentinas.  Los fuegos de artificio verbales de Manzano parecían allí menos brillantes que en el recinto. Como de costumbre, utilizó a los Alsogaray para disimular su responsabilidad en la política del gobierno, y se atribuyó intentos fallidos para alejarlos de Menem.  Cuando ya eran las 7 de la mañana espetó:
-A María Julia la quisimos voltear mil veces, pero no pudimos porque tiene buenas patas y el turco se la coge.
Los estupefactos sindicalistas no quisieron oír más explicaciones de ese tenor y se levantaron de la mesa.

Una de las características del proceso licitatorio fue su plasticidad a favor o en contra de los candidatos, como admitió en febrero el secretario Osvaldo Pritz, al revelar que dos grupos se habían acercado para formular sugerencias sobre los pliegos en elaboración.  Hasta ese momento los interesados eran Alitalia-Citibank y Varig-Chase Manhattan, en los dos casos un operador internacional y un banco acreedor.  Auspiciaban a cada competidor un ex gerente de Aerolíneas durante el gobierno radical y un ex presidente de la empresa, bajo la dictadura militar.  En un primer momento, Dromi fue acusado de simpatía por la empresa brasileña, e incluso la presidenta de la comisión bicameral, Liliana Gurdulich, llegó a señalar que habían suprimido puntos que podrían interpretarse como privilegios para algunas líneas latinoamericanas.  Sin embargo, pronto Varig quedó excluida, mediante una argucia reveladora.
Otro de los aspirantes era la compañía New Zealand, en la que había intereses británicos y por la cual intercedió ante Menem el máximo ejecutivo de British Airways, Lord King of Wartnaby.  En una reunión con legisladores, Pritz explicó el interés oficial por New Zealand, que no reunía la cantidad de kilómetros recorridos y de pasajeros transportados que se requerían.  "Pensamos bajar el nivel, pero entonces se nos mete Varig", explicó.
"Nos acusaron de que hicimos el pliego para Varig. ¿Y? ¿Dónde están?  Que lo hicimos para los tanos. ¿Y? ¿Dónde están?  Se bajaron todos", pudo jactarse Dromi más tarde ante la Comisión Bicameral Durante el proceso de más de un año, el ministro cambió varias veces de preferencia, a medida que las dificultades de mercado, los pactos y alianzas empresariales o las condiciones políticas fueron apartando candidatos.  Pero en cada momento tuvo un favorito por el que se batió.
British Airways no concretó su anunciado interés, y SAS desistió en marzo de 1990 luego de adquirir parte del paquete accionarlo de LAN Chile.  El otro candidato de primera hora fue Enrique Menotti Pescarmona, cuya empresa Cielos del Sur operaba la aerolínea de cabotaje Austral.  Su motivación para la privatización de Aerolíneas Argentinas era doble.  Por un lado, temía que la competencia del coloso sacara del mercado a Austral; por el otro, imaginaba que podría pagar con Austral su participación en el consorcio comprador de Aerolíneas Argentinas.  Como Austral la había incorporado sin erogación alguna, se proponía hacer una nueva demostración de su fórmula para generar empleos con dinero de terceros.
Pescarmona había adquirido Austral en 1987 por 14 millones de dólares, con avales del Banco Nación.  Antes, el Estado absorbió su pasivo por unos 200 millones de dólares y Aerolíneas Argentinas le cedió una porción de su mercado de cabotaje para hacerla más tentadora.  Para cubrir la primera cuota, que le permitió hacerse cargo de Austral, Pescarmona compensó deudas del Estado por la construcción de una represa.  En tres años no hizo inversión alguna, y los pagos siguientes se licuaron a golpes de hiperinflación.  En el último tramo de su gestión, el apremiado ministro de Economía Juan Sourrouille decidió ejecutar avales, una actividad en la que el Estado pagador no tenía la menor experiencia.  El servicio jurídico del Ministerio resolvió encuadrar esos casos como título ejecutivo, para evitar un juicio ordinario que lleva 20 años.  El resultado fue favorable en la primera causa que llegó a Tribunales.  Sentado ese precedente, el secretario de Hacienda Mario Brodersohn ordenó ejecutar el aval concedido para la compra de Austral, pero el juicio nunca se inició.  Según Dromi, quien lo bautizó como El Campeón de la Picardía, Pescarmona completo el pago con moneda devaluada al mismo tiempo del cambio de gobierno, en julio de 1989.  Dromi, que había sido su abogado en Mendoza, se negó a recibirlo durante casi un año y recién le franqueó las puertas de su despacho cuando Menem se lo ordenó, una vez que los primeros favoritos, Varig y Alitalia, quedaron fuera de carrera y fue necesario pensar una alternativa.
El problema de Pescarmona era que carecía del operador internacional imprescindible para el negocio.  El decreto 575/90, con las modificaciones a los pliegos primitivos para la enajenación tanto de ENTel como de Aerolíneas Argentinas, se publicó en el Boletín oficial del viernes 30 de mayo, y los pliegos comenzaron a venderse a los interesados, por 30.000 dólares, el lunes 2 de abril. Él primero en comprarlo fue Pescarmona, quien luego de su fugaz asociación con Alitalia y Swissair había procurado en vano ser admitido por el consorcio del Citibank y Alitalia.  La situación de Austral ya era crítica.  Tenía autorización del gobierno nacional para ampliar sus servicios hacia el tráfico regional, con vuelos no regulares a Santiago de Chile, pero cuando todo estaba listo para iniciarlos el enconado Dromi le comunicó que debía abstenerse de hacerlo porque faltaba un decreto que perfeccionara el permiso.
Tanto Varig-Chase como Alitalia-Citi protestaron por la modificación del pliego de condiciones.  Varig alegaba que su interés había disminuido desde que el segundo decreto asignó al Estado poder de veto sobre el levantamiento de ruta: y suprimió el puntaje que en los primeros borradores premiaba “la integración latinoamericana".  Alitalia argumentó que la base de 236 millones de dólares en efectivo era muy alta.  El Citibank objetaba la fijación del valor para los papeles de la deuda externa que surgía del establecimiento de una cantidad mínima. "Eso crea problema con los tenedores de los papeles. ¿Por qué ponerles un valor'?  Que el mercado decida", argüía el Citi. Al fijar un piso de 1.500 millones de dólares en títulos de la deuda externa, los cuales debían entregarse a cambio de los 293,55 millones de dólares (que junto con los 236 millones de dólares en billetes sumaban los 529,55 millones de dólares del 85 por ciento del paquete accionario en venta) implícitamente se estaba fijando para esos pagarés una tasa de corte del 19,5 por ciento.  En el razonamiento de los banqueros no tenía sentido hablar de un valor de mercado de los títulos argentinos, porque no existía tal mercado: "Si voy con 200 millones de dólares a comprar papeles de la Argentina, de 12 suben a 25 por ciento, y si vendo 200 millones de dólares, bajan a 8 por ciento.  Cuando se habla de 12 o 15 por ciento es un reflejo del riesgo crediticio de la Argentina, pero mercado no hay".  Sin embargo, los acreedores reclamaban que se reconociera por los títulos entre el 30 y el 40 por ciento de su valor nominal.  La Comisión Bicameral logró lijar un piso del 19,5 por ciento, cuando la cotización en el mercado secundario era del 11,5 por ciento.  Si se hubiera respetado ese valor, en vez de 1.500 deberían haber aportado, 2.500 millones de dólares en títulos, y de aceptarse la propuesta de los bancos, no más de 1.000.
Hasta último momento, los bancos acreedores habían confiado en que Menem desecharía las enmiendas elaboradas por exigencia de los legisladores peronistas.  Pero en ningún momento actuaron como si ellos fueran los apurados, para lo cual no parecían faltarles razones.  Menem acababa de comunicar a los gobernadores peronistas que no estaba dispuesto a postergar las privatizaciones por 60 días, como le pedían, alegando que eso significaría una pérdida para el Estado de entre 150 y 200 millones de dólares, y las informaciones que recibían de Erman González y de su viceministro de Economía, Carlos Carballo, a quienes consideraban técnicos y no políticos como Dromi, eran tranquilizadoras.  Los acreedores estaban convencidos de que Menem necesitaba de ellos, antes que a la inversa, y no sentían que debieran elegir entre hacer buenos negocios inmediatos o consolidar una inserción profunda de largo plazo, mediante la reestructuración del modelo económico.  Aspiraban a lo uno y a lo otro.  En la tarde del martes 27, mientras Dromi daba los últimos retoques a las enmiendas, un banquero confiaba: "Si no se privatiza en esta ronda, será en la próxima.  Menem es pragmático.  Puede estar desinformado la primera vez e introducir cambios que impidan la privatización, pero la segunda vez no. Tenemos equipos que han hecho estudios completos, el análisis económico-financiero, y no hay candidatos que se estén matando por ganar este concurso.  No había manadas de interesados ni siquiera antes de que se empezaran a introducir estos cambios".
Entonces asomó su trompa un candidato temible, de la mano del embajador norteamericano Terence Todman.  American Airlines, líder en el mercado norteamericano, que podía asociarse con los bancos J.P Morgan o Manufacturers Hanover, compró el pliego.  American acababa de adquirir las rutas latinoamericanas en la quiebra de Eastern por 350 millones de dólares.  Por un lado, esto ponía de relieve el precio ridículamente bajo de Aerolíneas Argentinas; por otro, abría dudas sobre el interés real de quien ya había obtenido el derecho de volar a la región.  En todo caso, por sólo 30.000 dólares obtenía un buen informe sobre el mercado del Cono Sur y conocía por dentro a una de sus principales competidoras en él.  No sólo eso: el pliego también le sirvió para presionar sobre la Dirección de Transporte, ante la cual estaba gestionando permisos para operar en determinadas escalas y horarios.  Los avisos que por esos días publicaba American Airlines anunciando el comienzo de sus operaciones en la Argentina tenían una llamada al pie en la que se informaba que la fecha estaba sujeta a aprobación de las autoridades.  El gobierno estaba muy interesado en la participación de empresas norteamericanas, de modo que ante una insinuación sobre un posible retiro de American se apresuró a conceder la autorización solicitada.  Los avisos siguieron publicándose, ya sin la aclaración en letra chiquita.  Entonces sí, American Airlines comunicó que se retiraba.  Había cumplido todos sus objetivos.

La apertura de las ofertas estaba fijada para el 30 de abril, pero a mediados del mes los embajadores Todman y Ludovico Incisa di Camerana solicitaron una prórroga a Dromi, cuando los aspirantes que habían comprado pliegos eran Alitalia-Citi, Varig-Chase Manhattan, American Airlines, Pescarmona y, por último, Iberia.  Los norteamericanos habían llegado a último momento, y los italianos no lograban subir a bordo un socio local, pese a los contactos establecidos con Francisco Macri, de Socma.  Menem accedió a la solicitud y firmó el decreto 797, que alargó un mes el plazo para la apertura de ofertas, llevándolo al 31 de mayo, y dos semanas el de adjudicación, desplazándolo del 22 de junio al 6 de julio.  Esta premura, que acompañó todo el proceso, obedecía a la percepción del Presidente y sus ministros de la formidable resistencia que debían superar para conseguir un propósito que contradecía aquello que habían prometido para llegar al gobierno.  Cada día que pasara podría organizarse mejor la resistencia al plan y por eso los plazos contaban más que nada.
Como se ve, los aspirantes eran operadores internacionales de aerolíneas, asociados o no con bancos acreedores, y un solo grupo local, liderado por Pescarmona, sin operador internacional ni banco.  Urgido por la convicción de que se jugaba en ello la suerte de Austral, incapaz de soportar la competencia en el mercado de cabotaje de una Aerolíneas Argentinas privada, Pescarmona intentó varios movimientos: primero sondeó a American Airlines, luego quiso asociarse con Alitalia, después promovió la asociación entre Alitalia e Iberia, y por último abrió negociaciones con Iberia, con el First Boston y el Credit Suisse como asesores Financieros.  El First Boston es un banco que sabe cómo tratar con los latinos.  Su presidente es el ex ministro de Economía del presidente Fernando Belaúnde Terry, Pedro Pablo Kuczynski, el Martínez de Hoz peruano, y su representante en la Argentina, el ex ministro de Aramburu y Onganía, Adalbert Krieger Vasena.
Sorprendida por la congelación de los depósitos dispuesta por el presidente Fernando Collor de Melo y su ministra de Economía Zelia Cardozo, Varig no tenía con qué comprar su participación en Aerolíneas Argentinas.  El viernes 23 de mayo su socio, el Chase, solicitó una nueva prórroga, coincidente con la gestionada por American Airlines y sin oposición entre los demás candidatos.  Trató de negociar entonces la inclusión en el consorcio de la holandesa KLM, la octava transportadora aérea del mundo, dedicada casi en exclusividad al tráfico internacional.
Cuando Pescarmona tentó a American Airlines, la empresa norteamericana fue desalentada en forma muy directa por Dromi, cuya enemistad provinciana con su ex cliente era manifiesta y conocida en todos los ámbitos de negocios del hemisferio occidental.  Rotas esas conversaciones, American Airlines anunció su alejamiento el 12 de junio, privando al concurso de su operador más experimentado.
En la última semana de junio también desistió del negocio el Chase Manhattan, cuando no consiguió que se fijara una tasa de corte superior al bajo precio de los papeles de la deuda externa en el mercado secundario.  Su presidente en la Argentina, Roberto Labarthe, sentenció que salir de la deuda al 14 por ciento para seguir teniendo riesgo argentino no era buen negocio.  Quería colocar sus papeles argentinos por no menos del 45 por ciento de su valor nominal, lo cual triplicaba ese precio de mercado que según el Citi no existía.  La verdadera discusión era con los otros miembros del consorcio, porque la cantidad de acciones de cada socio dependía de la cotización que se le reconociera a los títulos aportados por el banco.  El negocio para un banco era integrar un consorcio con papeles de baja cotización por los que se le reconociera mayor valor que el de mercado, para luego vender su participación en la nueva empresa y hacer la diferencia.  El 3 de julio, el Chase confirmó la ruptura de su preacuerdo con Varig, por diferencias sobre el porcentaje de participación que pretendía cada socio.
Algo similar ocurrió entre Alitalia y el Citibank.  Ante el desinterés de Macri, reclutaron como socio local a LAPA (Líneas Aéreas Privadas Argentinas).  En mayo, las líneas aéreas estatales de Italia y España habían acordado un reparto de mercados: Iberia se quedaría con el tráfico hacia Occidente y Alitalia con el tráfico hacia Oriente.  El 14 de junio Alitalia solicitó una prórroga, para asociarse también aquí con Iberia, cada una con el 15 por ciento.  Alitalia es propiedad del IRI, el organismo estatal para la reconstrucción industrial de la posguerra, cuyo presidente, Franco Nobili, aprovechó el viaje de Menem en apoyo del seleccionado argentino de fútbol ante Camerún, para solicitarle una prórroga de 45 días, durante una entrevista celebrada el 8 de junio.  El 20, se adhirieron a esa demanda Citicorp e Iberia.
-No, no, no y no.  Esto no se negocia.  No se negocian los términos de la licitación, ni los plazos ni los contenidos -exclamó Menem dos días antes de firmar la segunda prórroga para la presentación de las ofertas, no por 45 sino por 15 días, hasta el 6 de julio.  Dromi explicó el 23 de junio que si no se estiraban los plazos se corría el riesgo de que se presentara un solo oferente, lo cual le quitaría transparencia al proceso.  El ministro también negó que hubiera recibido presiones.  En realidad a quienes había recibido en los dos días previos a esa declaración, había sido al embajador de Italia, Incisa di Camerana; al de España, su amigo personal Joaquín Raimundo Bassols y Jaca, y al presidente de Citicorp Capital Investors, Juan Navarro.  La prórroga fue concedida el 21 de junio.
Ante tantas rectificaciones, quienes se oponían al proceso licitatorio redoblaron sus cuestionamientos.  Una declaración del secretario general de la CGT Saúl Ubaldini, el presidente del bloque radical César Jaroslavsky y tres diputados de la corriente que dirige Federico Storani, los diputados peronistas del Grupo de los Ocho, los de la Democracia Popular, la Izquierda Unida y el Partido Intransigente, los dirigentes del Socialismo Popular, los sindicalistas del Estado, la docencia, los ferrocarriles, los teléfonos, el petróleo y la aeronavegación, anunció que desconocerían las eventuales ventas de ENTel y Aerolíneas Argentinas e impulsarían su anulación futura.
El 28, Alitalia dejó estupefacto a Dromi al notificarle que se retiraba de la licitación, aduciendo que armar el proyecto con Iberia requería los 45 días pedidos y no sólo 15, y que se habían excluido de los pliegos los rentables negocios del free shop y el servicio de rampa.  La combinación de cambio en las reglas del juego y falta de tiempo para acomodarse a las novedades le hacía imposible concursar.  El Citi dejó saber que la decisión había venido de Roma, por el aducido riesgo argentino pero también por las dificultades económicas de Alitalia.
En la última semana de mayo, cuando ya no tuvo dudas sobre la efectividad del veto de Dromi ante American Airlines, Pescarmona viajó a Madrid con algunos de sus socios para ofrecerle el negocio al INI, propietario de las líneas aéreas de España.  En todas las negociaciones con Alitalia, Pescarmona y los otros ejecutivos de Cielos del Sur acompañaron a Iberia, que terminó por asociarse sólo con ellos cuando los italianos se corrieron del camino.  Cielos del Sur no aportaría dinero.  Ofrecía incorporar Austral como activo de Aerolíneas Argentinas, y solicitaba una comisión por el lobby local, de un 5 por ciento sobre el monto de la operación.
El miércoles 4 de julio, Dromi admitió que ésa sería la única oferta y que no habría nuevas prórrogas.  José Luis Manzano se había reunido en las oficinas de Emir Yoma con Pescarmona, para sellar las paces y garantizarle que no habría interferencias.  Luego de casi un año de batallar para excluirlo, Dromi tenía que resignarse a que Pescarmona integrara el único consorcio que siguió hasta allí luego de una solicitud telefónica de Menem al presidente Felipe González, cuando el retiro de los candidatos de mayor envergadura le hizo presagiar una licitación desierta, que dentro del esquema autoderrotista que él mismo se había impuesto, constituiría el peor de los desastres.
El jueves 5 de julio de 1990, el embajador español introdujo en el despacho de Dromi al director general de Iberia Francisco Escartí Carbonell y al director financiero José María Domínguez.
-El dinero es cobarde.  Sólo va donde está el éxito -alardeó el embajador.  Escartí Carbonell lo corrigió, con expresión de hombre de negocios de película seria: la oferta de Iberia era sólida desde el punto de vista industrial y competitiva desde el financiero.  Al día siguiente, 6 de julio, se abrió el sobre con la propuesta de Iberia (20 por ciento de las acciones), Luis Zanón (17,5 por ciento), Cielos del Sur (12 por ciento), Francisco De Vincenzo, Florencio Aldrey Iglesias y Alfredo Pott (9,5 por ciento cada uno), y Leandro Bonansea (7 por ciento).
El grupo presentó un plan de acción copiado con apuro del que Pescarmona había elaborado a principios de año con American Airlines, que apenas se adaptaba a las características y necesidades de Iberia.  Los propios interesados reconocieron que el plan de acción y el programa de inversiones tenían escaso valor de referencia.  Pescarmona anticipó que, una vez dentro de la empresa, ajustarían uno y otro a la realidad de la compañía y del mercado.  Eso no era lo planteado por el pliego, pero sí la consecuencia natural de la prisa con que se realizó el negocio.  Mientras Pescarmona trataba de armar el grupo inversor, un equipo de trabajo preparaba en una oficina de Austral denominada El Bunker el plan de acción a presentar.  Lo integraban el ex gerente general de Aerolíneas Mario Bramer Markovic y los dos ex directores nacionales de transporte aéreo, Fernando Dozo y Eugenio Negre.  Dozo, socio del estudio Fargossi, fue renunciado por Dromi cuando autorizó los vuelos de Austral a Chile.
Lo que Iberia tenía definido era su proyecto de ganar economías de escala con vistas a la desregulación europea a partir de 1993, como lo explicó el 6 de julio Escartí Carbonell.  En apenas cinco días Dromi y Emilio Fluixá estudiaron el primer sobre, que contenía la información sobre el consorcio y su plan de acción, y resolvieron precalificar a los oferentes, considerando que cumplían con todos los requisitos.  Horas antes, el Citibank aún creía que la licitación podría declararse desierta, en cuyo caso "miraríamos con seriedad la posibilidad de presentarnos en la próxima, acompañados con industriales de importancia que aseguren el éxito".  El Citi desdeñaba las combinaciones políticas de Dromi, pero no podía enfrentarlo con mayor fuerza por la defección de su socio, Alitalia, de la que no podía culpar al gobierno.  Sin embargo, sus palabras alcanzaron para asustar al embajador español, quien el 12 de julio visitó a Dromi en busca de garantías, que obtuvo. La adjudicación a Iberia era un hecho.  El lunes 16 de julio el ministro abrió el sobre con la única oferta, y el martes 17 cumplió su promesa al embajador, cuando Menem firmó el decreto de adjudicación.
Iberia y sus socios locales ofertaron 260 millones de dólares en billetes, en lugar de los 236 que fijaba el pliego como mínimo, y convinieron en pagar 1.610 millones de dólares en títulos de la deuda, contra los 1.500 de la base, con sus intereses por otros 400 millones.  La mitad del pago en dólares billete (130 millones de dólares) se Financiaría en diez semestres consecutivos, con otros tantos de gracia.  Los españoles habían delineado el negocio financiero de modo de no cumplir una sola de las exigencias del pliego: en lugar de los 130 millones de dólares en billetes ofrecerían una carta de crédito abierta en el banco Hispano Americano, las garantías por los 130 millones de dólares financiados las suministraría un banco estatal argentino, los papeles de la deuda externa podrían ser alquilados y el Credit Suisse avalaría el plan de inversiones sólo contra la garantía prendaria de los aviones de la empresa.  La actitud de quienes se oponían al proceso fue tan laxa que recién tres meses después de la adjudicación se descubrió que los diez semestres en los que se pagarían los 130 millones de dólares de dólares de la parte en billetes financiada no comenzaban a contarse a partir del día de la adjudicación sino luego de un período de gracia de otros cinco años.  La revelación se produjo cuando los dirigentes de la Asociación de Técnicos de Vuelo Daniel Moragas y Daniel Montenegro pudieron hojear el expediente de la Comisión Bicameral en el despacho del diputado Noel Breard (UCR-Corrientes).  La propuesta de Iberia incluía esa gracia de cinco años, que había sido aceptada.  Ese día los sindicalistas también supieron que los 1.610 millones de dólares en títulos de la deuda integraban la parte del precio al contado.
El Banco de la Provincia de Buenos Aires, que formaba parte del consorcio como asesor financiero, recibiría a cambio de la garantía el manejo de la caja de Aerolíneas.  La carta de crédito extendida por el Banco Hispano Americano se pagaría recién después de transferida Aerolíneas Argentinas y de registrados los aviones a nombre del grupo privado, con la venta de seis de sus aeronaves, que seguiría utilizando en alquiler, y un remanente de esa operación se aplicaría a comprar 550 millones de dólares en títulos de la deuda.  En este caso, el método Pescarmona no se aplicaría a la creación sino a la supresión de puestos de trabajo, aunque siempre con plata de terceros, ya que una de las condiciones no escritas de la transferencia era la desprotección de los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, para que los nuevos propietarios redujeran costos por otro sistema también tradicional.
Recién una semana antes de la apertura del sobre, el 10 de julio, el Ministerio de Obras y Servicios Públicos encargó a Aerolíneas Argentinas que evaluara el plan de acción propuesto por el oferente y su viabilidad económica y le fijo para pronunciarse un lapso ridículo de 48 horas.  Según el pliego, el plan de acción de cinco años era una obligación contractual cuyo incumplimiento equivaldría al incumplimiento del contrato.  Para evitar la presentación de planes fantásticos que condujeran al desastre y plantearan la disyuntiva entre la extinción de la empresa o el subsidio, el plan debía incluir los resultados económicos y financieros proyectados, con indicación de su rentabilidad y aptitud para asegurar la viabilidad económica de la nueva sociedad.
Pese al exiguo plazo concedido, la comisión técnica de Aerolíneas Argentinas produjo un informe crítico en el que se recogieron las observaciones elevadas de urgencia por todos los gerentes.  Un sector pro-Iberia de la línea gerencial se opuso a que participaran de la comisión expertos ajenos a la gerencia.  Sin embargo el interventor Russo insistió en que la integrara el comandante Julio Semería, conocido por sus objeciones al proceso.  Antes de remitir el estudio al Ministerio, el gerente general eliminó las evaluaciones de un ex gerente de política aérea, atribuyéndole poca objetividad.  Incluso las moderadas conclusiones transmitidas a Dromi fueron muy críticas.  Pero no había la menor posibilidad de que fueran tenidas en cuenta.  Dos horas antes de recibirlas, el Ministerio ya había firmado la aprobación del plan de acción de Iberia.
El análisis comercial señalaba la ausencia de un estudio de mercado. Iberia se basaba en un aumento de la oferta mediante un uso intensivo de los recursos existentes, a partir de una premisa voluntarista: que la demanda acompañaría al aumento de la oferta.  El uso intensivo de los aviones implicaría un cambio en la modalidad operativa normal, con vuelos internacionales diurnos, contrarios a las preferencias de los pasajeros.  También habría cambios de avión y hasta de compañía en escalas intermedias para cubrir los servicios a la mayoría de las ciudades de Europa y Canadá, muy incómodos para los pasajeros y en consecuencia poco atractivos desde el punto de vista comercial.  Para cumplir con las ambiciosas metas presentadas, Aerolíneas Argentinas debía incrementar su tráfico promedio en un 20 por ciento en el primer año, no por crecimiento vegetativo sino por una mayor captación de mercado en detrimento de la competencia, a la que se suponía estática.
El análisis económico ponía en duda la ganancia de explotación prevista de 100 millones de dólares en el primer año, que implicaría un 13,6 por ciento de los ingresos, índice que ninguna empresa del mundo había alcanzado en 1989, según el Wats 6/90, "publicación que da como promedio de la industria un 3,7 por ciento".  También reparaba en que, aun cumpliéndose las metas de demanda anunciadas, los resultados no serían los previstos, porque el cálculo se había hecho sobre la relación precios internos/dólar vigente en 1989.
El área de operaciones descalificaba la propuesta utilización intensiva de la flota, con estándares de productividad superiores a los registros medios de la industria y a los de Aerolíneas Argentinas en particular, que afectarían su seguridad, contabilidad y eficiencia.  En toda la industria no existían antecedentes de un uso como el propuesto de los B-747 (16,25 horas de vuelo diarias en temporada alta, cuando la propia Iberia no empleaba los suyos más de 10,6 horas por día); del único B-707, con 67.000 horas de vuelo en 23 años de vida (14.40 horas diarias), o el único DC9-83 durante todo el año (13.10 horas diarias, con etapas promedio de 3.30 horas).  Las objeciones incluían el anunciado vuelo directo Ezeiza-México-Ezeiza con el único B-707 existente, que según estudios realizados por Ingeniería de Operaciones de Aerolíneas Argentinas, sólo podía transportar en el tramo de regreso 45 pasajeros, por las restricciones del aeropuerto en el peso de despegue y el combustible mínimo necesario; la incorporación en el primer año de un solitario DC9-83, que obligaría a montar un sistema de mantenimiento, repuestos e instrucción para él, y cuyo aprovechamiento comercial sería muy limitado por la cantidad de combustible necesaria para cubrir los tramos propuestos, en detrimento de los pesos comerciales de carga y pasajeros o de la seguridad.  Esas razones de seguridad impedirían las declaradas frecuencias Ezeiza-Guayaquil y Ezeiza-Lima con esa máquina: con el peso del combustible mínimo necesario para cubrir esa distancia no podría mantener la altura que permitiera sortear los obstáculos en caso de falla de un motor sobre la cordillera.  Por último, el B-727 propuesto para las rutas intereuropeas producía un nivel de ruido superior al admitido allí en los horarios de operación provistos.
La hoja de conclusiones era lapidario: consideraba inviables las previsiones de demanda y "significativamente sobredimensionada" la oferta. En consecuencia, no podría cumplirse "el objetivo previsto de obtener 100 millones de dólares de utilidad operativa para el primer año".  Los mismos efectos incidirían en el resto de los ejercicios del plan y afectarían el plan de inversiones "del que no se tiene conocimiento".
Julio Semería prosiguió el estudio más allá del plazo, de modo de fundamentar sus conclusiones con mayor precisión.  Para ello cargó toda la información en su computadora y desmenuzó los aspectos comerciales, operativos y económicos de la oferta.  Según el experto, el crecimiento dibujado en los papeles sólo podía alcanzarse mediante picos de 32 por ciento en el mercado de Estados Unidos y de 26 por ciento en Europa y el tráfico regional americano.  El plan contemplaba un aumento de frecuencias regionales con la pretensión irrealista de que los pasajeros de Río, San Pablo, Porto Alegre, Asunción, La Paz y Santa Cruz de la Sierra se trasladaran primero a Ezeiza para allí embarcarse hacia Estados Unidos o Europa por Aerolíneas Argentinas.  Tampoco el propósito de operar sobre los grandes ejes troncales -Buenos Aires-Miami y Buenos Aires-Madrid- tenía sustento.  El centro de concentración de tráfico en Madrid (el hub Madrid en la jerga técnica) se basaría en el aeropuerto más deficiente y peor preparado para recibir el incremento de tráfico europeo previsto en la década, según las evaluaciones de la Asociación del Transporte Aéreo internacional (IATA).  Los destinos directos a las ciudades europeas serían substituidos por vuelos indirectos, con trasbordo en Madrid, en horarios acomodados a las necesidades de Iberia.  En cambio el hub Miami era la base de operación de las principales empresas norteamericanas, a las que Aerolíneas Argentinas debería desplazar de su propio mercado para llevar su participación del 29 al 45 por ciento, arrebatando esa diferencia a Pan American y American Airlines.  Aun cuando todas estas expresiones de deseos pudieran llevarse a la práctica, todavía el número de pasajeros/kilómetro estaría un 8,4 por ciento por debajo del eufórico cálculo del plan de acción.
Aduciendo razones de confidencialidad, la oferta no incluyó los horarios comerciales.  Pero la consideración de las horas globales de vuelo declaradas para cada tipo de avión, los tiempos de escala para reaprovisionamiento, las contingencias meteorológicas, las demoras por congestión de tráfico y fallas menores, permitía afirmar a Semería que con los escasos márgenes previstos entre vuelo y vuelo, el plan era de cumplimiento imposible.
En los aspectos económicos, el plan se proponía alcanzar en el primer año niveles de ganancia de explotación, calculados como porcentaje sobre los ingresos, cuatro veces superiores a los del promedio de la industria y mayores aún en los años siguientes.  El desfasaje señalado del 8,4 por ciento entre los pasajeros/kilómetro que Iberia calculaba transportar en el primer año y los utilizados para valorizar la demanda, darían ingresos inferiores en 53 millones de dólares a los previstos.
Semería detectó para el primer año gastos financieros que correspondían a un endeudamiento de 400 millones de dólares.  Si "en el plan de inversiones se declaraban desembolsos en 1991 por 45,6 millones de dólares, y habiéndose vendido la empresa sin pasivos, la diferencia de más de 350 millones de dólares no puede ser deuda genuina de la nueva empresa".  El descubrimiento ponía en evidencia que el grupo adjudicatario ya preveía cargarle a la nueva empresa las deudas que sus miembros contraerían para pagarle al Estado.  Reaparecía de este modo la línea maestra que orientó el conjunto de la presunta reforma del Estado: alquimias políticas o financieras que operaran como ganzúas para forzar el ingreso a sus empresas y, una vez allí, obtención de recursos de los usuarios para cumplir con los mínimos pagos prometidos.  El denostado mercado interno argentino volvía a mostrarse como una codiciada mina de oro.
El plan de inversiones preveía la incorporación de un DC-9 83, con capacidad para 150 pasajeros en el primer año.  Esa máquina había sido encargada en los primeros meses de 1990 con el sistema de leasing, por Austral, cuando Pescarmona ya proyectaba entregar Cielos del Sur por su participación en Aerolíneas Argentinas, de modo que el traspaso del avión se haría sin más trámite.  Sobre ese mismo esquema, Iberia decidió vender los Boeing 727 que Aerolíneas Argentinas le entregaría sin deuda y sustituirlos por los DC-9 Super 80 que Austral tenía en leasing.  Con el dinero obtenido por esas transacciones los adjudicatarios recuperarían su mal llamada inversión, y al mismo tiempo reducirían el riesgo de anulación futura del contrato irregular, ya que en ese caso el Estado debería hacerse cargo de una cáscara vacía, sin aviones y con obligaciones de pago por leasing.
Al concluir el cuarto de los cinco años del plan de acción, la empresa habría contraído deudas por 900 millones de dólares por la incorporación de otras quince aeronaves en concepto de alquiler-compra.  El comandante Semería concluyó que, sumado esto a la prevista venta de diez aviones de Aerolíneas Argentinas, era evidente que "la inversión de capital propio durante los años considerados por el plan resultaría prácticamente nula".  El informe técnico añadía que, para lograr la rentabilidad neta prevista de 45 millones de dólares en el primer año, el consorcio adquirente debería aumentar la recaudación en base a un aumento de tarifas que dejaría a la empresa fuera de competencia.
Tal como está diseñado, "el plan propuesto es totalmente inviable desde el punto de vista operativo, comercial y económico.  Las utilidades que se declaran poder lograr están calculadas en base a datos ficticios y son necesarias para atender los gastos financieros de una deuda que no le pertenece a la empresa y cuya garantía no puede ser otra que sus activos.  Obligaría a la venta de los activos de la nueva empresa, a su concurso o quiebra, o eventualmente a la necesidad de ser subvencionada por el Estado para evitarla".  Al analizar la política aerocomercial implícita en la propuesta de Iberia y sus asociados, el informe técnico sostenía que la regulada en el Tratado de Roma para los miembros de la Comunidad Económica Europea era opuesta a las de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) y la Asociación Internacional de Transporte Latinoamericano (AITAL), que la Argentina estaba comprometida a defender.  Esto reduciría a la Argentina al rol de alimentador de la red de Iberia en Europa y de otras compañías no identificadas en Estados Unidos, con pérdida de presencia en Canadá y muchos países de la CEE y el abandono de derechos comerciales aeronáuticos adquiridos a lo largo de medio siglo e imposibles de recuperar en el futuro.  La imposibilidad de expandir la red internacional impediría el acceso a nuevas rutas y mercados y condenaría al país a un irreparable atraso tecnológico, mientras en el cabotaje quedaba constituido un férreo monopolio del 99 por ciento de la oferta, en contra de los considerandos del pliego, del artículo 10 de la ley de desguace del Estado, que propugnaba la desmonopolización y la eliminación de privilegios, y del decreto 1.842/87, dictado con el propósito de "crear factores de competitividad en el sector de los servicios y producción de bienes, que permitan a través de la diversificación de la oferta, generar condiciones de mercado que posibiliten la prestación de servicios eficientes".  Nada de esto parecían advertir los admiradores vernáculos de Michael Porter y su libro La ventaja competitiva de las naciones.  Es decir que no habría inversión sino desinversión y vaciamiento.

El 12 de julio, cuando se comprometió ante el embajador español a entregar Aerolíneas Argentinas a Iberia, Dromi tenía sobre su escritorio el informe de la comisión técnica, cuyas conclusiones ahondó luego Semería.  Sin embargo, cinco días después adjudicó la empresa, como autor consciente de un acto doloso.  Del 85 por ciento de las acciones vendidas tenía el 20 por ciento Iberia, con un patrimonio declarado de 1.045 millones de dólares.  Pero si de él se descontara su endeudamiento de 1.043 millones, como correspondía, ni siquiera la empresa real española cumpliría con los requisitos del pliego.  Completaban el otro 65 por ciento entre Pescarmona y los demás socios argentinos, cuya declaración patrimonial no pasaba de 137 millones de dólares, con los cuales debían hacer frente a una inversión de 343,8 millones de dólares por la compra de la parte correspondiente de Aerolíneas Argentinas.  Cuando los legisladores de la Comisión Bicameral objetaron la forma de pago ofrecida, Dromi acudió a dar explicaciones en una sesión en la que habló con sinceridad, sin sospechar que sus palabras estaban siendo grabadas.
Su difusión creó un enorme escándalo centrado en asuntos triviales, como la caracterización despectiva de otro ministro del gabinete o la forma en que el exabrupto fue registrado y llegó a la prensa.  Esto dio lugar a una graciosa investigación de los espías de la SIDE (que encerraron a los legisladores en la sala de la Comisión y los hicieron hablar en distintos tonos de voz, mientras probaban si el diálogo podía registrarse desde abajo de la mesa, desde el pasillo o con un micrófono direccional a través de una ventana) y una causa judicial en la que sólo se preguntaron tonterías acerca de la presunta violación de un secreto que no lo era porque la sesión no había sido declarada tal.  Pero no se prestó la misma atención a las varias gravísimas confesiones del ministro.  "Aquí ha licitado y aparece como cabeza de grupo una empresa estatal española, del gobierno de España, del Rey de España", dijo, luego de revelar que esa participación había surgido como parte de un acuerdo político y de un diálogo telefónico entre Menem y Felipe González.  Respecto de la conformación del consorcio, Dromi mencionó a los integrantes argentinos como "el gordito Pescarmona", de quien dijo que era "un mal socio que eligió Iberia", y "el gordito Zanón", a quien llamó "ese irresponsable que mató a una niña".  Para Dromi, "acá hay un operador de la empresa, que es responsable, que es la cabeza, que no se puede ir, que es oficial, que es Iberia", con la cual sugirió negociar, en España, cambios en la sociedad adjudicataria.
Luis Zanón, con el 17,5 por ciento de las acciones y un patrimonio declarado de 50 millones de dólares, era el segundo accionista de la empresa.  Concesionario a precio irrisorio del Italpark (cerrado luego del accidente en el que murió una niña por deficiente mantenimiento de uno de los juegos), era propietario de Cerámicas Zanón y la Cabaña Santa Augusta, y socio en Telefé para la explotación de un canal de televisión.  En el momento de la adjudicación de Aerolíneas Argentinas, otro organismo gubernamental lo estaba persiguiendo para que pagara la primera cuota por la licencia de Telefé.  Lo seguía Cielos del Sur, con el 12 por ciento.  Pescarmona poseía el 70 por ciento de las acciones de Cielos del Sur, y el resto se repartía entre Amadeo Riva, Francisco De Vincenzo, Hugo Bunge y Héctor Bouvier.  Junto con su familia, Pescarmona era dueño de IMPSA, especializada en turbinas y construcciones pesadas, de las bodegas Lagarde y del consorcio Impsat, dedicado a las comunicaciones satelitarias en sociedad con la Stet italiana, el Credit Suisse y la japonesa Nec.
Con el 9,5 por ciento seguía, ahora a título personal, Francisco De Vincenzo, presidente de la constructora rosarina Devi, dueño de Cerámicas Río Paraná y Cerámicas San Juan, y con participaciones en Cielos del Sur (7,8 por ciento) y el Banco Monserrat -uno de los que se prestó a avalar el plan de inversiones- (17 por ciento).  También con el 9,5 por ciento y un patrimonio declarado de 11,6 millones de dólares figuraba Alfredo Pott, que poseía una planta para el procesamiento de pescado en Río Deseado y controlaba la pesquera Santa Elena, con nueve buques factoría.  Los gremios sostuvieron que estaba procesado por contrabando, lo cual hubiera debido excluirlo del concurso.  El juez federal de Río Gallegos había dictado su prisión preventiva por el presunto contrabando de 11.000 toneladas de calamares, por valor de 15 millones de dólares.
Otro 9,5 por ciento correspondía a Florencio Aldrey Iglesias, propietario de los hoteles City (de Buenos Aires), Sol (de Bariloche) y Hermitage (de Mar del Plata), y de los diarios La Capital de Mar del Plata y El Ideal Gallego, de La Coruña, España.  Completaba la sociedad Leandro Bonansea, con el 7 por ciento de las acciones, por 43,6 millones de dólares, y un patrimonio declarado de apenas 310.845 dólares.  El Poder Ejecutivo no ignoraba que esa oferta no cumplía tampoco en cuanto a los patrimonios exigidos a los socios con las estipulaciones del pliego.  Por eso, en el expediente entregado a la Comisión Bicameral las fotocopias con los datos patrimoniales se hicieron sobre hojas donadas, en las que sólo se leían los ceros finales de cada cifra.  Esto ejemplifica con qué seriedad tomó el gobierno desde el primer momento la cláusula del decreto 1.591, por la cual el 51 por ciento del capital social debía pertenecer a propietarios argentinos.  La suma de transgresiones a las propias reglas de la ley, del decreto marco y de los pliegos, puso la venta de Aerolíneas Argentinas al margen de toda juridicidad.

A principios de junio, el inspector general de Justicia Alberto González Arzac remitió a la Comisión Bicameral un dictamen en el que advertía "la imposibilidad técnico jurídica de transformar a Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado en sociedad anónima con participación minoritaria del Estado, con facultades especiales y derecho a veto, por no existir esa figura en la legislación argentina".
La elección de esa figura societaria irregular no fue un error de Dromi, sino su respuesta de urgencia a una encrucijada legal.  El Código Aeronáutico (ley 17.285 y sus modificatorias) y las leyes vigentes de política nacional de transporte aerocomercial (19.030 y 19.534) designaban a Aerolíneas Argentinas instrumento escogido para la ejecución de la política de transporte aéreo internacional del Estado, como línea de bandera, con derecho al monopolio del servicio internacional regular.  Ese mandato sólo podía cumplirse si el Estado retenía participación en el directorio de la nueva sociedad, con derecho a veto.  Dromi, que no había incluido las rutas de Aerolíneas Argentinas en el precio a pagar por sus futuros propietarios, defendía el monopolio que los beneficiaría como condición necesaria para su privatización, lo cual demuestra que conocía el valor de esos bienes inmateriales que regalaba.  Como carecía del tiempo necesario para tramitar en el Congreso la derogación de esas normas, ideó una sociedad con participación estatal minoritaria pero con derecho a veto.  La ley 23.696 de desguace del Estado había establecido que las empresas resultantes debían encuadrarse en los tipos de sociedad contemplados por las leyes argentinas.  Y la ley de sociedades 19.550 sólo preveía empresas mixtas con participación mayoritaria del Estado.  Como órgano de aplicación de la ley de sociedades, la Inspección General de Justicia hizo notar su violación.
El Poder Ejecutivo, que ya había derogado leyes con decretos, había ignorado un pedido previo de informes sobre esta cuestión formulado por la Comisión Bicameral a iniciativa del diputado Abdala.  El 4 de julio, luego del dictamen de González Arzac, estos argumentos fueron recogidos en un recurso de amparo de un compañero de Abdala, el diputado Moisés Fontenla.  El abogado de la UNTA que lo patrocinó, Mauricio Longín D'Alessandro, recogió las observaciones del inspector general de Justicia y solicitó que se suspendiera la licitación.  La ajuridicidad de la empresa creada por Dromi podría dar lugar en el futuro a la anulación del poder de veto del Estado, única defensa para el cumplimiento de servicios de interés nacional que debían garantizarse aunque el prestador fuera privado.
González Arzac era un menemista histórico, muy vinculado con César Arias.  Durante la dictadura había intercedido por la situación del confinado ex gobernador riojano.  Además de alejar a Menem de sus familiares, cosa que por entonces parecía perjudicarlo, Albano Harguindeguy había amenazado con mandarlo en verano al tórrido Norte y en invierno a la helada Patagonia.  González Arzac fue el testigo que narró esa bravata en la causa que Menem siguió luego contra el ex ministro del Interior, quien fue condenado.  En las internas peronistas de 1988 González Arzac integró la lista Azul Rojo Punzó del menemista de negocios Hugo Santilli, vencida por el gerente renovador Carlos Grosso.  Durante la campaña electoral de 1989 fue un abejorro limitado a hostigar al radicalismo con denuncias sobre servicios de informaciones, terrorismo y espionaje, pocas de ellas verosímiles.  Desde la inspección de Justicia podría haberse dedicado a actividades tradicionales, como batallar contra el otorgamiento de personería jurídica a la Comunidad Homosexual.  Pero a partir del giro copernicano de la economía menemista encontró actividades más excitantes, y políticas.
En vez de desestimar el recurso, el juez Oscar Garzón Funes solicitó informes al Ministerio.  Conocido por una propensión poco común en sus colegas a contrariar los deseos del poder político, Garzón Funes había autorizado durante el gobierno radical la producción de una droga milagrosa contra el cáncer que el Ministerio de Salud prohibía, y admitido que un militar carapintada en disponibilidad asistiera a los cursos en la Escuela Superior de Guerra.  Alertado por estos antecedentes, Dromi se reunió varias veces en Tribunales con su subsecretario de Obras Públicas, en comisión en la Corte Suprema de Justicia, Rodolfo Barra, para diseñar una estrategia contra el recurso de Fontenla, presentado dos días antes de que venciera el plazo para la apertura de sobres.  "Aquí hay un conflicto de poderes entre un ministro y un legislador: por eso vamos a la Corte Suprema", se justificó Dromi, quien no tuvo reparos en adelantar que "por el per saltum, la Corte asumirá el tratamiento del recurso de amparo y decidirá en definitiva".  Fundamentó su vaticinio en la gravedad institucional de un conflicto de poderes y sus repercusiones sociales y económicas.
A las 9 de la mañana del jueves 12 Dromi solicitó a Garzón Funes el rechazo de la demanda de Fontenla, y a las 10 reclamó el avocamiento de la Corte Suprema.  A las 16, Barra pidió el expediente a Garzón Funes.  Según los constitucionalistas Alejandro Carrió y Alberto Garay, Dromi pretendía (y la Corte de su Barra concedió) una extensión indebida del mecanismo de la evocación administrativa, inexistente en las leyes y códigos que reglamentan la competencia de la Corte Suprema.  Los argumentos de Dromi eran insólitos.  Por ejemplo, cómo el artículo 280 del Código Procesal autorizaba a la Corte a rechazar recursos extraordinarios,

"interpretando contrario sensu dicha norma, de la misma forma en que V.E. puede juzgar discrecionalmente las cuestiones carentes de trascendencia, también puede hacerlo con las trascendentes y asumir competencia sobre ellas".

Pasaba por alto, nada menos, que en este caso no existía recurso extraordinario.  No había fallo de ninguna Cámara Federal que habilitara la competencia de la Corte por apelación, y ni siquiera el juez de primera instancia se había pronunciado.
El mismo jueves 12 de julio el embajador español había hecho ver a Dromi que así como Felipe González había respondido a la solicitud de participación, Menem debía asegurar que la pista quedara despejada de escollos para el despegue, mientras los disidentes peronistas por unas razones y el Citibank por otras, trataban de impedirlo.  El viernes 13 era el último día hábil antes de la feria judicial, que por dos semanas paralizaría toda la actividad.  El día más largo transcurrió en el corazón del invierno.  A las 11.30, el comité privatizador del Ministerio precalificó la oferta de Iberia-Cielos del Sur.  A las 12, luego de eludir a un ordenanza enviado por Barra para arrebatarle el expediente, Garzón Funes acogió el amparo de Fontenla y ordenó a Dromi que encuadrara la sociedad a crearse dentro de alguno de los tipos de sociedades contempladas por la ley 19.550. A las 12.38 el expediente ingresó a la Corte, donde se le agregó la previa solicitud de evocación de Dromi.  A las 16, el ministro apeló en 13 líneas útiles, con la firma de una de sus socias en el estudio, contratada ad hoc por el Ministerio.  En Tribunales es vox populi que la apelación fue redactada por el ministro y el subsecretario en el despacho de Barra.  Ese recurso no se presentó ante el juzgado de Garzón Funes sino en forma directa ante la Corte.  Según fallos previos de la misma Corte, eso era ilegal:

"De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el recurso extraordinario debe interponerse ante el tribunal que dictó la resolución que lo motiva.  Es improcedente el deducido en los estrados de la Corte Suprema".

A la misma hora, Menem ordenó que no se interrumpiera el proceso de preadjudicación de Aerolíneas Argentinas al único oferente.  A las 17.30, la Corte Suprema suspendió los efectos de la sentencia de Garzón Funes.  A las 20, el Ministerio informó que habían sido precalificados Iberia-Pescarmona.  En apenas veinte líneas, con la firma del cooptado Petracchi, hasta entonces enmascarado solitario del per saltum, y de Barra, Levene, Cavagna Martínez y Nazareno, enviados en su auxilio por el Poder Ejecutivo, la Corte ordenó suspender los efectos de la sentencia apelada.  Su escuetos fundamentos fueron que "las consecuencias de la resolución apelada pueden traducir agravios de imposible o tardía reparación", en un proceso de sustancia federal que, “por su trascendencia, exhibe gravedad institucional".  No se hizo cargo, en cambio, de las consecuencias, ellas sí irreparables en el corto plazo, de la adjudicación en esas condiciones.  La mayoría automática se había manifestado en forma contundente.  El lunes 16 los Tribunales entraron en feria, y el martes 17 Dromi adjudicó Aerolíneas Argentinas a sus nuevos propietarios.
Recién dos meses más tarde, el simbólico 6 de setiembre, a sesenta años del primer golpe de Estado del siglo veinte, la Corte se pronunció in extenso.  Levene, Cavagna Martínez, Petracchi y Barra consagraron su intervención per saltum reiterando la gravedad institucional, para evitar las consabidas consecuencias irreparables que tendría la demora.  Con las mismas razones justificaron que el recurso extraordinario se dedujera ante la Corte y no en el tribunal correspondiente, y consignaron que les había sido elevado, aunque sin explicar las causas de esta milagrosa ascensión.  Negaron legitimidad a Fontenla para intervenir, como ciudadano o en su carácter de diputado representante del pueblo, y dedujeron de allí que, al reconocer a alguien que no estaba legitimado para ello, Garzón Funes había excedido las facultades del Poder Judicial e interferido negocios públicos, configurando así la gravedad institucional.  Como la administración de la hacienda y el patrimonio públicos es materia de otros poderes, y la responsabilidad de los destinos económicos de la Nación y su pueblo corresponde a los políticos, el Poder Judicial debe saber mantenerse en su esfera, ya que sus estrados no son "el lugar en el que deban ser debatidas y juzgadas la bondad, acierto u oportunidad de decisiones Políticas sobre esos asuntos públicos".  Ni una palabra sobre la creación por decreto de una figura no contemplada en la ley de sociedades, ni del artículo 101 de la Constitución que vedaba la intervención de la Corte.
Moliné y Nazareno entendieron que la Corte debía intervenir porque existía un conflicto de poderes entre un juez de primera instancia, que había actuado apartándose de su competencia, y el Poder Ejecutivo. En consecuencia, no era necesario examinar si correspondía el recurso extraordinario.  Para señalar que Garzón Funes había exorbitado los límites de sus atribuciones, sostuvieron que el Congreso había delegado el contralor de esos asuntos en otros entes, como la Inspección General de Justicia.  Sin embargo, ignoraron que los razonamientos de Fontenla se habían originado precisamente en un dictamen de esa Inspección, desoído por el Poder Ejecutivo.
Belluscio y Oyhanarte no votaron, y en su disidencia Fayt puntualizó una sucesión de irregularidades.  Por ejemplo, la Corte había intervenido por la presentación de Dromi, a la cual luego se había agregado el amparo de Fontenla, lo cual no deja de constituir una originalidad.  Además, "se presentó de modo directo ante esta Corte el Ministro de Obras y Servicios Públicos solicitó la evocación del Tribunal, previa al dictado de resolución alguna en la causa por parte del juez", de cuya posibilidad conocía por los diarios.  Fayt recordó que la ley 4.055 sólo facultaba a la Corte a intervenir en asuntos previamente resueltos por una Cámara Nacional de Apelaciones, que el Congreso no había aprobado el per saltum y que la Corte lo había desechado en el caso de Margarita Belén, que "presentaba aristas aún más graves que éste".  Dejó implícito que la intervención de la Corte la constituía en una comisión especial o en un juez elegido en detrimento de una de las partes; que el tribunal actuaba sin respeto por las leyes; que se apartaba del espíritu de la Constitución: que "el perjuicio más hondo y, perdurable emanaría de darle [al caso] una importancia que no tiene alterando a continuación el orden normal de las instituciones, con menoscabo en la confianza en el Poder Judicial en general y en la Corte Suprema en particular, que el régimen republicano exige preservar a todo evento”, que era de mayor interés respetar la Constitución y las leyes, "con el consiguiente afianzamiento de la confianza pública en ellas", que el "destrabar con impaciencia una circunstancial dificultad de la autoridad administrativa".  Como la voz de un niño que señala que el rey está desnudo, Fayt no dejó pasar que, "concluidos aparentemente los singulares avatares de este proceso, queda irresoluto el principal problema de derecho; esto es, la adecuación o no de la nueva sociedad a aquella tipificación y, lo que es más importante, la extensión de la responsabilidad del Estado -plena o limitada- por su participación en aquélla según se resuelva en el futuro si es parte de una sociedad anónima o de una irregular”.
Con cuatro votos por aceptar el recurso extraordinario debido a la gravedad institucional y dos que sólo vieron un conflicto de poderes, la Corte ni siquiera formó una auténtica mayoría.  Fue así más indulgente consigo misma que con los tribunales inferiores: según sus propias reglas, para que exista pronunciamiento válido la mayoría absoluta de los integrantes de un cuerpo colegiado debe coincidir no sólo en la resolución de un caso concreto sino también en los fundamentos, cosa que en forma ostensible no ocurrió aquí.
Luego de sostener que la decisión de la Corte no puede encuadrarse ni en el activismo judicial, que apunta al fortalecimiento de los derechos fundamentales que los individuos se han reservado frente al Estado, ni en el conservadurismo judicial, que obliga a la Corte a respetar sus propios precedentes y no incurrir en interpretaciones forzadas de los textos legales, Carrió y Garay señalan con ironía que la actuación de la Corte fortaleció al poder Ejecutivo y se apartó de la ley y de la jurisprudencia, por lo cual:

"Algunos pueden pensar que éste fue un caso de hiperactivismo judicial a la argentina.  Esto es, de invasión de la cúspide del Poder Judicial argentino en un asunto claramente ajeno a su incumbencia".

Más que de una sentencia judicial, se trató de un operativo comando en el que descolló Barra, quien intervino desde Obras Públicas en la elaboración de las normas que luego defendió desde la Corte.  "La imparcialidad funcional significa que el juez no es parte ni debe tener interés en el proceso.  La equidistancia procesal exige que el juez, como tercero desinteresado, no haya tenido participación en la producción de los actos sometidos a su juzgamiento", había escrito Dromi en un libro de 1982.
El gobierno advirtió así al país que utilizaría en cada ocasión el grado de fuerza suficiente para imponer sus designios, y que si no había empleado más era por falta de necesidad, ante la endeblez de todas las contestaciones políticas, la deserción de la mayor parte de la dirigencia sindical y de los intelectuales, y la impotencia del resto.
La única ley era la voluntad de Menem.
Los constitucionalistas concluyen que:

"Debe meditarse en los graves riesgos de que la Corte Suprema (tribunal éste que en los últimos cincuenta años ha sufrido cambios en su integración de manera acorde a los vaivenes de nuestra ajetreada vida política) se convierta en algo así como el receptáculo de las quejas de los gobernantes de turno (...) Sería muy peligroso (...) que se tuviera la impresión de que la Corte no es el tribunal por definición dispuesto a defender a los individuos en sus derechos frente al Estado, sino, por el contrario, que es en ese recinto donde los funcionarios de gobierno encontrarán más allanados los caminos para asegurar la aplicación sin obstáculos ni trabas de sus ocasionales proyectos políticos".

Desde que Iberia y sus asociados argentinos presentaron el primer sobre requerido por el pliego de condiciones, Dromi tuvo los elementos necesarios para saber que no estaba en sus planes arriesgar capital propio para adquirir Aerolíneas Argentinas.  En lugar de ello, no ocultaron que se proponían pagar la parte de contado con la venta y realquiler de una parte de sus aviones y la hipoteca de otra, y mediante créditos que se pagarían con fondos extraídos de la operación de la propia Aerolíneas Argentinas.
Un indicio de ello se incluyó entre la documentación del Sobre 1 exigido por el pliego.  Fechada en Zurich el 21 de junio de 1990, una carta del Credit Suisse certificaba la disposición del banco a garantizar el plan de inversiones por 54 millones de dólares del consorcio integrado por Iberia, Florencio Aldrey Iglesias, Guillermo Kühl (el articulador político de los capitanes de la industria, que por única vez apareció mencionado en la sociedad), Devi Construcciones, el constructor de caminos Francisco Paolini, Luis Zanón y Cielos del Sur, pero con dos condiciones.  Primera, que esa garantía entrara en vigencia después de la toma de posesión de Aerolíneas Argentinas por sus nuevos propietarios; segunda, que hipotecaran aviones de Aerolíneas Argentinas, libres de cualquier derecho prendario, por el 130 por ciento de la suma garantizada.  Para ello debían registrar las máquinas en "un país industrializado" que no fuera la Argentina, de modo de evitar problemas con las leyes del país ante una eventual ejecución prendaria por parte del banco.  De este modo, la garantía del plan de inversiones no la suministraban los compradores con su patrimonio, sino con los bienes de la empresa a comprar.  Es decir que perderían la matrícula argentina aeronaves por 70 millones de dólares, casi la mitad de los aviones Boeing 737 con que se atendía el cabotaje argentino.  Si el adjudicatario incumpliera el plan, el banco debería hacer frente a la garantía, pero se llevaría a cambio la mitad de la flota de cabotaje, paralizando al país.  La única reacción de Dromi ante esta ostensible violación a las condiciones del concurso fue mantener la carta en secreto, al punto que la Comisión Bicameral y la Sindicatura General de Empresas Públicas recién la conocieron cuatro meses después, en octubre.
Lo mismo hizo con el propósito del consorcio de financiar la compra de la compañía mediante el sale and lease back de otras aeronaves de Aerolíneas Argentinas.  El 29 de agosto, Dromi todavía juraba a la Comisión Bicameral que ignoraba la existencia de semejante plan, que en realidad conocía desde hacía por lo menos treinta y cinco días, fecha de la adjudicación, y que una semana después de su negativa fue reconocido en el mismo lugar por José María Domínguez, de Iberia, Ernesto Ferrer, de Austral, y Pedro Pablo Kuczynski, del First Boston.
Pese al informe de su propia comisión técnica, el Ministerio también pasó por alto el pago de 34 millones de dólares en un año por servicios financieros incluido en el plan de acción de los adjudicatarios, por una empresa que se otorgaba libre de deudas y que sólo planeaba invertir en ese lapso 45 millones de dólares.  Según las tasas internacionales vigentes, 34 millones de dólares de intereses correspondían a un endeudamiento de 400 millones de dólares, que en cinco años crecería a 900 millones.
Las irregularidades que el Ministerio no investigó eran groseras.  Por ejemplo, con tres folios de diferencia el consorcio suministraba cifras contradictorias sobre sus proyecciones económicas.  En el folio 1160, que consignaba las pautas básicas utilizadas para valorizar la actividad, preveía 613 millones de dólares de ingresos reales en el primer año.  En el 1163, donde se aplicaban aquellas pautas, 731 millones de dólares.  Deducidos impuestos, gastos comerciales, administrativos y financieros, esto implicaba en el primer cálculo una pérdida neta de 52 millones de dólares en el ejercicio, y en el segundo caso una ganancia de 45 millones de dólares.  Que un déficit de 52 o un superávit de 45 resultaran lo mismo para la autoridad encargada de evaluar la oferta y adjudicar la empresa es sugestivo sobre su decisión a priori de entregar Aerolíneas Argentinas, en cualquier condición, al único oferente, y acerca de su forma desaprensiva en el manejo de los caudales públicos.  Sólo con tomar en cuenta ese presunto error de cálculo, se acumularían pérdidas por más de 50 millones de dólares anuales.  Los gremios aeronáuticos vaticinaron que la adjudicación en esos términos provocaría en cinco años el vaciamiento de la empresa, su quiebra, o la demanda de subsidios estatales para seguir funcionando.  En una declaración conjunta, cuatro gremios favorables a la privatización (las asociaciones de pilotos, de aeronavegantes y de técnicos de mantenimiento, y la unión del personal superior) declararon que el sale and lease back se justificaba cuando su producido quedaba en la empresa como capital de trabajo o para encarar nuevas inversiones, pero no "para pagar deudas personales de los socios.  Por eso no tendríamos ninguna objeción si Iberia y Austral venden y retroarriendan sus aviones con el objetivo de obtener el dinero para comprar Aerolíneas dijeron.  Añadieron que seis meses antes el gobierno de España había rechazado una oferta por la compra de la más antigua línea área charter de ese país, Spantax S.A., porque los adquirentes se proponían hacerlo con los fondos de la venta o hipoteca de un inmueble de la misma sociedad.
La idea de vender aviones para hacerse del dinero necesario para pagar la parte de contado del precio de Aerolíneas Argentinas fue sugerida al grupo Iberia-Pescarmona el 24 de mayo de 1990 por el Chase Manhattan Bank.  Su memorándum también recomendaba realquilar las mismas máquinas en una sola operación.  El plan fue puesto en ejecución entre fines de julio y comienzos de agosto mediante una argucia posibilitada por la debilidad del gobierno ante sus acreedores externos.
El 21 de agosto el consorcio debía depositar 130 millones de dólares en billetes, más títulos de la deuda externa por 1.610 millones de dólares y sus intereses correspondientes por otros 400 millones.  De ese modo integraría la parte del precio al contado de la oferta. Pero con la excusa de que el gobierno no había conseguido la dispensa de los bancos acreedores para la venta de Aerolíneas Argentinas, los adjudicatarios substituyeron los dólares en billetes y los títulos de la deuda externa que debían presentar por una carta de crédito de pago condicionado.  El argumento no era legalmente defendible, ya que según los pliegos las obligaciones del Estado comenzaban después del cumplimiento del adjudicatario.  Sin embargo, Dromi y los representantes del consorcio firmaron un acta ante el escribano general del gobierno, según la cual el ministro recibía una carta de crédito por 130 millones de dólares abierta en la sucursal Nueva York del Banco Hispano Americano.  El escribano guardaba ese documento hasta su cobro "una vez cumplimentada la entrega de los activos al consorcio adjudicatario", que desde ese día pasó a llamarse Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima (ARSA) en oposición a la anterior Aerolíneas Argentinas Sociedad del Estado (ARSE).  La carta de crédito sería pagada 72 horas después de la toma de posesión, una vez constituida la sociedad anónima, entregado a sus miembros el 85 por ciento del paquete accionario y registradas a su nombre las aeronaves.  La única explicación válida es que los adjudicatarios no tenían ni el dinero en efectivo ni los títulos de la deuda ni los avales, pese a lo cual el Poder Ejecutivo seguía adelante en forma irresponsable.
No todo el gobierno aplaudía las decisiones de Dromi.  El viceministro de Economía Carlos Carballo distribuía copias de una carta en la que el banco First Boston ofrecía participación a denominados inversores en el consorcio liderado por Iberia y Cielos del Sur, para un negocio en el que no hacía falta poner plata porque los fondos surgirían de la venta y posterior alquiler de los aviones de Aerolíneas.  Este procedimiento, conocido como leveraged buy out, es descripto en la película Wall Street, donde un broker adquiere, con la intención de despedazarla, precisamente una compañía de aviación.  En la Argentina, métodos afines reciben la denominación de vaciamiento.  La carta del First Boston llevaba el conspirativo sello de Confidencial.  Estaba dirigida a otros bancos, a los que les proponía el canje de sus papeles de la deuda externa argentina por acciones preferidas de la nueva empresa, argumentando que la Argentina era un mal pagador de su deuda, cuyos papeles valían entre el 10 y el 14 por ciento de su valor nominal, mientras que las acciones de Aerolíneas Argentinas, cuyas ganancias aumentarían en forma sustancial respecto de los 30 millones de dólares del último ejercicio, generarían atractivos ingresos en divisas para los bancos que participaran.  Sus argumentos para atraer inversores son una buena descripción de las razones por las cuales el Estado no debería haberse desprendido como lo hizo de su aerolínea de bandera.
Por la venta de tres Boeing 747-200 y tres Boeing 727-200 el consorcio percibiría 225 millones de dólares.  Con 130 millones cancelaría la carta de crédito del Banco Hispano Americano y todavía le quedarían 95 millones para alquilar esas mismas naves y saldar los 610 millones de dólares en papeles de la deuda externa cuya compra gestionaba el First Boston.  También saldrían de allí recursos para sostener el plan de inversiones incluido en la oferta.  Los otros 130 millones de dólares en billetes, a pagar en diez cuotas, serían garantizados por un banco oficial.  La operación de sale and lease back había sido negociada de antemano con la empresa irlandesa Guiness Peat Aviation, una de las mayores del mundo en ese tipo de negocios.  La idea era vender los aviones en cuanto se recibiera su posesión y de inmediato alquilarlos.  Su propiedad cambiaría de mano pero ni se les tocaría la pintura exterior en una declaración firmada el 7 de setiembre, los adjudicatarios pretendieron que éste era "un método genuino de financiamiento que forma parte del esquema financiero global de la operación como una alícuota del mismo y no se contrapone con normas jurídicas y/o de la propia licitación".  No es así, desde que el Código Civil y la ley de sociedades comerciales señalan que la sociedad es una persona jurídica distinta de sus miembros.
La difusión de los detalles de la carta de crédito ya había desatado un escándalo, que enfrentó a los ministros Dromi y González en presencia de los directivos de Iberia y del First Boston durante una reunión en el Ministerio de Economía.
-Para empresas como las nuestras no es ningún problema reunir 130 mil dólares -minimizó el director económico-financiero de Iberia, José María Domínguez, cuando los periodistas lo forzaron a conceder en el Ministerio de Economía la conferencia de prensa a la que los había citado en su hotel.
-Es que no son 130.000 dólares, sino 130 millones -lo corrigió un periodista, mientras Dromi guardaba fastidiado silencio y Erman González trataba de cortar el diálogo.  Kuczynski ayudó al ministro de Economía a levantar la reunión, con un argumento en favor de la posición de Dromi: 
-Tengo que ir a Ezeiza para tomarme un avión alquilado -jaraneó el peruano, aficionado a la flauta dulce y a las frases provocativas.
El comunicado del consorcio adjudicatario posterior a la conferencia de prensa no mencionaba entre sus integrantes a Zanón y Pott, cuestionados por el accidente en el Italpark y la causa por contrabando, quines fueron diluidos del rubro “otros empresarios argentinos".  El texto se atribuía "el apoyo de instituciones financieras de primer nivel como son el First Boston, Credit Suisse y Chase Manhattan Bank".  En realidad no existía tal apoyo sino una gestión financiera que, sin inversión de capital propio alguno, les permitiría ganar una comisión en el canje de títulos de la deuda externa argentina por acciones preferidas de la nueva sociedad, como lo puso en evidencia el que la carta de crédito fuera abierta por un banco español y los avales por el resto del precio en dólares billete provinieran del Banco Provincia de Buenos Aires.  El 36 por ciento de las acciones del consorcio que debía estar en manos privadas argentinas, sumadas al 5 por ciento del Estado y el 10 por ciento del personal, impedirían la desnacionalización de la empresa.  Pero la cambiante identidad de esos inversores constituyó un galimatías que nadie se preocupó, por aclarar, cuando era notorio que no se cumplía la exigencia del punto 18.3 del pliego, según la cual los accionistas con más del 10 por ciento debían poseer un patrimonio neto no inferior a los 50 millones de dólares.
Una semana antes, el 29 de agosto, con razonamientos dirigidos a demostrar que Aerolíneas Argentinas era una empresa imposible de vender y que resultaba muy difícil conseguir inversiones, Dormí defendió ante la Comisión Bicameral el cambio de condiciones impuesto por los compradores y solicitó a los legisladores que le concedieran un plazo de treinta días para que los adjudicatarios aportaran el dinero.
La situación de Dromi se complicaba porque el ministro de Economía Erman González compartía el criterio de legisladores de la comisión de Seguimiento, como el demoprogresista-liberal Alberto Natale, el radical Noel Breard o el peronista Germán Abdala, para quienes la carta de crédito presentada por el consorcio no era tal, ya que antes del pago el vendedor y el comprador debían certificar la constitución de la nueva sociedad y el traspaso de los aviones y del 85 por ciento de las acciones.  El jefe del comité privatizador del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Wenceslao Emilio Fluixá, también expuso en favor de los adjudicatarios.  Los problemas obedecían al error de exigirles demasiadas obligaciones sin la correspondiente contraprestación, explicaba.  La carta de crédito condicionada se justificaba porque "ellos tenían que poner los 130 millones de dólares en efectivo sin recibir nada a cambio, porque no teníamos hecha la nueva sociedad ni les habíamos traspasado los bienes de Aerolíneas ni habíamos conseguido los waivers de los bancos".  Añadió que el sale and lease back era usual y que no veía problema mientras no se abusara.  La venta anticipada de los aviones, para pagar con ellos la primera cuota, no caía dentro de su definición de abuso.
"La certificación doble le quita la característica de carta de crédito", lo refutaba el subsecretario Carballo ante quien quisiera oírlo.  Además, el plazo de 72 horas entre el cumplimiento de esas condiciones y la integración del efectivo era suficiente para concretar las operaciones financieras sobre las máquinas, en un negocio sin inversión.  "Para eso vendemos nosotros los aviones y listo", añadía.  El jueves 30 de agosto la Comisión Bicameral decidió que la carta de crédito no cumplía el requisito de pago en efectivo, pero en lugar de promover la anulación del proceso licitatorio concedió el plazo solicitado por Dromi, hasta el 25 de setiembre.  Abdala y Natale habían mocionado que se dejara sin efecto la licitación, mientras los radicales continuaban en su ambiguo rol de facilitar aquello que objetaban.  El 23 de agosto, sus diputados habían promovido el juicio político de Dromi; el 28, ampliaron sus fundamentos, y el 30, sin bajar el tono crítico de las palabras, en los hechos le concedieron el plazo que necesitaba para cerrar la operación y seguir discutiendo bajo la presión del hecho consumado.
No obstante, la declaración de la Comisión obligó al consorcio a remodelar su plan.  En lugar de la carta de crédito, en la primera quincena de setiembre propuso un depósito cruzado (escrow account) entre el Banco de la Nación Argentina y el Hispano Americano.  El banco español transferiría los 130 millones de dólares a la sucursal Nueva York del Banco Nación, que a su vez abriría un crédito por la misma suma a favor del Hispano Americano.  El gobierno argentino recibiría el dinero recién cuando se cumplieran dos de las condiciones: la obtención de los waivers de los bancos y la transferencia de Aerolíneas Argentinas.  La operación de sale and lease back podría efectuarse después de la posesión.  El 28 de setiembre, Iberia-Pescarmona concretaron el depósito condicionado, con vigencia por noventa días.  Poco había cambiado: la disponibilidad de los recursos estaba sujeta a las mismas exigencias que la carta de crédito impugnada.  Pero a partir de allí se modificaron las relaciones al interior del consorcio.  Descartado el sale and lease back como forma de obtención de los recursos para el pago inicial, Pescarmona comenzó a ceder posiciones ante Iberia que, a instancias del gobierno, aportó la alternativa del escrow account.

El ministro de Obras Públicas y la Comisión Bicameral no se pusieron de acuerdo. Para Dromi el depósito que reemplazó a la carta de crédito constituía un ingreso inmediato de fondos genuinos.  Para los parlamentarios, estaba tan condicionado como la carta de crédito.  El 10 de octubre Emilio Fluixá presentó a la Comisión Bicameral una carta en la que el presidente del Banco Nación, Hugo Santilli, informaba que el grupo adjudicatario había depositado en la sucursal Nueva York los 130 millones de dólares de la parte en efectivo comprometida "en fondos de inmediata disponibilidad".  Esto desarticuló la ofensiva de Abdala, Breard y Natale, cuya nueva solicitud de nulidad de la licitación no fue aprobada.  Aunque Fluixá no pudo satisfacer la solicitud que le formularon de ver la boleta de depósito, la Comisión resolvió pasar a cuarto intermedio por una semana.  Recién después de levantar la sesión supieron que ese mismo día el directivo de Cielos del Sur Hugo Bunge había admitido que el Estado argentino “no puede gastar ese dinero hasta que no haga sus deberes, que consisten en constituir la nueva sociedad anónima, traspasar los activos obtener los waivers".  También el segundo de Erman González, convocado la semana siguiente por la Comisión para que exhibiera la boleta, rectificó a los hombres de Dromi y reconoció que el depósito era condicionado, como aducían los impugnadores.  "A Santilli se le fue la mano,” comentó el sarcástico Carballo, quien declinó cualquier responsabilidad en el engaño.  "Los bancos tienen autonomía, ¿no es cierto?", se excusó, mientras dejaba que el humo de sus cigarrillos rubios impregnara su traje de franela gris.
Los tres legisladores más críticos denunciaron que, además, se trataba de un depósito a tres meses, a partir del 28 de setiembre.  Si la transferencia se cumplía en los primeros 45 días, el Estado percibiría los intereses por ese período.  Pero si se realizaba en los segundos 45 días, los intereses irían para el consorcio adjudicatario.  Por supuesto, Aerolíneas Argentinas se entregó en los segundos 45 días.  Para llegar a ello, Dromi debió superar todavía varios escollos. Por un lado, los adjudicatarios lo apremiaban.  Durante una reunión celebrada el 16 de octubre, el presidente de iberia, Miguel Aguilá, y sus socios argentinos Riva y Pescarmona le anunciaron que ya tenían los títulos de la deuda y los avales por el 50 por ciento financiado del pago en billetes y le explicaron que no querían perder la temporada alta, que es la mejor del año.
Cada vez que se reunía la Comisión Bicameral, Dromi y su equipo debían idear alguna nueva argucia que difiriera un pronunciamiento condenatorio.  El 19 de octubre, la senadora Liliana Gurdulich de Correa, delegada personal de Dromi en la Comisión, exhibió una carta de la SIGEP en la que Mario Truffat, Alberto Abad y Alejandro Videla declaraban que no había objeciones legales que impidieran continuar con lo que llamaban el proceso de privatización de Aerolíneas Argentinas.  Luego de tan categórico dictamen, enumeraban como algo secundario, algunas salvedades: "Los ministerios competentes deberán arbitrar las salvaguardias para garantizar al Estado nacional que al momento de la entrega de la posesión se hayan constituido las garantías del saldo de precio y plan de inversiones correspondientes, como asimismo recibido el saldo de precio en títulos de la deuda.  En su defecto se tendrán que arbitrar mecanismos alternativos que garanticen suficientemente los intereses de la Nación".  Este párrafo contradecía la afirmación inicial.  El pliego no contemplaba ningún mecanismo alternativo, y el incumplimiento de cualquiera de los compromisos mencionados era suficiente objeción legal para seguir adelante.  Gurdulich también tenía una carta del diputado Marcelo López Arias, quien reclamaba la declaración de nulidad de la operación.
La Comisión recomendó que el pago al contado se tradujera "en un real ingreso de fondos al Tesoro", que no se admitiera la venta o hipoteca de los bienes de Aerolíneas Argentinas para pagar la operación, que los avales fueran prestados como requería el pliego "por bancos de primera línea", y que el saldo del precio se pagara en diez semestres a partir de la toma de posesión.  Sólo dos diputados votaron en disidencia: Germán Abdala, quien como secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado se constituyó en el cuestionador más inteligente y constante de todo el proceso, y Alberto Natale.  Ex intendente de Rosario bajo la dictadura militar, introducido por María Julia Alsogaray en la fórmula presidencial de la Alianza de Centro junto al patriarca, Natale participaba con entusiasmo de la batalla entre la Familia y Dromi.  Cada uno procuraba hundir el proceso conducido por el otro.  Si la primera licitación de Aerolíneas se hubiera anulado, la ingeniero Alsogaray habría estado en primera línea para conducir la segunda, y el Citibank habría podido presentarse con un socio más confiable que Alitalia.  Pero el verticalismo peronista y la subordinación radical aislaron a Natale y Abdala.
Aunque no pedía expresamente la nulidad, este dictamen era inconciliable con la decisión de adjudicar sin dilaciones.  Ese mismo viernes 19 de octubre, Eduardo Duhalde, a cargo de la presidencia durante un viaje de Menem, firmó el decreto 2201, con el texto del contrato de transferencia, que no recogía una sola de las moderadas recomendaciones de la Comisión Bicameral.  Por el contrario, en el dictamen de la Comisión apareció un último punto, insertado con otra máquina de escribir, en el que "se insta al Poder Ejecutivo a efectuar la adjudicación al más breve plazo".  La máquina misteriosa también se utilizó para incluir como anexo la nota de la SIGEP que había aportado la senadora Gurdulich.  Había pasado la última oportunidad de impedir la consumación de un acto inconveniente desde el punto de vista económico y al margen de la ley.  Iberia se llevó el premio mayor sin haber comprado el billete, a cambio de un depósito condicionado en Nueva York y un ramillete de promesas sin respaldo.
La cláusula 4.A. estipuló que las diez cuotas semestrales por el saldo del precio comenzarían a pagarse sesenta meses después de la firma del contrato, con lo cual se agregaban a los cinco años de financiación otros cinco de gracia, según la propuesta de los oferentes que nadie rebatió.  La 4.B. difirió para noventa días después el pago de los títulos de la deuda por 1.610 millones de dólares, más 400 de intereses, que debía hacerse antes de la toma de posesión.  La 6.A. otorgó el mismo plazo de noventa días para la presentación de las garantías por el pago del saldo de precio financiado y por el cumplimiento del plan de inversiones.  El artículo 27 del pliego decía que ante cualquier incumplimiento se dejaría la operación sin efecto, y en sus otrora afamados manuales de Derecho Administrativo, Dromi enseñaba que las licitaciones públicas no se reforman: si se modifican las bases, se debe convocar nuevamente.
El decreto firmado por Duhalde también incluyó condiciones que Iberia y sus socios utilizarían luego para forzar una reducción del precio, con lo cual la licitación terminó de transformarse en una irregular contratación directa.  Por ejemplo, el contrato estableció que por cada pasaje vendido antes de la transferencia y cuyos adquirentes serían transportados después, el Estado debería pasar a los adjudicatarios el 75 por ciento del valor de "la tarifa plena actualizada".  Como esa tarifa superaba en más del 60 por ciento el precio real que la empresa estatal había percibido por esos pasajes, buena cantidad de los cuales fueron emitidos por un agente de viajes al que humorísticamente se aludía como Rus-So-Tur, esta cláusula implicaba otra indebida transferencia de recursos de la sociedad argentina a los nuevos propietarios de la transportadora aérea.  A tarifa plena un pasaje Buenos Aires-Miami costaba 1.650 dólares, pero ofrecido a través de agencias con grandes descuentos sólo había significado un ingreso de 800 dólares.  La cláusula del 75 por ciento obligaba a pagar a los adjudicatarios 1.200 dólares, es decir 400 más de los que habían ingresado.  Doce días antes de la transferencia, cuando todavía ignoraban cuántos pasajes estaban en juego, el futuro gerente de personal de la Aerolíneas Argentinas desnacionalizada, Alejandro Bramer Markovic, ya calculaba por pasajes vendidos antes de la transferencia y cuyo servicio se prestaría después, un monto de cien millones de dólares.
El 24 de octubre, los síndicos Horacio Manzuoli, Pablo Tiburzi y Roberto Terranova notificaron al interventor de Aerolíneas Argentinas que, como el contrato no coincidía con el pliego de condiciones ni con las puntualizaciones de la Comisión Bicameral, debería mantenerlos informados "respecto de toda resolución que pudiera apartarse de las normas referidas, con tiempo suficiente para tomar de manera efectiva la intervención que le compete" a la comisión de la SIGEP en Aerolíneas Argentinas que ellos integraban.  El mismo día Fluixá formuló una exhortación pública de no apurar a los compradores con la presentación de los títulos de la deuda externa, para no alentar el alza de su valor.  De este modo, el lechuzo de Dromi ocultaba que una semana antes ya se había concedido el plazo de tres meses a partir de la transferencia.
Al mismo tiempo,  Natale denunció que los socios argentinos habían constituido una empresa denominada Aeronac, que sería la propietaria del paquete mayoritario de Aerolíneas Argentinas, quedando el 20 por ciento para Iberia.  Pero Aeronac no se integraría con un aporte de capital sino con el patrimonio de Cielos del Sur, y Aerolíneas Argentinas absorbería Austral, en infracción a la Ley de Sociedades Comerciales.  En efecto, su artículo 32 declara nula "la constitución de sociedades o el aumento de su capital mediante participaciones recíprocas, aun por persona interpuesta".
La ilegal absorción de Austral por Aerolíneas Argentinas ya figuraba en la oferta presentada por el consorcio ganador el día de la licitación.  Pero cuando el vicepresidente ejecutivo de Aerolíneas Argentinas y ex directivo de Iberia Manuel Esteve Ríos lo reconoció, ya era demasiado tarde para impedir la transferencia.  El resultado fue el reemplazo de un monopolio estatal argentino por un monopolio estatal español, en celebración del inminente Quinto Centenario del Descubrimiento de la Presunta Incapacidad Gerencial Americana (QuCeDé la PInGA).
Como si la revelación de Natale lo sorprendiera, Fluixá dijo que la constitución de Aeronac no figuraba ni en la oferta ni en el contrato de transferencia.  "Alguna vez escuché algo sobre esa empresa, cuando me dijeron que constaba en una propuesta que había hecho el First Boston a otros bancos inversores", agregó.  Pocos días después de esta desmentida, una carta del Credit Suisse a bancos locales confirmó que Austral pasaría a ser controlada por Aerolíneas Argentinas.  Añadía que el 28 de setiembre el Banco Hispano Americano había depositado un crédito puente de 130 millones de dólares, que esperaban "repagar durante el primer año de operaciones con fondos provenientes de facilidades financieras de largo plazo que son generalmente utilizadas en el financiamiento de la industria aeronáutica".  Es decir, otra vez el objetado sale and lease back.
La misma circular informó que el consorcio sólo había gastado 155 millones de dólares: 98,9 en la compra de pagarés de la deuda externa (por 550 millones de dólares), 30 en capital de trabajo y 25 en el inexplicado y sugerente rubro "gastos de la transacción".  Con esos 155 millones de dólares habían adquirido activos que ellos mismos valuaban en 885,6 millones de dólares.  Ese documento del consorcio adjudicatario asigna un valor de 556,1 millones de dólares a la flota y 121,8 a los repuestos recibidos.  La suma resultante, de 687,9 millones de dólares, estaba cerca del cálculo difundido antes de la licitación por la UNTA y desestimado por el gobierno.
El Ministerio de Trabajo no quiso quedar al margen, y suspendió 117 de las 304 cláusulas del convenio colectivo de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, 110 del convenio de los Técnicos de Vuelo, 43 del de la Asociación del Personal Aeronáutico, más del 75 por ciento del de la Unión del Personal Superior.  El laudo se basó en el decreto 1757/90, de racionalización del gasto público, que ordenó renegociar los convenios en empresas y sociedades del Estado para reducir sus costos y mejorar su eficiencia.  Firmado seis días antes de la transferencia de Aerolíneas Argentinas a sus adjudicatarios, contradecía a la propia ley de desguace del Estado, cuyo artículo 42 garantizaba a los trabajadores de empresas a privatizar el amparo de todas las instituciones legales, convencionales y administrativas del derecho del trabajo, y al decreto-marco 1591 parir la denominada privatización, cuyo considerando octavo sostenía que no debían afectarse los convenios colectivos de trabajo vigentes en Aerolíneas Argentinas.
En su tasación original, el Banade afirmó que Aerolíneas Argentinas podría costar un 5 o 6 por ciento más, en virtud de lo barato de la mano de obra argentina comparada con los salarios internacionales.  El mismo decreto 1757 había congelado las remuneraciones tres meses antes.  Al contraerlo aún más, a un básico pelado de adicionales y viáticos hasta la nueva convención, que los trabajadores deberían negociar con la daga al cuello, el gobierno redujo a la mitad el costo laboral.  Esta cláusula no escrita del pliego fue un regalo a expensas de los trabajadores, una semana antes de la entrega.  Nadie explicó qué relación guardaba con la racionalización de gastos del Estado, ni con la doctrina social de la Iglesia.  En abril de 1991 el juez Oscar Zas declaró nulo el laudo, en un fallo que la Cámara confirmó en junio.  En su descargo, la aerolínea desnacionalizada sostuvo que el laudo había sido indispensable para permitir la denominada privatización, que de otro modo "hubiera resultado inviable", lo cual deja establecida la clase de condiciones secretas que unos impusieron, otros aceptaron y nadie se atrevió, hasta ese día, a confesar.  El juez Zas advirtió en su fallo que la liberalización económica no podía hacerse avasallando los principios del liberalismo político.  Otro juez declaró la ilegalidad de la intervención que el Ministerio de Trabajo había enviado a la Asociación del Personal Aeronáutico, en represalia por la oposición a la venta de Aerolíneas Argentinas ejercida por su secretario general, Francisco Villani, al mismo tiempo dirigente de la CGT-Azopardo.
El 19 de noviembre, un ejecutivo español de Iberia, Manuel Esteve Ríos, fue nombrado vicepresidente ejecutivo de la nueva compañía.
A primera hora del miércoles 20, el presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Amadeo confirmó que, si le concedían 48 horas más, avalaría la parte financiada del precio, contra la hipoteca de seis aviones de Cielos del Sur y todos sus repuestos, el derecho sobre los cien millones de dólares que el Estado debía pagar a la nueva empresa por los pasajes vendidos con antelación, la extracción de un porcentaje de la recaudación diaria como fondo de repago, avales de Industrias Metalúrgicas Pescarmona, Cielos del Sur e Iberia, y el manejo de toda la recaudación de Aerolíneas Argentinas en los vuelos internos y regionales, y del 50 por ciento a Nueva York, lo cual implicaba una liquidez de más de 400 millones de dólares anuales.  El Credit Suisse se haría cargo de 20 de los 54 millones de dólares de la garantía por el plan de inversiones a cambio de acciones preferidas de la compañía.  La diferencia la aportarían bancos menores reclutados por Pescarmona, entre ellos el Francés y el de Crédito Argentino, y restaba obtener algún respaldo por los títulos de la deuda externa que se entregarían 90 días después de la transferencia.  El ministro de Economía objetó que sería muy difícil explicar dentro del discurso privatizador y desestatizante que un ente oficial avalara a los adquirentes.  Por más que Amadeo insistiera en que el patrimonio del banco no se ponía en juego, la hipótesis de que en algún momento parte de los activos volvieran al Estado por la ejecución de las contragarantías exigidas no lo atraía.  Dromi, por su parte, insistía en el cumplimiento de la fecha de transferencia.  Si Pescarmona no podía cumplir sus promesas, debía ceder su lugar.  "La decisión de eliminarnos fue política", explicó luego Amadeo.  Además, a último momento el Credit Suisse rectificó su decisión, exigiendo la prenda de otros tres aviones en lugar de las acciones como contragarantía.
Todo estaba dispuesto para la firma pero nada había sido resuelto acerca no de cuestiones secundarias sino de asuntos centrales del negocio.  El quinteto mendocino (Dromi, Bauzá, Manzano, Fluixá y Truffat) se encerró en la Casa de Gobierno con Erman González, el secretario de Medios de Comunicación Fernando Niembro y los adjudicatarios, comprometidos a encontrar esa noche la salida del laberinto. Era el 20 de noviembre, Día de la Soberanía, en conmemoración del rechazo a la flota británica que remontaba el río Paraná en 1845.  Menem es afecto a estos sarcasmos: decidió adjudicar ENTel el 28 de junio, aniversario del golpe de Onganía y entregarla el 8 de octubre, día del nacimiento de Perón; reglamentó el derecho de huelga por decreto el 17 de Octubre; firmó el indulto a los generales el Día de los Santos Inocentes, que conmemora la matanza de los niños por Herodes.
El acta de acuerdo terminó firmándose el jueves 21 de noviembre a las 4 de la mañana, hora en que la gente honrada duerme, y por la noche Menem formalizó el traspaso.  Las observaciones de la Comisión Bicameral fueron dejadas de lado, lo mismo que el pliego con que se convocó a licitación.  La empresa, que arrojaba 30 millones de dólares de beneficio por año, se entregó a cambio de un depósito de 130 millones de dólares fuera del país, y quedó para mejor oportunidad la integración de los títulos de la deuda externa, la garantía por los otros 130 millones de dólares que faltaban pagar y por el plan de inversiones comprometido.  Ni siquiera fue posible saber de inmediato quiénes integraban la sociedad adjudicataria.
El acta de acuerdo de dos carillas especificó que, hasta que se constituyeran las garantías correspondientes a la parte financiada y el plan de acción en el plazo de un mes, Iberia los garantizaría con sus bienes y Pescarmona con la hipoteca de seis aviones de Austral.  Durante los noventa días que los nuevos propietarios tardarían en entregar los títulos de la deuda tampoco podrían disponer de las acciones ni de los aviones.  El sigilo impreso a un trámite que no se ajustaba a las especificaciones del pliego produjo gran confusión, y en el acto de la transferencia Dromi y González dieron versiones contradictorias de lo acordado, porque cada uno mencionaba una parte de lo decidido.
En ese conciliábulo también se encontró la fórmula para disimular la posición preponderante de Iberia, a cuyo nombre no podría figurar más del 30 por ciento de las acciones.  El pliego permitió los juegos de prestidigitación de Iberia con sus socios, al no incluir ninguna cláusula que obligara a mantener la composición original.  El banco español Hispano Americano aportó de urgencia un crédito por los primeros 130 millones de dólares prometidos, la llave para abrir la operación.  Iberia recibió en comisión el 19 por ciento hasta que se decidiera qué hacer con esas acciones.  Desde entonces, los socios argentinos quedaron en minoría, en transgresión a lo especificado en el pliego y con el riesgo de que por ello se perdiera la condición de línea de bandera.  Para disimularlo se recurrió a un médico argentino al que se le atribuyeron el 2 por ciento de las acciones.  Su vinculación con la aeronáutica es que reside en Barcelona y debe viajar mucho en avión.  Hasta el representante del 10 por ciento que correspondía a los trabajadores dentro del Programa de Propiedad Participada era español: Laureano Rodríguez, uno de los dirigentes sindicales que rompió el frente opuesto a la enajenación, y la festejó entonando con dejo madrileño en la Casa de Gobierno el marchoso chotís Los muchachos peronistas.  Hubo chistidos de desaprobación y ojos ansiosos que buscaron quién era el inoportuno. (El caso de Rodríguez es patético.  Después de la disolución del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el Ministerio de Economía lo desconoció como representante de ese 10 por ciento, e Iberia se negó a entregarle copia de la resolución por la que fue designado.  A casi un año de la transferencia, tanto el 10 por ciento del Programa de Propiedad Participada como el 5 por ciento del Estado estaban a cargo de un delegado de la corona, el primo Abdo Menehem.  Ni el gobierno ni Iberia respondían a los reclamos de cinco gremios para que se organizara el programa.)
La mitad del 34 por ciento restante correspondería a Pescarmona y el otro 17 por ciento se dividiría en partes iguales entre Amadeo Riva y Francisco De Vincenzo.  En ese momento desaparecieron aquellos anteriores miembros argentinos del consorcio, que estaban bajo procesos judiciales o no tenían patrimonio suficiente.  Pero la información fue tan retaceada que los diarios del jueves 22 seguían mencionándolos como socios.
Al abandonar malhumorado la reunión, Pescarmona dijo que el titular del 2 por ciento era un testaferro de Iberia.  Esta infidencia fue su respuesta al modo descomedido en que sus socios españoles de acuerdo con el gobierno argentino lo estaban quitando de en medio.  Esa misma noche, Pescarmona comenzó a negociar su desembarque del negocio que había armado durante más de dos años.  El rechazo del aval del Banco Provincia por la parte financiada del precio, y el de los bancos que había conseguido por el plan de inversiones, le hizo insostenible la relación de fuerzas.  Dromi no se privó ni siquiera del placer de esa venganza.
Contra lo que se creyó entonces, los 130 millones de dólares al contado en billetes recién se percibieron diez días después, el 30 de noviembre de 1990.  Por nota 415/90, el viceministro de Economía Carballo solicitó que los fondos fueran acreditados "en una subcuenta de la cuenta Depósitos del Gobierno Nacional en moneda extranjera, abierta en el Banco Nación a esos efectos".  Al mismo tiempo el presidente de Iberia, Miguel Aguiló, se vanaglorió en Madrid de que las operaciones de sale and lease back con los aviones de Aerolíneas Argentinas se realizarían tantas veces como lo creyeran necesario.  Sobre la distribución de las acciones entre los socios dijo que "se podría escribir un libro que, además, todavía no está cerrado".

El 21 de febrero de 1991 venció el segundo de los dos plazos (uno por treinta y otro por sesenta días otorgados para que Iberia normalizara los compromisos incumplidos.  Dos meses y medio después de la transferencia de Aerolíneas Argentinas, cuando Domingo Cavallo se inauguraba como su cuarto ministro de Economía, Menem fue el inesperado vocero que el 4 de marzo anunció la desvinculación de Pescarmona.  Dijo que Iberia tomaría su 17 por ciento y se encargaría de buscarle reemplazante.  Recién en ese momento Pescarmona hizo público que, a cambio de esa participación, él y sus socios habían entregado Cielos del Sur a Iberia el día previo a la transferencia de Aerolíneas Argentinas.  Ya era tarde: Iberia llevaba tres meses volando con los aviones de Aerolíneas Argentinas.
Cuando la Comisión Bicameral recibió el detalle de la composición accionaria el 1º de marzo, se confirmó que el médico argentino residente en España Alfredo Otalora permitía a Iberia llegar indirectamente al 51 por ciento, que Austral había sido absorbida por Aerolíneas Argentinas, y que el paquete de Pescarmona en la nueva empresa se repartía entre los otros socios argentinos, Riva y De Vincenzo.  Natale opinó que carecían de medios financieros para soportar semejante porción de la empresa, el 17 por ciento cada uno, por lo cual era probable que también ellos estuvieran actuando en nombre del socio español, que detentaría así el 68 por ciento.  Durante la conferencia de prensa en la que Pescarmona anunció que Aerolíneas y Austral pasaban a tener los mismos dueños y que él se desvinculaba de ambas, insistió en que no se trataba de una venta de su participación sino de una transferencia.
-¿Cuál es la diferenciar? -le preguntaron.
-Bueno, en realidad no lo tengo muy claro -balbuceó.  Un asesor acotó que en los dos casos se cedía la titularidad de algo, pero que en la venta mediaba un precio.
-¿Y acaso acá no hay precio? -insistieron los periodistas.
-Sí, lo hay.  Pero no lo voy a decir -cerró Pescarmona.
Tampoco Iberia quiso revelar las cifras, que según las fuentes más confiables osciló entre 20 y 27 millones de dólares.  "Por lo menos no perdimos plata", dijo Pescarmona.
La nueva Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima notificó que la transferencia del paquete de Cielos del Sur formaba parte de los compromisos asumidos por los adjudicatarios y tenía "el fin de coordinar y reforzar la sinergia de ambas empresas".  Sinergia era un eufemismo por monopolio.  Extraoficialmente dejó saber que el 21 de noviembre Pescarmona, Riva y De Vincenzo habían entregado Cielos del Sur como parte de pago por su 34 por ciento de la nueva empresa, pero que las auditorías practicadas arrojaron una diferencia, que Riva y De Vincenzo abonaron y Pescarmona no.  Todas estas trasmutaciones confirmaban lo que Dromi había planteado seis meses antes allí mismo: la decisión estaba en manos de Iberia y los socios argentinos eran muñecos que podían voltearse a gusto.  Interrogado luego de la firma del acuerdo acerca de qué ocurriría si vencido el plazo Iberia no aportaba las garantías prometidas, Dromi había mostrado la misma convicción: "Sí las presentará, porque cuenta con el respaldo del Estado español".  Tanto insistió con lo que llamaba una supergarantía, que Iberia le reclamó más discreción.  Si se tornaba demasiado evidente que no era el socio minoritario que decían los papeles, corría el riesgo de que los competidores norteamericanos le cuestionaran la reserva del 50 por ciento del mercado acordada como línea de bandera por convenios entre naciones para los vuelos entre la Argentina y Estados Unidos.

Domingo Cavallo procuró diferenciar su gestión como vendedor de bienes públicos de la de Dromi, hacia quien profesaba tanta inquina como su antecesor González.  Con la ventaja para el nuevo ministro de que Dromi ya no estaba en el gabinete para replicar, y de que los reclamos españoles sobre deudas del Estado se originaban en actos por lo menos negligentes del ex ministro, como la entrega de la empresa sin control de su inventario y la ausencia de todo registro acerca de los pasajes vendidos que serían exigibles a Iberia durante un año, hasta el 21 de noviembre de 1991.  Como dijo el diputado radical Hugo Socchi, "no se sabe qué se vendió, a quién se vendió y en qué condiciones se vendió".  A los pocos días de asumir, Cavallo urgió a los compradores a cumplir con sus compromisos de entrega de los títulos de la deuda externa y presentación de las garantías, pero se abstuvo de emplazarlos.  Cavallo había recibido un duro informe del subsecretario de Transporte Edmundo Soria, quien le sugería anular la operación, al haber caducado todos los plazos concedidos al consorcio.  Pero no se animó a tomar una decisión de tal gravedad sin buscar antes alguna salida con Iberia y sus chinchorros.  Por eso optó por la intimación sin fecha.  En conferencia de prensa Cavallo admitió que "la transferencia definitiva a los adjudicatarios dista de estar concluída", lo cual confirmó las sospechas de que los contratos sólo habían sido inicialados el 21 de noviembre, y que cuatro meses después aún no se habían firmado.  La opacidad de todas las gestiones impedía cualquier comprobación directa y obligaba a inferirlas con el método de los kremlinólogos antes de la glasnost.
A fines de febrero, el embajador español había entregado a Menem una propuesta de Iberia destinada, según dijo, a destrabar la operación, otro medio para comprobar que restaban por resolver puntos fundamentales.  Tres meses después de haberse hecho cargo de todos los bienes y servicios de Aerolíneas Argentinas, Iberia y sus socios locales seguían discutiendo con el gobierno nacional sus condiciones de pago, no de empresa a empresa sino por medio de contactos diplomáticos entre dos estados nacionales, en el proceso licitatorio más original conocido en América Latina, donde todo estaba abierto a enmienda y regateo.  Los resultados diferían de los proclamados por la retórica oficial: una compañía tan estatal como la anterior, pero extranjera, monopolizaba el transporte aéreo no sólo internacional sino también de cabotaje, sin haber cumplido con ninguna de las condiciones del pliego licitatorio y luego de realizar varias acciones que el pliego prohibía.
Iberia ofrecía adelantar la parte del precio financiada a diez años, pero utilizando como medio de pago títulos Bonex de la serie 1989, con un valor actual equivalente a los 130 millones de dólares establecidos, en lugar de los dólares en billete requeridos por los pliegos de la licitación.  Además solicitaba una quita de 500 millones de dólares a valor nominal sobre el monto total de pagarés a entregar, y ofrecía a cambio dar por cancelada la deuda que supuestamente el Estado tendría con la empresa.  No se habían percibido los recursos apetecidos para equilibrar las cuentas del Tesoro ni se había reducido la deuda externa, el plan de inversiones no estaba garantizado y, peor aún, el consorcio español que actuaba como propietario de Aerolíneas Argentinas formulaba exigencias al Estado Nacional.  Comunicó que sólo poseía el 60 por ciento de los títulos de la deuda externa, pero ni siquiera los mostraba a las autoridades.  En lugar de un banco internacional de clase A, ofrecía la garantía de una decena de bancos argentinos de segunda línea.  Uno de ellos, el de Quilmes, estaba sometido a investigación por el Banco Central, que lo acusaba de hacer figurar como propios Bonex alquilados para justificar su cartera, y las cartas de intención de esos bancos presentadas por Iberia vencían el 21 de febrero.  Cavallo se opuso a la compensación de deudas.  La deuda del Estado era con la nueva sociedad anónima y no con el consorcio comprador, que eran jurídicamente distintos, adujo.  El mismo criterio expresaron en un proyecto de declaración los diputados radicales Jesús Rodríguez y Raúl Baglini.  De existir, las deudas del Estado invocadas serían con la nueva empresa y no con un grupo de sus accionistas.  "Permitir que en base a ellas los adjudicatarios disminuyan el valor de sus obligaciones, sería incurrir desde el Estado en una defraudación contra el propio Estado y con el personal en su carácter de potencial accionista", sostenían.
El 13 de marzo Iberia detallo y formalizó la propuesta adelantada por el embajador.  Con el primer demorado pago había conseguido apoderarse de la compañía.  Comenzaba la segunda etapa, encaminada a devaluar los compromisos pendientes.  Las supuestas deudas del Estado, que la prensa española calificaba de agujero negro, ya ascendían a 150 millones de dólares: 44,2 por pasajes vendidos antes de la transferencia, 15,5 por el leasing de un Jumbo contratado en Japón, 6 por deudas de organismos oficiales con Aerolíneas y Austral y 84,2 por diferencias de inventario y gastos administrativos.  A cambio de ese dibujo pretendían compensar unos 800 millones de dólares en títulos de la deuda, que no poseían.  Iberia reclamaba el reconocimiento del Estado por el favor de quedarse con Aerolíneas.
Una investigación secreta ordenada por Cavallo estimaba que los adjudicatarios estaban retirando mensualmente 1,5 millones de dólares como intereses para pagar préstamos.  El entonces ministro del Interior, Julio Mera Figueroa, y el subsecretario de Transporte, Edmundo Soria, entre otros, propugnaban anular la licitación, lo cual ilusionaba a los sindicatos involucrados con obtener una participación destacada en la hipotética nueva licitación e impedir los 3.000 despidos que se proponía efectuar la empresa.  El 14 de marzo la anulación fue solicitada por una docena de diputados entre quienes además del Grupo de los Ocho figuraban radicales de peso (Pugliese, Jaroslavsky y Caputo), el bloque intransigente, democristianos, un socialista y el solitario peronista Eduardo Budiño.  Además, Fontenla y Franco Caviglia, quienes presentaron una denuncia penal por el vaciamiento, informaron que el directorio de Aerolíneas Argentinas ya había resuelto prendar todos los Jumbo de la compañía y eliminar servicios de Buenos Aires a Londres, Amsterdam, Zurich, Montreal, Toronto, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Concordia, Paso de los Libres, Cutral Có y Corrientes.  Es decir que tanto desde el gobierno como desde todo el espectro político opositor había plena conciencia sobre la inadmisibilidad de la pretensión de Iberia.
Meses después, mientras técnicos de la Guiness tasaban los aviones en Aeroparque uno por uno, el juez federal Ricardo Wechsler ordenó medidas para determinar si Iberia había hipotecado las aeronaves de Aerolíneas Argentinas.  Los peritos solicitaron los títulos de propiedad de un Boeing 737-287, identificado con la sigla LV-LIW y de cinco Boeing 727, identificados con las siglas LV-ODY, LV-OLN, LV-OLO, LV-OLP y LV-OLR, y los encontraron en regla.  Pero los peritos no exigieron certificados de dominio y libre deuda de las aeronaves, con lo cual no quedó esclarecido si habían sido o no hipotecadas.  En el mismo juzgado se investiga la autenticidad de los títulos de la deuda externa presentados por Iberia.
También Menem había considerado inaceptable la propuesta.  Pero al haber entregado la empresa sin recibir el pago ni las garantías, el Estado no tenía demasiadas opciones.  Por eso los españoles volvieron a presentarla el 19 de marzo con mínimas modificaciones.  Especulaban con el temor del gobierno al efecto político que tendría una admisión de los errores cometidos bajo la ingenua embriaguez desreguladora y privatista y de la resaca del monopolio estatal extranjero que produjo al despertar.  Los negociadores oficiales dijeron que esa reiteración planteaba "una base de negociación más razonable", pese a que Soria había sostenido el 13 de marzo en la Comisión Bicameral que no se aceptaría entrar en el juego de la compensación de deudas, que no se pagaría cualquier precio por salvar la operación, y que aún era posible deshacerla.  Menem sostuvo que su gobierno estaba haciendo enormes esfuerzos para que no se caiga la transferencia".
En la Comisión Bicameral se había producido un solo aparente realineamiento: el de la hiperoficialista senadora Gurdulich, quien calificó la oferta como inaceptable.  Sin embargo, los cinco legisladores peronistas que la integraban recibieron directivas del Poder Ejecutivo para aprobar la última contraoferta de Iberia, mientras los opositores radicales y liberales y el peronista disidente Abdala trataban de unificar criterios en un proyecto de anulación por incumplimiento.  "Desde el año pasado vengo diciendo que hay que anular esta privatización", se congratuló el sorprendido Natale ante el bluff de Gurdulich.  Breard creyó que el caso estaba cerrado y dijo que en la reunión con Soria el Congreso le reclamaría la anulación.  Pero el 20 de marzo, el Poder Ejecutivo decidió postergar diez días cualquier resolución.  En ese plazo debía arribarse a un acuerdo o anularse la operación.  "Necesitamos estudiar algunos puntos con más detenimiento y conversar con la Comisión Bicameral", explicó Cavallo.
La comunicación del 19 de marzo, firmada por Amadeo Riva y Manuel Esteve Ríos, ofrecía adelantar 134,3 millones en Bonex 89, a su valor nominal, por los 130 millones de dólares en billetes financiados.  Para garantizar el plan de inversiones proponían los avales de los bancos Francés (11,5 millones de dólares), de Crédito Argentino (10 millones de dólares), República (6,5 millones de dólares), Quilmes, Shaw y Tornquist (5 millones de dólares cada uno), de Valores,  Interfin, Monserrat (3 millones de dólares cada uno), y Velox (2 millones de dólares).  Ninguno de ellos podría pasar por uno de los bancos internacionales de primera línea requeridos por el pliego.  De los 1.600 millones de dólares en papeles de la deuda, sugería entregar la mitad y el resto canjearlo por las alegadas deudas del Estado.  Luego de restar esa presunta deuda, de los Bonex ofrecidos a valor nominal, quedaría un saldo a favor del Estado de 8 millones de dólares.  A prueba de sorpresas, Iberia pretendía cancelarlos con servicios a prestar en el futuro.
En lugar de los 1.610 millones de dólares en títulos de la deuda externa, más 400 millones de dólares de intereses, que deberían haber entregado en 1990, el 13 de marzo los españoles ofrecieron entregar sólo el 20 por ciento de los 1.610 (322 millones de dólares) en otros noventa días.  Con otra presunta deuda del Estado por 84,2 millones de dólares, originada en supuestas diferencias de inventario, gestiones administrativas por cobranzas y pagos y más pasajes no cobrados pero aún a facturar, pretendían cancelar otros 673,7 millones de dólares de la deuda externa.  Por último, reconocían un saldo pendiente de títulos por otros 614,3 millones de dólares, y nada decían de los intereses. 
La nota modificatoria del martes 19 de marzo añadió que Iberia estaría dispuesta a:
•	reemplazar las garantías por el plan de inversiones de aquellos bancos que "no fueran satisfactorios para el Estado nacional" por las de otros que sí lo fueran;
•	entregar Bonex 89 en pago de los 130 millones de dólares pendientes, o como garantía de su pago futuro, y
•	entregar títulos de la deuda externa por 610 millones de dólares y diferir por noventa días los otros 1.000 millones de dólares.
La idea de compensar créditos se oponía a la cláusula explícita del pliego de condiciones que se lo impedía a los garantes, y Austral era uno de ellos.  El contrato de transferencia también estipulaba que las deudas del Estado debidamente verificadas se compensarían con los impuestos que Iberia debía pagar a la Secretaría de Hacienda.  Que no se hubieran cobrado de allí sugería que los españoles tampoco estaban cumpliendo con sus obligaciones tributarias.  Las cláusulas que vedaban el tipo de compensaciones que pretendía Iberia respondían a los fundamentos con los cuales se sacó a remate la empresa estatal: un Estado en quiebra que no tiene ni para comer.  Sin embargo, Soria creía que era posible que Iberia subiera su oferta de títulos a 800 millones de dólares, lo cual a su criterio salvaría la licitación.
Su caída habría satisfecho los deseos de Cavallo de escarnecer a Dromi, el socio de sus aliados-rivales, Bauzá, Manzano y El Hermano Eduardo.  Pero la investigación secreta que practicó en Aerolíneas Argentinas también sostenía que desde la transferencia los adjudicatarios habían perdido unos 20 millones de dólares, a razón de unos 6 por mes, y Menem temía que en un nuevo llamado no hubiera ofertas, cuando todas las líneas aéreas del mundo convalecían del aumento del combustible y la merma de pasajeros por la guerra en el Golfo.  Por otro lado, de los 86 millones de dólares que Iberia exigía al Estado, un comité de evaluación integrado por una docena de organismos, entre ellos la Comisión Bicameral, la SIGEP y la Procuración del Tesoro, sólo reconocía 50, y consideraba inflado el resto.
De regreso de un viaje a Alemania, Cavallo finiquitó los últimos detalles con el presidente de Iberia en los primeros días de abril.  "Está todo resuelto", anunció Menem antes de firmar un convenio que, según sus palabras, se ajustaría en todo al pliego de la licitación, salvo algunas modificaciones que atribuyó a "incumplimientos del propio Estado".  Hacía propios así los argumentos de los compradores, pese a lo cual tampoco la prensa española fue indulgente con la malhadado operación.  Bajo el título "La ganga argentina" una importante revista de negocios destacó dentro de la corriente liberal de la economía de Occidente lo que llamó la línea original de Menem, consistente en “traspasar sus empresas públicas del sector público argentino al sector público español.  Quizá en Argentina se tenga fe en la eficacia de los administradores públicos españoles (fe escasamente compartida en nuestro país), o, al menos, se piense que por limitada que sea esta eficacia, siempre será superior a la de los administradores argentinos (opinión un tanto arriesgada). O quizá sucede, simplemente, que no encontraron mejor oferta.  Lo cierto es, sin embargo, que esta disposición argentina se ha visto acogida por un sorprendente entusiasmo inversor por parte del sector público español.  Como si de las rebajas de El Corte Inglés se tratara, nuestras empresas públicas se han lanzado con la alegría del nuevo rico sobre la almoneda argentina.  Júntanse el hambre con las ganas de comer".
La publicación se preguntaba si "la deplorable gestión de nuestros servicios públicos (Telefónica, Renfe e Iberia son ejemplos obvios) justifica la confianza de sus gestores en que serán capaces de conseguir en la Argentina una eficiencia que no lograron acá".  Su irónica conclusión fue que "algunos habrían preferido que las cosas fueran al revés: que Aerolíneas comprara Iberia y ENTel comprara Telefónica.  ¡A ver si los teléfonos funcionaban y los aviones salían en hora!".
El memorándum de entendimiento que se rubricó el 12 de abril establecía esta secuencia:
1.	Los compradores entregarían 142,6 millones de dólares en Bonex 89 a valor nominal. con los cuales cancelarían por adelantado los 130 millones de dólares por la mitad financiada del precio en efectivo.  Es decir, papeles en lugar de efectivo.
2.	El Estado abonó al contado 46.455.000 dólares por pasajes vendidos antes de la transferencia. O sea, efectivo en lugar de papeles.
3.	El 12 de mayo (que era domingo) los adquirentes debían desembolsar 800 millones de dólares en títulos de la deuda externa argentina con sus respectivos intereses, y treinta días después los 810 millones de dólares restantes.  Si esto se hubiera cumplido Iberia habría integrado siete meses después de tomar posesión de Aerolíneas Argentinas los títulos que el pliego exigía como condición previa.
4.	Cuando los compradores terminaran de saldar sus compromisos, el Estado les liquidaría la deuda que aceptaba por diferencias de inventario y otros rubros.  Hasta entonces conservaría en garantía los aviones de la empresa.  En junio, pagaría a Iberia otros 30 millones de dólares por pasajes.
5.	Diez pobretones bancos nacionales, en lugar de los de primera línea internacional, clase A, garantizarían con 54 millones de dólares el cumplimiento del plan de inversiones.
Para el presidente de Iberia, Miguel Aguiló, el pago por adelantado con Bonex 89 por 142,5 millones de dólares (cuya paridad de mercado era del 64 por ciento en ese momento), en vez de los 130 millones de dólares en billetes financiados a diez años, para los cuales Iberia no conseguía garantes, fue una "brillante iniciativa" de su gerente financiero.
-Hombre, que no es para tanto -sonrió con modestia Javier Colomina.  Los 142,5 millones de Bonex costaban a precio de mercado unos 85 millones de dólares.
Pero Iberia tampoco cumplió este convenio, apenas un peldaño para seguir avanzando hacia la inclaudicable meta de hacer negocios con plata de terceros.  En mayo completó la entrega de títulos de la deuda por 840 millones de dólares, es decir 40 más de los comprometidos y probablemente todos los que tenía, más 201 millones de intereses.  Pero en junio, en lugar de aportar los otros 770, anunció que "en los próximos días" entregaría al Banco Central 200 millones y volvió a insistir en canjear los 570 restantes por las presuntas deudas del Estado, que una vez más estimó en 150 millones de dólares, sin descontar lo recibido en efectivo por los pasajes.  Cavallo dijo que no había conflicto alguno con Iberia y sus socios, y en un comunicado por escrito el Ministerio de Economía declaró que "la Subsecretaría de Transporte y las autoridades de Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima [es decir, Iberia] procedieron a cumplimentar con los términos pactados en las actas relacionadas con la ejecución del contrato de transferencia", lo cual no era cierto.  Añadió que Iberia, es decir ARSA, se comprometía a entregar "una cifra aproximada" a 300 millones de dólares en títulos de la deuda, y que el saldo quedaría sujeto a la verificación de los créditos presentados por ARSA por pasajes, deudas de organismos nacionales, diferencias de inventario y pasivos de la Aerolíneas Argentinas estatal, por los pretendidos 150 millones de dólares.
La reaparición de esta cifra era asombrosa, ya que apenas dos meses antes Iberia no reclamaba deudas por más de 86 millones de dólares.  Pero en el mercado secundario los papeles argentinos se habían encarecido un 17 por ciento desde febrero, e Iberia no estaba dispuesta a asumirlo.  Renegaba entonces del convenio firmado el 12 de abril y volvía a las propuestas que el gobierno había rechazado en marzo, en el tercer replanteo de condiciones desde la transferencia.  Al vencer el plazo del 12 de junio, Iberia presentó notas de débito por 135 millones de dólares, y pocas horas después le sumó otros 15, hasta redondear la suma que, considerando el precio en el mercado secundario de los títulos de la deuda argentina, equivalía a los que le tallaban para cumplir lo prometido.  Amadeo Riva explicó que los 86 millones de dólares se originaban en la falta de dos turbinas y otros ítem inventariados y no recibidos y en el desgaste de los materiales recibidos, medido escrupulosamente para cada decolaje y aterrizaje.  Otros 64 millones de dólares respondían a pasajes vendidos a organismos oficiales, vacaciones no pagadas por el Estado al personal y deudas pendientes con proveedores.  Sin embargo, los directivos de Iberia negaban que tuvieran problemas para reunir los papeles, y explicaban que su entrega con cuentagotas se había dispuesto para dar tiempo al Estado argentino a pagar sus deudas.  Un diario español desarrolló esa hipótesis: la intención habría sido desde el primer momento no completar los compromisos de pago contraídos por Iberia antes de que el gobierno argentino hiciera lo mismo con los suyos.  Sin embargo, otra publicación económica española reveló que Iberia había perdido 2.000 millones de dólares en 1990, lo cual redujo a menos de 1.000 millones el beneficio total del sector público español.  En cualquier caso, esto ratifica que la descuidada gestión de Dromi colocó a los negociadores argentinos en una situación aun más vulnerable que la de los débiles compradores españoles.  A ocho meses de la transferencia se seguía discutiendo sobre el inventario, pese a que el pliego sólo otorgaba quince días para zanjar las diferencias que pudieran surgir.
El 4 de julio, Soria y Cavallo terminaron por aceptar las condiciones de Iberia, que constaron en una nueva acta: reconocieron al consorcio 22 millones de dólares por pasajes a volar hasta el 30 de setiembre; admitieron la presunta deuda del Estado por 150 millones de dólares, y a cambio de ella aceptaron reducir en 560 millones de dólares los títulos de la deuda externa, de modo que los compradores sólo entregaron otros 210 millones de dólares en pagarés argentinos.  Iberia había conseguido todos sus objetivos.  "En las próximas privatizaciones no cometeremos tantos errores", reflexionó, sombrío, ante los periodistas cuyas preguntas no podía contestar, el subsecretario Soria, partidario de la anulación que Menem no quiso disponer.
En setiembre ingresaron al consorcio, con el 19 por ciento entre ambos, los bancos españoles Hispano Americano y Banesto, que sumados al 30 por ciento de Iberia y el 2 por ciento de Otalora, controlan la compañía en infracción a los pliegos.  Cumplidas esas condiciones, el 31 de octubre, el Estado liberaría el resto de las acciones, y el 17 por ciento que teóricamente correspondía a De Vincenzo y Riva se entregaría a otros grupos empresarios argentinos, tal vez Macri, Soldati y/o Pérez Companc, con quienes había conversaciones.  Entretanto, el estudio Fargossi continuaba compilando reclamos de Iberia contra el Estado, para presentarlos en el próximo encuentro de renegociación permanente.  La directiva de Iberia es inflar todos los rubros el máximo posible.  Por ejemplo, en una presentación anterior, había valuado en 9 millones de dólares los pasajes entregados para sus vacaciones al personal de Aerolíneas Argentinas; en la siguiente, los mismos pasajes aparecerían con un valor de 31 millones de dólares.
Pero a mediados de setiembre los peritos de la Fuerza Aérea rechazaron la validez de cinco de las pretensiones de Iberia y sostuvieron que:
•	la compensación por falta de mantenimiento no podría superar los 2,9 millones de dólares, contra los 17,6 ambicionados por Iberia; 
•	en vez de pagar 7,7 millones de dólares por desgaste de las aeronaves desde la transferencia, Aerolíneas Argentinas debería cobrarle 5,2 millones de dólares a los españoles por reparaciones realizadas; 
•	los denominados inventarios ineficientes no ascenderían a 13,1 sino a 4,3 millones de dólares, ya que los españoles apresuraron la declaración de obsolescencia de algunos bienes y computaron otros por segunda vez, y
•	tampoco serían aceptables los 3 millones de dólares que Iberia intentaba descontar por nivel de stock y materiales a devolver.
De modo que, de los 41,67 millones de dólares de ítem técnicos sometidos a su consideración, la Fuerza Aérea sólo reconoció un millón.  Pero, además, objetó el cálculo de 70 dólares por hora/hombre del trabajo comprendido en cada punto, ya que el máximo internacional es de 46 y el valor interno argentino de 35, con lo cual el Estado no sería deudor sino acreedor.  En los primeros días de octubre de 1991 era dudoso que el gobierno de Menem ratificara este dictamen técnico, cuyo destino más probable era convertirse en una pieza más de la documentada historia de una estafa prodigiosa.
Ya aclimatada a este país tan amable, a Iberia sólo le falta reclamar el desfile de reivindicación.

UN HOMBRE LLAMADO CAVALLO

El presentimiento de que algo no estaba saliendo como debía se confirmó al día siguiente de la conferencia de prensa de Menem y la citación a Todman para dar explicaciones en la cancillería.  No sólo el embajador se había negado a retractarse.  Nadie creyó, tampoco, la desmentida del frigorífico, y los periodistas que buscaron información en la cámara empresaria de la alimentación escucharon pocas pero precisas palabras: "Hubo apriete para que Swift desmintiera".  La principal vulnerabilidad de Swift era su dependencia del Banco Central para el canje de los títulos de la deuda externa, con cuya capitalización estaba erigiendo la planta, explicaron.
Por la mañana, el vicepresidente Eduardo Duhalde dijo que se trataba de un claro caso de corrupción y que sólo ponía las manos en el fuego por Menem.  "De él para abajo, nadie", reiteró.  Por la noche, Todman acordó con Menem serenar el escándalo.  De la mañana a la noche, Moby Dick había deambulado por la Casa de Gobierno, del despacho de Amira Yoma al de Munir Menem, expuesto como alma en pena a la vista de quienes pasaban para deliberar con el Presidente, entre ellos Erman González, César Arias y Hugo Anzorreguy.
El equipo de prensa de Duhalde le había marcado una nota de La Nación de esa mañana, titulada "Entretelones de una historia que existió".  En la reunión con el ministro de Economía, afirmaba, Oliva Funes "habría escuchado algo así: de ratificar la acusación, Swift se vería enfrentada ante el gobierno argentino en un caso de ribetes internacionales de imprevisibles consecuencias. ¿Tiene pruebas concretas?  ¿Está su empresa decidida a poner en el banquillo de los acusados al Gobierno? ¿Está dispuesta a comprometer las multimillonarias inversiones que tiene en el país? Oliva Funes respondió que no, después de comunicarse telefónicamente con los directivos de la empresa en los Estados Unidos.  Imagínese, Swift no iba a jugarse a todo o nada para salvarle el pellejo a un embajador, dijo un hombre cercano a Menem. Para aceitar trámites, la gente de Swift había recurrido a los buenos oficios en estas lides de funcionarios vinculados con lo que se suele llamar la carpa chica de la Casa de Gobierno y que integran algunos de los colaboradores del Presidente.  Es un secreto a voces en la Casa Rosada, que estos funcionarios atendían este tipo de asuntos en una moderna oficina de Florida y Paraguay, a la que también están o estaban vinculados -dijo la fuente- dos ministros del Poder Ejecutivo Nacional y un destacado diputado nacional.  En el ambiente empresario se sabía también que a la hora de gestionar cuestiones difíciles emparentadas con dependencias del gobierno, no había nada mejor que recurrir a tal oficina.  En ese ámbito los directivos de la empresa norteamericana habrían recibido, meses atrás, el pedido de pagos extra como garantía para resolver la cuestión que tenía entre manos".  El artículo estaba ilustrado con una fotografía del Florida Garden, la confitería ubicada frente a la oficina de Emir Yoma, y como curiosidad adicional el diario informaba la etimología del vocablo coima.  Del árabe, quwaima: precio.

Corrupción existe en todos los países del mundo, capitalistas y comunistas, desarrollados o miserables: las únicas diferencias son de grado.  En cambio, se cuentan con los dedos de la mano los lugares en los que la respuesta oficial ante un caso concreto consista en intimidar a la empresa perjudicada, menoscabar al diplomático que recibió su denuncia y agraviar al periodismo que la investigó.  Al contrario, toda la bibliografía internacional sobre el tema valora la información suministrada por terceras partes independientes, como el público o la prensa, para controlar la corrupción.  Pero a los funcionarios en reunión permanente sólo les interesaba determinar cómo se había filtrado la información y hasta dónde llegarían sus efectos.
Tuvieron un indicio cerca de la medianoche, cuando se supo que en Washington el vocero principal del Departamento de Estado había ratificado punto por punto la denuncia.  A pesar del comunicado de Swift, el gobierno norteamericano reiteró que la empresa había informado a su embajada en Buenos Aires "que un funcionario argentino había pedido un pago considerable para obtener los documentos necesarios para ciertas importaciones".  Añadió que la carta había sido hecha pública por el gobierno argentino y la calificó como "un esfuerzo por superar los problemas que afectan a los inversionistas de Estados Unidos en la Argentina".  Esa declaración tan rápida y precisa comunicada por el vocero principal del Departamento de Estado, que la tenía por escrito, remeció los pasillos oficiales.  Como Galtieri, que en 1982 soñó que sus instructores en torturas en Centroamérica pesarían más en la balanza norteamericana que la asociación con su madre patria británica en la estratégica OTAN, Menem había pensado que sus partidos de tenis con George Bush le conferían precedencia respecto del embajador.  El fastidio norteamericano por la divulgación de la carta y la conferencia de prensa compulsiva a la que fue sometido Todman se reflejó también en una versión oficiosa del Departamento de Estado, que sólo recogió la agencia francesa AFP.  "La privatización de ENTel se obtuvo mediante un soborno de cien millones de dólares", decía.
El diabético Menem, que duerme poco y se levanta temprano, recomendó al Departamento de Estado, en un agrio reportaje radial a primera hora del viernes 11, que no se preocupara tanto por lo que ocurría en la Argentina, ya que en Estados Unidos había casos de corrupción aberrantes.  Cuando le preguntaron por la participación de Emir Yoma, se enardeció: "Vamos a investigar quién dio su nombre.  Esto no se va a olvidar mientras yo esté en el gobierno".  Como en los viejos tiempos de la campaña electoral de 1989, los allegados a Menem temblaban cada vez que alguien le acercaba un micrófono, ese temible enemigo, frío y sin sentimientos, que cumple su tarea destructiva indiferente a las consecuencias, y contra el cual no hay defensa.  Rodeado por las medianías con las que mira televisión en tiempos de placidez, Menem no encontraba en quién apoyarse cuando la tierra comenzó a temblar y, librado a su inspiración, llegó a plantear un conflicto con la administración Bush y el embajador Todman, que era como serruchar la rama sobre la que estaba sentado.  Hasta que Cavallo interrumpió sus vacaciones en Cancún, México, y regresó de urgencia a Buenos Aires, justo a tiempo para la reunión de gabinete.

De camisa sport a rayas y campera, Menem recibió a todos sus ministros en Olivos.  Les ratificó la confianza, pero exigió discreción en los contactos con la prensa.  "Aquí adentro pueden decirse todo lo que sea necesario, mátense entre ustedes si quieren".  Le hicieron caso.  En una mañana muy calurosa, todos estaban en mangas de camisa, salvo Julio Mera Figueroa, Erman González y Alberto Kohan, de traje.  El tono de la reunión les dejó la boca más pastosa que las masas secas distribuidas en platos floreados, uno por cada par de funcionarios.  Bebieron abundante café negro en tazas dobles y agua helada y se reprocharon hasta el aburrimiento.  Aunque la información oficial posterior mencionó el envío de naves al Golfo Pérsico, el cronograma electoral y los contratos petroleros, el tema único fue la corrupción.
Dromi y Bauzá se adelantaron a desmentir cargos que nadie les había formulado.  Su razonamiento fue que todas las denuncias provenían de contratistas despechados, que habían vivido a costa del Estado y deseaban impedir las reformas.
-Eso no es así.  Ni Swift ni Todman son contratistas del Estado, y todos sabemos que hay quienes recorren despachos privados pidiendo plata en nombre del gobierno -repuso Granillo Ocampo.
Humberto Toledo, Fernando Niembro y Erman González alentaban la escalada verbal de Menem contra Estados Unidos.  Menem reprochó a González no haber recibido a Todman para presentarle excusas y solucionar el problema ante sus primeros reclamos.
-El día tiene 24 horas.  No me alcanza el tiempo para todo –se disculpó González.
-Para el embajador de los Estados Unidos no te puede faltar nunca tiempo -insistió Menem.
-Todos los embajadores son iguales -protestó el ministro.  Roberto Dromi y Eduardo Bauzá asintieron, y llegaron a cuestionar lo que consideraron un alineamiento excesivo con Washington y a postular en cambio mejores relaciones con Europa.  "No hay por qué dar prioridad a un embajador sobre otros; está haciendo un lobby incorrecto", argumentaron.
Quien les respondió fue Cavallo, cuyo disgusto por la familia política del Presidente había comenzado con la imposición de Alfredo Carim Yoma como subsecretario de Asuntos Especiales, a cargo de las relaciones con Italia, España y Medio Oriente, un agrupamiento que no se corresponde con las divisiones tradicionales de la cancillería.  Menem no había cumplido aún tres semanas en el gobierno cuando el Banco del Interior y Buenos Aires (BIBA), propiedad de Carlos Bulgheroni, otorgó a Carim un crédito de 144.000 dólares sin avales, comisiones, garantías ni contragarantías.  Cavallo, quien desde la Cámara de Diputados había denunciado a Bulgheroni como arquetipo del hombre de negocios que intercambia favores personales por prebendas para sus empresas, tenía motivos para sospechar que a sus espaldas ocurrían cosas incompatibles con la función pública, y no cejó hasta obtener el alejamiento del cuñado presidencial.  El objeto declarado del crédito era el alquiler por tres años de una oficina en el piso 3º del edificio Transcontinental, de Avenida de Mayo 654, a 4.000 dólares mensuales.  Los documentos de la operación, cerrada el 31 de julio de 1989, ni siquiera mencionaban el número del documento de identidad de Yoma ni el objeto del alquiler: una sede para la fundación de ayuda social de Zulema Yoma, que no llegó a instalarse porque demasiados asesores le recordaron a Menem el escándalo que había envuelto tres lustros antes a Isabel Perón por los cheques de la Cruzada de Solidaridad.  Bulgheroni también acompañó a Zulema a Estados Unidos cuando su hijo Carlitos se estropeó una pierna corriendo en motocicleta por una ruta de Córdoba, para presentarle a sus médicos y a la clínica donde el magnate petrolero se trata de una grave enfermedad del sistema linfático.  Ahora Cavallo debía vérselas con otro de los hermanos del Huracán Zulema, como la bautizó García Lupo.
La influencia de Cavallo sobre el Presidente no era nueva.  Había sido su ministro de Economía in pectore luego de las elecciones del 14 de mayo de 1989, y sólo lo sacrificó en el altar de las nupcias con Bunge & Born.  Su sorprendente designación como canciller obedeció al deseo de tenerlo cerca, como auditor del desempeño de los hombres de Bunge.  También fue uno de los inspiradores del plan Bonex en diciembre de 1989.  Pero recién en aquella semana negra de enero de 1991 pasó a ocupar otro rol más importante: fue el hombre que le dio contención psicológica cuando la angustia lo desbordaba.  Con audacia, ocupó el hueco negro que amenazaba con chupar al gobierno.  "Carlos, así se acaba tu presidencia.  No entendiste cómo son las cosas", llegó a decir, como quien toma de la mano a un niño perdido por su imprudencia en la tempestad y, con palabras severas pero afectuosas, las únicas capaces de serenar a alguien que había entrado en pánico, lo reconduce a un lugar seguro.

Una vez que Cavallo terminó de pasar revista a lo que significaba para el gobierno la relación con Estados Unidos, Menem le ordenó:
-Mingo, contá lo que me has dicho de Swift.
Cavallo dijo que al recibir la carta del embajador, en diciembre, se había puesto en comunicación una vez más con Todman y también con los directivos de Swift-Armour.  Uno de sus vicepresidentes le había añadido detalles que no constaban en la denuncia diplomática: el gestor oficioso había sido Emir Yoma, y el modo de pago propuesto, la venta de un avión a precio irrisorio.  En diálogos reservados con periodistas, varios ministros y funcionarios habían confirmado la veracidad de la revelación de Página/12, entre ellos Granillo Ocampo y Alberto Kohan, quienes a raíz de ello fueron sindicados por la familia Yoma como los infidentes. Pero hasta ese momento nadie había presentado un cargo tan directo, y menos en presencia de las máximas autoridades nacionales.
Con las huellas de una semana terrible en su rostro, Menem ordenó que pasara el acusado para que Cavallo repitiera en su presencia la información transmitida al gabinete.  El ministro lo hizo, palabra por palabra, sin interrumpirse ni parpadear, mientras miraba con sus grandes ojos claros a Moby Dick, quien negó, con aire lastimero.  Sólo había pedido un avión en préstamo, se disculpó. (Swift no posee aviones en la Argentina y los contrata en empresas de alquiler, pero Campbell Soup sí los tiene en Estados Unidos.)
Cavallo había hablado ante todo el gabinete, y la respuesta de Yoma fue pueril.  Menem tenía que tomar una resolución muy difícil y no tenía claro qué hacer.  Comprendía que Cavallo le señalaba el único camino racional, pero le enervaba la seguridad del ministro, la forma en que había vapuleado al Gordito.  No estaba dispuesto a dejar todos los triunfos en su mano.  Dirigiéndose a Granillo Ocampo, inició la segunda parte de la reunión de gabinete:
-Se cuentan tantas cosas. Vos, que te consideras libre de culpa, contá lo que oíste sobre el gasoducto.

SAN EXPEDITO

El peronismo aún no se reponía de la alianza estratégica con Bunge & Born cuando Menem designó como interventora en ENTel a María Julia Alsogaray, y se hizo un hueco en la agenda recargada para interesarse en el Hospital Naval por los by-pass colocados al almirante Isaac Rojas.  "Nos miramos a los ojos y le manifesté mis deseos de que tuviera una gran presidencia.  El me dio un beso", narró luego el anciano.  El responsable de los fusilamientos de veintisiete peronistas en junio de 1956 agregó que el nuevo presidente tenía mirada de hombre bueno y que sería el precursor del renacimiento argentino.  Además, Menem designó asesor en deuda externa al padre de María Julia, quien declinó volver a la embajada en Washington que había ocupado bajo el dictador Juan Onganía.  El Presidente necesitaba avales para que su gobierno, nacido de las convulsiones de la hiperinflación y los saqueos, no se evaporara como el de Isabel Perón.  Los buscaba entre los sectores políticos y sociales que habían sido ideólogos, ejecutores y/o sostén de todos los golpes de Estado de los anteriores treinta y cinco años.
Tenía también otros niveles de diálogo.  En público sostenía que el propósito era mejorar el servicio telefónico.  "No se trata de discutir si es pública o privada.  Tenemos que hacer a ENTel más eficiente", dijo.  "Vamos a privatizar", lo corrigió la hija del capitán (R) Alvaro Alsogaray, del arma de ingenieros y con aptitud especial en negocios, ministro o embajador en cuatro de los cinco gobiernos antiperonistas entre 1955 y 1970.  La duda entre privatización o eficiencia no duró ni una semana.
"María Julia es una cruzada.  Necesitamos a alguien capaz de enfrentarse al sindicato para que ENTel se privatice" era en cambio su explicación en confianza.  Uno de sus exegetas añadía: "Si tuviéramos que disolver a las Fuerzas Armadas llamaríamos a la izquierda.  Para privatizar necesitamos de los liberales, que lo van a hacer con más convicción que nosotros los peronistas".  Nosotros los peronistas se refugiaron en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos en torno de Dromi, y desde allí declararon la guerra a la interventora en ENTel, que mostró así su polifuncionalidad. La culpa de todo la tenían los Alsogaray.
Luego de una reunión con Menem y su esposa Zulema Yoma, con María Julia Alsogaray y el líder histórico del sindicato telefónico Julio Guillán, Dromi anunció que no se aceptaría la capitalización de deuda en ENTel.  La interventora Alsogaray fue aún más categórica.  En un reportaje por televisión dijo: "No va a haber capitalización de deuda para esto.  El que quiera participar va a tener que traer dinero contante y sonante, porque acá tiene que ser capital íntegro porque hay un negocio.  Por lo tanto, que traigan el capital".
-Todo genuino -redondeó Gerardo Sofovich.
-Todo genuino -asintió María Julia Alsogaray.
-¿Los proveedores podrán capitalizar la deuda que ENTel mantiene con ellos? -le preguntaron al secretario de Comunicaciones Raúl Otero.
-La idea es que no se capitalice deuda interna ni externa.  Creemos que comunicaciones es un negocio lo suficientemente atractivo como para no admitir ese sistema.
En la interpretación más bondadosa, se trataba de tres ignorantes que tardaron en aprender lo que una observación superficial del negocio indicaba: no había inversiones nuevas porque no existía demanda insatisfecha, sólo capitalización para quedarse con activos existentes.  El resto de los recursos para pagar la operación saldría del aporte de los usuarios.  ENTel tenía déficit operativo por causa de la tarifa política y de una legislación rígida que trababa su desempeño como empresa.  Al asumir Menem su tarifa era la más baja de la historia: U$S 0,0013 por pulso.  Cuando la entregó a los licenciatarios había crecido por decisión política treinta veces, hasta U$S 0,038, lo cual tornaba superflua cualquier discusión sobre eficiencia.
Por entonces los puntos en debate eran otros, sobre posiciones que luego los protagonistas también modificaron.  Dromi prefería la regionalización de los servicios.  Alsogaray y Otero se inclinaron en el comienzo por la venta de la compañía como estaba, pero dividiendo el paquete accionario en cuatro partes, que se colocarían entre los encargados del management, los proveedores, los trabajadores y el público en general a través de la Bolsa.  Pese al fracaso de la negociación con Terragno, Telefónica de España y el Citibank no disolvieron su sociedad.  Por el contrario, reforzaron sus gestiones para mantener bajo el gobierno peronista lo esencial del acuerdo celebrado con la administración radical.  Fue la interventora Alsogaray, cuyas simpatías por los consorcios norteamericanos eran manifiestas, quien propugnó, con éxito, la división de la empresa.  La idea era que así se aseguraría la competencia.  Primero se pensó en cinco partes, luego en tres, y terminó en dos, a medida que se improvisaba.
El 12 de setiembre de 1989 Menem firmó el decreto-marco 731/89.  Su objetivo era "desmonopolizar y desregular el servicio de telecomunicaciones para hacerlo más eficiente en beneficio de los usuarios".  Sostuvo que para dar transparencia a la privatización, ésta se realizaría a través de un concurso público internacional y que se otorgarían licencias.  Estableció que en dos meses y medio la intervención de ENTel pondría los pliegos de bases y condiciones a consideración del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, que los elevada al Poder Ejecutivo en diez días, para que fueran aprobados antes de fin año.  La adjudicación de las licencias se efectuaría el 28 de junio de 1990, plazos de una brevedad escalofriante para la trascendencia de lo que estaba en juego.
La red telefónica nacional se dividió para la prestación del servicio básico en tres áreas, que serían adjudicadas en exclusividad durante los primeros cinco años, es decir sin la pregonada desmonopolización.  Sólo los servicios de valor agregado, ampliados, de información, de procesamiento de datos, de telefonía móvil y la provisión de equipos terminales se prestarían en un régimen de competencia abierta.  El Estado se haría cargo del pasivo, los convenios colectivos de trabajo serían intangibles, el grupo operador conservaría el 51 por ciento de las acciones. De reservaría el 10 por ciento para los empleados y un 5 por ciento para las cooperativas que ofrecían servicios telefónicos.  A diferencia del esquema de Terragno, se admitió la participación de proveedores en las sociedades licenciatarias, lo cual constituyó una conquista estratégica de quienes hegemonizan el negocio mundial de las telecomunicaciones y una simétrica contrariedad para el interés público.  Las tarifas, cuyo método de conformación se difirió a los pliegos, deberían ser "justas y suficientes para sufragar los costos de una administración eficiente y promover una utilidad razonable".  Tan genérica era esa fórmula como dispares las ideas de la interventora y del sindicato acerca del valor de la empresa que se ponía en venta.  ENTel vale mil millones de dólares, afirmó María Julia Alsogaray.  Vale cinco mil, replicó Guillán.
La elección de la ingeniera Alsogaray implicó la de un equipo y una manera de encarar la tarea.  Igual que en el caso de Aerolíneas Argentinas, y a diferencia de lo realizado en otros países del mundo, no hubo el menor intento por normalizar ENTel, fijar metas dentro de una política global de telecomunicaciones y recién entonces resolver si era necesaria la incorporación de capital y en qué condiciones.  De este modo, si la decisión hubiese sido de todos modos vender, el precio hubiera mejorado en forma notoria.  Como es notorio, la decisión de desprenderse de ENTel precedió a cualquier análisis racional y determinó el ritmo y las características del proceso.  El 16 de noviembre, Morgan Stanley & Co. y el Banco Roberts asumieron como asesores financieros de la intervención, contratados por 4 millones de dólares.  Por 450.000 dólares fueron contratadas las consultoras técnicas Cooper & Librar y Harteneck & López, y por 180.000 los consultores externos especiales Touche & Ros, Deloitte, Haskins & Sells y Ruival, Otone y Asociados, en los que el Banade delegó la valuación, que sería supervisada por su gerencia técnica.  En el cómodo y amplio despacho de Enrique Ruete Aguirre, en el último piso del banco Roberts, se elaboraron los pliegos.  "A puertas abiertas", recuerda el entonces asesor de la interventora Ricardo Mansueto Zinn, desde su propio último piso junto a la Catedral y con vista a las cúpulas de Buenos Aires, el reloj de la Municipalidad, los balcones del Cabildo y la Farola de La Prensa. (Hijo de un pastor luterano, viceministro de Economía de Isabel Perón y asesor político de la Junta Militar que la derrocó, Zinn fue el precursor del concubinato liberal-peronista con el plan de ajuste de 1975, que injustamente eternizó el apellido del ministro Celestino Rodrigo.  Ejecutivo exitoso del grupo italiano, como vicepresidente del Banco de Italia primero y de la fábrica de automotores del grupo Macri después, organizó seminarios sobre teología y petróleo, participó en acciones para refutar las denuncias internacionales sobre violaciones a los derechos humanos, y fue uno de los empresarios que aportaron dinero y cobertura para el entrenamiento por la inteligencia del Ejército de medio centenar de oficiales centroamericanos para luchar contra el sandinismo.)
Al Banco Roberts acudían incluso los diputados y senadores de la Comisión Bicameral.  Un comité de veintiún personas discutía los borradores del pliego que cada día redactaba Héctor Mairal con la ayuda de Guillermo Ocampo, primo y colaborador del secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Raúl Granillo Ocampo.  También fue contratado el estudio Mairal-Klein.  Según los diputados, sus honorarios montaban a dos millones de dólares.  La interventora Alsogaray les informó que eran de 10.000 dólares, cifra sorprendentemente baja, que de ser cierta aconsejaría investigar quién pagó sus honorarios reales.  Allí se desempeñaban los hijos homónimos de Martínez de Hoz y de Mariano Grondona.  Ellos tuvieron el cuidado, por su coherencia y sus tradiciones familiares, que faltaba en el gobierno por las suyas.  Quien no concurría a las reuniones en el despacho de Enrique Ruete Aguirre en el Banco Roberts era Martín Ruete, del Citibank.  Enrique diseñó los aspectos financieros.  Su hermano Martín ganó la licitación.  Ruete Aguirre usa el apellido materno para que en el ambiente bancario no lo confundan con Martín, el rugbier de la agraciada familia.
El 5 de enero de 1990, Menem firmó cuatro decretos que volvieron a cambiar el esquema.  El 59/90 pretendió en sus considerandos que las modificaciones que introducía al decreto-marco 731/89 habían surgido "del profundo análisis del sistema proyectado para convocar al capital privado y asegurar las condiciones óptimas de prestación futura del servicio de telecomunicaciones".  Era un juego de palabras.  En realidad quería decir: "del análisis del capital privado que se convocó para proyectar el sistema".  La anunciada adjudicación de cinco áreas primero y de tres después fue sustituida por la formación de dos sociedades a las cuales se les otorgaría licencia para la prestación del servicio básico en dos regiones y se les transferirían los bienes de ENTel.  A otras dos sociedades anónimas que se crearían simultáneamente se les transferirían los bienes de ENTel correspondientes al servicio internacional, que se prestaría en condiciones iniciales de exclusividad, y los correspondientes a los servicios que se prestarían en condiciones de libre competencia.  Las acciones de esas dos sociedades pertenecerían por partes iguales a las dos sociedades licenciatarias.  Las cuatro sociedades fueron creadas el mismo día por los decretos 60 y 61/90.
Si el decreto-marco de setiembre había reemplazado la pregonada desmonopolización por la exclusividad durante cinco años, el decreto 59, de enero, amplió ese monopolio al doble: nada menos que diez años.  La idea inicial de la división en cinco compañías, diseñadas sobre las cinco regiones administrativas de ENTel, era un resabio de la Doctrina de la Seguridad Nacional.  Fueron los militares quienes formularon esa organización, en la que cada Cuerpo de Ejército supervisaba una región.  El decreto-marco 731 había girado hacia otro esquema: región Norte, región Sur y área Buenos Aires.  Aunque era algo menos descabellado desde el punto de vista técnico, no tenía sentido económico.  Pronto los posibles oferentes se encargaron de hacer saber al gobierno que ellos eran capitalistas privados y no filántropos interesados en el bien público.  Lo único que les atraía en ese esquema era Buenos Aires, que en una pequeña superficie concentra cerca de los dos tercios del tráfico telefónico.  No habría ofertas por las otras dos zonas.  En consecuencia, el gobierno adaptó el producto que ofrecía al paladar del consumidor, para lo cual dividió también Buenos Aires en dos partes y las adosó a cada una de las dos regiones.  Ese fraccionamiento de Buenos Aires carecía de cualquier fundamentación técnica y tampoco tenía precedentes en ninguno de los demás países que privatizaron sus telecomunicaciones.
Los valores de transferencia a esas sociedades de los bienes de ENTel se fijarían en función de los valores de libros y de los que se establecieran en la valuación a realizar según la ley de desguace del Estado.  Las licencias se otorgaron con cinco años de exclusividad, que en realidad serían diez: el plazo recién comenzaría a contarse a partir del segundo año de la transferencia de las acciones, y podría extenderse por tres años adicionales si las metas del pliego se cumplieran con exceso.  Recién después se admitiría la competencia.  En cambio, podrían prestarse desde el comienzo en un régimen de competencia abierta, sin exclusividad ni división de regiones, los servicios de valor agregado, ampliado, de información, de procesamiento de datos, de telefonía móvil y la provisión de equipos terminales.
El cuarto decreto del 5 de enero fue el 62/90, que incluyó como anexos el pliego de bases y condiciones para la tupacamarización de ENTel y un convenio celebrado con la Compañía Argentina de Teléfonos (CAT), propiedad de la sueca Ericsson, que prestaba el servicio telefónico con carácter precario y concesión vencida en seis provincias: Mendoza, San Juan, Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Entre Ríos.  Ese decreto 62 reflejó la debilidad del gobierno frente a los posibles oferentes, que le impusieron condiciones muy gravosas.  Dispuso que el Estado se hiciera cargo de las deudas de ENTel, autorizó el pago de una parte del precio mediante el mecanismo de capitalización de deuda pública externa, estableció que en caso de fijarse topes parar precios y tarifas el Estado compensaría a las licenciatarias, las autorizó a mantener en el exterior las divisas obtenidas por los servicios internacionales para el pago de servicios financieros, dividendos y reembolso de capital a los accionistas del exterior, eximió del impuesto de sellos todos los contratos para la transferencia, invitó a las provincias a extender a las licenciatarias las exenciones impositivas de que gozaba ENTel, afectó el 90 por ciento de lo producido por el concurso al pago de las deudas de ENTel y reservó el 10 por ciento restante a la construcción de una red de telecomunicaciones especial para el Presidente y las autoridades.
El 60 por ciento de las acciones se adjudicaría a un grupo inversor, el 25 por ciento se reservaría para vender al público, el 10 por ciento para el personal y el 5 por ciento para las cooperativas telefónicas.  Horas antes de la firma, luego de una discusión con Zinn, Dromi consiguió suprimir una cláusula que impedía la participación de empresas estatales, lo cual excluía a los prestadores europeos.  Hasta ese momento todo se había organizado de modo de atraer a operadores privados, de ser posible norteamericanos y, si no fuera demasiado pedir, que incluyeran en su denominación las letras mágicas B-e-l-l.  Zinn pregonaba a los cuatro vientos que eran las mejores del mundo y que ganarían la licitación.  Siempre tan rotunda en sus afirmaciones, María Julia Alsogaray afirmó que no tendría sentido quitar ENTel de las manos del Estado argentino para entregarla en manos de un Estado extranjero. Hasta llegó a mencionar "problemas de soberanía".
Antes del 28 de febrero se determinaría un precio base a pagar en dólares a la toma de posesión y un precio adicional a pagar en títulos de la deuda externa, expresado, como en el caso de Aerolíneas Argentinas, en valor nominal con sus intereses.  Para la evaluación de las ofertas se tendría "únicamente en cuenta el precio adicional".  La preeminencia adquirida por el objetivo todavía no declarado de pagar deuda externa también se manifestó en una cláusula por la cual se admitió que las entidades firmantes del Contrato de Refinanciación Garantizada de 1987 pudieran incorporarse como accionistas al consorcio ganador, "aunque hayan participado en otros proponentes".  Esta facultad no se atribuyó a otro tipo de sociedades; por el contrario, el pliego la vedaba en forma expresa.  En otras palabras: quien fuera miembro de un consorcio no podía serlo de otro, salvo que se tratara de un banco acreedor.  El negocio financiero ya se delineaba como prioritario.  "El mercado de telecomunicaciones es hoy mucho más dinámico y atractivo que el mercado secundario para la deuda del Tercer Mundo.  También se beneficiarían indirectamente los bancos que no se convirtieran en propietarios del sistema de telecomunicaciones, pero que tuvieran títulos de la deuda argentina, con el aumento de su precio en los mercados secundarios", escribió el investigador de la Universidad de San Diego, California, Ben Alfa Petrazzini.  La preadjudicación se realizaría en pocos días, tiempo suficiente para determinar quién ofrecía más títulos de la deuda, pero no para evaluar las propuestas de expansión de la red, características tecnológicas de los equipos, o tipo de servicios propuestos.
Las licenciatarias se quedarían con los servicios devengados y no facturados a la toma de posesión, lo cual equivalía a la facturación de un bimestre, o sea unos 200 millones de dólares.  También recibirían 300.000 líneas listas para colocar, de las cuales 100.000 correspondían al plan Megatel y otras 200.000 estaban disponibles para la venta, por 300 millones de dólares.  Es decir que con su conexión podrían recuperar de inmediato el precio de contado a pagar.  El Estado asumiría las deudas de ENTel y el pago de los juicios laborales, provisionales y de seguros pendientes, y hasta la adjudicación ENTel no contraería compromisos extraordinarios que no fueran imprescindibles para asegurar la continuidad del servicio.  La autoridad regulatoria sería la Secretaría de Comunicaciones, que se mantendría con un fondo especial formado con un porcentaje no superior al 0,75 por ciento de los ingresos de las sociedades licenciatarias.  El marco regulatorio sería dispuesto por decreto antes del 28 de febrero, un compromiso que Otero no cumplió.
El Capítulo XII de ese primer pliego sostuvo que en el período anterior a la fecha de presentación de las ofertas las tarifas se ajustarían "a un nivel adecuado para proporcionar a un operador eficiente una tasa de retorno razonable sobre los activos fijos sujetos a explotación", lo cual empezaba a precisar contra qué se mediría la utilidad razonable introducida por el decreto-marco.  También anunciaba que en el período intermedio entre este ajuste y la toma de posesión, las sociedades licenciatarias podrían seguir actualizando sus tarifas "de acuerdo con la evolución mensual del índice de precios al consumidor".  Además de ese ajuste por el IPC, que continuaría en los primeros dos años siguientes a la toma de posesión, las licenciatarias podrían ajustar en los primeros cuatro semestres el nivel real de las tarifas "a los efectos de alcanzar una tasa de retorno del 16 por ciento anual sobre los activos fijos sujetos a explotación", es decir los que les transfiriera ENTel -cuya valuación se comunicaría antes del 31 de enero-, más las inversiones posteriores, menos las amortizaciones.  Semejante utilidad duplica la ganancia promedio de las compañías más rentables, como la norteamericana AT&T.  Para dicho cálculo, todos los impuestos, salvo ganancias, serían considerados costos.  "Si debido a dichos ajustes la sociedad licenciataria obtiene una utilidad que supere dicha tasa de retorno, la utilidad excedente en relación con este nivel deberá ser devuelta mediante una reducción en el nivel real de tarifas aplicable mes a mes durante un año", decía el pliego.  Se aprecia aquí la vacuidad de las largas polémicas acerca de si ese 16 por ciento constituía un piso o un techo para las ganancias de las compañías.  Era un piso porque podían ajustar tarifas para alcanzarlo, y un techo ya que de superarlo estaban obligadas a reducir las tarifas.  La garantía del 16 por ciento superaba la que en el siglo pasado, en una situación mucho más difícil, se ofreció a los ferrocarriles británicos, que según las líneas oscilaba entre el 8 y el 15 por ciento.  A partir del tercer año y durante el período de exclusividad, las tarifas telefónicas debían reducirse en términos reales un 2 por ciento anual, requisito indispensable para acceder a la prórroga de tres años en la exclusividad y en esos tres años la reducción anual debía duplicarse, al 4 por ciento.  El 22 de marzo la Sindicatura General de Empresas Públicas sostuvo que esa metodología para determinar las tarifas no estimularía la eficiencia.  Como en los primeros dos años cubriría la totalidad de los gastos más la rentabilidad garantizada, "será conveniente para la licenciataria tener inicialmente los mayores costos posibles, ya sea tomando más personal, pagando mayores salarios, erogando en insumos innecesarios o pagando sobreprecios en sus compras, puesto que de todas formas tiene garantizada su utilidad".  Como en los ocho años posteriores la tarifa debía reducirse gradualmente sin piso ni techo para el margen de utilidad, esa disminución "se producirá sobre una tarifa previamente inflada, pudiendo en este período revertirse el proceso de erogaciones (incluso despidiendo personal o pagándole menores salarios).  No se han previsto pautas contractuales a los efectos de evitar utilidades desproporcionadas".  Para la SIGEP "si asumimos que una oferta razonable -contado más títulos a valor de mercado- es la que iguala la valuación recomendada por el Banade, surge que la tasa interna del licenciatario calculada bajo esta hipótesis excede el 40 por ciento, nivel que supera valores considerados normales".
El punto 12.11 del pliego, que se instalaría en el centro de las disidencias entre el Estado y los licenciatarios, estipuló que no se aplicarían congelamientos, administraciones y/o controles de precios basados en la ley de abastecimiento o en otra que la reemplazara.  Si a pesar de ello se obligara a la licenciataria a adecuarse a un régimen de control de precios, tendría derecho a una compensación equivalente.
Para la contratación de bienes y servicios por más de 500.000 dólares las licenciatarias deberían convocar a licitación y, si se determinara una preferencia indebida, la autoridad regulatoria deduciría de la base de activos utilizada para calcular la rentabilidad el doble de cualquier sobreprecio detectado.  De este modo el pliego procuraba subsanar la peligrosa admisión de proveedores entre los adjudicatarios, para impedir que las licenciatarias se compraran caro a sí mismas y luego trasladaran ese costo excesivo al usuario, o en su defecto al garante de su rentabilidad, el eterno financista estatal de los mejores negocios privados.  Durante la década del 60, por ejemplo, una cláusula perversa había fijado el subsidio que el Estado pagaría a la transportadora aérea privada Austral como un porcentaje sobre las pérdidas que sufriera Aerolíneas Argentinas, con lo cual el principal interés de la compañía propiedad de William Reynal era que Aerolíneas Argentinas arrojara déficit.  Ni siquiera así salvó a su empresa de la quiebra.  Como ya vimos, también ese pasivo se socializó.
En otro avance sobre el Congreso, el Poder Ejecutivo se comprometió a enviar un proyecto para eliminar antes de la presentación de las ofertas el impuesto interno a las telecomunicaciones.  Para solucionar la última cuestión pendiente celebró un convenio con la CAT, de adhesión a la política fijada, que incluyó como anexo del pliego.  La compañía sueca "garantiza en lo pertinente la certeza jurídica de este procedimiento y se compromete a no oponer reparos ni impedimentos al proceso de privatización", pero se reserva "los derechos económicos materiales emergentes que le corresponden por los bienes afectados a servicio público a su cargo".
Una posibilidad era que el oferente adquiriera en forma directa sus bienes a la CAT, desobligando así al Estado.  Otra, que se licitaran todos o una parte en las condiciones establecidas en los pliegos, previa tasación por el Banade.  Si la asamblea de accionistas de la CAT no aceptara la tasación del Banade, el Poder Ejecutivo podría disponer unilateralmente la extinción de los permisos y el rescate de los servicios.  Las compensaciones y/o indemnizaciones se discutirían entonces judicial o extrajudicialmente.  En esos terrenos nadie posee tanta experiencia e idoneidad como el Estado para los malos negocios.  Sólo es cuestión de darle tiempo para que las condiciones maduren.

El decreto 420/90, del 28 de febrero, fijó en 1003 millones de dólares el precio base del 60 por ciento de las acciones de ENTel: 534,3 millones de dólares por la zona Sur y 468,4 por la zona Norte.  El Estado recibiría 214 millones de dólares en billetes, 380 en pagarés a seis años, y el resto en títulos de la deuda externa.  Las partes del precio en billetes y financiada constituían una cifra fija, que en consecuencia no entraba en el concurso.  Ganaría quien ofertara más valores en títulos de la deuda externa.  Convocada una semana después por la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, la ingeniera Alsogaray explicó que este diseño procuraba "hacer honor a la deuda".  Para el gobierno nacional ésa era "la única forma de recuperar la credibilidad y de abrir nuevas líneas de crédito en el exterior".  El mecanismo perverso puesto en práctica desde ningún punto de vista podía asimilarse con el de una Inversión Directa Extranjera.  Por el contrario, constituía un desestímulo directo a la inversión.  No era inversión, sino compra de activos instalados, por un monto que sólo en una parte minoritaria se componía de recursos genuinos, y en el resto, de papeles.  Además, los consorcios formados reunían a empresas extranjeras pero también nacionales, las que gozarían de las prerrogativas de aquéllas para remesar utilidades.  Esta extranjerización sin inversión disminuiría la cuenta de intereses de la deuda externa pero lo compensaría con creces por la remisión de utilidades, una variable aún menos manejable.
Entre las confesiones notables de esa sesión de siete horas, durante las que no se levantó ni una vez para ir al baño, la interventora dijo que operaciones de transferencia similares habían insumido en otros países entre dos y siete años.  "A nosotros se nos pidió ajustarnos a un cronograma muy estricto porque uno de los pilares de credibilidad exterior en el proyecto de transformación planteado por el presidente Menem es justamente el del proceso de las privatizaciones", aseveró.  Una vez más, la credibilidad exterior lo justificaba todo.
El precio de tamaño apuro no era desdeñable.  En la misma nota del 22 de marzo citada respecto de la tarifa y la rentabilidad garantizada, la SIGEP también objetó la transferencia de un monopolio natural, que derivaría de la exclusividad; la consideración del IVA como costo, ya que generaría un doble cómputo; la metodología de presentación de propuestas, no habitual en el país, por la cual recién después de la precalificación se entregaría el sobre con la oferta económica, lo cual favorecería "un posible acuerdo entre los seleccionados"; la división en zonas, "que generará gastos cuya cuantificación y responsables económicos no surgen del pliego".
María Julia Alsogaray había defendido dos semanas antes de la observación de la SIGEP el método atípico de la licitación, durante una visita a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.  Explicó que, como la intervención carecía del número de balances necesarios para presentar, había invertido el sistema y le proponía a los interesados que "vengan a mirar, miren y pregunten.  Les abrimos la empresa, tienen acceso a la contabilidad, a los lugares físicos, tienen acceso a todo lo que crean conveniente para decidir si quieren o no ofertar".
La valuación fue efectuada a la carrera, entre octubre de 1989 y febrero de 1990.  El Banade entregó su informe el 27 de febrero, y el 28 Menem la incluyó en el decreto 420.  Ya vimos en el capítulo 2 la importancia que el Banco Mundial y algunos estudiosos de las privatizaciones británicas le asignan a este proceso por el que se determina el valor de aquello cuya propiedad se transferirá y el riesgo de corrupción si se fuerzan los plazos. No es un elogio a quienes intervinieron en la Argentina que dos años después los métodos con los que se procedió sigan rodeados de confusión.
Como era natural, en torno de ella se suscitó una de las cuestiones más difíciles de resolver para la intervención.  El último balance aprobado por la SIGEP en 1987 había arrojado un valor de libros de 3.500 millones de dólares.  Para 1990 los consultores lo recalculaban en unos 3.100 millones de dólares.  Como adujo un colaborador de la intervención al periodista Marcelo Zlotogwiazda, con esa base no habría interesados, pero si fuera menos "estaríamos violando ciertas leyes".  Las que impiden regalar activos públicos, claro.  Se dispuso entonces que la valuación no fuera ésa, sino la que surgiera del método denominado de "flujo de caja descontado, con proyecciones calculadas a diez años, valor residual por flujo perpetuo del último año y correcciones que lo incrementan", según la explicación de María Julia Alsogaray a los legisladores.  De antemano se sabía que para que hubiera ofertas no debía exceder de los 1.800 millones de dólares, como consta en la nota de Zlotogwiazda previa a la fecha en que concluyó el trabajo de los consultores.  La promiscuidad entre las autoridades y los interesados era tal que a mediados de febrero ya se sabía que por la zona Norte las ofertas no superarían los 220 millones de dólares y por la Sur los 310 millones de dólares.  Como licitar sin base pareció demasiado incluso a ese equipo, se recurrió a una alquimia financiera, que la ingeniera Alsogaray explicó en el Congreso: se aplicó un riesgo-país estimado en 30 por ciento, y una hipótesis de crecimiento medio.
Mediante tal manipulación se acomodaron las cifras a la medida de la voluntad del cliente.  En estas condiciones la convocatoria a una licitación es una mera formalidad que no protege el interés general.  Una observación interesante de la economista Alejandra Herrera es que, al calcular los egresos futuros, los evaluadores proyectaron sin grandes correcciones la extrema ineficiencia de ENTel en sus años de decadencia, despreciando la propia presunción de los privatizadores sobre la gestión más eficiente que realizarían los licenciatarios.  En el estudio más citado en los últimos años acerca de métodos para controlar la corrupción, un investigador norteamericano refiere el caso del Ejército de su país en Corea.  Los precios de sus compras bajaron cuando en vez de licitaciones que siempre estaban amañadas el US Army recurrió a la contratación directa con un proveedor escogido y un método de negociación dura con él.  Antes de abrir la negociación con los proveedores el Ejército contrataba a evaluadores independientes para tener una estimación veraz de los precios.  Por cierto que la clave para ello no está en el método de contratación o de valuación sino en la voluntad previa de obtener las mejores condiciones para la institución que convoca a los oferentes y en la ausencia de colusión entre una y otros.  De otro modo todo es ficticio y no hay resultado bueno posible.
El asesor de la intervención, Ricardo Zinn, explica así la valuación: "Se parte de un momento cero.  En este caso marzo de 1990, cuando la facturación anual era de mil millones de dólares.  Luego se computan egresos e ingresos previstos, incluidas las inversiones para la actualización de la red.  Al neto de ese resultado se lo descuenta y se lo retrotrae al momento cero, a una cierta tasa de interés que se llama tasa de descuento.  La clave está en la tasa de interés".  Para determinarla deben considerarse costo del dinero, riesgo empresario, riesgo-país y una hipótesis de crecimiento.  Las consultoras propusieron tres tasas posibles de interés, del 20, el 25 y el 30 por ciento.  Zinn sostiene que propuso 30 por ciento pero la Comisión Bicameral dijo que era una exasperación y terminó fijándose en 25 por ciento.  Ese era el interés que pagaban los Bonex, de acuerdo a la cotización de febrero de 1990, en plena hiperinflación.  En el último trimestre de 1991, en cambio, esos títulos pagan el 11 por ciento.  La revelación más notable de Zinn es que con este método no hubo una valuación sino cinco, en un abanico que fue de los 3.200 como máximo a los 1.900 millones de dólares como mínimo.  La consultora que calculó 3.200 millones de dólares fue Deloitte, Haskins & Sells.  El gobierno optó por la más baja.  Sin embargo, por la coexistencia de dos valuaciones (flujo de caja descontado y activos sujetos a explotación) garantizaba la rentabilidad del 16 por ciento sobre la más alta.  Ese juego de malabar, por el cual bajaba el precio de venta pero subía la base de cálculo de la rentabilidad, no sería fácil de mantener.

El famoso nivel tarifario adecuado para proporcionar a un operador eficiente una tasa de retorno razonable comenzó a manifestarse en febrero de 1990.  El 7 de febrero se anunció un aumento del 112 por ciento; el 27 de febrero, otro del 300 por ciento, y el 9 de marzo un tercero del 433 por ciento.  El 16 de marzo comenzaron a llegar las primeras boletas, con indexaciones acumuladas de hasta el 2.500 por ciento.
Con aire de desafío María Julia Alsogaray anunció su programa de auxilio para que las quejosas víctimas del tarifazo postergaran el problema o se desembarazaran del causante: pago en cuotas, con intereses; autorización para vender la línea entre particulares sin intervención del Estado, y facilidades para compartir la línea entre abonados.  Constituye un desprecio inaceptable para el pueblo, sostuvo su propio partido, sublevado contra la familia Alsogaray.  La Unión del Dedo Democrático advertía que "tarifas internacionales con salarios de 30 dólares son agraviantes", mientras el secretario de Seguridad Social Santiago de Estrada, un conservador católico que disputaba la misma clientela política, intimó a ENTel a pagar una deuda de 34,5 millones de dólares con el sistema provisional, al que no entregaba el impuesto específico para los jubilados percibido junto con sus facturas.  Dromi Bauzá, Manzano, Erman González, embistieron contra La Intrusa.  El radicalismo probó de afirmar el tono luego de ocho meses de gimoteos.  El viernes 16 de marzo, 60.000 asistentes a una marcha convocada por los organismos de derechos humanos y otros varios miles atraídos por el sindicato telefónico de la Capital aguzaron el ingenio para denigrar a María Julia Alsogaray, convertida en el símbolo que Menem había imaginado.  Los manifestantes tenían más fervor que proyecto y conducción, y el resto de la desarticulada oposición no tenía disidencias de fondo sino de oportunidad y estilo con la interventora.  Decidida a doblar siempre la apuesta, la señora Alsogaray replicó que los críticos harían bien en pagar sus cuentas si no querían que les cortara el servicio.  Entre los grandes deudores mencionó al Congreso de la Nación.
Pero la confluencia de impugnaciones surtió efecto.  El fin de semana sesionó el gabinete nacional y el lunes 19 el ministro de Economía anunció la temida revisión de las tarifas: anuló el aumento del 433 por ciento e informó que el pulso bajaría cuatro veces, de 80 a 21 australes.
-Erman te lo va a patear -previó Zinn.
-Lo tengo asumido -respondió María Julia Alsogaray.
El escándalo en torno de las tarifas alarmó al gobierno, que todavía temía en esas condiciones de malestar social el crecimiento de Saúl Ubaldini.  Aunque los acontecimientos posteriores hayan desacreditado esa hipótesis, la confluencia en marzo de 1990 de la protesta de los trabajadores estatales con la de los organismos de derechos humanos y sus aliados políticos pudo haber desaguado en un paro general susceptible de volcar a porciones decisivas del peronismo en contra de Menem.  Pero el indeciso Ubaldini dio tiempo a que Menem organizara la llamada Plaza del Sí, en la primera semana de abril, que equilibró las fuerzas en pugna en uno de los momentos de mayor debilidad del gobierno.
Mientras los extrapartidarios de buenos apellidos organizaban esa concentración, a la que la estirada rubia señora Cecilia Zuberbühler llevó a su muchacha, los sectores oficiales opuestos a la interventora Alsogaray promovían lo que denominaban la peronización del gobierno. Así se gestó el decreto 575/90, del 28 de marzo, que introdujo algunas modificaciones comunes y otras específicas a los pliegos de licitación de ENTel y de Aerolíneas Argentinas.  Las comunes estipularon que los títulos de la deuda externa no se admitirían por su valor nominal sino con un descuento explícito, y con sus intereses y accesorios, devengados y futuros.  Los recursos obtenidos no se destinarían al pago de deudas de las empresas, sino al gasto social.  Las específicas para ENTel establecieron que no se aceptarían menos de 3.500 millones de dólares en títulos de la deuda externa y se adjudicaría a quien ofreciera más papeles por encima de ese piso; calcularon la rentabilidad, no sobre el valor libro de 3.200 millones de dólares de los activos fijos, sino sobre los 1.900 del precio de venta más las inversiones a realizar en los primeros dos años por otros 750 millones de dólares, y dispusieron que las licenciatarias deberían entregar la última facturación a ENTel en 72 horas.  Ese fue el único contraataque efectivo de los legisladores que cuestionaban el pliego original, que seis meses después sería anulado durante la renegociación del contrato por Dromi y González.  El decreto 575 también reflejó la pugna central de la economía argentina, entre acreedores externos y grupos económicos. Los grupos, que tenían en sus carteras los fatídicos Bonex de la serie 89, consiguieron que se los admitiera en pago del 30 por ciento minoritario de las empresas telefónicas resultantes reservado a prestadores locales, cooperativas o inversores, en igualdad de condiciones con los títulos de la deuda externa pública.
Zinn afirma que los liberales pudieron trabajar tranquilos mientras se creyó que fracasarían, es decir hasta que en la segunda quincena de febrero compraron el pliego los grandes operadores telefónicos norteamericanos GTE y Bell y el banco Morgan.  Comenzó entonces la presión de Erman González por la tarifa y de la troika mendocina por los pliegos, en una alianza táctica contra la interventora Alsogaray que se repetiría en el momento de la adjudicación.
En realidad, la diferenciación entre liberales y peronistas es impertinente.  Por ejemplo, en la elaboración de las enmiendas del decreto 575 trabajaron los peronistas Manzano, Jorge Domínguez, Jorge Matzkin, Miguel Angel Toma, Carlos Guido Freytes, David Jorge Casas, Carlos Grosso, Oscar Lamberto, Eubaldo Merino, Saturnino Aranda, Raúl Alvarez Echagüe, el Hermano Eduardo y Roberto García, junto con el afiliado de la UCeDé Mario Guaragna, viceministro de Obras Públicas designado por Dromi sin intervención partidaria.  Como las diferencias políticas son evanescentes (según el humorista involuntario Rafael Iniesta, Alsogaray quería privatizar para pagar la deuda mediante capitalización, y el peronismo se proponía capitalizar para favorecer las privatizaciones: uno es diestro y el otro escribe con la mano derecha), las razones de tanto encarnizamiento deben anotarse en otra cuenta.  A Dromi, de un peronismo tan tardío como el del senador Eduardo Menem, las cuestiones ideológicas le importaban bastante menos que el ejercicio del poder, y González no era peronista sino democristiano.
Cada retoque a los pliegos fue consultado con los bancos acreedores.  El asombroso modelo argentino de licitación con bases abiertas al regateo en cualquier momento del proceso, incluso después de la adjudicación como ya vimos en el caso de Aerolíneas Argentinas, permitía a los oferentes aceptar cualquier enmienda y seguir negociando.  Cuando se redujo la base de cálculo, la rentabilidad garantizada se convirtió en un cepo del cual lograrían liberarse.  Menos que la conversión de los títulos de la deuda externa por su valor de mercado les preocupaba la reducción de las ganancias aseguradas a los operadores telefónicos.  El argumento era directo: "Si se baja el techo, quien se haga cargo deberá seguir poniendo durante algunos años dinero por encima de la rentabilidad que obtenga".  Los bancos reclamaban que la renta no se asegurara ni sobre la valuación de activos ni sobre el precio de compra, sino que cubriera las inversiones comprometidas para los primeros años.  Desde hace más de un siglo, la inversión extranjera en la Argentina no está acostumbrada a operar con capital propio, sino exprimiendo al denostado mercado interno.  La serie histórica del último medio siglo indica que por cada dólar que entró, salieron tres.
Es difícil imaginar un cambio de las reglas del juego más completo que una modificación en el precio de venta, en la composición del pago y en la rentabilidad futura.  Si su introducción no produjo un rechazo drástico de los interesados fue porque habían partido de una posición de máxima, con margen para efectuar todas las concesiones, a cambio de la absoluta seguridad jurídica de que nadie intentaría revisar en el futuro lo que se pactara. O como lo expresó el gobierno: los cambios ampliarían "el respaldo político de todo el peronismo a las nuevas condiciones, lo cual garantiza la estabilidad institucional de la venta".
Esto no quiere decir que todos estuvieran conformes con cada enmienda.  Zinn renunció arguyendo que la alterada ecuación económica, al calcular la rentabilidad sobre 1.900 millones de dólares en vez de los 3.200 millones que habían surgido de la valuación del Banade, constituía un disparate técnico y un error político.  En su opinión, los políticos no entendían que garantizar una alta rentabilidad era imprescindible para que hubiera alguna inversión a pesar del riesgo argentino.  También expuso reparos al mínimo de 3.500 millones de títulos de la deuda exigidos por el decreto 575, coincidentes con los del Banco Mundial expresados en una carta reservada recibida al tiempo de la firma de las modificaciones, y los del Manufacturers Hanover.  Ante el embajador Terence Todman y treinta empresarios y banqueros estadounidenses, Dromi explicó que si se aceptaban los títulos de la deuda a su valor nominal era ineludible modificar la base.
El autor mantuvo en esos días un gracioso diálogo de implícitos cruzados con el presidente del Citibank.
-Ustedes [los acreedores externos], ¿qué piensan de las modificaciones?
-Nosotros [los argentinos] tenemos que pagar un precio inicial por nuestra poca credibilidad.
El 16 por ciento sobre 3.200 millones implicaba una garantía de rentabilidad de unos 500 millones de dólares anuales, y sobre 1.900 bajaba a unos 300. La ingeniera Alsogaray se había comprometido a tomar títulos de la deuda a su valor nominal, de modo que los 400 millones de dólares en títulos que el pliego había fijado como base equivalían a su precio de mercado a 48 millones en valores reales.  En cambio, el piso de 3.500 millones de dólares de títulos introducido por el decreto 575 correspondía a un precio real de 420 millones de dólares.
Esa cifra surgió de la Comisión Bicameral como un intento de demorar y bloquear el proceso.  Por los economistas del anterior gobierno radical Mario Brodersohn y Juan Sommers, quienes habían intervenido en la renegociación de la deuda externa, los legisladores de la Comisión sabían que tanto el J.P Morgan como el Manufacturers Hanover podían llegar a reunir sin dificultades hasta 1.500 millones de dólares en Promissory Notes y Bonod, los únicos títulos endosables, con sus respectivos cupones de intereses.  Al fijar un piso de 3.500 millones de dólares, la Comisión Bicameral obligaba a los bancos a conseguir también el tercer tipo de títulos de la deuda externa pública argentina.  Originados en el General Refinancing Agreement, se identifican con la sigla GRA, y a diferencia de los Promisory Notes y los Bonod no están fraccionados.  Consisten en asientos contables a favor de los sindicatos de bancos acreedores, por lo cual para obtenerlos es necesario movilizar a un alto número de instituciones.  Además, la comisión exigió que cada título viniera acompañado de sus intereses.  Esto correspondía según la legislación argentina, para la cual los intereses no tienen existencia jurídica independiente del principal.  En Estados Unidos en cambio es lícito negociarlos por separado. En la jerga financiera los cupones separados se denominan "intereses guachos".  Al obligar a que volvieran a juntarse con sus títulos, la Comisión generó una complicación estupenda.
Dromi y Manzano planteaban asignar a los títulos una cotización del 12 por ciento, pero tanto los bancos acreedores como el Ministerio de Economía se oponían a marcar una tasa de corte, porque esto creaba un problema a los bancos ante sus accionistas y las autoridades regulatorias de sus países de origen.  A partir de allí los candidatos se desinteresaron por la tasa de retorno garantizada del 16 por ciento y volcaron todo su esfuerzo en la fijación de la tarifa que les permitiera obtener por lo menos ese mismo beneficio sobre la inversión a realizar.
El 11 de abril el decreto 677 volvió a modificar el pliego.  Prorrogó por algunas semanas todos los plazos; incrementó de 1.000 a 1.500 millones de dólares el patrimonio neto mínimo exigido al operador principal; admitió el egreso de socios, salvo los integrantes del llamado Núcleo Principal, que incluye al Operador Principal; sustituyó la expresión "precio base" por "precio en efectivo"; fijó en 0,50 por ciento de sus ingresos totales la tasa que pagarían las licenciatarias para financiar el funcionamiento de la Autoridad Regulatoria; estableció que la precalificación no se declararía vacante aunque hubiera un solo participante; suprimió el acceso a información de la CAT y la importancia que concedía a la investigación independiente de cada uno sobre ENTel; volvió a postergar la valuación de activos, y detalló la fórmula para medir la rentabilidad.
El 27 de abril se abrieron los sobres y el 2 de mayo fueron precalificados los siete interesados: Ninex Co.; Cable & Wireless; Stet-Banco Morgan; GTE Co.; France Cables et Radio; Telefónica Internacional Holding, Citicorp e Inversora Catalina; Bell Atlantic con Manufacturers Hanover, Cititel, Welbers Insúa y Blaston Traiding.
Para llegar a la adjudicación todavía restaba desatar un grueso nudo.  Durante todo el proceso de enajenación de ENTel permaneció subyacente un enfrentamiento entre operadores privados norteamericanos que contaban con la preferencia de la interventora Alsogaray, y operadores estatales europeos, aliados con los mendocinos Bauzá-Dromi-Manzano.  Entre unos y otros laudaban el ministro de Economía González y su segundo Carballo.  Uno de los episodios más estridentes de esa pugna se suscitó en mayo de 1990 por la adjudicación directa a las firmas italianas Italtel y Telettra del proyecto Digi II.  También intervino entonces el canciller Cavallo, en una historia en la que además de intereses se contraponían instrumentos jurídicos: los convenios con Italia, que prescribían la contratación, y los decretos de la licitación de ENTel, que le vedaban a partir del 1º de enero contrataciones que no fueran de urgencia.
La guerra entre proveedores siempre se había resuelto en armisticios a expensas de ENTel, que compraba a todos al máximo precio y que llegó a tener un costo del 25 por ciento en equipos de interconexión de tecnologías.  El proyecto Digi II había empezado al promediar el gobierno radical, con el crédito italiano y articulado por Techint, que en esa época compró Telettra Argentina a la Fiat.  Como parte de la incorporación de actividades nuevas, Techint ya había intentado antes ingresar en el atractivo mercado de las telecomunicaciones, mediante una fracasada Unión Transitoria de Empresas con Philips y Astra. Cuando Terragno lanzó la privatización de ENTel, Telettra Italia era accionista de Telefónica de España, con la que se asoció Techint completando un círculo de intereses italianos.  Aquel acuerdo implicaba que Telettra Italia, es decir Fiat, interesaría a Telefonía de España para que Telettra Argentina se adjudicara el Digi II.  Según Herrera, autora del estudio más completo sobre las telecomunicaciones en la Argentina y su relación con la revolución tecnológica, los proveedores llevaron la iniciativa y les robaron a ENTel y a la Secretada de Comunicaciones sus papeles en la determinación de los planes de expansión y reestructuración de la red.  El cartel formado para este proyecto impuso una adecuación pasiva de la política estatal a las grandes empresas oligopólicas dominantes, asociadas en una Unión Transitoria de Empresas según la lógica de la competencia internacional para la penetración en nuevos mercados, del tipo "colabora y compite con tu rival".  La nueva modalidad de expansión de las grandes transnacionales reconoce como rasgo central esa trama de acuerdos interempresarios, que acentúa en la era electrónica la oligopolización típica de la etapa electromecánica.
Bajo la denominación de Digi II se sucedieron varios proyectos diferentes.  El inicial, por 470 millones de dólares, fue firmado por Terragno dos meses antes de las elecciones.  Era una fiesta a la cual estaban invitados todos los amigos de ENTel: Telettra argentina e italiana, Equitel-Siemens, ICSI (Siemens de Italia y su filial argentina), Siemens de Alemania, Italtel, Techint, Pecom-Nec y Transdigi.  La fibra óptica la proveería Pirelli argentina.  Comprendía la digitalización de enlaces entre centrales urbanas y suburbanas, reemplazando los cables de cobre y la transmisión analógica por una red digital de fibra óptica; el área interurbana, con enlaces de microondas digitales, y la instalación de un equipo de telesupervisión.
El gobierno peronista lo anuló porque no tenía cómo enfrentar, su financiamiento, y se sucedieron versiones reducidas. Primero por 240 y luego por 135 millones de dólares.  En febrero de 1990 Techint renovó las presiones sobre el gobierno para que actuara antes que venciera el plazo fijado en el acuerdo con Italia, el 30 de noviembre.  Italcable y Telettra de Italia venderían todos los insumos, entre ellos los equipos de conmutación, y Telettra Argentina y Techint proveerían los radioenlaces, que producían en el país.  Pero esta vez las alianzas internas se cruzaron.  Dromi junto con Alsogaray se opusieron a este compromiso, cuyos defensores eran Eduardo Menem, Manzano y Cavallo.
El sábado 17 de mayo, el canciller Gianni De Michelis, cuyo Partido Socialista tenía intereses en Italtel, y la vicecanciller Susana Agnelli, de la Fiat, cuya familia era accionista de Telettra, asistida por su hijo, el contact-man del lobby italiano en la Argentina, Cristiano Rattazzi, vapulearon a Dormí en su despacho, en presencia del embajador argentino en Italia, Carlos Ruckauf, con amenazas pronunciadas a gritos.
De Michelis rugió que con Europa no se jugaba, y que si no se concretaba el Digi II la Argentina se quedaría sin los créditos blandos del convenio con Italia.  Esto hubiera implicado dificultades para los negocios celebrados desde la cancillería por Alfredo Carim Yoma, y en especial para los Contratti per fornitura di beni strumentali da imprese italiane ad aziende argentine finanziati con crediti previsti del trattato de Associazione particolare Italo Argentino, en cuyo rubro Conceria, es decir Curtiembre, figuran Yoma S.A. de La Rioja, con 1.147.833 dólares, y Yoma S.A. de Avellaneda, Buenos Aires, con 923.600, además de las curtiembres Federico Meiners, de Santa Fe, con 727.526 dólares; Fonseca, de Wilde, con 299.058 dólares; Antonio Espósito, de Avellaneda, con 1.424.317 dólares, y La Hispano Argentina, de Buenos Aires, con 191.377 dólares.  La tensión llegó a tal punto que Dromi buscó descomprimirla y comenzó a contar chistes mendocinos.  A eso se referiría cuatro meses después ante los legisladores de la Comisión Bicameral, al calificar de vomitiva y extorsiva la relación con Italia.
Rattazzi mantenía con Manzano una relación de mutua fascinación.  Al modesto médico de provincia le atraía la desenvoltura del multimillonario ítalo-argentino en negocios y placeres.  Socio del corredor de bolsa y mesadinerista Chiche de Negris en la empresa de taxis aéreos Rade-Air, Rattazzi frecuentaba el ambiente de las jóvenes modelos que rodean al cincuentón Luis Rusconi, compinche de De Negris, todos sonrientes y con las pupilas bien dilatadas, de día o de noche.  Pero el play-boy propietario de 4.000 hectáreas en Balcarce regaladas por su tío Agnelli, no disimulaba su admiración por la habilidad política de Manzano, un habitué de la casa de Rattazzi en la Barra de Maldonado, donde cabalga una moto acuática enfundado en neoprene térmico de colores fluo.  Otro visitante asiduo es De Michelis, quien se desplaza por el mundo con su harem, comandado por una estrella del cine porno.  También Menem sucumbió al encanto de Rattazzi, quien durante un viaje a Ushuaia lo convenció de que exceptuara a su empresa Impreghilo del congelamiento de pagos a proveedores y contratistas que había dispuesto Erman González.  Menem ordenó al subsecretario de Hacienda que le pagara 90 millones de dólares.  A mediados de 1991 un juez dictó la prisión preventiva de Rattazzi por contrabando de autos de lujo, lo cual no fue un obstáculo para que en setiembre asistiera como invitado especial a la ceremonia en la que su amigo Menem tomó juramento a su amigo Manzano como ministro del Interior.
Los futuros licenciatarios se hicieron escuchar con la firmeza que en el pasado no había tenido ENTel.  Telefónica, GTE y Bell comunicaron que se retirarían de adquiriese nuevos equipos de conmutación, y los proveedores tradicionales, Siemens y Pecom Nec, alertaron sobre la provisión de centrales de conmutación, con lo cual una cuarta tecnología se sumaría al parque de ENTel, condicionando el futuro de la red.  Los proveedores alemanes recordaron en conferencia de prensa que había una deuda pendiente de 300 millones de dólares y un contrato de provisión por otras 120.000 líneas, que concluiría en 1991, y dijeron que preferirían que el Estado y no el nuevo adjudicatario asumiera esa deuda.  María Julia Alsogaray anunció que no firmaría nada que comprometiera la privatización de ENTel.  La viceministra Agnelli hizo una tonante declaración pública: "La señora interventora no respeta los convenios que ya fueron firmados entre la Argentina e Italia", y recordó que De Michelis sería el próximo presidente de la Comunidad Económica Europea.
Dromi reunió a los concursantes para proponerles un trato: si ellos aceptaban el crédito italiano para la transmisión, el gobierno desechada la compra de los equipos de conmutación, y les permitiría descontar el importe, que sería de 135 millones de dólares, de las inversiones obligatorias que debían hacer en los primeros dos años, igual que otros 60 millones de dólares comprometidos en compras a la francesa Alcatel.  Sin embargo, el comunicado conjunto Cavallo-De Michelis sostuvo que el proyecto de digitalización del área urbana Buenos Aires y parte del área suburbana, con un crédito de ayuda italiano, incluía "la transmisión y la conmutación correspondientes.  En cuanto Cavallo viajó a Kenya con Menem, Dromi se reunió con el embajador italiano y con ejecutivos de Telettra e Italtel e insistió en excluir los equipos de conmutación.  Por cierto que para los licenciatarios se trataba de una transacción excelente: con esos equipos que pagaría el Estado podrían cumplir parte de las metas obligatorias que establecía el pliego sin desembolsos de dinero.
Ricardo Zinn afirmó que el acuerdo con Italia era colonial porque "la potencia italiana impone condiciones ruinosas al obligar a comprar distintos proyectos mediante adjudicación directa y sin control sobre calidad y precio.  La cancillería actual cae en el mismo error de Caputo al dejarse imponer material a precio desconocido a cambio de un crédito barato".  El 19 de junio, María Julia Alsogaray le puso la firma.

La atomización de poderes, las superposiciones y contiendas entre autoridades favorecieron a los candidatos, que no se cansaban de golpear puertas hasta encontrar oídos comprensivos para sus pretensiones.  Además, produjeron omisiones que perjudicaron la posición negociadora argentina.  Por ejemplo, aunque cueste creerlo, meses antes de la fecha prevista para la adjudicación de ENTel y Aerolíneas Argentinas, comenzaron las primeras tímidas gestiones para obtener el waiver de los bancos, y apenas el 18 de junio se formalizó la solicitud al comité de bancos acreedores de ENTEL, a diez días de la fecha de adjudicación. En esas condiciones, el terreno era el escogido por el adversario, y el paso del tiempo jugaba en su favor.
Las empresas del Estado fueron ofrecidas en 1982 y 1987 por los gobiernos de Bignone y Alfonsín como garantía de las refinanciaciones globales de la deuda externa argentina.  La privatización de esas empresas mediante la capitalización de los depreciados títulos de la deuda, reclamado por los planificadores de la política exterior de los  Estados Unidos, fue una reivindicación de los bancos que lo tenían en sus carteras. Para que ello fuera posible, los bancos debían otorgar un waiver, es decir la renuncia a aquellos derechos adquiridos.  Pero al haber iniciado las privatizaciones y la capitalización antes de tramitar los waivers, y al haberles colocado fechas estrictas, la Argentina puso su mejor arma en manos del otro bando, al punto que debió implorar el permiso para hacer aquello que sus acreedores más deseaban.  Los bancos tenían tiempo.  En cambio Menem unió su suerte política a la de la venta de ENTel y Aerolíneas Argentinas.  Si éstas hubieran fracasado, su gobierno podría haberse desvanecido como el de Alfonsín.  No eran las mejores condiciones para negociar.
En este engranaje perverso, la banca, los departamentos de Estado y del Tesoro de los Estados Unidos y los organismos, internacionales de crédito y auditoría funcionaron como coronas de una misma trituradora.  Al reanudar los pagos a los bancos comerciales acreedores en junio de 1990, la Argentina resignó su otro mejor argumento de negociación.  Con independencia del montó, el abandono de la moratoria luego de veintiséis meses tenía un alto valor simbólico.  El inicio de los pagos se planteó como condición ineludible para recibir unos 500 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (dos cuotas del stand-by Rapanelli interruptus), y de 600 a 700 millones de dólares del BID y el Banco Mundial.  En la práctica, esos 40 millones de dólares mensuales sólo compraron el derecho a seguir escuchando exigencias de nuevos pagos, y el primer desembolso del FMI, por una suma inferior a lo que la Argentina obló en esos meses, recién se recibió un año y un ministro de Economía más tarde, en agosto de 1991.
A las bataholas entre funcionarios se sumó la ignorancia de algunos y la mala fe de otros.  En voz muy baja, y con advertencia de desmentir a quien lo repitiera, González y Carballo sugerían que la familia Alsogaray y Dromi ni se habían acordado de pedir los waivers, y el presidente del Banco Central, Javier González Fraga, añadía que cuando Economía subsanó aquella laguna, el director de Política Externa Rafael Iniesta envió por indicación de Carballo dos fax que no cumplían las formalidades necesarias.  Se entretenían peleando entre ellos y se profesaban unos a otros menos lealtad que los miembros de una banda de gangsters, tal vez porque carecían de una causa en común.
El pedido se dirigió al Steering Committee, el comité asesor que organizara las relaciones de la Argentina con los tres centenares de bancos con los que el país contrajo deudas.  Les respondieron que ése no era el interlocutor apropiado.  Su presidente, y vicepresidente del Citibank, William Rhodes, los encaminó hacia el J.P. Morgan de los Estados Unidos, y la Banque Nationale de Paris, de Francia.  El 3 de mayo de 1990, Carballo se dirigió por primera vez a la Banque Nationale de Paris.  El aprendizaje fue largo.  Esa presentación estuvo mal hecha; los Franceses respondieron con un pedido de informes, y entonces no les contestó Carballo sino María Julia Alsogaray.  Entre carta y carta se hizo el 23 de mayo.
Con ese epistolario, la interventora provocó un nuevo escándalo, esta vez premeditado. Ella entregó muy divertida al diario Página/12 una copia de la nota que había remitido a la Banque Nationale de Paris.  Por aplicación del decreto 62/90, decía, los fondos producidos por la venta del 60 por ciento de ENTel "se destinarán a pagar las deudas internas y externas de ENTel y el remanente será destinado prioritariamente a las áreas mencionadas en el artículo 15 del decreto 575/90”.  Según ese artículo, los fondos irían "prioritariamente al cumplimiento de las prestaciones públicas de salud, educación, justicia, defensa y seguridad social".  La carta era un sarcasmo, ya que la deuda de ENTel que asumiría el Estado superaba los ingresos que recibiría por su venta, dé modo que no habría remanente alguno. Menem, que usa la palabra para encubrir el pensamiento la refutó de inmediato.  Entre el cinismo y la hipocresía.
Una vez recorridos todos los senderos falsos del laberinto, el gobierno argentino recibió las comunicaciones sobre cómo debía proceder.  Cada empresa argentina endeudada tenía un sindicato de acreedores y un banco agente, encargado de llevar la contabilidad, distribuir los pagos que se recibieran y mantener las comunicaciones entre los demás bancos del sindicato.  Sin embargo, la Banque Nationale de Paris y el J.P. Morgan, cabeza de los sindicatos de acreedores de ENTel y Aerolíneas, le indicaron que dirigiera la solicitud a cada uno de los acreedores, porque los bancos agentes no actuarían como coordinadores.  Por supuesto, los errores de procedimiento del gobierno argentino no habrían sido un obstáculo, si en vez de aprovecharse de ellos para aumentar sus exigencias, los bancos hubieran actuado con otro ánimo.
Según el contrato de refinanciación garantizada de 1982, que el secretario de Hacienda radical Mario Brodersohn renegoció horas antes del alzamiento de Semana Santa de 1987, la dispensa de la garantía requería el acuerdo de los dos tercios de los representantes del monto de los créditos de cada sindicato.  La mejor descripción de este calvario fue proporcionada por Dromi, el 29 de agosto, ante la Comisión Bicameral: en términos que no se animaba a repetir en público. "Ustedes saben con honestidad que todos los pliegos, todos los pliegos, tienen una cláusula no escrita, que no la hemos escrito por vergüenza, por vergüenza nacional, que es el grado de dependencia que tiene nuestro país, que no tiene ni siquiera la independencia, ni siquiera dignidad, para poder vender lo que hay que vender.  Un país que no tiene disponibilidad de sus bienes, un país que está inhibido internacionalmente.  A-rro-di-lla-do, a-ver-gon-za-da-men-te", deletreó Dromi.  A su juicio, en cada pliego "el artículo 1º tendría que haber sido: se vende.  El artículo 2º, el perdón".  Explicó que para obtenerlo debía realizarse una procesión, en lo cual quiso ver "una actitud de redención cristiana que tenemos que hacer ante nuestros acreedores internacionales", como parte de lo que llamó un "sistema macabro que es preexistente al '83, porque le metieron el endeudamiento per cápita a las empresas, y no es cuestión de vender, no se alcanza ni siquiera con la garantía del Estado, porque como el endeudamiento es puntual por cabeza empresaria, y esto fue armado políticamente por Martínez de Hoz, este endeudamiento por cabeza empresaria nos obliga a nosotros a ir consiguiendo el perdón, casi una limosna.  Dice: señor, venda lo que es suyo, le doy autorización para que venda lo que es suyo.  No lo dice una superpotencia, no lo dice el Espíritu Santo, no lo dice la Iglesia.  No, lo dice una directiva de un ente financiero acreedor de la Argentina, que ha armado incluso un comité de monitoreo del comportamiento de nuestros programas económicos, de nuestros planes".  La Argentina no está de rodillas, nadie la monitorea y es más respetada que nunca, corrigió González.  Como María Julia Alsogaray y Menem, el ministro impúdico y el ministro impávido se repartían los roles.
Aunque la obtención de los waivers requería el acuerdo de unos diez o doce bancos en cada caso, en ambos el primer acreedor individual era el Citi, que poseía del 15 al 20 por ciento de los votos, lo cual lo convertía en la pieza clave de la negociación.  La esposa asiática del presidente del Steering Committee, Rhima Aia Rhodes, se acercó al embajador Guido Di Tella durante un vernissage en Washington y con su mejor sonrisa le hizo saber cómo se proponían usar esos votos: "Ahora van a conocer ustedes el poder de los bancos".  El Citi, en dificultades como todos los bancos norteamericanos, condicionaba el otorgamiento de los waivers a la reanudación de los pagos de intereses atrasados.
Además de los que ya tenía, el Citi comenzó a comprar papeles de deuda de ENTel al Banco de la Provincia de Buenos Aires.  Según el gobierno, esperaba obtener de este modo condiciones adicionales.  Erman González y Carballo sostenían que a fines de 1989 los asesores jurídicos del Citi, el estudio Sheamian & Sterling, estudiaron en Buenos Aires con la interventora Alsogaray una fórmula de ingeniería financiera para eludir las cláusulas de pari passu y sharing, que en resguardo de los acreedores más débiles, obligan al conjunto de los bancos a repartir proporcionalmente cada pago ingresado y a no recibir preferencias de ningún tipo.  La filial local del banco norteamericano sostuvo en cambio que esa compra obedecía al mejoramiento que esperaba en la cotización de los documentos de aquellas empresas a privatizar.  Pese a ello, hasta muy avanzadas las negociaciones la Argentina confió la defensa de sus intereses en Estados Unidos a los mismos abogados, y recién decidió cambiarlos por el estudio Weil, Gotshal & Manges cuando el tiempo apremiaba y comprendió el triste papel que estaba haciendo.
A fines de mayo, los nuevos asesores recomendaron que González Fraga llevara a Estados Unidos este mensaje: si el Citi no deponía su beligerancia, sus negocios en la Argentina podrían sufrir las consecuencias, por ejemplo con su exclusión de las privatizaciones.  También sugirieron que la Comisión Bicameral reclamara al Poder Ejecutivo una nueva modificación de los pliegos para excluir de las licitaciones a aquellos bancos que no se pronunciaran en favor de conceder los waivers.  "Deben otorgarse sin preferencias, no pueden constituir un factor de presión, porque la contratación no fue con las empresas sino con la República", dijo en Nueva York González Fraga.  No hay constancias de que los acreedores se hayan sobresaltado por estas fintas tardías, con las que era imposible disimular el hecho central de que la desesperación y el apuro estaban del lado de quien había atado su suerte política al resultado de las privatizaciones, para colmo con fecha fija.  En circunstancias normales, hubiera sido obvio que los candidatos a una licitación fueran los primeros interesados en que ésta pudiera llevarse a cabo.  Pero la extrema debilidad en que se colocó el gobierno de Menem y la conciencia que ellos tenían de la asimetría de la relación les permitían formular cada vez nuevos reclamos.  Menos conocido es que contribuyeron con sus consejos a crear esa situación.  En su primera visita al país en cuanto asumió Menem, la misión del Banco Mundial encabezada por Peter Scherer se reunió con Dromi y, además de ofrecerle apoyo técnico para la reforma del sector público, le transmitió su convencimiento de que las medidas debían instrumentarse con la mayor celeridad, a fin de evitar la consolidación de resistencias como las que habían detenido el impulso de Alfonsín en la misma dirección.
El jueves 14 de junio Menem redujo, por un decreto redactado en presencia del embajador Todman, del 10 al 4,9 por ciento la participación que se exigía del operador, porque la autoridad que controlaba en Estados Unidos a las empresas resultantes de la división judicial de AT&T no le permitía poseer más a la Bell Atlantic.  Un investigador en Estados Unidos se sorprendió por tanta flexibilidad: "Esto quiere decir que el 95 por ciento de ENTel podría ser propiedad de un banco y sólo el 5 por ciento de un operador telefónico.  Con una participación tan pequeña el operador podría retirarse en cualquier momento, poniendo en peligro la continuidad del servicio de telecomunicaciones en todo el país".  El sábado 23, en cambio, el gobierno rechazó el pedido de Telefónica y el Citi de incluir los intereses, por unos 700 millones de dólares, en el piso de 3.500 exigidos en títulos de la deuda externa.  En cambio, quedó abierta la discusión sobre otra exigencia: que una vez suprimido el impuesto específico para los jubilados la tarifa se mantuviera en los mismos valores y las licenciatarias se quedaran con ese 31,5 por ciento.
En esas horas previas a la apertura del segundo sobre, con las ofertas económicas, no sólo los candidatos hacían sus combinaciones de último momento.  El viernes 22, el ex asesor de la interventora Alsogaray Ricardo Zinn recibió lo que menciona como "multitud" de llamados de colaboradores de Dromi.  El mismo día le habló el propio ministro.  Según Zinn, el diálogo fue así:
-Si queremos que gane Pepe, ¿qué le podemos aconsejar?
-Que ofrezca muchos papeles de la deuda: gana el que ponga más papeles.
Agrega Zinn que "el Pepe de Dromi era Telefónica", con la que estaba en contacto desde las negociaciones que sostuvo como asesor de Eduardo Menem.  "El decreto 575 fue redactado con el visto bueno de Martín Ruete, del Citi.  A Telefónica no le creaba problemas.  En cambio, de ese modo se sacaron de encima a la competencia americana, ya que luego de él Ninex y GTE me comunicaron que desistían", añade.  En tren de suspicacias, Zinn también recuerda que, hacia fines de julio de 1989, Dromi le preguntó en su despacho ministerial:
-¿Cuál va a ser su contribución?
-Que cuando se abran los sobres se sepa al instante quién ganó y porqué -dice que le respondió.
Se ignora la versión de Dromi, quien no aceptó el diálogo con colaboradores del autor.  Se limitó a entregar un currículum y un par de aburridas publicaciones con fragmentos de discursos sobre la denominada reforma del Estado.
El 25 de junio se abrieron los sobres.  El consorcio que llevaba a Telefónica como operador ofreció en total 5.028 millones de dólares en papeles y superó a las otras ofertas para las dos zonas.  Horas después, de acuerdo con el mecanismo previsto en el pliego, el consorcio de Bell mejoró su oferta por la zona Norte, donde había sido la segunda, de 2.228 a 2.309 millones de dólares en títulos, contra 2.308 de Telefónica.  De no haberlo hecho, Telefónica se hubiera quedado con las dos zonas, como deseaba.  El 28 de junio se cumplieron veinticuatro años del golpe militar que llevó a la presidencia al general Juan Onganía, un dictador que tenía objetivos pero no plazos.  Menem lo conmemoró firmando en la fecha prevista el decreto de adjudicación a Telefónica en la zona Sur y a Bell en la zona Norte.  Estaba radiante porque había realizado su principal objetivo que era cumplir con los plazos.
En ambos consorcios el miembro principal era uno de los dos primeros acreedores de la Argentina: Citibank en la zona Sur, Manufacturers Hanover en la zona Norte.  Los socios del Citi eran Telefónica de España y Techint.  Los del Manny Hanny, Bell Atlantic y una aglomeración de empresas y grupos argentinos algo más presentable que la que acompañó a Iberia en la licitación por Aerolíneas Argentinas.
Los 5.000 millones de dólares obtenidos en títulos se cotizaban en ese momento en los mercados secundarios entre 13 y 15 centavos de dólar, con lo cual el precio de mercado de la parte de ENTel que se pagó con ellos osciló entre 650 y 750 millones de dólares, según el cálculo de Business Week . La de ENTel fue, y sigue siendo hoy, la mayor operación individual de canje de deuda en todo el mundo, armada a la medida de los bancos.  Y al mismo tiempo aquella en la que se pagó el menor precio por línea en servicio de todas las privatizaciones de empresas de telecomunicaciones en el Tercer Mundo: 800 dólares por línea, contra 1.600 de Teléfonos de México, 1.714 de Telecom de Nueva Zelanda y 3.357 de Telekom de Malasia.  El Estado argentino no exigió que el consorcio ganador tuviera mayoría nacional.
Una vez ganada la licitación, el Citi y el Manufacturers Hanover salieron a buscar socios, con métodos, motivaciones y resultados distintos.  El Citi tenía gran cantidad de papeles de la Argentina, pero había aprendido a manejarlos mejor que nadie como instrumento de presión, apostaba a su valorización futura y no estaba dispuesto a descargar más que una porción en cada operación.  Trató entonces de profesional a profesional con los bancos Río, Midland y Tokio, que junto con la Corporación Financiera Internacional, del Banco Mundial, auspiciaban la Argentina Private Development Trust Company, "el más grande fondo de conversión de la deuda puesto en vigor hasta la fecha" de acuerdo con el comunicado de la CFI que anunció su creación, en diciembre de 1989.
En cambio, el Manufacturers Hanover no pudo reunir los papeles necesarios.  El 5 de agosto, Ricardo Zinn le comunicó a María Julia Alsogaray las dificultades.  El 14 se lo reiteró.
-Llamá a los otros.  El Manufacturers se va -dice que le dijo.
-¿Cómo lo sabés? -preguntó ella.
-Lo supe ayer.  Tuve una reunión, no con ellos pero con gente muy informada.  Vos sabés que en el mundo empresario se sabe o no se sabe.
-Sos un soberbio.
"Tomé mi impermeable y me fui.  Lloviznaba sobre la Plaza de Mayo. Y ésa fue la última vez que la vi.  Me di cuenta que había caído en desgracia porque nunca más me devolvió el llamado.  Algo tomó en cuenta porque al día siguiente salió la prórroga hasta el 23 de setiembre firmada por Dromi, la resolución 512.  Pero así el gobierno perdió poder negociador.  Tampoco el 23 de setiembre se tomaron las medidas de sustitución de adjudicatario, con lo cual se perdió la garantía depositada por el grupo, que no se renovó".
La reunión a la que aludía Zinn había tenido lugar en la Fundación Carlos Pellegrini, con Miguel Graña, del Banco Morgan, Angel Rinaldi, de Stet; Isabel Laurin, de France Telecom, y Jorge González, de Pérez Companc.  En 1979 la Fundación Carlos Pellegrini y la Fundación Piñero Pacheco organizaron un foro argentino-norteamericano en Washington, en defensa de la dictadura militar y en contra de quienes denunciaban violaciones a los derechos humanos.  Esto no impidió que Raúl Piñero Pacheco fuera preso por el vaciamiento del Banco de Intercambio Regional.  En su apasionante ingenuo libro La degeneración del 80, Piñero Pacheco cuenta cómo esas tareas de lobby servían para obtener contactos e información útiles para los negocios.  Para una Fundación la ventaja de Carlos Pellegrini era que llevaba muerto casi 80 años.
Sus interlocutores explicaron a Zinn que había un cortocircuito entre el sector de inversiones del Manny Hanny y el que tenía los papeles y no quería aumentar su exposición en la Argentina.  Por supuesto, no se trató de un comentario inocente.  Además le informaron que ellos estaban listos para participar.  Las relaciones de Zinn con el J.P. Morgan vienen desde su época en el Banco de Italia, que era concesionario aquí del banco norteamericano. "Después de la adjudicación, que fue el 28 de junio, el equipo de ENTel se dedicó al jolgorio, con viaje a Las Leñas incluido, cenas y mucho jet set: salieron a celebrar antes de firmar el contrato", objeta Zinn, quien cree que la ingeniera Alsogaray prolongó demasiado la negociación con la Bell.
Además de la foto con el tapado de pieles de Graciela Borges, aquellos fueron los días en que María Julia Alsogaray le regaló a Menem por su cumpleaños un par de gemelos de oro con el logo de ENTel y la fecha de la adjudicación.  También cantó el tango Los mareados a dúo con Luis Barrionuevo, durante la fiesta de Anillaco en la que el vicepresidente Duhalde bailó con una damajuana en la cabeza.  Menem acababa de desalojar a su esposa con un brigadier de la residencia presidencial y se mostraba en público y en privado cerca de la ingeniera Alsogaray.  Cierta vez llegaron juntos al Jockey Club después de la medianoche, permanecieron un par de horas con los socios que celebraban el décimo aniversario de la restitución del hipódromo de San Isidro por el dictador Videla y se retiraron solos.  "Los dos somos como mulas, nos necesitamos y nos complementamos", le atribuyó haber dicho a María Julia Alsogaray la revista que reprodujo la foto del tapado.  Ella desmintió esas declaraciones.  "Pusieron que dije que lo quiero muchísimo.  Yo dije que le tengo mucho afecto", aclaró.
"Parecían no percibir que una parte muy difícil, la firma del contrato de transferencia (previsto para el 6 de agosto) y el intercambio de bienes y licencia contra medios de pago, el closing (8 de octubre) todavía debía ser concretada.  Había un enamoramiento con la Bell, pero no se tuvo en cuenta que el grupo argentino era débil y quería asegurarse el 46 por ciento del negocio sin poner un céntimo de dinero. Al fin y al cabo lo único que puso fueron los honorarios de los cuarenta técnicos de la Bell, un millón de dólares.  Se trataba de un grupo desconocido a nivel internacional, donde se conoce poco más que a Techint y Pérez Companc.  El Manny estaba en un pésimo momento, se decía que iba a ser tomado por otro banco.  Tenía un problema de funcionamiento.  Cuando los niveles intermedios que manejaban el banco llevaron la propuesta arriba, fue rechazada.  El Morgan vio las dificultades y se precipitó a buscar papeles.  Mi aviso sirvió de poco.  La soberbia era María Julia, quien convenció al Presidente de que él podía arreglarlo todo, si viajaban juntos a Estados Unidos.  Ignoraba que el asunto para el Manufacturers Hanover estaba muerto y eso no lo arreglaba nadie.  Le hizo pagar un alto costo a Menem", rumia Zinn, enfrentado con la ingeniera Alsogaray dentro de su partido.
El consorcio local estaba en dificultades.  Dos de sus integrantes, Bracht y Welbers Insúa, ganaron áreas petroleras asociados con Cadipsa y desistieron de los teléfonos. Quedaron Blaston Trading, de Carlos Joost Newbery, y las empresas del grupo Madanes (Banco del Buen Ayre, Materfer, Iata-Alcatel, Grandes; Motores Diesel), quienes se proponían obtener los fondos para la inversión mediante la venta de acciones preferidas (sin derecho a voto pero de rentabilidad privilegiada).  La Bell se opuso y exigió inversiones reales.  Como empresa semipública, fue controlada en su país para que no pusiera dinero.  En cambio, debía cobrar de 40 a 60 millones de dólares anuales como operador.  Su 4,9 por ciento de las acciones le fue cedido como pago inicial por los socios argentinos.
Una disidencia similar se produjo entre la Bell y el Manufacturers Hanover.  El banco deseaba aportar sólo papeles de la deuda, y conseguir efectivo mediante la venta de acciones.  Su presidente John McGillicudy anunció que con el objetivo de reposicionar su cartera de créditos ofrecerían participaciones en el consorcio hasta quedarse sólo con el 16 por ciento.  En cambio, la compañía operadora quería socios que aportaran también dinero para sostener su plan de inversiones: 315 millones de dólares para comenzar y 570 millones en cada uno de los años siguientes.  Las presiones internas para que no incrementara su riesgo argentino indujeron al Manny a intentar desprenderse de más de la mitad de su participación en el consorcio ganador.
Las versiones sobre las dificultades del consorcio diferían sólo en detalles.  Su vicepresidente, David Frost, dijo que los problemas no derivaban de la reunión de los papeles de la deuda, sino de los 100 millones de dólares en efectivo que el Manufacturers Hanover buscaría interesando a otros bancos.  Según el asesor de ENTel Ricardo Fox, les faltaba reunir el 40 por ciento de los títulos, unos 800 millones de dólares.  Para conseguirlos, el Manny había planteado a los demás bancos un esquema caro, en el que con el solo aporte de 500 millones de dólares en títulos pretendía quedarse con el 21 por ciento de las acciones de la sociedad.  Una fuente de la Asociación de Bancos Extranjeros explicó que el Manufacturers había sido muy rígido en los precios que ofreció por los títulos, a diferencia del Citi, que por el sistema de remate holandés llegó a pagar 0,33 por dólar más que en el mercado secundario, en el que no había papeles suficientes.  En cualquier caso, surge con deslumbrante claridad qué el negocio financiero era lo único que contaba. Recién después de contratado el operador y de obtenida la licitación, el banco se preocupó por conseguir títulos y efectivo, y como no los obtuvo, se retiró.  Para evitar este tipo de maniobras el pliego exigía que la presentación estuviera afianzada por una garantía.  Pero con las sucesivas postergaciones de fechas, la de este consorcio -por un millón de dólares que aportó el Banco del Buen Ayre- había vencido y nadie exigió que fuera renovada, en otra muestra de la desaprensión general con que se manejó todo el proceso de desmonte del Estado. El Manufacturers Hanover no pagó ni siquiera los gastos de la Bell, que llegó a tener trabajando en la Argentina cuarenta técnicos, que por desconfianza hacia el país traían hasta el agua que bebían.  En una comida con profesionales de ENTel, a uno de los norteamericanos le cambiaron el contenido de la botella por agua de la canilla.  Casi se muere.
Durante el viaje de Menem a Estados Unidos en los últimos días de setiembre, María Julia Alsogaray y Javier González Fraga hicieron los últimos esfuerzos por rescatar la operación con la Bell.  Ambos ofrecieron al Manufacturers Hanover entregarles la zona a cambio de un compromiso de completar en noventa días la integración de los títulos de la deuda externa, como también ocurriría con los adjudicatarios de Aerolíneas Argentinas.  Pero el banco solicitó una prórroga de la firma y de la integración del efectivo.  Ahí fue Menem quien dijo que la firma de la transferencia sería el 4 de octubre a las 6 de la tarde, ni una hora más.
Luego de reunirse en Nueva York con los primeros ministros Giulio Andreotti y Felipe González, Menem anunció que Iberia y la Telefónica eran empresas decididas a cumplir con sus compromisos.  "Tanto lo están que, si falla la Bell Atlantic y el consorcio que encabeza esta empresa española está dispuesta a operar dentro de los próximos días, a partir del 4 de octubre, todo el sistema telefónico argentino, hasta que se haga cargo la Stet, o a través de un nuevo proceso licitatorio." Estaba anticipando la decisión.  Stet solicitó por escrito esas declaraciones de Menem, y el viernes 30 el Citi otorgó el waiver por ENTel, con lo que se llegó al 67 por ciento.
Jorge Garfunkel cree que por la prisa, que atribuye a su necesidad política, el gobierno dejó de lado cuestiones esenciales: buscar el mejor precio o asegurar que las futuras inversiones no fueran en base a un elevadísimo nivel tarifario.  "Como el gobierno había decidido no esperar, cambió un Estado por otros Estados.  No se buscó la eficiencia del sistema sino meter a los proveedores.  Sospechamos que había una relación entre Dromi y Siemens pero no lo pudimos constatar." La relación con Siemens era Blas Medina, y no pasaba por Dromi sino por Menem y su corte milagrosa.  Fue en su quinta que Menem se fisuró la muñeca al caerse de una moto dentro de la bañadera. De acuerdo con los decretos de 1986 que indexaron las deudas del Estado por tasa de interés, Siemens seguía reclamando una deuda superior a los 550 millones de dólares, que Dromi, María Julia Alsogaray y el entorno presidencial se proponían satisfacer.  González, en cambio, sostenía que si las cuentas se hacían ajustando por dólares o precios mayoristas, esos créditos se desinflaban.  Promovió negociaciones en las cuales la empresa alemana comenzó rebajando sus pretensiones en 120 millones de dólares, luego desindexó la cuenta y por último la incluyó en el capítulo pagadiós del decreto ómnibus 1757/90, firmado en la primera semana de setiembre.  La discusión alcanzó tal tono, y sus protagonistas eran tan encumbrados, que dos de los principales operadores participantes en la licitación, Bell y Telefónica, advirtieron en una solicitada que no reconocerían contratos de compra firmados luego del 25 de mayo.  Pero antes de la primavera el amigo presidente hizo una excepción: el decreto 1868 excluyó a Siemens de la postergación por 10 años de los pagos a proveedores, y otorgó un préstamo de 40 millones de dólares a ENTel para que empezara a pagarle.  Tres semanas después, Erman González se reunió con los directivos de Siemens en Alemania, a quienes les ofreció pagar con una quita de 30 a 50 por ciento y parte en títulos, con el mismo esquema de la privatización de ENTel: una parte efectivo, otra en pagarés y el resto en títulos.  Los alemanes ya habían rechazado esa oferta en una reunión mantenida en Buenos Aires con Saúl Bour y Ricardo Fox.
El propio Garfunkel, propietario de Alcatel argentina, es un ejemplo andante del interés oficial por incluir en el negocio a los proveedores.  Su casa matriz, Alcatel Internacional, surgió de la unión de la francesa Thomson con la ITT norteamericana, es decir la Standard Electric.  Telefónica de España se formó originariamente como proveedora de Standard Electric.  Hoy Alcatel Internacional tiene el 30 por ciento de las acciones de Telefónica de España, y Alcatel argentina ya ganó la primera licitación que hizo Telefónica de Argentina para la provisión de equipos.  Esta cartelización es típica del negocio internacional de las telecomunicaciones, donde la política de acuerdos entre las firmas dominantes transformó en la última década la estructura de la industria.  Todas las empresas que integran los consorcios adjudicatarios en la Argentina participan en Europa de joint ventures concebidas para el abaratamiento de costos, la estandarización de normas, la conquista de mercados y la obtención de ganancias extraordinarias.  La ausencia de cualquier control sobre la composición accionaria de los licenciatarios favorece esta política y no hace falta un exceso de perspicacia para entender quién pagará la fatídica colusión de prestadores del servicio y proveedores de equipo.
Las deudas de ENTel también irritaron a la Cámara de Diputados, que el 13 de setiembre de 1990 aprobó un pedido de informes al Poder Ejecutivo, bajo la impresión de un artículo del diario Clarín, que el día anterior había revelado dos informes alarmantes, uno de la Secretaría de Hacienda y otro de la SIGEP.  Según el primero, en el último año la deuda de ENTel había crecido 1.222 millones de dólares, lo que la llevaría en total a 2.219 millones de dólares.  Para la SIGEP el incremento era de 800 millones de dólares y el monto total de 1.797 millones.  Sin embargo, diez meses después la SIGEP reconoció que la cifra de Hacienda era más correcta.  Según Mario Truffat el incremento de 1.233 millones de dólares en la deuda de ENTel durante la gestión Alsogaray se debió al error de convertir los pasivos de dólares en australes.  María Julia Alsogaray se excusó sin ofrecer detalles: "Cuando no se tiene plata y no se pueden pagar los intereses ni a los proveedores, la deuda se indexa en forma geométrica".

Por entonces le resultaba más urgente dominar las medidas de fuerza dispuestas por el Sindicato Buenos Aires y otras filiales de la Federación de Obreros y Empleados Telefónicos.  ENTel había acordado con el sindicato un aumento del 35 por ciento en julio, más otro 10 por ciento por productividad.  Pero el Ministerio de Trabajo no lo homologó, los trabajadores pararon en protesta y el Ministerio suspendió la personería jurídica de FOETRA Capital, lo cual afectaba la retención de aportes por afiliación, y le inició juicio por la personería gremial.  Pese a la conciliación obligatoria decretada, ENTel comenzó a despedir trabajadores, entre ellos delegados gremiales, con lo cual profundizó el conflicto.
La ingeniera Alsogaray promovió la intervención militar, cuyas características fueron discutidas en el Estado Mayor Conjunto por su asesor Ricardo Fox, pese a la opinión en contrario de los ministros del Interior Julio Mera Figueroa y de Defensa Humberto Romero, y de los propios Estados Mayores de las Fuerzas Armadas, que no veían su necesidad.  Menem en persona impartió la orden al jefe de Estado Mayor Conjunto, vicealmirante Emilio Ossés.  "Si no levantan las medidas de fuerza no hay diálogo.  Esta no es una actitud de la interventora, es una directiva del presidente de la Nación y asumo toda la responsabilidad", dijo por televisión.
Trece suboficiales de las tres fuerzas al mando de un teniente coronel de Comunicaciones recibieron un curso para operar las computadoras del servicio Internacional. Mientras FOETRA denunciaba el caso a la Organización Internacional del Trabajo y a la Corte Internacional de La Haya, los huelguistas increparon a los militares.
-Con dos idiomas gano 940.000 australes -les gritó una operadora.
-Mis hombres ganan cien mil australes más o menos, y tampoco les alcanza para mantener a su familia con dignidad.  Si no los entendieran a ustedes, es porque son tarados -contestó el teniente coronel.
El gobierno también promovió la división sindical, a través del arzobispo Antonio Quarracino, convocado por dirigentes de FOETRA nacional opuestos a los huelguistas, quienes dispusieron el levantamiento del paro a cambio de una genérica promesa de reconsiderar las cesantías luego de un análisis de casos individuales.  Un plenario de delegados aceptó suspender las medidas de fuerza, pero Menem exigió el levantamiento del paro.  La Comisión Directiva sindical votó retrotraer el conflicto al 31 de agosto, lo cual implicaba por un lado levantar la huelga y por el otro reincorporar a los despedidos, pero la intervención rehusó cualquier reincorporación.
Durante el conflicto cobró notoriedad por sus desplantes un custodio de la interventora, el chileno Máximo García Huidobro (alias MacGiver), que se definía como ingeniero en seguridad.  A raíz de las denuncias de los telefónicos sobre él, dirigentes y afiliados de la UCeDé revelaron que durante comicios internos había recorrido los centros cívicos junto con hombres armados, exhibido una picana eléctrica y participado en la sustitución de urnas.  La interventora Alsogaray minimizó los hechos y los atribuyó a una campaña contra la UCeDé, de la que acusó al diario La Nación.
Todos estos episodios formaron parte de una provocación destinada a golpear al sindicato que con mayor tenacidad se había opuesto a la liquidación de ENTel, limpiar la empresa de activistas antes de la transferencia y abaratar su costo laboral.  El senador Oraldo Britos dio a conocer una carta del director de Telefónica urgiendo a la ingeniera Alsogaray a que antes de la transferencia se aplicara el decreto 1757, que permitía suspender en los convenios laborales de las empresas del Estado "aquellas cláusulas que se contraponen a las finalidades de eficiencia y productividad".  Britos agregó que la interventora solicitó al Ministerio de Economía la suspensión de 50 de los 110 artículos del convenio de FOETRA, en los mismos términos de la carta de los españoles, y que la resolución, tomada en octubre, se antedató a julio.  Como en el caso de Aerolíneas Argentinas, desproteger a los trabajadores era una condición impuesta por los oferentes y debía decretarse antes de la transferencia.

Todavía restaba un obstáculo antes de llegar al gran día.  El 21 de setiembre, el inspector general de Justicia Alberto González Arzac elevó a su amigo el secretario de Justicia César Arias un dictamen en el que afirmaba que no se había cumplido con el requisito de la tasación previa de ENTel, exigido por el artículo 19 de la ley de reforma del Estado y por el artículo 19 del decreto que la reglamento.  Luego de recordar en qué consistía una tasación según el decreto-ley de 1955 sobre arancel de Honorarios de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, González Arzac sostenía que ENTel no había cumplido con esos recaudos. "Según manifestaciones del doctor Mariano Grondona (h), asesor letrado de la intervención de ENTel, la tasación que presentaron a los fines de la licitación se basó en el balance practicado por esa empresa correspondiente al ejercicio 1987 (último aprobado por la IGEP) actualizados sus valores al año 1990, resultando una suma de 1.900.000.000	que se fijó como precio base".  El inspector menemista citaba un libro recién publicado (Reforma del Estado, ley 23.696, de Hutchinson, Baraguirre y Greco), según el cual "el problema de las valuaciones fue axial en las privatizaciones en el Reino Unido", por lo cual "debieron haberse tomado aquí las mayores precauciones, máxime si se piensa que en aquel país fue menor el paquete a privatizar y en un lapso muy considerable.  La experiencia debió ser utilizada en esta materia vital, pues en el monto de la valuación se halla comprometido el patrimonio nacional que la comunidad, a través de los años, integró con su esfuerzo".  González Arzac concluyó que "la inexistencia de la tasación previa se convierte en el talón de Aquiles del proceso privatizador".
La tasación, en derecho administrativo, es la valuación bien por bien de lo que se vende, teniendo en cuenta el valor de cada línea en operaciones.  En una actualización de balance, en cambio, a lo amortizado se le asigna valor cero.  Por ejemplo, no figuraban el edificio central de ENTel en la calle Defensa, a cincuenta metros de la Plaza de Mayo, ni las amortizadas centrales 23 y 74.  En explicaciones a la prensa sobre su dictamen, González Arzac añadió que la valuación de 1.900 millones de dólares comunicada por Grondona difería de la que le habían transmitido inidentificados expertos de la empresa, del orden de los 6.000 millones de dólares.
Cuatro días después, en un segundo dictamen sobre ENTel, González Arzac apercibió a María Julia Alsogaray por integrar la Sociedad Licenciataria Norte S.A., una de las cuatro sociedades anónimas creadas para recibir los bienes de la dividida ENTel y encargadas de su traspaso a los licenciatarios.  Sostuvo que ello estaba en infracción a la ley de sociedades 19.950 que prohíbe a los funcionarios públicos integrar sociedades privadas que tengan vínculos con el ente estatal al que pertenecen.  Las actuaciones se habían iniciado por denuncia del diputado Germán Abdala, y aunque la rechazó parcialmente, González Arzac declaró "irregular" e ineficaces a los efectos administrativos las designaciones efectuadas" e intimó a reyertas en diez días.  Había cosas más graves, que la propia interventora había reconocido durante una visita a la comisión fiscalizadora, en el Senado.  "Se forman cuatro sociedades, pero en realidad son cinco porque queda una ENTel residual que es el ente liquidador que se queda con los pasivos.  Yo quiero ser muy clara: estamos vaciando la empresa y si no fuera que lo estamos haciendo en este marco tendríamos que ir presos", dijo la señora Alsogaray según la versión taquigráfica.
En la primera semana de setiembre, González Arzac y su asesor Ramón Miralles hablan transmitido sus objeciones durante un encuentro en la Inspección con Grondona y representantes de la Bell Atlantic, el Manufacturers Hanover y la consultora Price Waterhouse.
-Sin tasación no va -concluyó el inspector.
El delegado de Price Waterhouse, el contador Norberto Gorsiglia, directivo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, se dirigió entonces a Grondona:
-Hay que dejarse de joder.  Decíle a esa mina que lo tiene que arreglar.
-Esto lo arregla el Presidente -contestó Grondona.
Así fue.  Por indicación de Menem, César Arias citó a González Arzac, quien llevó redactada la renuncia.  En su lugar fue designado el director del Boletín Oficial, Rubén Antonio Sosa, otro peronista histórico, que en 1964 había integrado el heptumvirato que acompañó el frustrado regreso de Perón, detenido en Río de Janeiro por una dictadura brasileña.  Sosa hizo lugar sin dilaciones al pedido de reconsideración de María Julia Alsogaray, dejó sin efecto las disposiciones de su antecesor, declaró la falta de legitimación de Abdala para actuar en el expediente y concluyó sus fundamentos con una cita de Perón en favor de la economía privada.

"El 4 de octubre a las 6 de la tarde, ni una hora más", respondió Menem cuando le solicitaron que postergara la firma del decreto de transferencia de ENTel.  Pero el 4 de octubre a las 6 de la tarde, en otro salón vacío como el de Aerolíneas Argentinas, Emilio Fluixá anunció que Stet-France et Cables Radio-Morgan reemplazarían a Bell-Manny Hanny-Aguila.
"Hace un siglo que queremos que nos colonicen los yanquis y siguen llegando tanos y gallegos", fue el comentario que la periodista Gabriela Cerruti escuchó a Menem durante una asamblea abigarrada en el despacho presidencial, del que acababa de salir con una rabia negra el embajador Todman.  Granillo Ocampo ordenó a sus colaboradores que prepararan otro decreto, adjudicando la zona Norte a Stet & Cía.  María Julia Alsogaray reveló que había firmado un aumento de tarifas del 42 por ciento y que se eliminaría el componente impositivo, con lo que los licenciatarios recibirían un 31,6 por ciento más.  Pero Dromi dijo que el destino de ese impuesto lo decidiría el Congreso y no pasaría a los adjudicatarios.  Estaba todo dispuesto para la batalla.
La Comisión Bicameral emitió una declaración crítica, luego de escuchar un informe de la SIGEP, que ya había objetado el nuevo aumento: superaba en dólares el 2.000 por ciento desde que asumió Menem, y aseguraba a las compañías una rentabilidad que oscilaría entre el 28 y el 75 por ciento.  Pero Mario Truffat dejó perplejos a los legisladores al anticiparles que nada se firmaría esa tarde y comunicarles que del Congreso se iría al Ministerio, porque allí se estaba discutiendo un nuevo contrato distinto del que la SIGEP impugnaba.
Las decisiones se protocolizaron el 6 de octubre.  Por el gobierno asistieron el ministro Dromi, María Julia Alsogaray, Carlos Carballo, Rafael Iniesta, Raúl Otero y el escribano general de gobierno, Natalio Etchegaray.  Con el consorcio de la zona Sur no hubo contrariedades.  Pero cuando llegó el turno de la zona Norte una multitud ingresó al salón San Martín.  Del consorcio Bell-Manufacturers Hanover-Aguila había siete representantes, porque no habían podido constituir una sociedad y nadie se representaba más que a sí mismo.
-¿Están en condiciones de firmar? -preguntó Carballo.
-Este contrato no -respondió Carlos Agote, quien ingresó a la reunión como representante del Manufacturers Hanover.
-¿Qué contrato entonces? -inquirió Carballo.
-Por ahora ninguno -contestó Agote.
-Escribano, ponga "ninguno". ¿Tienen constituida alguna sociedad? -preguntó Dromi.
-Sí -pretendió Agote.
-¿Quién es el representante? -insistió Dromi.
-Yo -confirmó Agote.
-Escribano, anote "Agote" -ordenó Dromi.
-No, no ponga eso -se atajó Agote.
-Entonces ponga que no es el representante -contraordenó Dromi.
-Olvídese -se resignó Agote.
-Escribano, anote "olvídese" -indicó Dromi.
-Ministro, alargue el plazo -imploró Agote.
-Imposible -sentenció Dromi.  De este modo Bell-Manny Hanny-Aguila se retiraron.  Esto dio lugar a un recurso administrativo primero y a una acción judicial luego por parte de la Bell, denunciando las irregularidades del proceso y reclamando por los que consideraba sus derechos.  Los norteamericanos aducían que a ellos se les había negado la prórroga que se concedió a los europeos.
Agote era cuñado de Adrián Hope, ex socio de Emilio J. Cárdenas y Luis Otero Monsegur en el estudio que representaba a buena parte de las compañías norteamericanas en la Argentina.  Además del Manufacturers Hanover, entre sus clientes estaba el Banco Morgan, con el que se quedó Cárdenas.  Los funcionarios argentinos tuvieron la sensación de que entre el Manny Hanny y sus socios argentinos, representados allí por Guillermo Blanco del grupo Garfunkel, se estaban sentando las bases para un futuro juicio.  Cuando no hubo más que hablar, Mairal y Mariano Grondona llamaron a la Stet.
Dentro del desorden general todos tardaron en advertir que también estaban en el salón Francisco Soldati, socio de Telefónica en la zona Sur, y Emilio Cárdenas, quien ya era representante del Banco Morgan, competidor del Manufacturers Hanover por la zona Norte.  Soldati repetía que él y su hermano habían sido los únicos argentinos invitados a la asunción de Bush, en la que Amalita Fortabat se coló, y que su íntimo David Mulford iba a colaborar para que todo fuera un éxito.  Cárdenas se disculpó y explicó que había creído que la reunión era abierta a todos los concursantes.
El 6 de octubre Dromi le alcanzó el decreto a Menem, quien lo firmó sobre la mesa del banquete de la Cámara Argentina de la Construcción.  En el Ministerio esperaban los licenciatarios y María Julia Alsogaray, apremiados por una directiva de Menem: mantener a rajatablas el 8 de octubre como fecha para la transferencia.  Pero los italianos arguyeron que habían sido convocados a último momento y que necesitaban por lo menos treinta días.  El domingo 7 de octubre en Obras Públicas se discutió una alternativa para disimular los contratiempos: que Telefónica se hiciera cargo de las dos zonas hasta que Stet estuviera en condiciones de asumir la suya.  Contra su costumbre, asistió Erman González.  Luego de escuchar cada posición en silencio, cerca de las 12 interrumpió el debate:
-Esto así no va.  Hay que hablar con el Presidente.
Dromi, Erman González y María Julia Alsogaray llegaron a Olivos en el mismo auto.  Todo era broma y buen clima, hasta que González atacó:
-Carlos, está todo mal.  Vos, María Julia, no negociaste las tarifas y tenés mala intención.  Le hacés decir al Presidente que se firma mañana y mañana no podemos firmar nada.
-Vos sabés que no es así.  Aquí está la necesidad política de privatizar cuanto antes -se defendió la interventora.
-Sí, pero no de este modo.  Ni siquiera negociaste tarifas especiales para el Estado, que es el principal cliente de ENTel -insistió el ministro de Economía.
La señora Alsogaray se levantó llorosa y salió en busca de su auto que habían traído después de su arribo.  Nadie intentó retenerla.
-Negro, estuviste muy duro -dijo Dromi lo más serio que pudo.

A las 12 del día siguiente todas las tribus del gobierno trataron de unificar personería frente a los italianos.  A la reunión plenaria en Obras Públicas asistieron los ministros González y Dromi, sus viceministros Carballo y Guaragna, María Julia Alsogaray, de minifalda roja, el jefe del comité de privatizaciones Emilio Fluixá, el abogado jefe de ENTel Héctor Mairal.  Como si la escena del día anterior no hubiera ocurrido, como si la eliminación de la Bell no la afectara, sobreactuando y con sorna, la interventora Alsogaray abrió el diálogo:
-¿Están en condiciones de hacerse cargo de unos hermosos edificios obsoletos, repletos de caños viejos, con un retrato de San Martín y una bandera argentina?
Un silencio antártico invadió el salón.
Los representantes del Morgan lo atenuaron, con tono profesional: dijeron que igualaban la oferta y que se ponían a trabajar para hacerse cargo en un mes.  Acordaron tratar más adelante problemas técnicos vinculados con galpones, autos y obra social.  Pero seguía pendiente la hipótesis de que Telefónica se hiciera cargo de las dos zonas hasta que Stet estuviera en condiciones.  Ante la negativa de los españoles, el gobierno les reclamó que en la fecha anunciada tomaran posesión de su zona, pero tampoco aceptaron, argumentando que no querían tener como socio al Estado.
Más tarde, en la mesa redonda del despacho de Dromi, volvió a plantearse la cuestión con Martín Ruete, del Citi, con Luis Bustamante (h), de Telefónica -a quienes los funcionarios llamaban "Los Insoportables"-, y con Roberto Sammartino, de Techint, quien ingresó a último momento.
-Telefónica puede hacerse cargo de todo o de una sola zona.  Esto se posterga por 30 días -anunció Mairal, cuando lo que se había acordado era iniciar la negociación sólo con la primera opción.
-Mairal no nos representa -cuchicheó Carballo al oído de Dromi.
Ricardo Fox lo escuchó y le contestó bien fuerte: 
-Mairal es un excelente abogado.
-Nos está vendiendo -masculló, pausado, Carballo.
Dromi se levantó y se fue.  Allí se decidió la prórroga general por un mes.  Ruete estaba exultante: el Citi tampoco había terminado de reunir los papeles, pero las vergonzosas peleas entre los funcionarios argentinos le ahorraron esa confesión y su costo.

El cazurro ministro de Economía recién se hizo oír cuando Alsogaray le presentó los borradores preparados por el estudio Klein-Maital.  Entonces anunció que no aceptaría el hecho consumado en las 88 fojas y varios kilos de anexos que le sometían de apuro y puso todo en cuestión.  Dromi entendió que podría cobrarse muchas cuentas pendientes con la interventora, se plegó y ejecutó la decisión del contador González.  La imposibilidad de los norteamericanos de la Bell y el Manufacturers Hanover de firmar el contrato disimuló el hecho asombroso de que no existía tal contrato.
-Este es el contrato que se va a firmar -afirmó Mairal.
-¿Cómo? Si el Ministerio aún no lo miró -expuso Fluixá.
-Si no se firma se lesionará la imagen política de la privatización -argumentó Fox.
-Nosotros lo vamos a revisar porque hay muchas objeciones -insistió Fluixá.
-Usted dice que no nos tiene confianza -se ofendió Fox. 
-Claro que no te tengo confianza -alzó la voz Fluixá. 
-Usted es un corrupto -le sacudió Fox.
-¿Qué dijo?  Repítalo -lo desafió Fluixá.
-Co-rrup-to -deletreó Fox.
El tranquilo gordo Fluixá tiró las carpetas por la cabeza de Fox, quien conoció a los Alsogaray cuando el capitán era embajador en Washington.
Una hora después, cuando los ánimos se calmaron, Mairal dijo:
-Esto se va al diablo. ¡Cómo vamos a revisar ahora el contrato!
Dromi no se amilanó:
-Mirá, querido, a esto hasta ahora lo manejaron ustedes como se les dio la gana.  A mí no me vas a joder con la trampa de la letra chica de los contratos.  Yo tengo más boliche que vos, Mairal.  Desde ahora manejo yo.
Durante la prórroga por treinta días que reclamaron Stet y Telefónica antes de hacerse cargo se renegociaron los contratos.  Ninguno de los consorcios tenía los papeles de la deuda externa completos para apurar, el negocio era de todos modos espléndido y aún podría mejorarse.  Se abrió entonces una brecha por la que volvieron a colarse las rencillas tribales.  González y Dromi pactaron postergar sus diferencias para arrasar primero con la tienda de los Alsogaray.  Jugaban a los viejos buenos tiempos del frente nacional y popular en lucha contra la oligarquía y el imperialismo.
El problema era cómo incorporar la hiperinflación de marzo a la indexación prevista en el pliego para determinar la tarifa.  En la pantalla de la computadora de Guaragna, éste y Rafael Iniesta elaboraron una alternativa, a partir de la indexación diaria, calculada por la fórmula del interés compuesto, como ya veremos con mayor precisión.  Martín Ruete, del Citi, expresó entonces su azoramiento por la reapertura de la discusión sobre tarifas:
-¡Pero todo lo que discutimos estos meses es puesto en duda por dos Funcionarios de segunda!
Iniesta le contestó:
-Te callás, estoy hablando, y ese que tenés al frente es Mario Guaragna, viceministro de Obras Públicas.
-El ministro de Economía habla por los funcionarios de segunda -lo apoyó Carballo.
-¿Por qué no tratamos el tema de la obra social? -interrumpió Mariano Grondona.
-¿Pero vos de quién sos abogado? -lo increpó Iniesta.
-Antes de seguir veamos qué pasa con los waivers -cambió de tema también Carballo.
El representante argentino en Washington desde la era Alfonsín, Daniel Marx, un ex ejecutivo del Banco Río, había avisado que las cuatro carillas del waiver concedido por el Citi condicionaban la dispensa a la privatización de ENTel y siempre que la zona que les interesaba fuera para el consorcio que integraban.
-Nosotros somos ajenos.  Ignoramos esa cláusula -se atajó Bustamante.
-Esa cláusula no existe -desmintió Ruete.
Media hora después tuvieron un fax con el waiver.  Llevaba la firma de Rosa Aranguren y la cláusula decía: "Nosotros otorgamos la dispensa solicitada en el caso que se resuelva favorablemente la privatización de ENTel al consorcio que integra nuestro banco".
-Pedimos disculpas.  Si el Citi no la retira nos vamos del consorcio -dijo el español.
-Lo haremos -asintió Ruete.
Sin embargo, la supresión de la cláusula se demoró hasta el penúltimo día, el 7 de noviembre, un día antes de la ceremonia, cuando la propia Rosa entregó la nueva versión expurgada a Carlos Carballo.
Las negociaciones sobre el contrato de transferencia se hacían en base al que había redactado Mairal, pero una vez substituida la intervención de ENTel y sus hombres por el eje Economía-Obras Públicas, quien cargó todos los detalles en su computadora fue Mario Guaragna.  Luego de una reunión en Economía, en el Renault 11 de Diego Estévez fueron hasta Obras Públicas a buscar el diskette de Guaragna.  Cuando lo pusieron en pantalla todo había cambiado, y debieron rehacer el trabajo línea por línea.
La discusión versaba sobre si el valor del pulso debía actualizarse por el índice de precios del semestre febrero-agosto, o el de marzo-setiembre.  En el primer caso se empinaría brioso.  La resolución de ENTel que fijó lo que el pliego llamaba en su punto 12.2 un nivel de tarifa adecuado para proporcionar a un operador eficiente una rentabilidad razonable, se firmó el 7 de marzo, y el debate era si para su actualización debía tomarse el índice promedio de marzo, con gran arrastre de la hiper de febrero, o entre puntos, a partir del mismo día 7. En el primer caso el ajuste incluiría el 95,5 por ciento de marzo, en el segundo poco más del 35 por ciento.  Sin embargo, tanto la autodenominada liberal Alsogaray, como los presuntos peronistas del otro bando, hicieron silencio sobre un dato central: el 8 de junio la hija del capitán había firmado la resolución 123/90 por la cual fijó el valor del pulso en "australes cien con treinta y nueve centavos", refiriéndose también al punto 12.2 del pliego.
Estos 100,39 australes constituían el último ajuste previo a la presentación de las ofertas, que ocurrió el 25 de junio.  El famoso punto 12.2 afirmaba que, desde ese ajuste hasta la toma de posesión, las tarifas sólo se actualizarían "de acuerdo con la evolución mensual del índice de precios al consumidor".  De modo que, a partir del 25 de junio, cualquier ajuste superior al que surgiera del IPC se apartaría del pliego y sería ilegal.  En consecuencia, al 8 de noviembre no podía superar los 183 australes.  Sin embargo, el gobierno terminó acordando un 35 por ciento por encima, al que luego los licenciatarios le agregaron casi otro 20 por ciento.  Los patriotas de Economía, Obras Públicas y Presidencia encubrieron este asalto al bolsillo del usuario con diatribas contra la ingeniera Alsogaray, a la que acusaban de acordar condiciones aún más onerosas.
No es una irregularidad menor que esa resolución del 8 de junio recién se haya publicado en el Boletín Oficial del 10 de setiembre, con tres meses de retraso, lo cual permite inferir que se trató de un acto posterior, antedatado.  Es presumible que por entonces todavía pensaran cumplir con el pliego.  Pero a fin del mismo mes de setiembre, la resolución 199/90, del 24 de setiembre incluida recién en el Boletín Oficial del 12 de octubre, llevó el pulso a 193,87 australes, es decir un aumento del 42 por ciento, que ni siquiera se fundamentó en el pliego sino en un presunto desequilibrio económico-financiero "como consecuencia del incremento experimentado en los precios de los materiales y elementos destinados al plantel telefónico".  De ahí en más, todo el proceso siguió un curso ilegal.  El punto 1.2 del Contrato de Transferencia sostiene que su texto "debe ser interpretado en el marco de las obligaciones descriptas en el pliego", y que si hubiera entre ambos una discrepancia "que no admita ninguna interpretación que mantenga en vigor todas las cláusulas en cuestión, prevalecerá el pliego".  Si prevalecía el pliego, la tarifa no podía superar los 183 australes por pulso.  No obstante, el gobierno comenzó a negociar sobre la base de los 193,87 que pregonaba Dromi, o los 204 que admitía Economía, y que a valores constantes equivalían a la tarifa del primer mes del Plan Austral, contra 289 que reclamaban los licenciatarios.  Pero en cualquiera de los dos casos, esa tarifa incluía el impuesto específico para los jubilados.  Los adjudicatarios pedían que se suprimiera y que ese 31,5 por ciento quedara para ellos.  Además había un ardid adicional: las cifras que defendían los funcionarios de Economía y Obras Públicas eran al 19 de setiembre, y sobre ellas habría que cargar la indexación, lo cual cerraría la brecha.
Para presionar a Telefónica, que era el negociador más duro, el gobierno agitaba el fantasma de la Bell.  Según el senador Eduardo Menem, el embajador Todman había comunicado a la Casa Rosada que la Bell estaba expectante para ser tenida en cuenta.  Su hermano el Presidente pretendía que el canciller De Michelis le había informado que Stet no cuestionaba los 193,87 australes por pulso.  Sin embargo, los representantes del consorcio en Buenos Aires, Adolfo Rinaldi y Dominique Saint Jean, amenazaban con retirarse si el nivel tarifario no era suficiente.  "El contrato establece que se incrementarán las tarifas en términos reales si se demuestra que no se alcanza una rentabilidad del 16 por ciento", afirmaban, invocando la garantía que según Dromi y María Julia Alsogaray no existía.
Otro asunto a revisar era dónde se entregarían los papeles de la deuda.  El gobierno aceptaría recibirlos en forma escalonada pero estableciendo que los intereses sobre ellos quedaran congelados al 25 de junio, fecha de presentación de las ofertas.  María Julia Alsogaray había convenido que fueran a nombre de ENTel, lo que los hacía fáciles de embargar.  Economía los reclamó en la cuenta inembargable que el Banco Central tiene en la Reserva Federal de Washington.  En el último tramo de las negociaciones participaron Emilio Cárdenas y Steven Darch por el Morgan, y Rosa Aranguren, Juan Ferro y Gilberio Zavala por el Citi.  Según los funcionarios de Economía, Rosa les anticipó que el Citi iba a ser intransigente y no iba a poner todos los papeles de entrada.  Entonces ellos cerraron trato primero con Cárdenas para presentarle al Citi un acuerdo consumado con el Morgan.  Pese a ello, el Citi no cedía.  Iniesta lo comentó con Manzano, de quien había sido asesor durante cuatro años.
-Ponéte todo lo duro que quieras pero dejáte de joder, esto ya está arreglado arriba -le notificó El Pragmático.  Menem había implorado a Felipe González que las empresas estatales españolas no se retiraran, y en esas condiciones no había margen para intransigencias.
Oscar Vicente, que integraba los dos consorcios, presentó el 22 de octubre a Dromi y González una alternativa: aceptarían un pulso de 200 australes si se les garantizaba una rentabilidad de 300 millones de dólares anuales.  Esto implicaba que si con esa tarifa no alcanzaban tales ganancias, el Estado debería subsidiar a las licenciatarias.  Dromi hizo una declaración audaz: si el pulso superaba los 193 australes, renunciaría a su cargo.  El 24 de octubre se resolvió desestimar la propuesta e intimar a los consorcios a aceptar los 193,87 en 72 horas.  En caso contrario, se volvería a licitar.  Ese plazo había sido fijado por Menem, que exigía concluir el trato antes de su regreso al país, el sábado 27.  Durante toda la negociación estuvo al tanto de los detalles por consultas telefónicas con Bauzá, a quien llamó desde Italia, Polonia y Rusia.
En el mismo aeropuerto de Ezeiza, Dromi, González, el ministro de Defensa Romero y su hermano Eduardo le presentaron cintas grabadas de conversaciones entre integrantes de los consorcios adjudicatarios de ENTel.  Según uno de esos diálogos, la interventora Alsogaray sugirió al consorcio Telefónica-Techint-Citibank que les convenía rechazar las condiciones propuestas por los ministros y volver a negociar en los términos anteriores, que ella defendería ante Menem.  No llevaron una carpeta con la transcripción, como se dijo entonces, sino un grabador, para que el jefe de los restos del Estado escuchara las voces, mientras Miss Piggy esperaba tras la puerta del salón reservado a personas muy importantes.
“¿Esto qué es, un conventillo?", gritó Menem en la primera reunión en Olivos con Bauzá, González, Dromi y Hugo Anzorreguy.  "Cada cosa que ustedes manejan, a los cinco minutos está en la prensa. Si siguen así voy a disolver la SIDE. Eso no es un servicio de informaciones sino una cueva de alcahuetes", se desahogó.  Como de costumbre, exigió una investigación para determinar cómo la transcripción de las cintas había llegado a la editorial Atlántida, de su amigo Constancio Vigil.  Interceptar comunicaciones telefónicas por cuestiones de negocios y sin orden de ninguna autoridad competente constituía una actividad que, del Presidente para abajo, todos tomaban como normal.  Lo que a Menem le fastidió fue su divulgación pública.
Bajo semejante presión de un presidente al que lo único que le importaba era cumplir con un plazo autoimpuesto, se llegó a este acuerdo:
•	El pulso se establecería en 199 australes, pero sólo teóricamente. Con el IPC de setiembre, octubre y los primeros ocho días de noviembre, al día de la transferencia sería de 246 australes.
•	Si el dólar aumentara en algún mes 25 por ciento más que el índice de precios al consumidor, o si quedara fijo y el índice de precios al consumidor aumentara un 25 por ciento, se ajustaría la tarifa en un 60 por ciento por el IPC y en un 40 por ciento por la variación del dólar.
•	El impuesto para las cajas se reduciría por decreto, del 31,5 al 0,001 por ciento, hasta que el Congreso lo derogara.  Como la tarifa no se reduciría proporcionalmente, ese ingreso quedaría para las licenciatarias. (Luego otro decreto, con vigencia a partir del 1º de enero, eliminó el impuesto para ahorrar a las compañías la molestia de cobrarlo y transferirlo, pese a que según la Constitución sólo el Congreso puede tomar esas decisiones.)
•	Los 200 millones de dólares de recaudación del último bimestre de servicio prestado por ENTel serían cobrados por los licenciatarios y devueltos a Hacienda a los sesenta días.  El decreto 575/90 sólo les daba 72 horas.  Es decir que con esa masa de dinero cubrirían el pago en efectivo, en otra sorpresiva aplicación del método Pescarmona de hacer negocios con plata de terceros.
•	Los licenciatarios tendrían noventa días para entregar los papeles de la deuda.
Al cierre de la negociación sobre tarifas, el 6 de noviembre en el salón de cuadros del Ministerio de Economía, asistían Ruete (Citi), Bustamante junior (Telefónica) y Sammartino (Techint) por el consorcio de la zona Sur, y Miguel Graña (Morgan) y Oscar Vicente (Pérez Companc), por el de la zona Norte.  Siempre los mismos bancos norteamericanos y los mismos grupos argentinos, lo cual ratifica el valor del lobby local en estos negocios.
Ruete miró el reloj.
-Son las 17, en Madrid ya no hay nadie, yo no puedo firmar -dijo Bustamante.
-Aquí hay dos ministros.  Esto es poco serio -se fastidió González.  Sammartino tomó del brazo a Bustamante y pidió un minuto.  González salió, seguido por Dromi.  Minutos más tarde Sammartino ingresó al despacho del ministro de Economía.
-Lo convencí, firmamos.  Estaban en el campo, en el campo. Pero ya comprendieron, comprendieron.
Repetía las últimas palabras, como uno de los personajes de la columna de D. Home en La Nación.
En las discusiones de María Julia Alsogaray con los licenciatarios nunca se hizo referencia a ninguna indexación por tipo de cambio, que sí se convirtió en una fuerte exigencia durante la etapa Dromi-González.  "Si María Julia se mantuvo sin ceder, nosotros no podemos aceptar eso, con el enorme retraso cambiado que puede explotar en cualquier momento" era el dilema del que no sabían cómo evadirse. Fue una vez más Oscar Vicente quien aportó la solución: los licenciatarios aceptarían la base de febrero del '90, más la indexación posterior por índice de precios al consumidor y la fórmula polinómica de ajuste por IPC y dólar y se suprimiría la cláusula del 16 por ciento de rentabilidad.  Estevez e Iniesta hicieron las cuentas y constataron que no era conveniente.  Sin embargo, Erman González la aprobó.  "Para el Negro lo más importante desde el punto de vista político era suprimir el 16 por ciento", dice uno de sus colaboradores.
Cada uno hizo su interpretación del acuerdo.  Dromi explicó que, si la operación se caía, la Argentina hubiese quedado como un país poco confiable"; que la cláusula dólar se había incluido porque "en un país con historia inflacionario es necesario dar seguridad a los inversores", y que "no voy a renunciar por seis australes".  A cambio de la formula de ajuste se habría conseguido eliminar la cláusula de rentabilidad asegurada del 16 por ciento, añadió.  Era cierto que había desaparecido la garantía, pero en realidad los licenciatarios consiguieron liberarse de un techo para la rentabilidad ya que, según el pliego, si la ganancia excediera del 16 por ciento deberían bajar las tarifas.  El pulso convenido y la fórmula de indexación les aseguraban mucho más que el 16 por ciento, aunque no se usara el antipático vocablo garantía.  Es cierto: Dromi tiene más boliche que Mairal.
Para María Julia Alsogaray, en cambio, la cláusula dólar era extemporánea.  Uno de sus voceros declaró que el acuerdo era "más oneroso para los usuarios que el que se había concluido el 8 de octubre", y formuló preguntas que Dromi y González nunca contestaron:

•	Si el 8 de octubre se había convenido que la tarifa fuera de 193,87 australes el pulso, que actualizada al 8 de noviembre resultaría de 207,44 australes, ¿por qué la nueva tarifa daría un pulso de 246,36 australes al día de la transferencia?
•	Si el Banade había estimado que la tarifa adecuada, en la relación histórica del valor del dólar con los precios internos, debía ser de 0,017 dólares el pulso, ¿por qué no se simplificó la ecuación futura ajustando el valor presente a esa paridad histórica, sin necesidad de incluir cláusulas de ajuste por eventual revalorización de la moneda extranjera?
La posición de Erman González, en cambio, no se conoció.  El ministro de Economía le pidió a Carlos Carballo que redactara una solicitada, en papel membretado del Ministerio de Economía, que nunca se publicó.  Dice así:

"Ante recientes declaraciones de la interventora de ENTel María Julia Alzogaray, el Ministerio de Economía aclara:
Dijo el 4 de octubre: "El 8 de este mes se firma la transferencia de ENTel".
Pero ese mismo día se retiró el consorcio adjudicatario en el que estaba Bell.
Dijo: "El contrato negociado por esta intervención era mucho más conveniente que el que surgió luego de las correcciones de Economía".
Pero la realidad es la que sigue:

Proyecto anterior
Intervención ENTel 4/10/90
	Proyecto actual
(Obras Públicas, Economía 6/11/90)
	
1. Determinación del pulso telefónico Reconoce sin mencionar, lo que el mismo es de 289 Australes aunque las compradoras admiten llevarlo como tope a 254 australes, fecha valor 01.09.90.
	
El mismo se fija claramente a 199 Australes a igual fecha de conformidad al pliego.
	
Procedimiento de aplicación del IPC
Avanza sobre el pliego en la interpretación al indicar que el mes para la elaboración del coeficiente es el correspondiente al mes inmediato anterior a la fecha de la Resolución de ENTel para justificar la cifra de 289 Australes.
	
Remite al pliego
	
2. Estructura tarifaria: control futuro 
Admite su reestructuración y racionalización sin sujeción a la autoridad regulatoria en cuanto a su aplicación y control.
	
Se acompaña como anexo la estructura general que ha de servir como base para el control por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de las modificaciones que se pretendan introducir, las que deberán ser aprobadas por ella.
	
3. Cláusula reajuste dólar y riesgo empresario
No se dice nada.  Se puede aplicar libremente el artículo 1198 del Código Civil.  Por comunicación separada de ENTel, del 26/10/90, propone un ajuste por imprevisión por cláusula dólar cuando excede el 10% de diferencia con el IPC.

Funciona esta cláusula cuando el tipo de cambio crezca más del 25% que el IPC en un mes o en los últimos tres meses.  Funciona tanto a favor de los adjudicatarios como del usuario.  Incorpora el riesgo empresario ya que la cláusula de imprevisibilidad recién opera cuando se llega a un 25% sobre el IPC.  Hasta ese porcentaje es riesgo empresario.
	
4. Tasa 16% anual sobre activos (ganancia garantizada)
Se mantiene la tasa de retorno del 16% sobre inversiones.

Renuncia expresa, sin condicionamientos.
	
5. Sobretasa a las comunicaciones internacionales
No se dice nada.

Se deroga a partir de la toma de posesión.  Su alícuota actual es 5,5%.
	
6. Compensación por mora en el cobro de facturas
Establece como tal una tasa no mayor a la de descubierto que cobra el Banco Nación, incrementada en 30%.

Establece la obligación de comunicar previamente a la autoridad regulatoria, que verificará su razonabilidad.
	
7. Personal de la obra social (privatización)
Expresamente se establecía que no era transferido a ninguna de las sociedades continuadoras de ENTel.

Se prevé su transferencia y en caso de cesar la relación laboral, la indemnización es a cargo de las continuadoras de ENTel.
	
8. Accionistas del exterior
La sociedad inversora (la adjudicataria) íntegramente es considerada como tal a los efectos de remesar divisas.
	
Sólo a los inversores del exterior, en la sociedad licenciataria.
	
9. Cobro del efectivo garantizado 
Depósito a la orden de ENTel, en la cuenta, plaza y banco que ENTel indicara. Esto implicaba el riesgo de embargo por parte de acreedores de ENTel.
	
Depósito en una cuenta del BCRA en el Federal Reserve de EE.UU.: cuenta de bancos centrales, con lo que se minimiza o evita tal riesgo.
	
10. Servicios en competencia
Los limitaba a télex nacional, datos nacional (ARPAC), Radio Móvil Marítimo.
	
Se suprimió tal limitación, dejándolos librados al mercado con el beneficio consecuente para el usuario.
	
11. Pago del precio sujeto a condición 
Se impone que ENTel haya obtenido los waivers que se requiera de parte de los titulares de sus créditos, sin indicar porcentaje, dejando abierta la posibilidad de que unilateralmente la adjudicataria interprete la cantidad que se requiera y con ese argumento haga efectiva o no la toma de posesión. (Recordar que en este contrato no eran simultáneos firma y posesión.)
	
Se informa sobre los porcentajes obtenidos de manera de evitar la ulterior unilateral interpretación de la compradora. (Sobre este tema se produjo fuerte resistencia del Citi-Consorcio Sur.  El waiver pierde gravitación al hacerse la firma del contrato y la toma de posesión en un mismo acto.
	
12. Reincorporación de empleados
considerados despedidos por el solo hecho de la privatización. No se prevé.
	
En tales casos existe prohibición para las licenciatarias de reincorporarlos y si lo hacen debe devolver la indemnización que ésta hubiera abonado.
	
13. Compensación automática de desembolsos por cuenta de ENTEL incluida la indemnización por control de precios)
Se admite sin intervención previa de Hacienda.

Según cada caso se determina un procedimiento. La intervención de Hacienda determina plazos.
	
14. Forma de pago de la multa por incumplimiento en la entrega de títulos o en cuanto a su rechazo por el BCRA 
Fijaba [ilegible] mensual, sin especificar en qué especie. Podría interpretarse que en títulos VN.

Determina el 0,3% mensual en dólares billetes.	
15. Flexibilidad ante eventuales errores u omisiones en los listados del personal que se transfiere
No existe.

Bajo condiciones verificables se admite, hasta [ilegible] total de personal por cada sociedad. Esa suma [ilegible] la posibilidad de subsanar omisiones de hasta 90 [ilegible].

Impuesto
Al suprimiese el impuesto para la caja de jubilación este margen quedaba como colchón para futuros aumentos.  Economía decide suprimir el impuesto, lo que significó una reducción de la tarifa en términos reales ya que se impiden nuevos aumentos que no resulten de la indexación.

Puntos a aclarar
Al momento de la privatización ENTel quedó debiendo 168 millones de dólares y no está acreditado el endeudamiento que dejó la intervención de ENTel.

No es habitual que el Ministerio de Economía discuta con otras reparticiones, pero la gravedad de las declaraciones obliga a estas aclaraciones.  En caso de que se continúen propalando versiones que no se ajustan a la realidad este Ministerio se reserva el derecho de tomar las acciones que considere pertinentes.

	Como se puede apreciar, se corrigieron algunos excesos de liberalidad del contrato redactado por Mairal: entre otros, la facultad de reestructuración del pulso sin control, las multas excesivas por mora, la facultad aun para los nacionales de remesar ganancias al exterior como si fueran inversores extranjeros, el riesgo de embargo del precio a pagar a ENTel. Sin embargo, en la cuestión crucial de la tarifa y las garantías, la renegociación mejoró el resultado para los licenciatarios. Si las modificaciones introducidas por Dromi y González hubieran sido tan convenientes, no se explicaría la eufórica declaración del presidente de France Cables et Radio: "Con las tarifas que negociamos el proyecto será rentable desde el principio, al mismo nivel que el de los mejores operadores telefónicos".
	Contra la firma de la transferencia, el 8 de noviembre, debía depositarse el efectivo en Nueva York. La última discusión comenzó el 8 de noviembre por la mañana en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y tenía un horizonte difícil de correr: la ceremonia pública estaba anunciada para las 18 en la Casa Rosada. Gilberto Zavala y Steven Darch tenían línea abierta en sus Movicom con las matrices del Citi y el Morgan en Estados Unidos. Javier González Fraga estaba en comunicación constante, también desde Estados Unidos, y Rafael Iniesta hablaba con colaboradores en el Banco Central. El operativo estaba montado de modo que, en cuanto se firmaran los documentos, Zavala y Darch lo informaran a sus casas centrales.
Pero los asesores letrados nunca terminaban de leer el carpetón con el contrato y los anexos, y por último María Julia Alsogaray no se privó de una pequeña venganza: se negó a firmar en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos.  Tan ingenua en su papel de mala, la interventora fue muy funcional para el zorro Dormí, quien hizo y deshizo a su gusto.  Infantil e insegura, a ella le encantaba hacerse odiar por esas tonterías.  La demora en la firma hasta que le llevaron los papeles a ENTel obligó a que González Fraga solicitara a la Reserva Federal que extendiera el horario de bancos, para concretar el depósito fuera de hora.
Una vez que Zavala y Darch pronunciaran la frase convenida por sus teléfonos portátiles:
-Yes, pay. -Iniesta debía constatar que la transferencia hubiera entrado en la cuenta del Banco Central.  Todo el gobierno tenía pánico pensando en el riesgo de un embargo.  Recién a las 19.15, cuando funcionarios y carpetas se dirigían a la Casa de Gobierno, en el auto de Dromi se recibió la confirmación de Jorge Planes desde el Banco Central: la transferencia del Morgan ya estaba acreditada.  Menem los esperaba en su secretaría privada, con María Julia Alsogaray.  Los dos bronceados, ella con un vestido descotado claro y una gargantilla, él con un traje que era imposible mirar de frente sin parpadear, un nuevo peinado que cubría mejor la calvicie y patillas más cortas, listos para la fiesta.
-Ya está todo -se congratuló el Presidente.
-Todavía no tenemos confirmada la transferencia del Citi.  A ver si entregamos y estos hijos de puta no pagan -explicó Dromi.
A las 20.05, Planes comunicó el número de la transferencia del Citi que acababa de recibir y todos se dirigieron felices al Salón Blanco. La Reserva Federal norteamericana no festejó, pero cumplió con el deber por el cual los contribuyentes norteamericanos pagan el sueldo de sus funcionarios: recibió el depósito el 8 de noviembre después de hora, pero lo acreditó como corresponde al día siguiente. La Argentina perdió los intereses de un día sobre esos 240 millones de dólares: 52.602 dólares, más que los adelantos que cobraba Amira Yoma por cada valija.  Muchas otras cosas se perdieron en esta estampida.  El mes entero se había pasado discutiendo tarifas, que se acordaron el 6 de noviembre.  El 8, al firmarse la transferencia, Dromi había consentido que desapareciera el anexo sobre la Obra Social, de la cual los licenciatarios no querían hacerse cargo.  Su personal a indemnizar, sus 500 médicos quedaron a cargo de la ENTel residual, según un principio distribuidor infalible: los costos, al Estado.
American Airlines y Bell Atlantic, empresas privadas admiradas por su eficiencia, se retiraron de las licitaciones, pero el Citibank y el J.P. Morgan las ganaron.  El capital norteamericano no consideraba a la Argentina sitio para una inversión de riesgo, sino para un negocio financiero, que anticipara el cobro en especie de deudas cuyo capital recién vencía el siglo próximo.  En cada una de las zonas de ENTel hubo un banco norteamericano, asociado con una o dos empresas estatales europeas y con uno de los mayores grupos locales contratistas de ENTel durante la privatización periférica militar, todos vinculados a su vez con la producción y comercialización de equipos, lo cual desmintió el anunciado propósito de desmonopolizar y desregular.  Una subsidiaria de Stet, Italtel, ya era proveedora de sistemas de transmisión a ENTel; una subsidiaria de Telefónica, Sintel, le había vendido la red de transmisión de datos ARPAC; una controlada por Pérez Companc, Pecom Nec, era una de las dos mayores abastecedoras de equipos de conmutación a ENTel; Techint participaba con Italtel y Telettra en la provisión de equipos de transmisión para el proyecto Icatel, había firmado Digi II.  France Cables et Radio, asociada de Alacatel, había firmado bajo el gobierno radical un contrato de provisión de líneas a ENTel.  Y las constructoras de Pérez Companc y Techint fueron, junto con las de Macri y Siemens, las principales contratistas de plantel externo desde 1977.  Con excepción de Siemens, que en el primer momento quedó excluida pero de inmediato comenzó negociaciones para asociarse con los vencedores, todos los responsables de la bancarrota y la ineficiencia de ENTel pillaron su parte del botín.  Se verifica aquí el mismo fenómeno que en la macroeconomía, donde la hiperinflación inducida por tres lustros de expoliación del Estado creó las condiciones objetivas y subjetivas para su desmantelamiento.
Además de los vínculos entre los operadores y proveedores europeos, el mayor grupo económico local participó en ambas zonas, por medio de su Compañía Naviera Pérez Companc en la zona Norte, y del Banco Río en la zona Sur. Si la división en dos zonas monopólicas, con la misma tarifa de partida ajustada al mismo tiempo por el mismo índice eliminaba una forma de competencia, la identidad empresarial suprimía otra.  De hecho las empresas acoplaron cada paso frente al gobierno argentino.  En 1991, cuando Gianpaolo Mondini, de Stet, reemplazó en la presidencia de Telecom a Dominique Saint Jean, de France Cables et Radio, designó como asesor a Julio Otero, ex gerente de Pecom Nec.  Stet comparte la gestión administrativa y financiera con Pérez Companc, y los franceses sólo se ocupan de la operación técnica de los teléfonos.  Mondini proviene de Italtel, lo cual refuerza la concertación con Telefónica por medio de Techint.  Mondini admitió en forma explícita que Telecom coordinaba criterios con Telefónica, para no debilitar su posición a la hora de defender precios y política de inversiones.  En cambio, los dos Ministerios y la intervención de ENTel compitieron en forma despiadada.
El 8 de noviembre de 1990 Telefónica de Argentina quedó a cargo de la zona Sur, que abarca el microcentro bancario y los barrios oeste y sur de la Capital, el 94,25 por ciento de Buenos Aires y todo Chubut, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Luis, San Juan, Santa Cruz y Tierra del Fuego.  El 60 por ciento de Telefónica de Argentina pertenece a Cointel S.A, integrada, según sus acciones Ordinarias, por Citicorp Venture Capital, 20 por ciento; Banco Río de la Plata S.A. Cayman Island Branch, 14,56 por ciento; Telefónica International Holding B.V. (Telefónica de España), 10 por ciento; Inversora Catalina (de Techint), 8,31 por ciento; Banco Central S.A. de España, 7,04 por ciento; Sociedad Comercial del Plata (Grupo Soldati), 5 por ciento; los bancos Hispano Americano, 5 por ciento; Manufacturers Hanover, 4,33 por ciento; Bank of Tokyo, Bank of New York y Bank of Zurich, 4,16 por ciento cada uno; Southtel Equity Corporation (APDT), 4,03 por ciento; Arab Banking Co. (B.S.C.), 3,41 por ciento; Republic New York Financiaria, 1,50 por ciento; Centrobanco de Panamá, 1,42 por ciento; Vanegas, 1,25 por ciento; Banco Atlántico, 0,75 por ciento; Bank of Nova Scotia, 0,60, y BGF, 0,30 por ciento. En la zona Norte el servicio pasó a Telecom Argentina.  Posee el 5,8 por ciento de Buenos Aires y la totalidad de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Formosa, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Salta, Santa Fe, Santiago y Tucumán.  El 60 por ciento de las acciones de Telecom quedaron en manos de Nortel Inversora S.A., integrada en cuatro partes iguales por Stet (del IRI estatal de Italia), la estatal francesa France Telecom, la Compañía Naviera Pérez Companc, y el J.P. Morgan Inc.
Recién ese día se organizó la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, creada en junio.  Era presidida por el subsecretario de Comunicaciones, Raúl Otero, e integrada por cinco miembros.  Se creó por decreto, pese a que la señora Alsogaray había dicho en el Congreso ocho meses antes que el marco regulatorio debía convertirse en ley porque "en caso contrario no tendríamos el marco jurídico necesario de tranquilidad para el funcionamiento correcto de las empresas operadoras".  Todas las privatizaciones europeas, así como las transformaciones institucionales norteamericana y japonesa, comenzaron por el establecimiento de un marco regulatorio más estricto que las normas vigentes hasta ese momento y la creación de una autoridad de control fuerte.  No otra cosa significaron la Carterfone decision de 1968 y la divestiture de la AT&T en 1982, por las que el gobierno norteamericano fijó reglas que restringieron el poder monopólico de esa empresa.  En Gran Bretaña los organismos de control instaurados fueron tres en lugar de uno: la Office of Telecommunications, la Office of Fair Trading y la Monopolies and Mergers Commission.  El Japón puso en venta parte del paquete accionario de su NTT, pero reservó al Estado el 66 por ciento y puso barreras al ingreso de capitales externos.  En todos esos casos el objetivo fue estimular la competencia, no restringirla. En la extranjerización estatal argentina, en cambio, se llegó a la entrega del servicio sin marco regulatorio, sin reglamentar el funcionamiento de la CNT y con todo por discutir.  Por ejemplo, el decreto de creación le asignaba cincuenta personas, pero nadie sabía si se trataba del número total o sólo incluía técnicos, y en marzo de 1991 aún carecía de personal para cumplir con su tarea.  "Queremos privatizar, pero sin renunciar a gobernar.  No puede haber privatización sin reserva de los poderes de policía (control) y planificación (orientación)", habían escrito Menem y Dromi en un risible trabajo de propaganda.  Sus palabras los condenan.  Disuelta la ex Subsecretaría de Telecomunicaciones, despedido su personal, la CNT es un vigilante sin armas, según la feliz descripción de Herrera, quien vaticina que a mediano plazo ambos consorcios reclamarán una revisión de las ambiciosas metas contractuales que los obligan a instalar entre 1,2 y 1,6 millones de líneas en el próximo lustro.
En las primeras ventas posteriores a la enajenación, el duopolio Siemens-Pecom Nec presentó a Telecom precios muy inferiores a los que pagaba ENTel.  Pero ninguna disposición contempla trasladar ese beneficio al usuario.  Igual que con el desmantelamiento de las organizaciones mafiosas que comercializaban líneas por su cuenta, se trata de mejoras elementales en la eficiencia que se trasladan a la cuenta de ganancias de las prestadoras.  Esto permite imaginar, por contraste, en qué hubiera podido consistir una auténtica reforma del Estado, donde la racionalización implicara ventajas para la sociedad por la doble vía de los mayores ingresos para la compañía pública y el mejor servicio y la menor tarifa para el usuario.
Este negligente descontrol permitió que, en su primera conferencia de prensa posterior a la transferencia el presidente de Telefónica, José Luis Bustamante, informara que las llamadas libres serían 75 y no 100 por mes como hasta entonces.  Ante la observación de los periodistas de que eso constituiría un aumento encubierto, al día siguiente Telefónica y Stet aclararon que se había tratado de una mala expresión y que no disminuiría el número de pulsos libres.  Pero además sostuvieron en un aviso que el valor del pulso era de 286,57 australes, de los cuales 38,61 por IVA.  Eso no tenía nada que ver con los anuncios del día anterior ni con los del día del acuerdo.  Tanto Dromi como González habían informado que el pulso sería de 199 australes, y que llegaría a 246 con el impuesto.  Con el hecho consumado, las licenciatarias revelaban que 247,90 australes era lo que ellos percibirían, y que con el IVA el pulso costaría apenas dos australes y medio menos de lo que habían exigido durante la negociación.  Para que el festejo fuera completo, las dos empresas fueron autorizadas a facturar a esa tarifa el consumo del bimestre vencido, lo cual implicó un aumento retroactivo, de un bimestre al otro, del 75 por ciento.
La confusión informativa que el gobierno fomentó respecto de una cuestión central como el costo del servicio es consistente con el desdén que en todo momento mostró por los intereses de los usuarios, salvo cuando bajo ese pretexto se dirimieron pugnas internas, como en marzo de 1990 o al comenzar las negociaciones definitivas, en octubre.  Tal como Dromi blasonaba, el capítulo 18 del contrato de transferencia estableció el valor del pulso en 199 australes.  Lo que el ministro se cuidó de aclarar es que ese valor se fijaba con retroactividad a agosto.  Con la indexación correspondiente equivalía a 247 australes al momento de la transferencia y sobre ellos se aplicaría el IVA.  Ese valor superaba el techo del 16 por ciento de rentabilidad garantizada.  Pero el pliego indicaba que por encima de ese beneficio los licenciatarios debían reducir la tarifa beneficiando al usuario.  De modo que el valor acordado por Dromi y González transgredía la herramienta maestra de la licitación.  Como la rentabilidad garantizada había sido objeto de persistente crítica, los negociadores acordaron que los adjudicatarios renunciaran a esa cláusula, lo que se presentaría como una mejora respecto del contrato elaborado por la interventora Alsogaray.  Esto era una ficción.  Lo que se había cuestionado era la garantía de rentabilidad, no el método para calcularla o llegar a ella.  El hecho es que al suprimirla se eliminó una limitación a las compañías, que con la nueva fórmula obtendrían mayores ganancias.  Esto resulta indudable si se coteja el resultado final de un esquema u otro: a fines de 1991 el pulso que pagaban los usuarios era de U$S 0,038; con las restricciones del pliego no hubiera pasado de U$S 0,025.  Por si hiciera falta alguna prueba adicional: el mismo contrato por el cual el gobierno debería compensar a las licenciatarias si impusiera controles de tarifas o precios establece que, de no cumplir el Estado con esa compensación, las licenciatarias podrían reclamar nuevamente la garantía del 16 por ciento.  Esa rentabilidad constituye para los explotadores del servicio el mal menor.
María Julia Alsogaray prestó un gran servicio al peronismo como chivo expiatorio al que podían atribuírsele todas las culpas, mientras Dromi y González simulaban sensibilidad social y mejoraban el negocio de los licenciatarios.  Pero realizó otro aún mayor al silenciar todo esto.  Luego de la transferencia de las dos zonas de ENTel anunció que escribiría un libro.  Pero prefirió guardarlo en un cajón para seguir participando del entorno presidencial, ahora como liquidadora de la ENTel residual.  Desde allí, una vez más cumplió con los deseos de Menem al favorecer a Blas Medina y Siemens con pagos por 80 millones de dólares, que Cavallo no había autorizado y que se proponía incluir en el bono de consolidación de deudas del Estado, que substituyó en 1991 las disposiciones transitorias del decreto 1757 de 1990.  El golpe a la caja quedó en evidencia cuando el Congreso rechazó el proyecto de licuación del aguinaldo y Cavallo debió buscar de urgencia los fondos para pagar la mitad que vencía en junio.  La interventora defendió la legalidad del pago y, sobre todo, reveló que Menem estaba al tanto.  El subsecretario de Obras Públicas designado por Cavallo, Wylian Otrera, anunció que María Julia Alsogaray podría ser relevada por su "acto unilateral e inconsulto que supone una negligencia culposa".  Agregó que no había balances desde 1988 y por falta de documentación ni podía saberse qué había pagado la interventora.  Otrera estaba indignado porque el 12 de junio los representantes del comité ejecutivo a cargo de la liquidación habían acordado por acta comunicarse mutuamente todo pago o transacción.  Pared de por medio, el alterno de María Julia Alsogaray, Ricardo Fox, disponía las cancelaciones a Siemens sin comunicarlo a los otros miembros, Mario Fator y Juan Carlos Berra.  Los directores alternos de la comisión liquidadora Fox, Fator y Berra, fueron suspendidos, pero la protección presidencial cubrió a la obediente debida señora Alsogaray.
En esos días estuvo en Buenos Aires Pietr Bottelier, el responsable de América Latina en el Banco Mundial que en febrero de 1989 había desencadenado el dolarazo.  Luego de una breve inspección a los procesos de liquidación de Aerolíneas Argentinas y ENTel dictaminó algo obvio: falta de un claro marco regulatorio previo, indefinición de los pliegos sobre puntos cruciales como tarifas y política de inversiones, garantía de utilidades mínimas y no máximas, ausencia de avales claros que aseguraran un mejoramiento del servicio.  El Banco Mundial propuso hacerse cargo con sus técnicos y consultores de las próximas licitaciones, para que no fueran substituidas como en estos casos por contrataciones directas, que ponen en duda su legalidad y pueden dar lugar a una futura anulación.

En el caso de ENTel el campo librado al azar es algo menor que en el que ya vimos de Aerolíneas Argentinas porque los licenciatarios pagaron lo poco que habían prometido.  Sin embargo, tampoco es desdeñable, y a un año de la transferencia un aspecto central como la tarifa que paga el usuario sigue librado al tironeo entre las licenciatarias y el gobierno, que se renueva de mes en mes, generando una inseguridad jurídica centroafricana, mientras los usuarios pagan el doble de los 2 centavos de dólar por pulso con que amenazaba María Julia Alsogaray.
En abril la CNT comunicó a las licenciatarias que debían disminuir en un 10,3 por ciento el valor del pulso, debido a que la ley de convertibilidad derogaba el sistema anterior de indexaciones.  Las empresas hicieron saber que aceptarían la ley con base en la fecha de la transferencia, noviembre de 1990, y el gobierno respondió que el mes base era agosto, porque los contratos dicen que "el valor del pulso telefónico aplicable a la toma de posesión será de 199 australes actualizado de acuerdo con la evolución mensual que experimente el IPC entre el mes de agosto de 1990 y el mes anterior al de la toma de posesión".  Con base noviembre, como deseaban las compañías, el pulso era de Australes 247,9 = 4,71 centavos de dólar (promedio del mes 1 U$S = Australes 5.253,33). Con un adicional del 1 por ciento de interés mensual daría un pulso de 4,94 centavos de dólar = Australes 479,18, superior a los Australes 417,36 que surgirían de aplicar el 11 por ciento del índice de precios al consumidor de marzo. El gobierno en cambio calculó el pulso de agosto en 3,3 centavos (dólar promedio = Australes 5.982,95). Si se le suma el 1 por ciento de interés mensual se llegaba a que la tarifa a partir del 1º de abril no podía superar los 3,57 centavos de dólar, o sea 346,29 australes, menos que la vigente al 31 de marzo.  Cavallo acusó a las empresas de presionar con lobbys y campañas de prensa para mantener privilegios y sentenció: "Esa es la Argentina del pasado".  Las empresas replicaron que era muy grave alterar un contrato firmado sólo cinco meses atrás "entre empresas internacionales y el mismo gobierno que ahora lo modifica de manera inconsulta".
Los diputados radicales Juan Pablo Baylac, Ricardo Felgueras y Noci Breard, asesorados por David Alperín, suministraron un enfoque muy interesante sobre tarifas y rentabilidad.  En un pedido de informes al Poder Ejecutivo recordaron que la cláusula 18.2 del contrato de transferencia dispuso que las normas del capítulo XVI sobre tarifas formaban una unidad jurídica inseparable.  Por lo tanto, la ley de convertibilidad dejó sin efecto tanto las reglas sobre indexación como la renuncia de los licenciatarios a la garantía del 16 por ciento de rentabilidad.  En consecuencia, "recobra vigencia plena lo dispuesto por el pliego aprobado por decreto 62/90".  Añadieron que la ley de convertibilidad no podía asimilarse al congelamiento que, según el pliego, daría lugar a compensación, ya que las compañías podían aumentar la tarifa en moneda constante, lo cual no equivale a indexar.  Al regir nuevamente el artículo 12.3.2. del pliego, la rentabilidad puede ser del 16 por ciento, pero no más.  Calcularon que en ese momento era del 63,5 por ciento, por lo cual debería reducirse el pulso de U$S 0,0384 a U$S 0,019 lo que implicaría una rebaja de cerca del 50 por ciento de la tarifa.  También esta visión de los hechos señala los acuerdos firmados por Dromi y González como la peor opción para el usuario.
Después de varias reuniones reservadas con Cavallo, el 15 de abril se llegó a un acuerdo provisorio.  Como en las concesiones de Shangai en la década del 20, el gobierno reconoció la extraterritorialidad de las empresas telefónicas, para las que no regiría la ley de convertibilidad.  Pero como necesitaba mostrar un brusco freno a la inflación, Cavallo disminuyó la alícuota del IVA de modo que la tarifa residencial bajara un 5 por ciento.  El comunicado oficial consignó que las empresas proponían no aplicar el 11 por ciento del IPC de marzo "como forma de apoyar el plan de estabilización", aunque reivindicaban su derecho a hacerlo según las cláusulas contractuales.  Los ajustes que no se aplicaran en los meses sucesivos podrían recuperarse en cualquier momento, según la evolución de los precios internos.  Una vez más el Estado sacrificó ingresos en favor de las empresas, mediante la reducción del IVA.  El pulso para las empresas permaneció como estaba: 376,83 australes, pero el IVA se redujo del 16 al 11 por ciento y el usuario pagó 418 australes por pulso, 5 por ciento menos.
La Comisión Bicameral de Seguimiento del Desguace del Estado, la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados y la CNT presionaron a Cavallo para que se redujeran las tarifas.  Si desde diciembre de 1988 a mayo de 1991 hubieran crecido por el IPC, deberían ser la mitad, y si se ajustaran por el dólar, la cuarta parte.  El pulso de 0,0377 dólares neto de impuestos supera en más del 50 por ciento al que las empresas consideraban razonable antes de la privatización.  Proyectando la experiencia pasada de ENTel, el diputado jujeño Fernando Paz y asesores de la Bicameral calcularon la rentabilidad que las compañías estaban obteniendo: 50.000 millones de pulsos por año X U$S 0,0377 = 1.885 millones de dólares.  Si de ellos se deducen 650 millones de dólares de costos, el resultado es de 1.235 millones de dólares anuales de beneficio, o sea 65 por ciento sobre los 1.900 millones de dólares que de acuerdo con el decreto 575/90 valían los activos sujetos a explotación.
Un periodista económico confirmó con Telefónica que en marzo sus ingresos habían sido de 658.242,8 millones de australes, lo cual anualizado equivalía a 840 millones de dólares.  Si a ellos se sumaban los ingresos de Telecom (un 85 por ciento de los de Telefónica), los del servicio internacional Teleintar y de los servicios en competencia como transmisión de datos, se llegaba con comodidad a los 1.885 millones de dólares.  Su conclusión es que las licenciatarias debían rebajar las tarifas hasta un nivel que les asegurara la rentabilidad del 16 por ciento sobre los activos sujetos a explotación, pero no más.  Ninguna de las dos compañías aceptan ese criterio, y la adjudicataria de la zona Norte comunicó a la CNT que "al haber renunciado esta compañía, por el punto 16.3 del contrato de transferencia, al ajuste tarifario por tasa de retorno, ésta ha perdido sustento jurídico y carece de virtualidad para incidir en la actividad empresaria propia de Telecom".  Es decir que pueden ganar más, aunque, por supuesto, las empresas sostienen que están ganando menos del 16 por ciento.
En setiembre las compañías volvieron a atacar.  El gobierno proponía convertir el pulso de australes a dólares y garantizar sus futuros ajustes por el índice de inflación internacional.  El razonamiento de Cavallo era que, como el precio del dólar no se modificaría las tarifas telefónicas tampoco.  Como si la dolarización no fuera suficiente, las compañías reclamaron que antes de aplicarla se incorporara a la tarifa la evolución del IPC desde marzo, de un 29 por ciento.  En octubre demandaron que se les autorizara un aumento encubierto, mediante el ingenioso sistema de modificar la duración del pulso telefónico.  Esa unidad de medida era de dos minutos, y, debía reducirse a un minuto en las mejores horas, de 9 de la mañana a 13.
El presidente de Telecom Gianpaolo Mondini afirmó que el balance del primer año sería cercano a cero, y el diputado Baylac ironizó: ésa es la única verdad ya que Telefónica y Telecom han pagado el 67 por ciento del irrisorio precio en que se valoró la empresa estatal; el resto de la deuda fue diferido en documentos escalonados.  Con una tasa de retorno del 67 por ciento anual, están en condiciones de retirar al fin del ejercicio toda la inversión inicial.  Los balances de las dos compañías a junio de 1991 arrojaron una utilidad anualizada superior a los 180 millones de dólares.
Telefónica lanzó una eufórica campaña de publicidad anunciando los trabajos que habría realizado.  En realidad sólo estaba comercializando al exorbitante precio de 1.000 dólares para familias y el doble para profesionales y negocios, las líneas remanentes del plan Megatel.
Su instalación había sido suspendida por María Julia Alzogaray el 18 de octubre de 1989, de modo de que en cuanto se hicieran cargo, los licenciatarios pudieran echar mano de ese fondo para efectuar sus primeros pagos con dinero de los usuarios.  Si de esas 300.000 líneas resta una reserva técnica de 100.000, aún quedan para comercializar 200.000, a un promedio de 1.500 dólares por cada una.  No sólo las empresas no invierten sino que recaudan un promedio de 300 millones de dólares, que sumados a la facturación del último mes, que debían devolver recién a los sesenta días, superan lo que pagaron para apoderarse del mercado cautivo de las telecomunicaciones en la Argentina.  El propio presidente de Telecom explicó que ellos no estaban haciendo publicidad porque "el mérito es muy pequeño, se trata de inversiones anteriores de ENTel con avanzado estado de realización".  Sin embargo, en setiembre abandonó tanto recato y comenzó su propia campaña de propaganda sobre inversiones y tecnología.  En realidad la mayor inversión son esos avisos.
Contra lo que ellos pretenden demostrar, el titular de la CNT, Raúl Otero, expresó preocupación por el retraso en el plan de inversiones.  Cuando ya llevaban seis meses a cargo aún no se conocían los planes de las empresas, pese a que en dos años estaban obligadas a invertir 560 millones de dólares.  Otero también observó un concurso de precios de Telecom dirigido a la contratación directa de 52.000 líneas, por más de 50 millones de dólares, cuando lo establecido era que se convocara a licitación pública por cualquier adquisición superior al medio millón de dólares.
En 1989 el gobierno explicó que el 30 por ciento de las acciones de las dos compañías se venderían al público para difundir la propiedad, como forma de participación y garantía de la irreversibilidad del proceso.  Durante el año y medio previo a la transferencia se discutió quiénes podrían adquirirlas y con qué medios de pago.  Las contramarchas prosiguieron durante 199l.  El delegado del Fondo Monetario Internacional Armando Linde se opuso a que se admitieran Bonex 89, pese a que Menem había firmado el decreto 778, que los admitía para los inversores locales, junto con los GRA para los extranjeros.  "Mientras ustedes nos piden fondos frescos, no podemos aceptar que vendan activos del Estado y en vez de efectivo reciban Bonex", les dijo el cubano Linde a Bouer y Roque Fernández: "Queremos el dinero contante y sonante".  Luego de varios días de discusión, el FMI aceptó que se utilizaran los Bonex 89.  Se dividieron los inversores en cuatro rubros:
I.	Cooperativas telefónicas (no podrán adquirir más del 5 por ciento de cada sociedad).
II.	Usuarios.
III.	Pequeños inversores.
IV.	Mayoristas.
V.	Bancos acreedores
Las tres primeras categorías podrían pagar al contado, en cuotas de hasta un año o en Bonex 89 a valor nominal.  La categoría IV en australes, dólares o Bonex 89.  Sólo los bancos acreedores podrían descargar títulos de la deuda externa.  Las solicitudes de compra de cada categoría sólo se aprobarían de haber acciones disponibles una vez adjudicada la categoría anterior.  Siguiendo ese criterio, el Banco Roberts preveía ofrecer el 30 por ciento de las acciones al pequeño inversor de las tres primeras categorías.  Lo que no se vendiera iría a los grandes inversores locales y sólo el remanente a los internacionales.  Pero a mediados de julio de 1991 el gobierno advirtió que con la venta directa a grandes inversores podría obtener un 30 por ciento más que con su distribución minorista.  En agosto, apremiado por los compromisos de superávit fiscal firmados con el Fondo Monetario Internacional, negoció un crédito puente.  El grupo de bancos a cargo de la colocación (Roberts, Río, los dos Morgan, Galicia, Citi, Merril Lynch, Tornquist y Bearn Stern) le entregarían 300 millones de dólares a cuenta, una semana antes de las decisivas elecciones de renovación legislativa.  Para maximizar los ingresos se colocaría el grueso del paquete por licitación, salvo una pequeña reserva para compradores minoristas dispuesta por insistencia del senador Britos, ese peronista incorregible.  El incumplimiento de cada palabra empeñada no fue la excepción sino la norma en todo el proceso de enajenación, donde siempre otras prioridades postergaron a los intereses de la gente.
El 75 por ciento de las acciones se colocaría en el exterior, ahora sí en dólares en efectivo y sin títulos de deuda.  Pero a mediados de octubre se seguía discutiendo el contrato con los bancos, y María Julia Alsogaray pugnaba por el regreso a la fórmula inicial. Los bancos consideraban que podrían obtener por ese 30 por ciento de las acciones más de 1.000 millones de dólares, lo cual era coherente con la valuación inicial de la SIGEP y demostraba la falacia de las alquimias con las que se abarató el precio para los licenciatarios.
A diferencia del desaprensivo gobierno argentino, las agencias internacionales de noticias expresaron alarma ante el monopolio de las comunicaciones.  Los directores de Associated Press, France Press, ANSA, Deutsche Presse, EFE, United Press y Reuters comunicaron a las autoridades de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas su temor por el eventual encarecimiento y obstrucción a la llegada de informaciones, debidos a la falta de regulación oficial de las telecomunicaciones internacionales, operadas por Telintar, sociedad de Telecom y Telefónica.  Las agencias también expusieron a la Comisión de Libertad de Expresión del Senado su inquietud por el avance del monopolio en las comunicaciones, que podría afectar la libertad de expresión.  Solicitaron que la licenciataria se limitara a proveer los medios de telecomunicaciones que le fueron otorgados y que se le impidiera avanzar sobre el contenido cursado.
En respuesta a esa presentación ADEPA solicitó que la CNT se organizara en forma efectiva para evitar abusos.  Telintar, que reemplazó a ENTel en el cobro a usuarios argentinos del satélite Intelsat, pretendía percibir una tasa de 100 dólares por cada antena o plato satelital sin brindar contraprestación alguna.  Una agencia internacional que utilizaba un segmento de satélite, por cuyo costo Intelsat cobraba a la Argentina 700 dólares mensuales, debía pagar 15.000 dólares a Telintar, que ni ponía antena ni daba mantenimiento ni servicio especial.  El único diario argentino que destacó la gravedad del problema recordó que en Estados Unidos la jurisprudencia impedía que las compañías de telecomunicaciones proporcionaran información.  En cambio en la Argentina la empresa Startel, formada también por Telecom y Telefónica, ofrecía servicios de prensa, telemáticos y de teleconferencias.  Telefónica además discriminaba entre sus clientes, y negaba a la empresa argentina Expresión y Medios la posibilidad de recibir y emitir voz e imagen para un servicio de teleconferencia, desde un centro que proyectaba conectar por cable con la antena de Telintar.  En cambio prestaba el mismo servicio a Televisión Española.

Mientras las autoridades proclamaban que con la denominada privatización de ENTel se invertirían capitales que mejorarían el servicio, los directivos de la empresa estatal ganadora de una de las licencias explicaban lo contrario a sus accionistas.  "En la Argentina el sacrificio o riesgo financiero no supera los 30 millones de dólares", dijo en Madrid Ignacio Santillana del Barrio, consejero delegado de Telefónica Internacional.  "A cambio obtendrá una posición negociadora más favorable en su relación con las entidades financieras y mayor capacidad de negociación con proveedores, sin contar que dispone de un grupo industrial y la internacionalización ayudará a encontrar otros mercados en los que podremos colocar nuestros productos y servicios", añadió.  Su director de explotación, Manuel Lázaro Gutiérrez, agregó que para mejorar la calidad del servicio no hacían falta grandes inversiones, "sólo trabajo, mucha técnica y algún material desplazado de otras centrales".  Las cosas van a mejorar, prometió, aunque aclarando que "si sigue habiendo tormenta todos los lunes es mejor que nos encomendemos a San Expedito, el de los imposibles".  Vale.

GASES TOXICOS

No sólo al gabinete tomó por sorpresa Menem cuando ordenó que Granillo Ocampo expusiera sobre el gasoducto argentino-chileno.  El secretario Legal y Técnico protestó que no había terminado de investigar el tema, pero el Presidente insistió:
-Contálo igual, así Mingo ve cuántas cosas injustas se dicen por ahí.
La suavidad de los modos provincianos de Granillo hizo más violentas sus afirmaciones.  El presidente de la cámara gremial de los bancos extranjeros, su amigo Emilio Cárdenas, con quien estaba organizando una fundación, lo había visitado con varios representantes de uno de los consorcios que aspiraban a la construcción del gasoducto.  La Secretaría de Energía los había elegido por sus mejores antecedentes para realizar el estudio de factibilidad, pero habían sido víctimas de una extorsión: el concurso se declararía desierto a menos que hicieran un aporte económico a funcionarios de la cancillería, le informaron.
El primer proyecto tenía diez años de antigüedad y había sido elaborado por Pérez Companc.  Una vez que la Argentina impugnó la traza original que pinchaba en Mendoza el gasoducto centro-oeste, los presidentes Menem y Patricio Aylwin firmaron el 20 de julio de 1990 un acuerdo para el tendido del nuevo ducto desde los yacimientos gasíferos de Neuquén.  El interés chileno por la energía equiparaba al argentino por la salida al Pacífico, para la cual se liberarían y se pondrían en condiciones varios pasos en la Cordillera, y los dos países deseaban arreglar las cuestiones pendientes de límites, para desactivar al militarismo troglodita de cada lado de los Andes.  La sustitución de petróleo por gas natural permitiría ahorrar a Chile en una década unos 830 millones de dólares, cifra equivalente a sus exportaciones anuales de frutas.  Indispensable para descontaminar Santiago, donde el smog ya obnubila la Cordillera, el gasoducto a construirse en unos tres años sería la gran obra de la presidencia de Aylwin.  Más que su costo, que distintas fuentes calculaban entre 250 y 400 millones de dólares, la importancia del negocio derivaba del volumen a transportar, de hasta 5 millones de metros cúbicos de gas natural por día.  Sobre un precio de venta al consumidor de 3 dólares y una utilidad posible de 20 o 30 centavos por cada miUni de BTU (unidades térmicas británicas), los beneficios del gasoducto recuperarían la inversión en el primer año o al comienzo del segundo.
En el Acta de Trabajo firmada al mes siguiente de la cumbre presidencial se estableció que las firmas internacionales interesadas se asociarían con las empresas productoras argentinas y las distribuidoras chilenas, y que para la selección se consideraría algo tan vago como "las mejores condiciones de capacidad e idoneidad", lo que Emilio Cárdenas ironiza como un concurso de belleza.  La parte chilena indicó que las empresas de su país dispuestas a participar eran las privadas Gasco y Copec, y la Secretaría de Energía argentina aceptó que los gobiernos designaran al consorcio.  El llamado a presentación de antecedentes se postergó del 20 de setiembre al 11 de octubre, y las bases que se entregaron al comenzar el mes sólo constaban de tres carillas, en las que no se ponía fecha a la resolución.

Tal como preveía el gobierno de Aylwin, compañías líderes chilenas, como los distribuidores de combustible Copec, Gasco, Abastible y Enagas, se asociaron con Shell y Esso y con los productores argentinos Pérez Companc y Sociedad Comercial del Plata.  Pero en contra de sus cálculos también se sumó al concurso otro consorcio.  Las productoras argentinas Astra, Bridas, Pluspetrol, San Jorge y Techint, con disponibilidad de gas en la cuenca neuquina, no conectada con la red troncal, se asociaron con los grupos chilenos Enersis y Luksic, y los operadores internacionales Catalana de Gas de España y Transco Energy Co. de los Estados Unidos.  El 17 de noviembre, una semana después de la fecha en que los dos consorcios esperaban la resolución, se presentó una tercera oferta, liderada por el Ente Nazionale Idrocarburi (ENI) de Italia, asociado sólo con el grupo ítalo-argentino Macri, sin socios chilenos.
De un lado y otro de la Cordillera había además tensiones políticas paralelas a la traza del gasoducto.  En la Argentina intervenían la Secretaría de Energía y Combustibles, que durante la gestión del menemista Julio César Aráoz había tomado las decisiones principales, y la cancillería, en manos de Cavallo, un economista con ideas propias sobre casi todo.  En Chile, el ministro socialista de Energía, Jaime Toah, no congeniaba con el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía formada por representantes de seis ministerios, el democristiano Sergio Lorenzini.
El gobierno de Santiago reaccionó con antipatía hacia Enersis, un grupo vinculado a la dictadura que a partir de 1982 se dedicó a adquirir todas las empresas de las que se desprendió el Estado chileno, con ejecutivos incluidos.  A su frente estaba el autor de la dura estrategia laboral de Pinochet, su ministro de Trabajo y Previsión José Piñera (h), y también lo integraba el ex ministro de Educación José Antonio Guzmán.  Enersis era propietaria de Chilectra y de la planta termoeléctrica de Renca y Ventanas, pero no participaba en negocios de distribución de combustibles.
Las comisiones de los dos países descartaron al ENI, pero reunidas en Santiago el 14 de diciembre, 96 horas después de la entrega de la carta de Todman a Erman González por el caso Swift, no se pusieron de acuerdo sobre los pasos siguientes.  Los argentinos se opusieron a la adjudicación al consorcio Copec-Gasco, preferido por el gobierno de Santiago, y los chilenos los creyeron interesados en favorecer a Techint-Transco-Enersis.  El 19 de diciembre, Lorenzini escribió a Buenos Aires sobre la preocupación chilena por asegurar el proyecto, y el 21 la cancillería argentina mandó un ayuda memoria afirmando que, ante las dificultades producidas, correspondía efectuar un llamado a licitación internacional.  Esa había sido desde un principio la posición de los funcionarios de carrera del Palacio San Martín, mientras Cavallo y su viceministro Juan Schiaretti aceptaban la más rápida adjudicación directa propuesta por Aráoz y anhelada por Santiago.  Cuando también Schiaretti pasó a sostener que no había elementos objetivos para seleccionar a un consorcio determinado, como siempre había postulado la línea de cancillería, se rompió el entendimiento entre Energía y Relaciones Exteriores de Buenos Aires, y entre la Argentina y Chile.
En la semana entre Navidad y Año Nuevo, el ministro socialista Toah convenció al presidente Aylwin de que el secretario ejecutivo democristiano Lorenzini no había manejado bien el caso y se imponía una comunicación directa con el presidente Menem para transmitirle la importancia que el gasoducto tenía para Chile.  Aylwin telefoneó el 4 de enero.  Con los más delicados circunloquios atribuyó a Schiaretti la dificultad que se había producido e instó a Menem a desbloquear la negociación.  El 6 de enero comenzaron a publicarse las primeras revelaciones sobre el affaire Swift-Yoma, y el 7 volvió a reunirse la comisión binacional de Energía.  Más allá de la voluntad de Aylwin, los dos temas quedaron vinculados, tal como ocurriría en la reunión de gabinete de Olivos el viernes 11, y en los comentarios de prensa de los dos países.
En la mañana del 7 de enero, Lorenzini insistió en su defensa del consorcio Gasco-Copec, y Schiaretti en sus objeciones.  Pero después del almuerzo los chilenos mudaron de posición: con tal de llegar a una decisión sin demoras, aceptaban al consorcio Transco-Techint-Enersis.  Los funcionarios de la Secretaría de Energía argentina, Nilda Minutti, directora de política de combustibles, y el ingeniero Medeiro, saltaron de contentos.  Pero Schiaretti mantuvo su negativa.  Recién entonces los chilenos advirtieron que tampoco en la Argentina las posiciones eran homogéneas.
El martes 8 de enero todos los diarios de Buenos Aires reparaban en que la embajada de los Estados Unidos no desmentía la existencia del reclamo de Todman.  Ese día las comisiones argentina y chilena elaboraron un acta que destacó las condiciones de idoneidad técnica y capacidad económica de las empresas concursantes, pero expuso que ante la falta de elementos suficientes que satisfagan el propósito de ambos gobiernos de optar por un consorcio determinado" daban por terminado el proceso de selección.  Sin embargo, Lorenzini se negó a firmar el acta, en la que no consiguió que quedara constancia de las diferencias, y regresó a Santiago para discutirla con su Comisión Nacional de Energía.
El miércoles 9 fue la blitzkrieg de Menem sobre Todman y Swift.  Ese mismo día, Emilio Cárdenas visitó a Granillo Ocampo.  En una versión soft del diálogo, le comunicó las dificultades que se habían producido para la adjudicación del gasoducto, y que algunas de las empresas del consorcio habían recibido llamadas sugiriendo la posibilidad de un arreglo, en condiciones no especificadas.  Añadió que él se había reunido con el jefe de gabinete de Cavallo, el abogado de empresas y lobbysta Matías Ordóñez Giménez Zapiola, quien lo había sondeado, en términos genéricos.
-¿Qué están dispuestos a hacer ustedes por nosotros? -inquirió Ordóñez.
-Nada, olvidáte de eso.  Los americanos no aceptan eso -le respondió Cárdenas.
Pero en la versión hard, Ordóñez le habría solicitado en forma directa ser contratado como asesor en la obra, por un porcentaje del 2 por ciento sobre el presupuesto total, es decir unos ocho millones de dólares.
Granillo Ocampo le ofreció llevar adelante una investigación y convinieron en que Cárdenas se comunicaría con las empresas para determinar si estaban dispuestas a sostener una denuncia, como la que él y el directorio de la naviera CIAMAR habían presentado en los tribunales contra un funcionario que los amenazó con excluirlos del acuerdo de fletes si no le pagaban 250.000 dólares.  Cuando volvieron a encontrarse el jueves 10, Cárdenas le contestó que las empresas preferían no enfrentarse con el Estado, del que dependían muchos de sus negocios.
-Pero yo he hablado con el Presidente y me ordenó que investigara -lo sorprendió Granillo.
Cuando Cavallo regresó de Cancún a Buenos Aires para la reunión de gabinete en Olivos, donde pensaba ser acusador pero no acusado, el secretario Legal y Técnico ya había interrogado a Schiaretti y al asesor político del canciller, Guillermo Seita, cuyas afirmaciones cotejó con funcionarios chilenos.

Cavallo estaba furioso cuando Granillo terminó de exponer.  Según el secretario Legal y Técnico, Emilio Cárdenas había señalado a Guillermo Seita, Matías Ordóñez y Juan Schiaretti como los solicitantes de la contribución económica a las empresas del consorcio Transco-Techint.  Eran las tres personas en quienes depositaba mayor confianza el ministro que venía de sepultar al cuñado del Presidente.  Tal como había hecho con Emir Yoma, Menem ordenó que comparecieran Cárdenas y sus clientes, y se aprestó a paladear su revancha.
Granillo se comunicó con Cárdenas, quien ya tenía pasaje para Punta del Este, y lo convenció de que se presentara en la residencia presidencial, mientras Cavallo citaba a Schiaretti.
-Gringo, tenés que venir a Olivos.  Acá dicen que vos pediste plata por el gasoducto.
Una hora después llegaron, Cárdenas junto con un directivo de la petrolera San Jorge, y Schiaretti con Seita.  El canciller había defendido a sus hombres con razonamientos rigurosos sobre la obra.  La convocatoria original estaba mal concebida, faltaban bases objetivas de decisión, y la ley de hidrocarburos sólo permitía exportar gas si no había problemas de abastecimiento interno.  Tal como había sido convocado el concurso, quedaban sin definir el costo de transporte del gas, los límites del compromiso argentino de abastecimiento y hasta dónde llegaría el gasoducto.  Chile pretendía que terminara poco más allá de la frontera y desde allí se construyera otra línea doméstica de distribución, mientras la Argentina sostenía que la obra multinacional debía unir Neuquén con Santiago.  Tampoco quedaba claro si la inversión se consideraría como una exportación y se les restituiría el IVA sobre ella a los productores argentinos, ni qué tratamiento se daría a la tasa de estadística y al arancel chileno.  La tasa y el reintegro argentinos sumados al arancel chileno podrían llegar al 20 por ciento del precio del gas, lo cual en veinte años equivalía a unos 1.800 millones de dólares.  Schiaretti sostuvo que no había condiciones de adjudicación directa, y que de común acuerdo con los chilenos se había decidido convocar a una segunda etapa, licitando en favor de quien ofreciera el menor precio del transporte.
-Eso no es cierto.  Yo he hablado con el embajador, y los chilenos quieren que se adjudique ahora, aunque sea al otro grupo -repuso Granillo Ocampo.
Los dos tenían razón.  El 7 de enero, los chilenos habían urgido una pronta adjudicación a cualquiera de los dos consorcios precalificados; el 8 habían redactado junto con los delegados argentinos el acta en la que daban por concluido el proceso de selección por falta de elementos suficientes para escoger.
Hay tramos de la reunión indisputados.  El presidente de ABRA conversó con Granillo en una sala del chalet presidencial.  Había consultado con los integrantes del consorcio, y ninguno quería afrontar un conflicto en su relación con el Estado, de la que dependía buena parte de sus intereses, dijo Cárdenas.
-Pero yo conté en el gabinete lo que vos me transmitiste -opuso Granillo.
-Lo que yo te dije lo sostengo, pero sólo puedo hablar por mí y no por los demás asociados -dijo el abogado de Transco Energy Co.
Luego se sumaron al conciliábulo Cavallo, Schiaretti y Seita.  Granillo introdujo a Cárdenas, quien formuló una descripción general de lo sucedido, sin hacer nombres.  Después, solicitó hablar a solas con Cavallo.  De ese diálogo reservado sólo se conoce lo que cada protagonista contó al salir a diversos interlocutores y las versiones de cada uno de ellos.  Según los de Cárdenas, éste ratificó el sondeo que le había hecho Ordóñez.  En cambio el secreto profesional le vedaba difundir las sugerencias que habían recibido otras empresas del consorcio.  El ministro solicitó a Cárdenas que repitiera en presencia de Schiaretti lo que había afirmado.
-Les dijeron que quien definía la adjudicación era Schiaretti, y que para destrabarla había que arreglar con él -habría ratificado Cárdenas.
-¿Quien lo dijo?  Es una acusación muy grave, y tengo derecho a saber quién la formula -contó haber exigido el incriminado.
-No estoy autorizado para revelarlo -habría insistido Cárdenas.
Si el relato se atiene a las apreciaciones que transmitió Schiaretti, Cárdenas argumentó luego en favor de la adjudicación a Transco y sus asociados.  "Alguien te acusa, cuando pedís precisiones te las niega, te dice que con vos no hay nada y pasa a hacerte lobby por su cliente.  Vos te preguntas si eso no será un chantaje", recapitula el ex dirigente estudiantil del cordobazo, que abandonó la Argentina sin documentos durante la dictadura militar, y a su finalización era vicepresidente de la Fiat de Brasil y estudiaba una oferta de la automotriz italiana para radicarse en su sede central de Turín.  "Si mi interés fuera el dinero, no la hubiera desechado, para regresar al país en el '83", arguye el ex compañero de militancia estudiantil cristiana de Cavallo.  Sus ojos vieron al ministro abandonar la reunión indignado, ordenándole: "Gringo, no le des más explicaciones".  Los oídos de Granillo escucharon que la indignación de Cavallo era contra Ordóñez:
-Mañana lo liquido.
Matías Ordóñez Giménez Zapiola es el único de los tres incriminados que Cavallo no convocó para integrar su equipo cuando del Palacio San Martín se trasladó al Ministerio de Economía.  Más tarde reapareció a cargo de la venta de inmuebles del Estado.  Contra Schiaretti y Seita nadie sostuvo ningún cargo.
Mientras los ministros seguían reunidos elaborando la declaración pública sobre la reunión de gabinete, Cárdenas salió del chalet hacia el tinglado cubierto en el que se guardan los autos.  Cuando se dirigía al suyo, se le aproximó una pareja.
-Doctor Cárdenas.  Nos hemos visto en la Casa de Gobierno -dijo Amira Yoma.
-La recuerdo -asintió Cárdenas.
-Quería presentarle a mi hermano Emir -dijo la directora de Audiencias del presidente Menem.
-Estoy a su disposición por cualquier cosa que necesite si tiene algún problema -ofreció Moby Dick.
-Muy amable, pero yo no necesito nada.  Me parece que quien tiene el problema es usted -se despidió Cárdenas.

Al concluir la reunión del viernes 11, Menem no tenía resuelto un camino a seguir.  Para ganar tiempo, solicitó a todos especial cuidado en los contactos con la prensa, y Cavallo cumplió.  En un reportaje concedido al día siguiente, el hombre que había informado al gabinete sobre la denuncia de Swift pretendió que el frigorífico nunca había mencionado a Yoma, y que su nombre se había difundido con mala fe.  Con tono contrito criticó "el uso feroz que se hace por parte de políticos y gobernantes de las relaciones con la prensa.  Los hombres públicos abusamos a veces de la prensa para utilizar los medios en pos de intereses sectoriales".  Cavallo no opina mejor que Menem de la prensa independiente; sólo es más alambicado para expresar su desdén. Al mismo tiempo, Yoma anunciaba que entablaría querella a los periodistas que difundieron el episodio.  Lo hizo con gran bulla, pero en cuanto bajó la atención pública la retiró, sin que se rectificara una línea de la información.  En su primera declaración al comenzar el escándalo había informado que no era casual que se involucrara a "un íntimo allegado del presidente de la República", en lo que no le faltaba razón.
El comunicado que se difundió sobre la reunión de gabinete fue la contracara de las efusiones radiales de Menem.  Expresó satisfacción por las explicaciones del embajador y el apoyo de Washington al programa económico, declaró que se profundizaría la apertura como herramienta para combatir la corrupción y que, entretanto, el vicepresidente Duhalde encabezaría una comisión que propondría medidas de urgencia.  El texto oficial no dijo una palabra sobre el gasoducto y Cárdenas.
De Olivos, Cavallo se dirigió a la casa de un amigo común donde lo aguardaba Todman, a quien le aseguró que las hostilidades no se reanudarían.  Luego regresó a la Cancillería, donde impuso de las novedades sobre el gasoducto al embajador de Chile, Carlos Figueroa.  Por la noche de esa larga jornada recibió a periodistas, para explicarles que Menem había pronunciado, bajo el efecto de la angustia, palabras que no reflejaban su verdadero pensamiento en cuanto a las relaciones con los Estados Unidos, que alguien, dentro y fuera del gobierno, intentaba en vano perturbar.  No se saldrán con la suya", advirtió.
En cambio, Erman González volvió a su quinta del country Miraflores, en Pilar, donde lo esperaban sus hombres más próximos, Carlos Carballo, González Fraga y Diego Estévez, a quienes había citado antes de ingresar a la reunión de gabinete.  Estuvieron reunidos hasta cerca de la medianoche y acordaron una estrategia de todo o nada: presentarían a Menem un programa de máxima, y no aceptarían nada menos que su aprobación completa.  El sábado 12 se agregaron a la sesión el resto de los subsecretarios, para trabajar durante todo el día en un paquete de nuevas medidas de caja: aumento de impuestos, supresión del financiamiento a la banca provincial, que implicaría sacar del clearing a los bancos de las provincias de La Rioja, Río Negro y Buenos Aires, postergación de otros pagos del Tesoro, control de la evasión impositiva.  Además abordaron las cuestiones políticas pendientes.  No hay programa económico posible sin mayor apoyo interno y externo, que sólo se consigue emitiendo señales claras.  Para eso aconsejarían disolver el Ministerio de Dromi y crear en su reemplazo el de Justicia, al que se encomendaría la lucha contra la corrupción.  Entre sandwiches y gaseosas bromearon acerca de quién se encargaría del remate del edificio de Obras Públicas. El domingo 13 González y González Fraga llevaron a Olivos las conclusiones.  Uno plantearía el golpe de muerte a la banca provincial, el otro la extinción del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y ambos se conjuraron para renunciar si una sola de esas formulaciones era resistida por Menem, cuyas relaciones históricas con el banco de su provincia y con el ministro Dromi conocían mejor que nadie.
Durante su último año, el gobierno radical había intentado sacar del clearing al Banco de La Rioja.  Su presidente, Joaquín Gasset Waidatt, bodeguero como Menem, intercedió ante el presidente del Banco Central, José Luis Machinea.  Cuando concluyó la reunión de tres horas entre ambos, Machinea comprobó que mientras Gasset Waidatt lo entretenía los riojanos habían retirado con camiones blindados 60 millones de dólares.  Entonces llamó al gobernador Menem:
-Tu amigo me cogió -le contó furioso.
-No te preocupes José Luis, que te voy a poner otro hombre en el Banco de La Rioja -lo calmó.  Intrigado, Machinea inquirió quién era.
-El Bambino Veira -le contestó Menem con una carcajada.
Pero ahora no era el gobernador de una de las dos provincias en las que más creció el empleo público al concluir la dictadura militar, ni el candidato que llegó a la presidencia rechazando las medidas de ajuste contra el salario y las provincias que reclamaban el Banco Mundial, el Grupo de las Ocho mayores entidades patronales y el desfalleciente gobierno radical, sino el heredero de ese polvorín.  González & González tuvieron que aguardar hasta pasada la medianoche, porque el Presidente había decidido relajarse, navegando en el yate de su amigo, el hotelero Mario Falak.  Una de sus distracciones fue el cine, y el video elegido se llamaba Dos pícaros en apuros.
Entretanto, Bauzá, José Luis Manzano, Eduardo Menem y el propio Dromi pugnaban por otro tipo de modificaciones, en las que trabajaron mientras Menem navegaba.  Pretendían el relevo de Cavallo, a quien acusaban de la filtración a la prensa de la carta de Todman y de haber reinterpretado la palabra presidencia] acerca de la corrupción en Estados Unidos, y la remoción de Erman González, pretextando que su demora en responder al embajador había detonado la crisis.  González & González esperaron el regreso de Menem en Olivos junto con Bauzá.
-Carlos, el mercado envía malas señales -planteó González. 
-Yo ya dije que el gabinete sigue igual.  No hay cambios -respondió Menem.
-Pero no podés atarte a cualquier cosa que Dromi o María Julia te hayan hecho decir.  Yo te aseguro que así no podemos seguir.
Sorprendido por los drásticos reclamos que formularon al Presidente, Bauzá sólo atinó a sugerir que si se disolvía Obras Públicas como ellos exigían, y se designaba a Granillo Ocampo en el nuevo Ministerio de Justicia, Dromi podría ocupar, esta vez sí, la Secretaría Legal y Técnica.  Menem no estaba de humor y lo descartó.  Necesitaba pensar antes de decidir.  Erman llevó a Bauzá en su auto y le anunció:
-Voy a renunciar.
Más allá de la lucha de bandas por el control del pasillo de acceso al despacho presidencial, se insinuaba un debate acerca de la relación con los Estados Unidos. ¿Cuál era el error: permitir la injerencia norteamericana, como insinuaban Dromi & Asociados, o confrontar con el embajador y el periodismo que había descubierto el episodio?  Ya avanzada la madrugada, Menem pidió una comunicación con Cavallo.  Como era muy tarde, convinieron desayunar en Olivos.  También convocó a González.  El lunes 14, los sentó a su mesa.  Primero invitó a González a exponer una síntesis de su planteo.
-Negro, decí por qué querés que se vaya Dromi.
Su despiadada descripción, durante la cual dijo que la forma escandalosa en que se había entregado Aerolíneas Argentinas era la gota que colmaba el vaso, terminó con una frase seca:
-Así, nos vamos al carajo.
Cavallo escuchaba en silencio.  Menem lo interrogó: 
-¿Vos qué pensás, Mingo?
El árbitro se pronunció:
-Estoy de acuerdo.  Tiene toda la razón, y lo que pide es lo que hay que hacer.
Después le transmitió en detalle su conversación con Todman, otro socio fundador del Club de Enemigos de Roberto Dromi.
Sin el menor esfuerzo por ocultar una sonrisa, Erman González comunicó al periodismo la disolución del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y la transferencia de sus funciones a Economía.  Al mismo tiempo, Menem citó a Moby Dick y le informó que no estaba en condiciones de seguir sosteniéndolo, sin arriesgar un conflicto con Washington y un nuevo golpe hiperinflacionario.  Bauzá lo ayudó a redactar la renuncia, para ponerse a disposición de la Justicia, castigar la calumnia y la injuria irresponsable, e impedir que el estigma de la duda salpicara al Presidente y su gobierno y se utilizara contra el proceso transformador de la Argentina.  Para diluir el impacto de esa cirugía mayor bajo cargos de corrupción, Menem reestructuró medio gabinete.  Sólo quedaron el peronista Julio Mera Figueroa y los extrapartidarios Antonio Salonia, González y Cavallo.  La proporción fue inversa entre los nuevos: junto a los peronistas Raúl Granillo Ocampo, a quien se prometió el futuro Ministerio de Justicia que reemplazaría al de Obras Públicas, Rodolfo Díaz (fundador de la Unidad Básica Peter Druker) y Guido Di Tella, ingresó el apartidario Avelino Porto.

El acta del 8 de enero no consignaba el procedimiento que se seguiría en reemplazo del concurso de antecedentes, y las posiciones estaban divididas.  La cancillería argentina promovía el llamado a licitación internacional.  Los chilenos oponían que, al no haber precios, volúmenes ni garantías, era imposible licitar.  La experiencia con la empresa norteamericana Enron, a la cual también se había referido Todman en su carta, le había enseñado que declarar una obra de interés nacional, luego adjudicarla y recién entonces negociar sus condiciones no era el camino más racional, dijo Cavallo al embajador chileno en el encuentro del viernes 11. "Ahora nos encontramos contra la pared porque debemos vender reservas que no tenemos a un precio que no estamos en condiciones de concretar", explicó.  Entre el sábado 12 y el domingo 13 de enero, empresas concursantes recibieron llamadas telefónicas sugiriendo una recomposición de los consorcios.  Fuentes chilenas dicen que su gobierno trataba de asegurar la pronta realización de la obra, fuentes argentinas interpretan que Santiago intentaba excluir a los personeros de Pinochet.  La referencia de Cavallo no era casual.  Tanto Enron como su competidora Transco habían sido introducidas por el gestor Guillermo Enrique Shaw, uno de los pocos hombres de negocios argentinos denunciados por prácticas corruptas ante la Justicia norteamericana.
En enero de 1987 el ex vicepresidente norteamericano Spiro Agnew presentó una demanda judicial por dos millones de dólares contra la empresa argentina Alicanto y su presidente, al que identificó como William Henry Shaw.  Alicanto y su matriz estadounidense Aydin Corporation habían firmado en enero de 1982 un contrato de 57 millones de dólares para suministrar a la Fuerza Aérea argentina un sistema de comunicaciones telefónicas, de radar y teletipo, por microondas que penetran en la troposfera, gracias a los contactos de Agnew con la Junta Militar.  Al describir su estrategia para ayudar a Aydin a obtener el contrato, Agnew dijo que "consistía simplemente en presentarme y mostrar la simpatía que realmente sentía por las condiciones políticas en las que ellos estaban actuando, y manifestar mi deseo de ser útil como hombre de relaciones públicas para informar al público norteamericano cuál era la verdadera situación".  Además escribió cartas a la Junta Militar criticando la decisión del comité Nobel de premiar a Adolfo Pérez Esquivel, en contra de Amnesty International y lo que describió como "otras organizaciones dominadas por los marxistas" que denunciaban las violaciones a los derechos humanos.
Según la documentación presentada en el juicio, Alicanto iba a recibir un 15 por ciento de Aydin, de donde debía deducir la parte de Agnew.  Pero el ex vicepresidente aduce que fue pasado por alto y que las empresas depositaron 3.650.000 dólares en una cuenta uruguaya del testaferro Ramón Landajo, que los dio al comandante en jefe, el destituido brigadier general Basilio Lami Dozo, sobre un total de 8,6 millones de dólares pagados en comisiones a los militares argentinos.  Aydin efectuaba los pagos ilegales mediante facturas falsas, empresas inexistentes y contratos adulterados.  Agnew admitió ante el juez federal Jack Weinstein que había favorecido la negociación con sus amigos de la Junta Militar argentina para que Alicanto obtuviera el contrato por medio de "soborno, extorsión, fraude y violaciones a la ley de Prácticas Corruptas en el Exterior".  Deploró que una vez concluida la faena la puerta se hubiera cerrado detrás de él sin que nadie le pusiera en la mano tendida su dos moneditas de un millón de dólares.
Shaw y su hermano Alex fueron los gestores del negocio de Enron al que se referían Cavallo y Todman, organizado para aprovechar las insuperables oportunidades de triunfar en la vida que propiciaban Dromi & Asociados.  En octubre de 1988 crearon Westfield S.A., con un capital de diez dólares, y pocos días después presentaron una propuesta de inversión por 800 millones de dólares.  Su intención era competir con Pérez Companc y Dow Chemical, que habían presentado al agonizante gobierno radical el proyecto de erección de un polo petroquímico en Neuquén, con tres plantas para la extracción y fraccionamiento de gases, elaboración de etileno y polietileno, y de propileno y polipropileno.  Para avalar su seriedad los Shaw acompañaron folletos publicitarios de Enron International Corporation, lo cual favoreció a Dow-Pérez Companc.  De los 800 millones de dólares, 300 serían aportados en títulos de la deuda externa.  Contra los deseos de Terragno, Sourrouille había declarado el proyecto inelegible para capitalización porque había subsidio en el precio del gas, pero en la segunda semana de mayo de 1989, a pocas horas de las elecciones presidenciales, Alfonsín firmó el decreto declarándolo de interés nacional.
Enron-Westfield volvieron a entrar en carrera con el cambio de gobierno.  El 11 de enero de 1990 Dromi y Menem firmaron el decreto 92/90 que también declaró de interés nacional la realización de su proyecto, que además del aprovechamiento petroquímico incluiría una central termoeléctrica de ciclo combinado.  El Estado se obligaba a entregar para su procesamiento no menos de 10 millones de metros cúbicos de gas rico por día, de los yacimientos de Agua Pichana, Loma de la Yegua, Aguada San Roque, Rincón Chico y Filo Morado, a un precio no inferior a 0,70 U$S el millón de BTU.  Los considerandos del decreto sostienen que se trataría de una inversión genuina y de riesgo, sin avales ni garantías del gobierno nacional, y que el precio ofrecido por la compra del gas natural superaría al pactado con cualquier otra empresa en actividad en la cuenca neuquina y compensaría los costos de YPF.  Nada de eso era cierto.
Pese a que regían las leyes de emergencia que suspendían todos los subsidios, el decreto incluyó a Enron-Westfield en el régimen de promoción industrial y le concedió exenciones impositivas: no pagarían IVA ni derechos de importación por los bienes de capital y por los repuestos que introdujeran al país para la ejecución y construcción del proyecto.  Respecto del precio, la mejor desmentida son las palabras que el propio Menem pronunció el mismo día que se cumplía un año del decreto para explicar por qué su cumplimiento estaba demorado: "Si dejamos pasar eso por alto vamos todos presos.  No podemos estar subsidiando a una empresa, por más norteamericana que sea, con el precio del gas a sólo 2 centavos de dólar cuando el precio internacional está en 2,40 dólares".  Como en un juego de cajas chinas, tampoco esa explicación era cierta.  El proyecto no había avanzado por el escándalo que lo rodeó desde el primer día.
El gobernador de Neuquén Pedro Salvatori, los representantes de las empresas y algunos invitados no entendían por qué se demoraba la ceremonia en la que Menem firmaría el decreto, mientras en la trastienda Dromi discutía con Granillo Ocampo.  Cada uno dio una versión distinta.  Según Granillo, se negó a autorizar un decreto que Dromi le había presentado diez minutos antes.
-En estas condiciones yo no te firmo nada.  Ni sé de qué se trata.  Que se postergue el acto o lo firmás vos solo -dice que dijo el secretario Legal y Técnico.  En cambio Dromi afirma que el secretario Legal y Técnico le entregó el decreto ya firmado por Menem, es decir a la inversa de lo que corresponde, y lo conminó:
-Menem me dijo que tenés que firmarlo.
Dromi no se arredró y el decreto salió sin el visto bueno del organismo encargado de controlar la legalidad del acto.
De acuerdo con la ley de procedimiento administrativo, un decreto debe ser la culminación de una serie de pasos que lo fundamenten y lo justifiquen, entre ellos el marco jurídico, la factibilidad económica y financiera de un proyecto, los antecedentes de las personas que intervienen.  En los considerandos del decreto se afirma que esos elementos integran un expediente administrativo que el ministro tuvo a la vista.  Sin embargo, cuando Granillo se rehusó a protocolizar el decreto y reclamó tales antecedentes, Dromi respondió que aquel expediente número 1209/88 se había extraviado y ordenó reconstruirlo.  Los pasos que debió dar para la reconstrucción demostraron que o bien nunca existió tal expediente o bien los elementos que contenía eran impresentables porque fundamentaban en contra del proyecto y por eso se lo hizo desaparecer.
Sólo el ex interventor en YPF, Octavio Frigerio, declaró haber sido consultado sobre la propuesta Enron-Westfield.  Dijo que el 9 de enero, dos días antes de la emisión del decreto, había informado a la Secretaría de Energía la incompatibilidad de los privilegios solicitados con las normas de desregulación petrolera y recomendado una licitación para el poliducto y las áreas de hidrocarburos.  En cambio la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Obras y Servicios Públicos informó que nunca había visto el expediente perdido, ni supo de su existencia hasta que se ordenó reconstruirlo.  Tampoco conocía el presunto expediente la secretaria privada de Dromi.  El nuevo interventor de YPF, José Estenssoro, respondió que ni esa empresa ni Gas del Estado habían dictaminado sobre las posibilidades y conveniencia del proyecto.  Añadió que Enron-Westfield recién presentaron un borrador de contrato en julio de 1990, seis meses después de firmado el decreto que declaró la obra de interés nacional.  El gerente de explotación de YPF, Arnaldo Guerra, aseveró que las reuniones con el consorcio para concertar los aspectos legales, técnicos y comerciales del proyecto y preparar un anteproyecto de contrato comenzaron en enero, pero se suspendieron por el precio del gas a entregar y la interferencia con el proyecto anterior, de Dow-Pérez Companc.  Según YPF, ambos proyectos se fundamentaban en la recuperación de licuables a partir del gas natural y en los volúmenes comprometidos eran mutuamente excluyentes, por cantidad y calidad.  "En ambos proyectos existe una clara contradicción entre las propuestas gestadas dentro de un marco de subsidios y regulaciones y la legislación vigente", sostenía ese dictamen posterior al decreto que dispuso lo desaconsejado.  Tanto las exenciones impositivas como el régimen de promoción industrial estaban suspendidos por la ley 23.697.
Cuando fue llamado a declarar en el sumario, Dromi admitió que Enron le había presentado la propuesta el 3 de enero de 1990, nueve días antes de la sanción del decreto.  Dijo que no recordaba el expediente y que el proyecto de decreto ya redactado se lo había traído el asesor presidencial Miguel Dovena, con funciones en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y rango de secretario de Estado, luego de consultarlo con los funcionarios de las secretarías de Energía y Legal y Técnica.  Añadió estar seguro de que no se había redactado con el equipo de trabajo del Ministerio.  Dovena es uno de los militantes de la Unidad Básica Peter Drucker, que elaboró junto con el ministro de Trabajo Rodolfo Díaz los lineamientos para un peronismo del siglo veintiuno copiados de un libro del filósofo de las corporaciones norteamericanas.  Citado a declarar, Dovena refutó a Dromi: jamás tuvo noticia de la existencia de un trámite relacionado con la propuesta de inversión de Enron-Westfield, dijo.  No fue la única desmentida que recibió el ministro.  Dromi también había declarado que la tramitación resultó bloqueada por la Comisión Bicameral de seguimiento de las privatizaciones, pero su presidenta, Liliana Gurdulich, reveló que la Comisión no trató el tema.  Ni siquiera fue consultada, añadió.
La cuestión no se agotaba en la falsedad del documento público que mencionaba un sumario inexistente.  Además, el Ministerio no cumplió con los trámites que según el propio decreto debía seguir para garantizar la igualdad, publicidad y concurrencia, de modo que otros interesados pudieran presentar ofertas y el Estado eligiera la más conveniente.  Por ejemplo, la publicación en el Boletín Oficial y en dos diarios de circulación nacional de anuncios convocando a la presentación de proyectos similares como indicaba el artículo 58 de la ley 23.696 sobre concurso de proyectos integrales, y su decreto reglamentario 1105/89.
Ante una denuncia del diputado liberal Federico Zamora, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas Ricardo Molinas, citó a declarar a Granillo Ocampo.  El secretario de la Presidencia se negó a concurrir y, como vimos en el capítulo 4, Menem relevó por decreto al fiscal, derribando el penúltimo órgano de control de gestión que aún conservaba su independencia.  Sin embargo el fiscal interino José Luis Magnano ante el que Granillo sí aceptó declarar solicitó su procesamiento y el de Dromi.  Según Magnano, ambos cometieron los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica y administración fraudulenta.  Sólo el copamiento de la Justicia explica que Dromi no haya sido todavía condenado.

El lunes 14 de enero, Cavallo entregó al embajador una carta personal para el canciller chileno, en la que proponía que las comisiones de los dos países volvieran a reunirse.  El miércoles 16 quien se comunicó con el embajador fue Granillo Ocampo, con un planteo opuesto al de Cavallo: en vez de cerrar el proceso, explorar los criterios que constituían los elementos de juicio, de modo de ver si se cumplían por parte de los oferentes, y solicitar nuevos antecedentes a los consorcios.  Granillo sugirió que Chile solicitara una ampliación del plazo a Cavallo.  El embajador advirtió la coincidencia de esta posición con la que le había expuesto Emilio Cárdenas.  En sus contactos con el diplomático, ni Cárdenas ni Granillo mencionaron algún interés económico de asesores de Cavallo, pero ambos opinaron que el canciller desecharía toda posibilidad que dejara fuera a los italianos.  A Figueroa nada le llamaba la atención.  Nunca había visto tantos intereses en acción alrededor de una obra, y cada consorcio le acercaba sus deseos, temores e interpretaciones sobre los intereses de sus competidores y de las autoridades de los dos países.  Hasta el embajador Todman lo había visitado por el tema.
Por último, se formó opinión favorable al criterio de Cavallo y la comunicó al presidente Aylwin, de quien había sido vocero en las campañas del plebiscito y por la presidencia.  Sin proponérselo, contribuyó a que el ministro Toah consiguiera su objetivo de imponerse a Lorenzini, el responsable de que la Comisión Nacional de Energía de Chile no hubiera firmado hasta ese momento el acta escrita en Buenos Aires el 7 y 8 de enero.  Algo, sin embargo, le llamó la atención.  La carta de Cavallo proponía que las comisiones volvieran a reunirse para establecer las bases y mecanismos de la licitación, cuyos "criterios de selección del consorcio ejecutante sean objetivos y de absoluta transparencia".  Pero el acta de las comisiones reunidas en Buenos Aires había señalado la insuficiencia de elementos para decidir, no la falta de transparencia.
En respuesta a la carta de Cavallo y al memorándum del embajador Figueroa de apoyo a su posición, Santiago contestó que el ministro de Energía Jaime Toah viajaría a Buenos Aires con el canciller Enrique Silva Cimma, para una discusión a fondo, el domingo 27 de enero de 1991.
Luego de encausar la relación con Todman, Cavallo había reanudado sus vacaciones interrumpidas, esta vez en Punta del Este.  Regresó el viernes 25 de enero y antes de la reunión con los ministros chilenos viajó a Córdoba, para ver el fin de semana a su padre, cuya salud lo inquietaba.  Allí se encontró con una nota en el diario La Voz del Interior sobre la comunicación telefónica de Aylwin con Menem y el malestar chileno por el supuesto intento de soborno en el gasoducto.  Desde Córdoba llamó al embajador y le rogó que concertara una reunión a solas con los ministros chilenos, previa al encuentro formal en la cancillería, del que también tomaría parte por primera vez el ministro de Economía González.
-Han contratado a un custodio de Cavallo para atentar contra los ministros chilenos -dijo una voz en el teléfono de la embajada, cuando Toah y Silva Cimma regresaron de almorzar en el puerto de Olivos.  Confiado en la fortaleza del edificio de hormigón de la embajada, de la que los ministros no planeaban salir antes de la reunión, Figueroa prefirió no alarmarlos, ni siquiera cuando la llamada se repitió, añadiendo un nuevo dato:
-Por el atentado el custodio recibe 50.000 dólares.
El domingo 27, de pantalón sport y remera, Cavallo caminó los cien metros que separan su casa de la embajada.  La Comisión de Energía chilena había resuelto apoyar su tesis, pero Cavallo no lo sabía, y Toah volvió sobre las posiciones anteriores de su país.  Si las comisiones de energía de los dos países habían coincidido en precalificar a dos consorcios y si Chile era por completo ajeno a todas las versiones sobre sobornos, ¿no sería posible un esfuerzo adicional que permitiera adjudicar la obra, en la que Aylwin tenía puestas tantas expectativas? La dramática respuesta de Cavallo sorprendió a los chilenos:
-Mi futuro político está comprometido.  Por eso les he pedido este encuentro reservado.  Si Chile rechaza mi propuesta, puede ser el final para mí -casi imploró.
El elocuente ruego de Cavallo sorprendió a los ministros chilenos.
Ellos ignoraban que en un almuerzo con banqueros Menem había sugerido que Sup-Erman caería al iniciarse el otoño como una hoja seca del árbol oficial, y que Cavallo sería el renuevo que brotaría en su lugar.  Como Onganía, que dividía un tiempo económico de otro político, Menem pensaba que, alcanzada la estabilidad con un ministro, a otro le tocaba iniciar el crecimiento, y a él recoger los frutos electorales.  Cavallo lo sabía, pero Ordóñez y el gasoducto se cruzaban en su camino en el peor momento.
Silva Cimma y Toah se despidieron del canciller argentino con la promesa de adherir a su posición.  Sin embargo, al comenzar la reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Toah volvió a la carga.  Aunque tenía instrucciones en contrario de su gobierno y un compromiso personal con Cavallo, insistió en la conveniencia de pedir más antecedentes a los consorcios interesados.  Cavallo defendió su posición.  Los razonamientos de Toah, quien invocó las posiciones de los funcionarios argentinos de Energía, iban dirigidos a Erman, pero el ministro de Economía escuchaba con indiferencia, ausente de todo.  La reunión se tornó larguísima, hasta que Silva Cimma hizo valer su primacía y dio la orden de mando: "Adherimos a la tesis de la cancillería argentina".  Pasaron entonces a redactar una declaración, en la que Toah quiso introducir una referencia a las dificultades producidas en la Argentina, y Cavallo replicó con su frase sobre la transparencia.  Por último los dos retrocedieron y a las 21.30 se firmó una declaración formal, en la que los cuatro ministros ratificaron el interés en la obra, explicaron que los elementos reunidos hasta el momento no eran suficientes y se comprometieron a establecer bases regulatorias previas y un mecanismo objetivo de licitación o concurso.
Terminada la faena, los cuatro ministros y el embajador se sentaron a comer.  Pero a las 22 González se disculpó y anunció que debía retirarse para una reunión en Olivos.  Después de la cena los ministros chilenos pasaron por la embajada y Cavallo por su casa, a recoger cada uno su valija y seguir rumbo al aeropuerto.  A la una de la mañana del lunes 28 los cancilleres debían partir en un vuelo de VIASA a Caracas, donde el Chile democrático se incorporaría al Grupo de Río.  Media hora después de la medianoche llegaron a Ezeiza, donde los aguardaban los cancilleres de Paraguay y Uruguay.  El avión estaba retrasado por un aviso de bomba contra los dos cancilleres, acusados de arruinar el negocio del gasoducto.
Cavallo fue conducido a una oficina contigua al salón VIP, donde lo recibieron unos tipos en blue jeans de mala facha, con auriculares y aparatos de grabación.  Lo sentaron y le dieron un teléfono.  A la una y media, cuando el avión estuvo listo para partir, Cavallo preguntó al embajador si no había recibido amenazas.
-Sí, Domingo; lo que pasa es que no les doy importancia.  Siempre he creído que los atentados de verdad no te los avisan antes -contestó Figueroa.
-Fijáte que la SIDE grabó las llamadas a tu casa -le reveló Cavallo.
Recién entonces, el embajador puso al tanto a su canciller.  "No quise meterles temas desairados, para que tuvieran agrado", se disculpó, todavía sorprendido por la tranquila admisión de Cavallo sobre sus teléfonos intervenidos.  Al día siguiente supo que debía interpretarlo como una prueba de confianza, cuando un inspector de la Policía Federal se presentó a ofrecerle guardia adicional y preguntarle si deseaba denunciar las amenazas.
-No lo creo necesario.  Los ministros ya se fueron y estoy muy tranquilo –respondió.
-Le quiero agradecer que haya avisado a la SIDE con tanta oportunidad -se despidió el candoroso inspector.
Cavallo llegó por la mañana a Caracas.  Después del mediodía Menem lo llamó de regreso a Buenos Aires para que asumiera el Ministerio de Economía.  Recién entonces entendió a qué había ido Erman González a Olivos la noche del domingo.

EL POZO NEGRO

Con la campaña del desierto, el reparto de enormes extensiones de tierras y la integración al mercado mundial hegemonizado por Gran Bretaña, el presidente Julio A. Roca marcó en las últimas décadas del siglo pasado uno de los rasgos del desarrollo económico-social de la Argentina. A diferencia de Australia o Canadá, donde el fraccionamiento de la tierra generó un temprano mercado interno, en la Argentina esa gran fuente de rentas quedó en pocas manos. En cambio, la renta de los hidrocarburos permaneció a salvo de esa apropiación privada, porque los primeros yacimientos se descubrieron más tarde y los gobiernos radicales aplicaron una concepción más avanzada, que se mantuvo bajo el peronismo y los gobiernos militares. El Estado la administró en beneficio de la sociedad. Ahora Menem está otorgando ese patrimonio colectivo a una oligarquía aún más reducida que aquella que se apoderó de las mejores tierras de la pampa húmeda, lo cual	 tendrá penosas consecuencias de largo plazo, al privar al Estado de una fuente insubstituible de financiamiento genuino en divisas.		
	Como Frondizi en 1958, N4encm también entabló a poco de asumir su batalla del petróleo. Se entiende: el petróleo es sinónimo de 	dinero en efectivo, y permite obtener grandes ingresos de inmediato.  	El nuevo gobierno aceleró lo que Terragno y Alfonsín habían comenzado. El plan se iniciaba con la desregulación del mercado, incluía la 	privatización de áreas marginales y centrales, una nueva renegociación de los contratos de explotación, un programa de exploración privada y la privatización de la propia YPF, algo que ningún gobierno anterior se había siquiera planteado. La desregulación del mercado suponía que el Estado dejara de fijar reglas del juego, precios, distribución del crudo a las refinerías privadas, márgenes de ganancia de refinadores y comercializadores, instalación de bocas de expendio y decisiones de importación o exportación. La libre competencia subsiguiente a la desregulación implica en realidad la transferencia de la función reguladora a las refinerías privadas, y dentro de éstas a Esso y Shell, que en 1990 destilaron el 88,9 por ciento de los 7,9 millones de metros cúbicos consumidos por los privados, mientras Isaura, Dapsa y Sol refinaban apenas el 10,1 por ciento.
	Más grave que esa desregulación es la privatización de la empresa pública, que modificará la ecuación por la cual aún hoy YPF retiene 	un control de hecho del mercado, al incrementar el peso de las petroleras privadas en la producción y la destilación. Creada en la tercera 	década del siglo, YPF había sido un símbolo para los gobiernos radicales, peronistas y militares, por lo menos hasta que la última dictadura formuló una estrategia de largo plazo para favorecer sin resistencias la penetración del capital privado, primero local y por último transnacional.
Igual que la liberación cambiaría o que la supresión de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, la desregulación petrolera suponía delegar en el mercado mundial funciones que hasta entonces controlaba el Estado. El alineamiento con los precios internacionales implicaba renunciar a una política de precios basada en los menores costos internos del crudo y el gas de la cuenca neuquina, de los yacimientos de Comodoro Rivadavia y del gas en la zona de Tierra del Fuego, y atarse a un mercado altamente politizado, en el que la Argentina no tiene posibilidad de incidir. Al mismo tiempo que se desaceleraba la política previa de sustitución de combustibles líquidos por gas, que era el recurso más abundante, el menemismo planteaba suplantar el riesgo minero contenido en el Plan Houston alfonsinista por el riesgo comercial emergente de la posible variación de los precios internacionales. Esto no pasa de ser una boutade. En un negocio de rentabilidad fabulosa, donde el precio de venta puede ser hasta veinte veces 	mayor que el costo de producción, las variaciones de precio no tienen la menor importancia. De este modo, los márgenes de ganancia de las 	destilerías privadas han mejorado en dos tercios a expensas de los 	consumidores. Caso único en el mundo, mientras el precio del crudo en el mercado internacional bajaba alrededor de un 50 por ciento desde setiembre de 1990, los combustibles se encarecían en la Argentina en la misma proporción, al entrar en vigencia la desregulación el 19 de enero de 1991.  De este modo, a pesar del autoabastecimiento petrolero los consumidores de combustibles pagan en la Argentina Precios superiores a los de Estados Unidos, que importa más de la mitad del crudo y los combustibles que consume.  El Centro de Estudios General Mosconi estima que esta decisión eleva la renta petrolera apropiada por las compañías privadas de 6.000 a 10.000 millones de dólares anuales, a expensas de la sociedad.
Aunque se haya presentado como derecho de asociación con YPF para explotar un área, el grueso de las privatizaciones consistió en la venta lisa y llana de reservas, un sistema sólo empleado en países con una rotunda posición exportadora.  Pero la Argentina recién está consolidando una posición de autoabastecimiento sin zozobras.  El argumento para justificar las asociaciones fue la necesidad de aplicar nuevas y costosas tecnologías que permitieran incrementar la producción, aunque hay pocas dudas de que la motivación central fue la obtención a cualquier costo de fondos para completar el superávit fiscal prometido al Fondo Monetario Internacional.  La relación con el endeudamiento externo es paradojal: por cumplir los compromisos inmediatos contraídos con los organismos auditores el Estado se despoja de la herramienta idónea para manejar esta cuestión en el futuro.  En un país cuya deuda externa privada ha sido estatizada, la cesión a manos privadas de la renta petrolera obliga a duplicar los sacrificios necesarios para mantener en orden las cuentas.  Ni los admirados modelos liberales chileno o mexicano incurrieron en esa aberración económica con su cobre o su petróleo.  Por lo contrario, la administración de esa renta por los respectivos Estados nacionales permitió a sus gobiernos una relación más cómoda con sus deudas externas. 
En 1990 la compañía petrolera estatal mexicana (PEMEX) exportó por valor de 10.000 millones de dólares y la Corporación chilena del Cobre (Codelco), por 3.000 millones de dólares.  Esto equivale al 38,5 y al 35,5 por ciento de las exportaciones totales de México y Chile, que según el último Informe Preliminar de Cepal fueron de 26.000 y de 8.445 millones de dólares.  Gracias a ello esos países no están obligados a comprar dólares en un mercado cambiario gobernado por los oferentes privados.  Los estados nacionales de México y Chile están así a salvo de las presiones cambiarias de los bancos acreedores, los exportadores privados carecen del arma desestabilizadora de demorar la liquidación de divisas, y no existen las crisis fiscales hiperinflacionarias.  Esto a su vez ha permitido a esos estados conservar su poder de arbitraje entre las distintas fracciones del capital y encarar una racionalización empresaria, por la cual sus procesos privatizadores se aproximan a una reforma del Estado y no a un remate apresurado como el argentino, donde además del petróleo y de YPF, el Estado se desprenderá de otras empresas generadores de divisas, como Petroquímica General Mosconi y Somisa.

El diputado nacional por Córdoba Julio César Aráoz, vicepresidente entre 1983 y 1985 de la Comisión de Energía y Combustibles de su Cámara, fue el primer secretario designado por Menem en Obras y Servicios Públicos, antes que el ministro, José Octavio Bordón, que por ello rehusó hacerse cargo.  Consciente de su relación directa con Menem, Aráoz no hizo las cosas fáciles para Dromi.  Tampoco para el primer presidente de YPF, Octavio Frigerio, a quien Menem escogió con el mismo criterio que a la señora Alsogaray en ENTel: alguien encargado de la faena sucia a quien los peronistas pudieran odiar por apartarse del recto camino de la doctrina y que asumiera la inevitable colisión con el sindicato petrolero.  Su dirigente principal, Diego Ibáñez, había sido compañero de cautiverio de Menem en la cárcel militar durante cinco años.
Dentro del equilibrio coloidal de la confederación peronista, 105 subsecretarios de Aráoz fueron un hombre de Cafiero, Juan Legisa, en Energía Eléctrica, y Rubén Edgardo Maltoni, un trujamán de Manzano, en Combustibles y al frente de Petroquímica General Mosconi, mientras Jorge Geraige cubría otra posición estratégica, en Petroquímica Bahía Blanca. Alfonsín había separado a Maltoni de Petroquímica General Mosconi en setiembre de 1988, en circunstancias que ya veremos.
La pieza clave del esquema inicial fue el también cordobés Miguel Bizzi, asesor de Aráoz en la Cámara de Diputados, quien lo nombró presidente de Interpetrol, la trading creada en el despacho del ex presidente Raúl Alfonsín, que YPF comparte con el grupo Soldati, Bunker Sud y Dapsa.  Sin figurar en el organigrama de YPF, Bizzi pudo controlar a Frigerio, y se encargó de seleccionar las primeras áreas para su privatización.  El cuarto centro de decisión con posiciones divergentes en cuestiones energéticas al comenzar el gobierno peronista era el ministro de Economía.
Rapanelli se inclinaba por la aceptación de papeles de la deuda externa para la concesión de áreas centrales y marginales. Dormí y Aráoz sólo admitían adjudicación al mejor postor contra pago en efectivo.  Y el interventor Frigerio estaba más preocupado por la renegociación de los veinticuatro contratos de explotación en las áreas cedidas en forma gratuita por Martínez de Hoz, a cambio de que las empresas privadas incrementaran la producción, y en la mayor parte de los casos con compromisos de inversión que nunca se cumplieron.
La disputa de Rapanelli con Dromi y Aráoz se resolvió a grito pelado, y Menem laudó en favor de Aráoz.  De hecho, las concesiones de petróleo fueron los únicos negocios en los que sólo se aceptó el pago en efectivo, aunque en 1991 se hizo una excepción, como veremos.  A su vez Dromi y Aráoz competían ante Menem.  En los primeros seis meses el secretario de Energía llevaba ventaja por su permanente consulta con el sindicato petrolero, que le permitía mostrar consenso.  Su contacto directo con el Presidente descolocaba a Dromi.  Pero el ministro contaba con Rubén Maltoni, un hombre de su asociado Manzano, en el equipo de Aráoz.  Esta superposición de alianzas y rivalidades llegó a situaciones extremas.  Dromi y Aráoz habían montado equipos de prensa que se disputaban el espacio para anunciar privatizaciones, y hubo conferencias de prensa convocadas por el mismo tema y a la misma hora en el Ministerio y la Secretaría, a sólo cinco cuadras de distancia.  El último asesor de prensa de Aráoz fue Víctor Lapegna, quien había hecho el mismo trabajo para el ex almirante Massera.  El propio Aráoz era llamado en el negocio del petróleo "el mueblero", por las denuncias que lo sindicaron como reducidor de los muebles saqueados por los grupos de tareas del Cuerpo de Ejército III.  Siempre negó esos cargos, que atribuía a venganza de Martínez de Hoz por haber participado en la investigación parlamentaria por la estatización de la Italo, y obtuvo la condena judicial de quienes no pudieron sostener las acusaciones.
En los contactos privados con la prensa, Aráoz decía que "el gordo quiere entregar todo" y vaticinaba problemas con el cobro de lo que llamaba "el peaje".  Los allegados a José Octavio Bordón se referían con la misma sorna a lo que denominaban "la mesa de crudos" de Manzano, Bauzá y Dromi.  Aráoz prefería la relación con Shell y Esso y cualquier otra empresa extranjera, como Amoco, que siempre tuvo buen contacto con el SUPE, antes que con las de capital local.  "Esos quieren que les regalemos todo pero nunca pusieron un solo peso”, sostenía.  En cambio Frigerio estaba en mejores relaciones con las contratistas locales de YPF, lo que se reflejó en un enfrentamiento con Aráoz, quien durante un mes no respondió a las solicitudes de audiencia del interventor.  Frigerio nunca gozó en YPF del poder de María Julia Alsogaray en ENTel, aunque por los pasillos de YPF circularan con anteojos negros y walkie-talkies los carapintada del servicio de seguridad contratado por el interventor.  En la reconversión de contratos, Frigerio había firmado un convenio que el Poder Ejecutivo debía ratificar, otorgando mayores superficies a cambio de la asociación con YPF, a lo que empresas como Pérez Companc, Bridas y Amoco se resistieron todo lo posible y que Aráoz rechazó.
Luego de varias escaramuzas iniciales, Frigerio hizo las paces con Diego Ibáñez, con quien consultaba cada paso, para fastidio de Aráoz.  Los desarrollistas se integraron a la empresa de servicios petroleros Glacco, que controla Diego Ibáñez aunque en su directorio figuran René Weber, con domicilio en Indiana, Estados Unidos; el general (R) Jorge Alberto Maradona, ex comandante del Cuerpo de Ejército III (desprocesado en las causas que se le seguían por privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios a raíz de la Ley de Obediencia Debida), y el asesor de Seineldín Dalmiro Patricio Videla Balaguer, un general que fue el primer peronista hasta 1955 y el primer hijo de antiperonista desde entonces.  Glacco había sido descalificada por su endeblez patrimonial en el primer concurso por las áreas secundarias, dirigido por Aráoz, pero ganó dos áreas en la segunda tanda, en la que también resultó favorecida otra pequeña empresa recién constituida y sin capital alguno: EPP Petróleo.  Frigerio perdió el puesto cuando dijo por radio que la cadena de mando estaba rota en el Ejército.  Dromi pudo designar entonces a un hombre de confianza, su viceministro de Coordinación y Planificación, Carlos Pierro, quien en cuanto asumió como interventor de YPF contrató un curso acelerado de inglés.  El asesor de prensa e imagen de Frigerio, César Mansilla, pasó a trabajar para Ibáñez.

Si habían coincidido frente a Rapanelli o Frigerio, Dromi y Aráoz chocaron por la concesión de las áreas centrales.  Aunque la privatización de áreas marginales y de áreas centrales fue planteada como un recurso para aumentar la participación privada en la producción y, como señal de los nuevos tiempos, presentada en Houston, los dos negocios son distintos.  Las áreas marginales o secundarias se destinaron a los productores de capital local.  En la mayoría de los casos se trató de anexiones de mayor superficie a aquellas áreas que las empresas privadas ya operaban mediante contratos de explotación con YPF.
Por el derecho de explotación, sin metas de inversión ni compromiso previo de producción, los interesados debían hacer una oferta al contado. Para elegir las áreas se identificaron 128 yacimientos cuya producción no superara los 200 metros cúbicos diarios, o que no hubieran registrado actividad productiva durante los últimos cinco años.  Ellos fueron agrupados en 38 áreas, con reservas estimadas en 20 millones de metros cúbicos y una producción anual de 1,5 millones de metros cúbicos, lo cual equivalía al 5,5 por ciento de la producción total del país.
Las concesiones eran por veinticinco años, prorrogables por otros cinco.  Durante los primeros tres años, los concesionarios tendrían derecho a producir un 20 por ciento menos que el total registrado al momento de la transferencia.  Además de los grupos locales, participaron algunos internacionales que habían concursado en el Plan Houston.  Esa venta significó un ingreso de 200 millones de dólares, a fines de 1990.  La segunda tanda, de otras 30 áreas con una producción anual de 606.000 metros cúbicos de crudo, rendiría otros 170 millones de dólares, ya en agosto de 1991.  El acceso a las áreas secundarias demandó poca inversión.  En el último concurso se aceptaron ofertas bajísimas, de 200.000 dólares por zonas en producción.  De este modo proliferaron los nuevos petroleros, cuya escasa capacidad financiera y menor experiencia técnica hace temer que los yacimientos entren en una declinación prematura y queden desaprovechados.  Entre ellos, Glacco y EPP Petróleo.
En cambio, en las áreas centrales el objetivo era atraer a las grandes empresas extranjeras como Exxon, que en la Argentina destila y comercializa pero no produce.  Esas compañías quedaron fuera del negocio inicial treinta años antes, cuando por no aceptar sus condiciones Frondizi negoció los primeros contratos con empresas norteamericanas menores y con consorcios europeos.  En las cuatro zonas elegidas por Menem, que tenían el más alto nivel de productividad, se originaba un 13 por ciento de la producción.  A diferencia de las áreas secundarias, el desembolso inicial en las centrales era relativamente alto, pero los volúmenes de producción disponibles desde el mismo día en que el operador ingresara al área permitirían una recuperación inmediata.  Las reservas se compraban al 30 por ciento del precio internacional del crudo.  Los operadores no tendrían que hacer ninguna inversión inicial, dispondrían del crudo en forma inmediata y podrían vender a las refinadoras privadas al precio internacional.  En un cálculo conservador, con tales condiciones por cada dólar invertido se perciben siete al día siguiente.  En todos los casos las reservas se vendieron sin precio base, que estuvo siempre al borde o por debajo de la cotización internacional.  Al no existir grandes excedentes de producción, esta venta de reservas baratas determina que ante un deseable incremento de la actividad económica sea necesario importar petróleo.  Por supuesto pagando, en ese caso sí, el precio internacional, que incluye costos de producción muy superiores a los domésticos.  Los motivos para este negocio ruinoso residen en el ideologismo del gobierno nacional.
Aráoz planteaba que YPF fuera el operador del área, es decir quien decide cuánto y cómo se produce y se invierte; que la participación de los socios privados oscilara entre el 35 y el 50 por ciento; que los ingresos por la asociación se destinaran a capitalizar a YPF y a un plan de exploración, y que las petroleras locales sólo pudieran presentarse con un socio internacional que garantizara tecnología y capital. El requisito del operador internacional ya había formado parte de los pliegos de ENTel y Aerolíneas Argentinas, y explicitaba una visión muy descarnada sobre el capitalismo prebendario local.
En julio de 1990, durante una gira por las mismas ciudades de Estados Unidos que habían recorrido los secretarios de Energía radicales Conrado Storani y Jorge Lapeña (Houston, Denver y Nueva York), Pierro anunció el plan de Dromi, contrario al de Aráoz.  El operador del área sería el socio privado y no YPF, se privatizaría el 51 por ciento de las reservas, después de las primeras cuatro se pondrían en venta otras áreas centrales, y también se privatizaría YPF.  En cambio Dromi no opinaba sobre el destino de los recursos que se obtendrían de ese modo, porque sabía que Erman González ya lo había decidido.  Acompañaban a Pierro los mismos empresarios locales que habían frecuentado el avión de Alfonsín: Santiago Soldati, Carlos Bulgheroni, Oscar Vicente, quienes le hicieron de guías de turismo, traductores e introductores de los grandes petroleros norteamericanos, y obtuvieron su promesa de gestionar la no obligatoriedad del socio extranjero y la premura del lanzamiento del negocio.  Pierro dijo en Houston que no había cálculos previos sobre el monto que ingresaría por derecho de asociación en las áreas centrales, lo cual significaba rectificar a Aráoz, quien había estimado ese monto en unos 1.000 a 1.200 millones de dólares, por la mitad de las reservas de las cuatro áreas.  Pero no sólo a Aráoz.  Una publicación oficial del Ministerio de Obras y Servicios Públicos firmada por Dromi estimaba por la venta de derechos de asociación en áreas centrales un beneficio para el Estado en 1991 de 1.500 millones de dólares.  Esta es una prueba categórica sobre la completa improvisación reinante.  La única función del Estado era sacar a remate las áreas.  De calcular el precio y operar los yacimientos se encargarían los privados.
Los mayores desacuerdos entre Dromi y Aráoz fueron acerca de la privatización de YPF.  Aráoz se proponía formar dos grandes empresas federativas, con participación de las provincias en los directorios y en el dominio de los recursos energéticos: una de hidrocarburos, que reuniría a YPF, Yacimientos Carboníferos Fiscales y Gas del Estado, y otra de electricidad, formada con Agua y Energía, Segba e Hidronor.  Dromi contemplaba la creación de una empresa federal de Hidrocarburos, según el Pacto Federal que Menem había firmado con las provincias.  Tampoco coincidían sus alianzas empresariales.
El ex presidente de Shell, Jacques Schraven, militaba contra la admisión de las empresas locales en las áreas centrales.  Arguyendo que no garantizaban la inversión y carecían de tecnología de punta, reclamaba que no se les permitiera una asociación en más del 15 por ciento.  Del otro lado, los petroleros privados argentinos aspiraban a que se les autorizara a presentarse sin socio extranjero y se permitiera variar la composición de los consorcios aún después de la adjudicación, algo importante para especialistas en vender la piel del oso antes de cazarlo.  El gerente de Licitaciones y Contratos de YPF, Domingo F. Sandoval, incluyó las cláusulas que demandaban los locales, y Aráoz intentó separarlo del cargo por ello.  La admisión de cambios en los consorcios era contradictoria con los cuidadosos mecanismos de preselección.  Antes de la apertura de los sobres con la oferta económica había que sortear un filtro técnico: mostrar antecedentes en el uso de recuperación terciaria mediante elementos químicos, algo que nunca se había hecho en la Argentina, y otro económico-financiero, con la presentación de balances y garantías bancarias.  Esos filtros dejaron fuera de carrera a 17 de los 25 consorcios que se habían presentado.
Al concluir el viaje de Pierro a los Estados Unidos, el interventor recibió a los periodistas en Obras Públicas, junto con Dromi, Aráoz y el senador César McKarthy, quien también participó de la gira.  Aráoz defendió cada punto de su programa para las áreas centrales.  Pierro tartamudeaba cuando los periodistas le señalaban la contradicción con lo que él había dicho en Houston.  Para disimular, Dromi ofreció la palabra a McKarthy con una lisonja hacia el Congreso.  Pero su asiento estaba vacío.  El senador se había escabullido antes que la disidencia terminara en escándalo.  Aráoz concluyó la adjudicación de la primera tanda de áreas secundarias, transfirió en forma gratuita a las provincias petroleras diez áreas chicas de baja producción, y el día en que se conocieron los ganadores de las secundarias renunció.  Dromi impuso su criterio: los fondos de la privatización no irían a YPF, se vendería la mitad de las reservas, los socios privados tendrían el manejo de las áreas y también se pondrían en venta las áreas centrales de otras dos cuencas enteras.  Aráoz tampoco pudo establecer como se proponía un doble criterio de volumen de producción y superficie para determinar qué áreas se considerarían secundarias.  A instancias de Maltoni, sólo quedó en firme el criterio del volumen de producción, de hasta 200.000 metros cúbicos anuales.  Una vez entregadas, se comprobó que varias de ellas tenían una capacidad productiva superior.

Durante aquella gira Pierro encomendó la determinación de cómo y qué privatizar a McKinsey, una consultora sugerida por el Banco Mundial, contratada en forma directa por 5 millones de dólares de honorarios, sin recurrir ni siquiera al mecanismo de short list.  Su representante local era Adolfo Sánchez Zinny, el último vicepresidente de YPF con Alfonsín.  El informe McKinsey, en el que según Sánchez Zinny trabajaron cincuenta profesionales, estuvo listo en julio de 1990 y dividió los activos, según su valor económico o atractivo estratégico, entre los que deberían conservarse y aquellos que se pondrían en venta.  Sus conclusiones recomendaron:
•	la venta de tres de las seis refinerías: la más antigua, de San Lorenzo, y las de Campo Durán y Dock Sud.  Quedó para una segunda etapa el análisis de Luján de Cuyo, modernizada por el Estado tres años antes a un costo de 1.200 millones de dólares;
•	concesión o venta de todo el sistema de oleoductos y gasoductos;
•	privatización de toda la flota fluvial y la mitad de la marítima; 
•	asociación al 50 por ciento en dos de las cinco cuencas petroleras, la Austral y la Noroeste.  Esas cuencas son regiones muy exploradas, en las cuales se agrupan varios yacimientos en producción, que aportan un 30 por ciento de la producción de crudo y un 25 por ciento de la de gas;
•	venta de las estaciones de servicio que facturen menos de 200.000 litros de combustible por mes, es decir todas las que abastecen las regiones menos pobladas;
•	venta del laboratorio de investigación y análisis de Florencio Varela, que controla la calidad del combustible que refinan los privados, y donde YPF desarrolló el único proyecto, todavía experimental, de nafta ecológica, sin plomo;
•	despido de 20.000 de los 50.000 trabajadores permanentes de YPF, financiado por el Banco Mundial.  De los 30.000 restantes, 5.000 formarían un plantel privilegiado que se ubicaría fuera del sindicato único;
•	contratación de las tareas de perforación y exploración; 
•	venta de las 21 plantas de despacho y almacenaje;
•	conservación del 49 por ciento de las acciones de la trading Interpetrol.
La secuencia comenzaba con la venta de esos bienes, y las estimaciones sobre sus precios indican que no se pensó en recuperar la inversión realizada por el Estado.  En 1992, cuando el plan estuviera aplicado, las reservas y la producción de gas y de petróleo por YPF habrían bajado a la mitad.  De este modo se pasaría de una empresa integrada verticalmente, con refinerías, oleoductos, poliductos, buques tanques, puertos, dársenas y caletas de embarque, plantas de despacho y estaciones de servicio, a otra desmembrada y dependiente de proveedores que suplantarían tareas como la exploración y la perforación.

En agosto de 1990 el entonces director y ahora presidente de Shell, Jorge A. Brea, junto con otros petroleros, demandaron a Menem el reemplazo del interventor en YPF Carlos Pierro, quien carecía de apoyo en el sector y no fue defendido por Dromi.  Ya estaba listo el plan McKinsey, cuya aplicación debería hacerse en contra del sindicato y de los legisladores peronistas.  El SUPE comenzó a hablar del descuartizamiento de YPF.  Para enfrentar ese poder hacía falta alguien con más convicción y sustento que Pierro.  El secretario de Empresas Públicas de Erman González, Luis Prol, contrató como asesor petrolero a su primo Daniel Montamat, el último presidente de YPF de Alfonsín, cuando el vicepresidente era Sánchez Zinny, el representante de McKinsey en la Argentina.  Al renunciar Aráoz como secretario de Energía, Prol retuvo el cargo que ya ocupaba y le sumó la subsecretaría de combustibles.  Maltoni quedó como jefe de asesores de Prol, quien valoraba una buena relación con Manzano.  Luego de tres lustros de relación con el Estado, como preso de la dictadura, ministro provincial de Economía en Formosa e integrante del equipo de Erman González, Prol reunió el dinero suficiente para mudarse al suntuoso piso de Carlos Grosso en la calle Arroyo.
Montamat fue uno de los padrinos de la designación en YPF de José Estenssoro, un petrolero boliviano, sobrino del ex presidente Víctor Paz Estenssoro, que se naturalizó argentino durante la dictadura militar.  Su candidatura también fue propuesta por la Shell y por el entonces subsecretario de Industria Jorge Pereyra de Olazábal, quien había sido empleado de Estenssoro.  Entre sus amigos se contaban María Julia Alsogaray, Ricardo Zinn, José Alfredo Martínez de Hoz, el embajador norteamericano Terence Todman.  En cambio, tanto Dromi como Aráoz se encargaron de propalar que ellos no habían sido consultados sobre su designación.  No era la primera vez que se lo mencionaba para dirigir YPF.  Durante el gobierno radical su nombre le fue recomendado a Terragno para substituir a Jorge Lapeña, quien además de la Secretaría de Energía ocupaba la dirección de la empresa fiscal.  Terragno recabó información sobre el candidato, y lo descartó luego de recibir en forma confidencial un relato de Hughes Tool sobre las condiciones de la desvinculación de Estenssoro.
En el momento de su nombramiento, Estenssoro ocupaba un piso en la Galería Jardín de la calle Florida como presidente de la mencionada EPP Petróleo.  Estenssoro y Nells León habían constituido EPP Petróleo en febrero de 1990, con un ridículo capital de 2,5 millones de australes, que en ese momento equivalían a 120 dólares.  Sus apoderados fueron los ya presentados Emilio J. Cárdenas y Adrián Hope, quienes consiguieron efectuar en el envidiable lapso de seis días todos los trámites legales para obtener la personería jurídica.  El mismo día 8 de febrero Estenssoro inició esa gestión en la Inspección General de Justicia y la Secretaría de Energía publicó el edicto convocando a Concurso Público Internacional para la adjudicación de las áreas secundarias, motivo obvio de la creación de la sociedad.  La apertura de sobres para la segunda tanda de adjudicaciones se produjo el 28 de diciembre de 1990, el Día de los Inocentes y del indulto.  Dos de esas áreas, El Vinalar y Del Mosquito, fueron adjudicadas por Erman González el 15 de enero de 1991, en pleno escándalo Swift, a un consorcio encabezado por EPP Petróleo.  Las dos áreas, de 1.005 y 763 kilómetros cuadrados superaban en tres y cuatro veces la extensión máxima de 250 kilómetros cuadrados que el artículo 34 de la vigente ley 17.319 permitía adjudicar en concesión de explotación que no proviniera de un previo permiso de exploración.  Otras dos áreas secundarias en la cuenca del Noroeste, Puesto Guardián y La Brea fueron adjudicadas en la segunda ronda a un consorcio integrado por EPP Petróleo y Tripetrol, que ofertó por ellas 8.150.000 y 200.000 dólares.  Tripetrol era la continuadora de Belco-Ecuador, que venía de fracasar en la exploración del golfo de Guayaquil y prefería un argentino negocio sin riesgo para reponerse.

Sobre la base de investigaciones realizadas por Adolfo Silenzi de Stagni, una docena y media de diputados nacionales del Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, el Grupo de los Ocho y la Democracia Popular ya habían denunciado a Estenssoro y Nells León por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en octubre de 1990 ante la jueza federal Amelia Berraz de Vidal, cuando la empresa del interventor y el subinterventor de YPF se presentó a una licitación anterior, por el área Cañadón Minerales, que no les fue adjudicada.
Cuando estas incompatibilidades se hicieron públicas, Estenssoro hizo una doble negativa: de su relación con EPP Petróleo y de la intervención de YPF en el concurso internacional abierto.  Silenzi de Stagni replicó en forma contundente, con pruebas en contrario.  A las escrituras de protocolización de la sociedad EPP Petróleo, acompañó las informaciones periodísticas sobre el papel fundamental de YPF en el concurso, y un aviso de la propia Subsecretaría de Energía, según el cual la documentación técnica del concurso se vendía y los informes se contestaban en el 8º piso de Roque Sáenz Peña 777, es decir la presidencia de YPF.  Como detalle anecdótico reveló que la sigla EPP era la marca personal de Estenssoro PePe.  Sin embargo, el propio Estenssoro confirmó la gravedad de las denuncias al formular una solemne declaración pública según la cual había vendido las acciones de la compañía en noviembre de 1990, es decir que aún le pertenecían cuando Silenzi de Stagni lo llevó a la Justicia, un mes antes.
Silenzi también remitió a la jueza un trabajo suyo de diez años atrás, que no había perdido vigencia.  Sostenía allí que la obligación dispuesta por la Junta Militar de que las petroleras multinacionales se asociaran con empresas nacionales, muchas de las cuales no acreditaban experiencia petrolera previa, ni capacidad de aporte económico, financiero o tecnológico, constituyó un regalo de Martínez de Hoz a esas empresas, cuyos directivos estaban vinculados con los del equipo económico.  Añadía que muchos funcionarios de YPF y de la Secretaría de Energía habían ocupado cargos directivos o gerenciales en esas empresas hasta el día anterior a su designación, y que las adjudicaciones se hicieron según las cláusulas dé un pliego que se mantuvo en secreto.
Ni Aráoz ni el SUPE asistieron a la asunción de Estenssoro.  Su primera medida fue colocar en las carteleras de información al personal declaraciones suyas y del ministro de Economía González, según las cuales su función era devolver el rol empresario a YPF.  La segunda consistió en rescatar de los sótanos los relojes para el control de horarios, que Pierro había comprado y los afiliados al SUPE escondido.  Estaba claro a qué venía, y lo ratificó con la constitución de su equipo, en el que ubicó como asesor a Ricardo Zinn, quien acababa de renunciar al mismo cargo en la intervención de ENTel.  También colocó a su socio en EPP, Nells León, como subinterventor.  A los tres se les fijaron sueldos superiores a los 10.000 dólares mensuales, que fueron impugnados por la SIGEP. "YPF no recuperará su rol empresario si sus directivos no ganan ni la mitad de las remuneraciones que se perciben en las petroleras privadas", se defendió.
El segundo roce se produjo cuando comenzaron a trascender detalles incompletos del Plan McKinsey.  El 23 de agosto, en otra comunicación al personal, Estenssoro desmintió la versión publicada ese mismo día por Clarín "relacionada con un supuesto plan de venta parcial de YPF que achicaría al 40 por ciento la magnitud que tiene en la actualidad la empresa y apuntada a que ocupe sólo el 50 por ciento de su actual dotación de personal.  El supuesto plan, cuya fuente no se especifica, no sólo NO EXISTE ni fue elevado al Ministerio de Economía, sino que no se encuadra con los objetivos que sustenta el interventor de acuerdo a las pautas impartidas por el presidente de la Nación, que son las de promover la transformación de YPF en una empresa eficiente y competitiva y la reestructuración y redimensionamiento de YPF".  Menem había hecho escuela en el uso de las cortinas de palabras.
Estenssoro había comenzado su carrera en la gerencia de ventas de la Esso.  Durante el gobierno de Isabel Perón fue asesor de Zinn, con quien integró la Fundación Jacques Perriaux (en homenaje al ministro de Justicia de Lanusse, un ex niño prodigio que recitaba de memoria los libros de Ortega y Gasset), precursora de la Fundación Carlos Pellegrini.  En la década del 70 figuró como director de Litho Formas SACIF, dedicada a las artes gráficas.  Su presidente era Eduardo Luis García, su vicepresidente Federico Alzaga, y sus asesores el estudio Béccar Varela y la consultora Arthur Andersen & Co. Los otros directores eran Arturo Fauvety y Jorge Navarro Viola.  También formó parte de Hughes Tool Company, dedicada a la fabricación y comercialización de herramientas e implementos para la industria petrolera.
Según el SUPE, que en aquel momento declaró la guerra al interventor y que durante muchos años controló la línea gerencial de YPF, Estenssoro consiguió para Hughes la provisión monopólica de trépanos a la petrolera estatal.  El 95 por ciento de la producción de Hughes fue adquirido por YPF, que se habría endeudado por 800 millones de dólares para pagar precios 250 por ciento mayores que los internacionales.  Estenssoro habría iniciado juicios contra las empresas Trépanos S.A. de Mendoza y la norteamericana Kove Reed, que aspiraban a disputarle el negocio de la provisión a YPF.  Hasta que la matriz de Hughes vendió su filial argentina a Kove Reed, lo cual acabó con el alejamiento de Estenssoro, quien había llegado a ser el segundo ejecutivo de la compañía en el exterior y a instalar plantas en Venezuela y Costa de Marfil.  El SUPE también pretende que Estenssoro habría sido procesado en Estados Unidos por librar cheques sin fondo. El interventor negó todas estas afirmaciones y anunció que iniciaría acciones legales contra el diputado Antonio Cassia, del SUPE.
Lo que está fuera de discusión es que, por lo menos hasta el balance y memoria de 1989, Estenssoro era presidente del directorio de otra empresa, Sol Petróleo, creada en la década del 20 por el ingeniero Sol, se mantuvo durante décadas como una cáscara vacía que sin embargo tenía autorización para cotizar en Bolsa, lo cual la tornaba ideal para abordajes audaces.  En 1980 el general Carlos Suárez Mason la utilizó para canalizar los fondos con que se financió la intervención militar clandestina en América Central.  Sol Petróleo recibía a precios seis veces inferiores a los de mercado los residuos petroquímicos que Petroquímica General Mosconi estaba obligada a devolver a YPF. Estenssoro y José Estévez la adquirieron en condiciones ventajosas cuando estaba al borde de la quiebra debido a ese affaire de la nafta adulterada, por el cual la comisión de Valores la retiró de las pizarras.
Hay indicios de que siguieron haciendo buenos negocios con Petroquímica Mosconi.  Sol Petróleo tenía dos áreas del Plan Houston una destiladora de solventes en Claypole otra en Comodoro Rivadavia y otra en Dock Sud, desde donde despachaba combustibles al exterior. Por su capacidad instalada era la quinta refinadora después de YPF, Shell, Esso e Isaura.  El 25 de marzo de 1991 la Sindicatura General de Empresas Públicas formuló una observación de auditoría a Petroquímica General Mosconi por una operación realizada con Sol petróleo entre agosto y diciembre de 1990.  El documento firmado por el síndico delegado de control de gestión Roberto Cappa y por el síndico general delegado de auditoría William Leslie Chapman consignó que la Petroquímica Mosconi había prestado a Sol Petróleo 10.000 toneladas de materia prima para solventes por sesenta días, a un precio de 173 dólares la tonelada en caso de no devolución, con 77 dólares adicionales la tonelada por fraccionamiento de la materia prima.  En setiembre de 1990 el producto se embarcó para exportación, y en octubre Sol Petróleo comunicó su decisión de comprar esa materia prima recibida en préstamo.  El pago se efectuó el 31 de octubre, pero al precio pactado el 19 de agosto, que sólo tenía vigencia por sesenta días.  Petroquímica General Mosconi no tenía análisis de la evolución de precios en el mercado internacional de esos productos que ella misma estaba exportando.  Además, los síndicos detectaron diferencias entre los cupos de exportación de diluyentes y solventes solicitados a y autorizados por la Secretaría de Energía, y entre los volúmenes autorizados y los realmente exportados.  Al cuantificar el perjuicio sufrido por Petroquímica General Mosconi, la SIGEP lo estimó en un mínimo de 335 y un máximo de 393,4 dólares por cada una de las 10.000 toneladas del convenio, es decir, entre 3,35 y 3,93 millones de dólares.
Además, Sol Petróleo era deudor moroso de General Mosconi por cerca de 4 millones de dólares, y a mediados de 1991 la Secretaría de Informaciones del Estado investigaba una presunta defraudación de Sol Petróleo al Estado nacional con facilidades de exportación de diluyentes otorgadas por la Dirección de Combustibles de la Subsecretaría de Energía.  Petroquímica General Mosconi es una empresa celeste y blanca.  En su directorio ocupan asientos los dos secretarios privados del Hermano Eduardo en el Senado: su cuñado Ricardo Valente y Edgardo Piuzzi.
Ni peronistas ni radicales aprecian a Estenssoro.  Los pedidos de informes sobre su currículum nunca fueron contestados, y varias veces dejó plantados a los diputados de la comisión de Energía que querían oír sus explicaciones sobre algunos temas, entre ellos Cañadón Alfa.  Es un área ubicada en el sector Norte de la isla de Tierra del Fuego.  Localizada por YPF a fines de la década del 60, constituyó el descubrimiento más importante de esos años en la cuenca Austral.  Su explotación comercial se inició en 1972, y hasta 1990 YPF invirtió en ella más de 150 millones de dólares en obras de infraestructura y perforación.
Costa afuera en el mar, Videla y Martínez de Hoz otorgaron en 1978 un área de unos 10.000 kilómetros cuadrados al consorcio integrado por la empresa francesa Total, la alemana Deminex y la argentina Bridas, de la familia Bulgheroni, que tres años después encontró allí el yacimiento gasífero Ara.  En ese momento YPF ya había perforado en Cañadón Alfa 71 pozos, de los cuales 21 en dirección al mar y ninguno de ellos a menos de un kilómetro del área adjudicada a los franceses.  Sin embargo, Total aducía que su yacimiento marino era continuación geológica de la zona que explotaba YPF, e invocaba cláusulas de su contrato según las cuales en esos casos lo aconsejable era la explotación unificada, para lo cual las partes deberían acordar un plan de inversiones y negociar su asociación.
Aunque esa cláusula 21 del contrato no otorgaba derecho a las partes a reclamar indemnización, Total sostuvo que desde 1978 YPF le había provocado un quebranto que según distintas versiones estimaba en 500 o en 750 millones de dólares por succionar crudo que pertenecía al área Ara.  La asesoría legal de YPF dictaminó que la explotación de Cañadón Alfa se había iniciado antes del contrato con los franceses, por lo cual el contratista había asumido un riesgo al firmar.  Pero además los organismos técnicos de YPF no aceptaron que existiera la pretendida conexión geológica entre los yacimientos y sostuvieron que para determinarlo era preciso perforar pozos de investigación cada dos kilómetros, en los 19 kilómetros que median entre ambas zonas.
Semanas después de recibir el pronunciamiento adverso de los técnicos, Estenssoro cedió a Total el área de la discordia, mediante un procedimiento que denominó unitización y que no está contemplado en la legislación argentina ni en el diccionario de la lengua.  Zinn y el directorio de YPF respondieron a los críticos que se trataba de "un uso técnico conocido para reservorios comunes", lo cual implicaba dar por válidos los reclamos de Total que los técnicos de YPF rechazaban.  Tal vez porque tenía conciencia de su arbitrariedad, al anunciar el acuerdo YPF dijo que respondía a un pedido expreso de Menem, quien el 25 de setiembre de 1990 había encomendado a Estenssoro esforzarse para "concluir las negociaciones en un plazo máximo de treinta días".  No hizo falta tanto.  Estenssoro firmó el convenio cinco días después cumpliendo las órdenes de la Corona.
El comunicado oficial sostuvo que dada la vinculación geológica de ambos yacimientos, la unitización haría más racional y eficiente su explotación.  Como la producción en Cañadón Alta había superado "el volumen original in situ factible de haberse producido", se negoció la asignación de la producción de gas y condensado a Total Austral, y la de petróleo crudo remanente a YPF, "en compensación del volumen de hidrocarburos ya extraídos y comercializados por nuestra empresa hasta el presente".  YPF reconocía así la totalidad de la pretensión francesa y además designaba a Total operadora-gerente del área unitizada.  Según el SUPE, en Cañadón Alfa hay un millón de metros cúbico de reservas de crudo, y la zona es más rica aún en gas.  El diputado nacional Antonio Cassia denunció que YPF reconoció a Total por el petróleo que después del acuerdo le compra 30 dólares por metro cúbico, cuando el costo de producción que tenía allí por administración era de 8 dólares.  Por cierto, Cañadón Alfa-Ara es el único contrato que no se renegociará.  Para este caso no existe desregulación: YPF seguirá comprando caro.  Silenzi de Stagni, quien volvió a denunciar a Estenssoro por fraude contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, calcula que YPF debe pagar ahora a Total 10 millones de dólares mensuales, por hidrocarburos que hasta el 15 de noviembre de 1990 extraía a un precio cuatro veces menor.
Esa negociación violó lo dispuesto por el decreto 1757/90, firmado por Erman González y Menem unos días antes de la unitización.  Para racionalizar el gasto público el decreto prohibió efectuar transacciones salvo que existiera una sentencia judicial o un laudo arbitral firme que condenara al Estado a pagar.  Es el mismo que se invocó para suspender los convenios de los trabajadores de ENTel y de Aerolíneas Argentinas, como vimos en los capítulos 7 y 9. Se racionaliza el gasto desprotegiendo a los trabajadores días antes de transferir esas empresas, pero se hace una excepción para negociar con Total-Deminex-Bridas.  Su distinta aplicación en uno y otro caso evoca una reflexión de uno de los juristas allegados al régimen, Manuel Arauz Castex: "No es fácil olvidar el viejo concepto criollo de ley, que Hernández pone en boca del moreno, en el canto XXX de La vuelta de Martín Fierro, en que se la satiriza como instrumento de gobierno (´la ley es como el cuchillo: no ofende a quién lo maneja') y como producto racional, ajeno a la inmediata valoración de cada caso ('le cai al que se halla abajo y corta sin ver a quien').  Recién cuando se ha incorporado la raíz de ius en la palabra justicialismo, dándosela a éste un auténtico contenido de justicia social, ha renacido en el pueblo el amor por el derecho y el respeto por la autoridad".
Luego de una serie de reuniones de Estenssoro con Montamat y con Brea, de Shell, la desregulación comenzó a regir el 19 de enero de 1991, con un aumento de precios del 40 por ciento en todos los combustibles.  Los decretos 1055 y 1212 habían vedado la apropiación indebida de renta y contemplado la baja gradual de los impuestos del crudo y los combustibles.  Como la desregulación suponía el alineamiento de los precios internos con los internacionales, se pactó una contribución extra de las empresas al fisco, en caso de que la Guerra del Golfo llevara el precio del crudo por encima de los 28 dólares, una suerte de impuesto a la renta inesperada.  Cuando el precio del crudo bajó, los precios de los combustibles siguieron aumentando.
Lo fundamental fue el convenio que YPF firmó con las refinadoras privadas Shell y Esso, de provisión de crudo en el trimestre enero-marzo, a un precio inferior en 7 y 8 dólares por barril al internacional.  Las demás productoras protestaron aduciendo que ello deterioraba sus precios y desviaba su clientela de refinadores.  YPF seguía sirviendo para regular el mercado, pero ahora en favor de las refinerías privadas de la Shell y la Esso.  Como carecían de capacidad para competir, los productores dependían de un cambio en las condiciones del mercado.  Mientras lo aguardaban demoraron la reconversión de los contratos.  Bridas y Amoco en todos sus contratos, y Pérez Companc en la mitad, se aseguraron así que aun luego de la desregulación YPF siguiera comprándoles el petróleo por encima del precio internacional en Meseta Espinosa, Cañadón Seco, Manantiales Behr, Piedras Coloradas y Entre Lomas.  La consecuencia de esa política de comercialización fue una drástica transferencia de renta de los productores a los destiladores y de YPF a ambos. La Esso defendió con campañas de prensa los argumentos de Estenssoro: el crudo argentino era de calidad deficiente, y para exportar ese mismo petróleo YPF debería pagar el flete, por lo cual lo descontaba al venderlo en el país.  Diego Ibáñez acusó a Estenssoro de pregonar "la inferioridad de nuestros petróleos respecto de los internacionales.  Gracias a ello, el país corre el riesgo de perder más de 950 millones de dólares en la asociación de áreas centrales".  Su conclusión era que el presidente de YPF se había cartelizado con sus antiguos colegas de las refinadoras.
Según Ibáñez,  Estenssoro fijó un precio de venta del crudo a las refinerías un 20 por ciento por debajo de su valor, que generaba un lucro cesante de 150 millones de dólares por año.  Ibáñez añadió que en vísperas de la licitación de las áreas centrales, era directamente decir: señor oferente, pague menos", y que "ese 20 por ciento de subvaluación no fue trasladado al margen de refinación, sino que los combustibles están 40 por ciento encima de los valores internacionales.  Esto significa una renta adicional de 700 millones de dólares al año que pagan el fisco, las provincias, y sobre todo los consumidores.
El descuento sobre el precio internacional, convenido en el crudo que YPF vendió a las refinadoras privadas, no tenía precedente en las negociaciones de aquélla con las otras empresas antes de la desregulación.  Cuando los productores privados estaban obligados a entregar el crudo que extraían a YPF, la empresa estatal pagaba en relación con el precio internacional, sin quitas por la presunta mala calidad, descubierta el mismo día en que la empresa estatal se convirtió de compradora en vendedora.

A poco de asumir el Ministerio de Economía, Cavallo recomendó a Estenssoro que revisara los acuerdos de precios, y a partir de marzo comenzaron las licitaciones por el crudo de YPF. Interpetrol y las tradings norteamericanas que ganaron la licitación por 1,5 millones de metros cúbicos se convirtieron en intermediarias entre YPF y las refinadoras. El cambio de sistema dispuesto por el nuevo subsecretario de Combustibles Raúl García a solicitud de Cavallo elevópese a ello el precio del crudo, confirmando las objeciones a los anteriores contratos firmados por Estenssoro.  Cada barril se pagó con un descuento de entre 2 y 3 dólares, que rellenaba el promedio entre los precios FOB y CIF del crudo norteamericano que se toma como referencia para el mercado argentino, el west Texas Intermediate, WTI.  Pero la política de precios ya había surtido efecto en las cotizaciones para las áreas centrales.  Como era de imaginar, los inversores tomaron como base de cálculo el precio subvaluado al que YPF les vendió su crudo durante aquel trimestre crítico, y cotizaron por cada barril de reservas entre 3 y 4 dólares.  Otra prueba adicional del regalo suntuoso que recibieron es la comparación de ese precio que pagaron por asociarse en las mejores áreas de YPF, sin riesgo y ya en producción, con el que fue ofertado por la primera tanda de áreas secundarias, privatizadas a fines de 1990: pese a que el precio internacional era entonces un 20 por ciento más bajo que en marzo de 1991, las ofertas para esas áreas, de menor producción, oscilaron entre 5 y 6 dólares por barril, más del doble que en las áreas centrales.
Los temores del ex secretario Aráoz se realizaron con exceso.  Aunque YPF retenía el 50 por ciento de la asociación en las áreas centrales, el contrato con Total asignó al operador privado la adquisición de equipos, materiales y provisiones, llevar los libros contables, dirigir en forma exclusiva todos los trabajos y servicios, y representar a la asociada YPF frente a terceros, incluidas las autoridades gubernamentales argentinas, o extranjeras.  Si YPF desea visitar el área, debe solicitar autorización por escrito a su socio, que fija día y hora.  Es decir que sin siquiera vender la mayoría se cedió el puesto de mando y se resignaron las facultades de control, que en petróleo lo son todo.  La Total, con un 34 por ciento estatal y el resto en manos de pequeños accionistas, sostiene con un presupuesto de mil millones de dólares anuales al Instituto Francés del Petróleo.  Entre las clases que se dictan allí para la formación de sus futuros ejecutivos hay un curso dedicado a las técnicas de negociación con los países subdesarrollados.  En él se explica la conveniencia de discutir hasta el cansancio puntos secundarios, y presentar cada concesión como una gran victoria de la contraparte aborigen, pero ser inflexible en los puntos principales.  Por ejemplo las prerrogativas del operador.
Aráoz había calculado obtener por las áreas centrales 1.200 millones de dólares, pero las ofertas que se presentaron fueron casi tres veces menores, constituyendo un negocio tan ruinoso como la enajenación de ENTel y Aerolíneas Argentinas.  La licitación incluía la apertura de tres sobres: A (antecedentes técnicos y económicos), B (Oferta técnica) y C (Oferta económica).  El sobre A se abrió el 30 de agosto de 1990.  De veintitrés presentaciones de antecedentes, fueron desechadas por no reunir los requisitos todas las nacionales y quedaron dieciséis en carrera.  El sobre B se abrió el 4 de marzo de 1991, con la presentación de diez ofertas.  Estenssoro, anunció ese día que el análisis de su contenido demandaría treinta días, y que una semana después se abriría el sobre C. Estos treinta y siete días se redujeron, sin explicación alguna y al ritmo de las urgencias fiscales y electorales, a dieciséis.
Para el área Vizcacheras, la consultora Gaffney & Cline/AICC calificó como aceptables las ofertas técnicas de los sobres B de Occidental Exploration of Argentina Inc.-Occidental de Argentina Inc.-Petrolera Patagónica S.A. y Astra Capsa-Repsol Argentina S.A.; para el área El Tordillo, calificó a Tecpetrol-Santa Fe Energy Co. Argentina, Amoco Andina Production Co. y Repsol Argentina S.A.-Compañía Naviera Pérez Companc, y para El Huemul-Koluel Kaike, a Total Austral S.A., Amoco Andina Production Co., Astra Capsa-Repsol Argentina S.A.. Sólo rechazó la oferta presentada por Agip S.A.-Sideco Americana.  Para el área más importante, Puesto Hernández, la única oferta fue la presentada por Shell Capsa-Compañía Naviera Pérez Companc.  Por decreto 412/91 la licitación fue anulada, pese a las protestas de los interesados, que arguyeron que la condición de la pluralidad de ofertas no figuraba en el pliego, y volvió a convocarse.  Una de la razones de la anulación fue el fastidio del gobierno por la locuacidad del entonces presidente de Shell, Jacques Schraven, quien se jactó en la publicación especializada Platts Oil Gram de aprovechar los precios de ocasión a los que vendía la Argentina.
Aquí hay un buen ejemplo acerca de la relación perversa entre el Estado y las empresas privadas.  Anular una licitación invocando condiciones que no estaban en el pliego de condiciones es un acto arbitrario.  No obstante, los privados aceptan esa conducta y no recurren a la Justicia en defensa de sus derechos porque saben que, de todos modos, podrán obtener ganancias excepcionales, fuera de toda escala con la inversión a realizar, en esa o en otra concesión futura.  Lo único racional es entonces seguir en buenas relaciones con el gobierno que otorga esos beneficios.  Una vez que esas relaciones se apartan de un marco normativo estable, el único límite es la formación moral de cada persona concernida, en las empresas y en el gobierno.  No es el esquema más apropiado para evitar la corrupción, sobre todo en un terreno en el cual circulan miles de millones de dólares y existe una tradición nacional de financiamiento político irregular.
En la segunda convocatoria por el área neuquina Puesto Hernández (535 pozos perforados y 359 en producción, con una extracción diaria de 40.000 barriles y 106 millones de barriles de reservas), Pérez Companc se asoció con Occidental y les fue adjudicada por una oferta de 240,7 millones de dólares.  En la primera ronda habían sido aceptadas de inmediato las ofertas de Astra-Repsol por el área mendocina Vizcacheras (291 pozos perforados y 172 en producción, de los que se extraen 13.300 barriles diarios y con reservas por 55 millones de barriles), mediante el pago de un canon de 97,9 millones de dólares, y de Total Austral por el área El Huemul, en Santa Cruz (1.300 pozos perforados y 477 en producción, con una extracción diaria de 16.300 barriles y 43,7 millones de barriles de reservas), con un derecho de asociación de 134,4 millones de dólares.  En cambio Estenssoro aconsejó negociar con la empresa de Techint, Tecpetrol, asociada con la norteamericana Santa Fe Energy por el área El Tordillo, en Chubut (846 pozos perforados, 376 en producción, con una extracción diaria de 12.700 barriles y 47,8 millones de barriles de reservas).  El consorcio ofreció 76,6 millones de dólares, pero según los valores umbral fijados en la resolución 47/91 del directorio de YPF, no sería aceptable una oferta inferior a 107,6 millones de dólares, por lo cual se invitó al ganador a mejorar su oferta hasta ese nivel.  La negociación duró tres meses y en su transcurso volvieron a transgredirse todas las reglas.  Pese a que se había seguido el criterio de Aráoz y los consorcios no podían sufrir cambios a lo largo del proceso, Tecpetrol y Santa Fe Energy fueron autorizadas a asociarse con el Banco Río, de Pérez Companc, cuando se pensó que podría pagarse la diferencia con títulos, y con la petrolera estadounidense Energy Development Co. Igual que en los teléfonos, los dos pesos pesados de los grupos económicos locales terminaron también asociados en petróleo.  Pero además el gobierno aceptó reconocer por la diferencia entre la oferta y el umbral la cancelación de deudas del Estado con otras empresas del grupo Techint.  Esto equivalía a entregar petróleo crudo, que es como decir dinero en efectivo, a cambio de acreencias de contratistas, en infracción a los instrumentos jurídicos con los que el mismo gobierno declaró la emergencia, y que difirieron esos pagos.
Silenzi de Stagni, quien desde hace medio siglo estudia en forma documentada las negociaciones petroleras de la Argentina, amplió la denuncia contra Estenssoro y Nells León, por la adjudicación a Santa Fe Energy Company of Argentina y Tecpetrol del área central El Tordillo.  Acompañó para ello las pruebas de que ninguna de esas empresas tenía un capital superior a los 5.000 dólares: 1.000 Santa Fe Energy, 4.660 la empresa controlada por Techint.  Pero además Santa Fe Energy Company of Argentina estaba asociada desde 1989 para la explotación de las áreas Monte Quemado y El Caburé, con Sol Petróleo, la empresa que por lo menos hasta ese año Estenssoro había presidido.
Las penurias de caja que tornan difícil el cumplimiento de las metas fiscales comprometidas con el Fondo Monetario internacional indujeron al Poder Ejecutivo a vender porciones adicionales de esas áreas centrales.  Así la participación de YPF se redujo al 10 por ciento en El Tordillo y Vizcacheras, al 30 por ciento en El Huemul y al 60 por ciento en Puesto Hernández.  Esta renegociación, a tan poco tiempo de la venta original, demuestra la inconsistencia de una política cuyas decisiones carecen de fundamentos y se modifican al vaivén de las urgencias coyunturales.
Como parte del proceso de privatización, YPF se convirtió de empresa del Estado en sociedad del Estado, bajo la forma de una sociedad anónima.  Esta nueva categoría jurídica le permitió a Estenssoro cuestionar la intervención de la incómoda SIGEP como órgano de control, y contratar en vez de ella a un auditor externo privado para el seguimiento financiero y la preparación del balance.
Las leyes que Dormí consiguió aprobar en el Congreso en setiembre de 1989 lo habilitaban para la concesión de áreas y las asociaciones, pero no para vender cuencas petroleras, destilerías, barcos y ductos, por lo que la proyectada privatización de YPF requerirá una nueva ley.  Estenssoro elaboró un borrador, que en abril de 1991 fue girado al Congreso con la firma de Cavallo, y cuyas copias descansaron en varios cajones.  El borrador tenía un anexo con los activos que McKinsey recomendaba vender, pedía que se declarara a YPF sujeta a privatización, pero no especificaba si el capital accionario se compondría de mayoría estatal o privada.

José Luis Manzano, quien ha comprendido a la perfección el valor económico y político del petróleo, presentó su propio proyecto de reformulación de YPF pocos días antes de dejar la banca por el Ministerio del Interior.  Mientras el proyecto de Estenssoro no explicaba el futuro del paquete accionario, el de Manzano, escrito por Rubén Maltoni, asignaba el 45 por ciento a las provincias y al Estado nacional y el 10 por ciento a los trabajadores.  En un anexo, Manzano amplió la lista de activos en venta, incluyendo por ejemplo el 49 por ciento de las acciones de Interpetrol, todas las plantas de almacenaje y cada uno de los barcos de la flota.  Para obtener el asentimiento de las provincias petroleras, contempló la cesión de la propiedad de los recursos, descontando las áreas que ya estuvieran en poder de los privados y los yacimientos ubicados más allá de las 12 millas marítimas.  Este fue el proyecto preferido por el gobierno nacional, con algunas modificaciones que le introdujo Cavallo: la participación provincial disminuye al 39 por ciento, ingresan las provincias no petroleras que tengan acreencias con la Nación, las acciones podrán adquirirse con un bono con el que Economía pagará deudas con las provincias o diferencias por mal pago de regalías, las provincias que lo prefieran podrán vender el bono a empresas privadas.
De este modo El Pragmático consiguió hasta un principio de arreglo con el jefe del peronismo mendocino.  José Octavio Bordón, cuyas denuncias de corrupción lo obsesionan.  "Yo no necesito que nadie me cuente cómo se mueven Manzano, Bauzá y Dromi.  A mí me propusieron negocios y los rechacé", es la frase con la que Bordón suele comenzar un diálogo sobre sus adversarios, a quienes barrió en las elecciones internas del peronismo mendocino, donde no logran hacer pie.  Hasta el momento de la negociación con Manzano, las provincias petroleras tenían una posición unificada de reclamo al Poder Ejecutivo por las regalías mal liquidadas, que sumaba 7.000 millones de dólares.  Mendoza fue la primera en desistir del juicio radicado ante la Corte Suprema de Justicia, a cambio del reconocimiento de la totalidad de la deuda, que la Nación pagará con los bonos, cuya entrega está atada a la aprobación del proyecto de ley, lo mismo que el reconocimiento del dominio provincial sobre los yacimientos que queden sin privatizar.
Las provincias podrán participar en un comité de privatización que controlará el proceso de ventas o asociaciones.  Sin embargo, primero se vende y después se reparte el paquete accionario de la YPF privatizada en mayor grado aún que el sugerido por McKinsey.  Estenssoro había anunciado que si no se aplicaba su proyecto renunciaría.  Sin embargo, se reacomodó sin dificultades.  En verdad el proyecto Manzano establece la privatización del 50 por ciento como mínimo de las acciones, y tanto las provincias como la Nación pueden desprenderse en forma total de sus participaciones al cabo de tres años.  Las provincias, que no esperaban cobrar, aceptarán los bonos con la avidez de un cardumen de pirañas y saldrán a venderlos para moderar el rigor del ajuste.  De ese modo el declamado federalismo se utilizará como forma de legitimar una transacción ruinosa para el país, en la que se malvenderán recursos no renovables.
Incluso sin ley, en setiembre de 1991 comenzó la privatización de la cuenca Austral y en noviembre la de la cuenca Noroeste, fraccionadas y maquilladas como si fueran áreas centrales.  Cada cuenca es mucho más que un área y ningún marco legal permite esta enajenación.  Antes de que finalice 1991, también quedará oficializada la concesión de otra treintena de áreas secundarias.
Los grandes candidatos para las dos cuencas son Total en la Austral y Pluspetrol en la Noroeste.  Los franceses desean expandirse en el sur, ocupando posiciones de avanzada en una región que podría pertenecer a la misma estructura geológica de las codiciadas islas Malvinas.  Para Pluspetrol (donde Macri se desprendió de su anterior participación del 50 por ciento por la sucesión de peloteras con Luis Rey) se trata de redondear el negocio que ya tiene con Bolivia, donde opera un tercio de sus reservas de gas, incluyendo en la operación la refinería de Campo Durán, que YPF construyó para destilar el crudo de la región.  Es decir, integrar aunque sea parcialmente lo que YPF desintegra.  El presidente de Pluspetrol, Luis Rey, es el primer empresario local que planteó la privatización total de YPF.  Como en la cuenca Noroeste también hay gas, Pluspetrol se propone tender un gasoducto hacia el sur de Brasil, pasando por Bolivia.
En las últimas décadas el negocio petrolero se sustentó sobre un esquema en el cual YPF retuvo aproximadamente un 66 por ciento tanto de la producción como de las reservas y los privados el tercio restante.  El primer año de Menem en el gobierno ya mostró un descenso en la producción de YPF al 63,8 por ciento, que se acentuó en 1990, con el 61,1 por ciento.  Las estimaciones para 1991 eran del 54,8 por ciento considerando las áreas secundarias cedidas y el 50 por ciento de las cuatro áreas centrales.  El aumento de la participación privada en las áreas centrales torna dudoso ese resultado, y las nuevas licitaciones de áreas y de cuencas no dejan lugar a dudas de que a partir de 1992 YPF no llegará al 50 por ciento de la producción, con lo cual perderá el control del propio mercado.  En 1992 también habrá perdido el autoabastecimiento, por primera vez en muchos años, y deberá adquirir petróleo crudo a precios de mercado a las empresas privadas a las que ha vendido sus yacimientos en plena producción.  Otra consecuencia de la política de liquidación escogida será la disminución del horizonte de reservas de crudo y gas, un suicidio nacional equivalente al del endeudamiento externo y su estatización en las décadas del 70 y el 80: negocios fantásticos para unos pocos grupos privados y penurias por décadas para toda la población.  El propio plan McKinsey prevé para 1992 una merma del 43 por ciento de las reservas de crudo (de 344.600 a 196.500 millones de metros cúbicos), y del 47 por ciento de las reservas de gas (de 743,9 a 392,7 billones de metros cúbicos).  Cuanto más baratas se venden las reservas, menor es el estímulo para invertir en la exploración.  No sólo eso: las ganancias fáciles que el Estado dispensa constituyen también un disuasivo para otras inversiones de riesgo en explotaciones menos regaladas.
Tres días antes que Todman entregara su carta a Erman González, el diputado y sindicalista petrolero Antonio Cassia sostuvo que la propuesta privatización de YPF encubría el objetivo de liquidar su patrimonio "subvaluándolo en una suma que no representa siquiera el 10 por ciento de su activo".  Cassia consideró ridículo el valor internacional de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares asignado por McKinsey a YPF, "que en reservas de crudo posee un activo de 15.000 millones de dólares, sin contar el valor de sus conductos, destilerías, estructuras de comercialización, flotas de barcos y aviones, etcétera".  Agregó que sentía "la indignación propia de quien se encuentra frente a un síndrome que me animo a denominar corruptivo".  Como su nombre lo indica, la consultora McKinsey no pertenece a la familia Yoma.  La dilapidación en 3.000 millones de dólares de lo que vale no menos de 15.000 constituye un acto de profunda corrupción, aunque en lugar de coimeros intervengan elegantes ejecutivos que, mientras no se demuestre lo contrario, se atienen a los códigos de ética de sus corporaciones.

LOS DIAMANTES SON ETERNOS

Luego de disponer la remodelación del gabinete, Menem se mostró con los integrantes de la Fundación para la Modernización del Estado, en la que estaban representados los sectores más liberales del sindicalismo empresario.  Casi todos sus directivos eran miembros al mismo tiempo del Consejo Empresario Argentino.  En el acto en que anunciaron su aporte de unos 300.000 dólares mensuales para que el gobierno iniciara la reforma administrativa sin aguardar el crédito prometido por el Banco Mundial, se comentó con admiración la forma en que Menem había despeñado desde la roca Tarpeya a Dromi y Yoma.  Integrada por 73 empresas, y dirigida por representantes de los mayores grupos y bancos beneficiarios de la tupacamarización del Estado (Pérez Companc, Techint, Citi, Roberts, Río), por los principales exportadores agropecuarios (Cargill, Continental) y las grandes transnacionales norteamericanas (Philips Morris, IBM), la Fundación anunció que su selección de 1.500 ejecutivos comenzaría por los veinte a cincuenta ocupantes de puestos críticos, directores de administración de los ministerios y puestos claves en los organismos descentralizados, como Dirección General Impositiva y Administración Nacional de Aduana.
¿La corrupción es inherente al ajuste neoliberal o, por el contrario, constituye apenas un error o un exceso, que debe y puede suprimiese para no contaminar la pureza del modelo?  La posición del gobierno de los Estados Unidos y del amplio espectro político y empresarial que respaldó su planteo era la segunda.  Ahora con la corrupción como ayer con la guerra sucia, proponían lo que en 1977 Arnaldo Musich llamó la limpieza del bisturí o lo que Menem mencionó como la oxigenación de su gobierno.  Aunque entre las empresas norteamericanas predominaba la irritación con Todman por haberlas colocado en el centro de la atención pública, había acuerdo general sobre la necesidad de limitar la voracidad de los funcionarios, y las casas centrales estimulaban esa actitud.  Contra los deseos de algunos directivos locales de Swift, Campbell Soup premió a Nielsen, quien fue recibido como un héroe en una reunión de filiales que sesionó en Caracas.  A su puesto de director de Planeamiento Externo y Relaciones Institucionales sumaron el de director de Nuevos Productos.  Su sofisticada tarea consiste en garantizar exquisiteces competitivas: un container semanal  de pescados provistos por pesqueras medianas de Mar del Plata, cultivos especiales de tomates en el sur para las salsas que la cadena McDonald's prepara en Chile, carne con tacos para México, pâté de foie con champignon para Francia, carne à la crème para Bélgica.
En la respuesta escrita a Todman, redactada por Carlos Carballo y Guido Di Tella, Erman González señalaba que "la enumeración de temas pendientes comprende situaciones muy distintas y su agrupamiento lleva claramente a confusión respecto del grado de razonabilidad de cada uno".  También declaraba "preocupación por una nota que reúne inquietudes de empresas americanas de muy distinta naturaleza y que incluye una virtual acusación de procedimientos deshonestos tiñendo al conjunto de un carácter que hace difícil las relaciones entre el gobierno argentino y las empresas americanas en un contexto de lealtad y análisis objetivo de sus solicitudes".
Los conceptos eran sagaces ya que de los nueve temas de Todman sólo uno tenía que ver con corrupción, y la mayoría de los restantes solicitaba trato preferencial en negocios de empresas de su país: el precio del gas Enron (donde nada olía peor que la forma en que los norteamericanos consiguieron el decreto irregular), una exención de aranceles para una subsidiaria de Ford, mayor rentabilidad para la destilería Esso, ampliación de los cupos de Goodyear y Firestone para la exportación e importación de cubiertas a y del Brasil, prerrogativas especiales para el correo privado Federal Express, participación de Bell Atlantic en la tupacamarización de ENTel, pago de una deuda que el American International Group reclamaba al Instituto Nacional de Reaseguros.  Pero el único caso de corrupción denunciado acentuaba por la filiación de sus actores la vulnerabilidad argentina frente a Estados Unidos.  Como en economía, política exterior o estrategia militar, también en materia de corrupción Estados Unidos le marcaba el paso al gobierno de Menem.  Washington se comportaba del mismo modo que lo hizo bajo la dictadura militar: registrando cada dato sobre cualquier cuestión sensible y utilizándolo para presionar a favor de sus intereses.  En la década del 70 eran denuncias de violaciones a los derechos humanos recopiladas por el altísimo Tex Harris, un hombre bueno que se conmovía hasta el llanto con los relatos de los familiares de los desaparecidos a quienes recibía cuando el gobierno, los partidos políticos y la Iglesia les cerraban las puertas.  Su fichero era el más completo del país en esa materia y a su gobierno le servía también cuando había que discutir cuestiones económicas.  En la del 90 la especialidad pasaron a ser los episodios de corrupción o drogas.  Típico de la concepción redentorista norteamericana, los nobles objetivos espirituales provocan efectos políticos y encubren intereses materiales.
Mientras la nota de Todman rebotaba de oficina en oficina, el gobierno preparaba una nueva vuelta sobre la rosca del ajuste, quitando el impuesto al gasoil y la electricidad para grandes empresas, eliminando las retenciones a las exportaciones agropecuarias y cerrando el financiamiento a la banca provincial.  González Fraga negociaba con la banca acreedora un acuerdo global que el presidente del Banco Central entendía ventajoso para el país.  Consistía en la cancelación de los atrasos vencidos y de los que se acumularían hasta el 31 de diciembre de 1991, hasta 10.000 millones de dólares.  De ellos, 1.500 se pagarían en efectivo, 4.000 se capitalizarían, sumándose al principal de la deuda, 3.200 constituirían una emisión de bonos de privatización, y los 1.300 restantes se recomprarían en el mercado, al 20 por ciento de su valor nominal, con set asides del Fondo Monetario Internacional, es decir fondos separados para ese fin de cada desembolso del organismo.  A partir del 19 de enero los pagos mensuales a la banca acreedora se incrementarían de 40 a 60 millones de dólares y los 1.500 millones de dólares en efectivo se pagarían en seis cuotas de 60 millones de dólares, otras seis de 80 millones, y un desembolso extra, que se discutía, de entre 500 y 700 millones de dólares.  Para hacer frente a ese plan, González Fraga había escondido 400 millones de dólares, calificándolos como indisponibles, en dos depósitos mensuales sucesivos de 200 millones cada uno en el banco de Ajustes Internacionales de Basilea.  De ese modo no aparecerían en las estadísticas ni afectarían las reservas, que se estimaban en 2.800 millones de dólares, con las que el Banco pulseaba en el mercado cambiario.
La Argentina estaba apurada por cerrar este trato por razones inscriptas antes en la lógica de sus acreedores que en la del país.  El mejor argumento de González Fraga ante norteamericanos y europeos era que esa negociación obligaría a seguirlo a Brasil, el país que más querían cuadrar los bancos.  Además, en marzo los organismos reguladores del gobierno de Estados Unidos iban a poner en vigencia nuevas normas muy onerosas para los bancos de su país.  Hasta diciembre contabilizaban en sus balances al 100 por ciento las acciones de las empresas adquiridas en la Argentina a cambio de papeles de la deuda externa, pero si se quedaban con esos títulos en su cartera no podían registrarlos por más del 40 por ciento de su valor nominal.  A partir de marzo títulos y acciones deberían igualarse en los balances, ambos por debajo del 30 por ciento de su valor nominal.  Esto afectaba a los bancos que habían participado en la fagocitación de ENTel y Aerolíneas Argentinas, cuyo valor disminuiría en los balances.  Si González Fraga cerraba el trato antes de marzo los organismos reguladores norteamericanos podrían reconsiderar la valuación de las acciones de esas empresas en la contabilidad de los bancos, dándoles la posibilidad de mostrar ganancias en los balances. De otro modo se4 les desarmaba el negocio. Esta especulación retrata las desbravadas relaciones del país con el mundo, e induce a cuestionarse sobre la definición misma de prácticas corruptas.
La semana en que comenzó el escándalo Swift-Yoma la Argentina aumentó sus pagos por atrasos a los bancos acreedores, de menos de 500 a más de 700 millones de dólares anuales, pero sin el convenio general discutido por González Fraga, que en cambio los acreedores sí firmaron con Brasil luego de la sustitución Zelia Cardozo.  Con el crédito puente concedido en 1984 para que el flamante gobierno democrático de Buenos Aires no incurriera en atrasos con sus acreedores, los gobiernos de Brasil, México, Venezuela y Colombia habían entregado a su víctima indefensa, de modo que no corriera mejor suerte que ellos.  Alfonsín presentó esa perversidad como un gesto fraterno entre latinoamericanos y Menem devolvió la estocada a los hermanos brasileños.
En esos días se hizo evidente la preocupación del Departamento de Estado de Washington por las consecuencias políticas de la corrupción administrativa que, según sus voceros, se había extendido en forma peligrosa "en el último año”, por el "desarrollo de una mentalidad que parece tolerar estos hechos” y por el creciente parecido de la Argentina de Menem con "el Paraguay de Stroessner, donde era imposible dar un solo paso sin pagar una coima".  El embajador Todman no se había apartado de la línea fijada por su cancillería.  Al contrario expresaba decisiones centrales de su política exterior.  Para el gobierno norteamericano la corrupción es uno de los principales problemas que afectan la cooperación de los países ricos con los del Tercer Mundo en programas de asistencia al desarrollo.  Las investigaciones académicas que fundamentan esa posición han llegado a identificar a la corrupción de funcionarios públicos como "uno de los tres o cuatro problemas más perniciosos que enfrentan los gobiernos del Tercer Mundo", y a enumerar sus principales consecuencias: deteriora la eficiencia al jerarquizar otros criterios de selección de contratistas y proveedores, propende a una distribución inequitativa de los escasos recursos públicos, transfiere ingresos de las arcas oficiales a manos privadas y genera desconfianza en los gobiernos, escepticismo y cinismo popular.
Los hombres de negocios de Estados Unidos, Europa y Japón consideran a la Argentina el peor país de América Latina en cuanto a la integridad moral de su burocracia, según una encuesta de Latin Finance-Euromoney.  Pero el señalamiento de la Argentina como un modelo de corrupción tenía por lo menos una década.  En 1981 la Contaduría General (General Accounting Office) publicó un informe sobre el efecto para las empresas norteamericanas de la ley sobre prácticas corruptas en el exterior, promulgada en 1977 bajo el impacto del escándalo de Watergate y los casos de sobornos pagados en tres continentes por las empresas Lockheed, Northrop y Gulf Oil.  La pena por el pago de sobornos a funcionarios para conseguir o conservar negocios en el exterior es de hasta cinco años de prisión y multas de 10.000 dólares para las personas y de un millón de dólares para las empresas.  Mientras algunas empresas, como la propia Lockheed, se tornaron tan cuidadosas como para no pagar ni siquiera la cuenta del hotel de clientes invitados a hablar de negocios en su sede de California, otras buscaron nuevos métodos más difíciles de detectar.  Uno de ellos consistió en asociarse con empresas no estadounidenses que hicieran el trabajo sucio.  La legislación europea no reprime esas prácticas.  Italia sancionó en 1980 una ley que las permitió, Francia nunca las persiguió, y la oficina federal alemana de Información sobre Comercio Exterior emitió un memorándum confidencial para advertir a las empresas que en negocios importantes debían estar dispuestas a pagar hasta el 20 por ciento en soborno de funcionarios extranjeros. Esos gastos pueden alcanzar muchos millones de dólares en grandes proyectos de ingeniería y construcciones, y son deducibles de impuestos como un costo más.
El 16 de marzo de 1981 la revista Time abrió su sección de Economía y Negocios con una nota sobre este tema en la que había una mención especial para la Argentina.  Al describir el estilo de coimas en cada país, decía que aquí eran preferidos cuadros posimpresionistas de apreciadas galerías como Wildenstein o joyas que los funcionarios elegían para sus esposas en Ricciardi.  Lo más impresionante era el cuadro de los Grandes Receptores de coimas que acompañaba la nota.  La Argentina figuraba en primer lugar, con un 20 por ciento sobre los contratos, y la displicente observación: "Los diamantes son eternos".  México ocupaba el segundo lugar: del 15 al 20 por ciento y "Seducción latina".  Seguían Arabia Saudita (del 3 al 15 por ciento, "Alquile un jeque"), Malasia (del 5 al 10 por ciento, "Perder al golf') e Indonesia (del 5 al 10 por ciento, "Todo en familia").  La corrupción argentina no nació con la democracia.  En aquel momento gobernaban la junta militar de Jorge Videla y su ministro Martínez de Hoz.  En los cinco años anteriores a esa publicación había sido clausurado el Congreso, disuelta la Corte Suprema de Justicia, censurada la prensa independiente y no se pensaba convocar a elecciones libres hasta el siglo veintiuno, condiciones óptimas para el florecimiento de la corrupción.
Seis años después, de los diamantes se había pasado al dinero en efectivo.  Uno de los pocos casos en los que es posible conocer con detalle los pagos que se realizaron es el del gasoducto Loma de la Lata, entre Neuquén y Buenos Aires, construido por los tres grandes grupos económicos del país: Techint, SADE y Macri, reunidos en el Consorcio Neuba.  La financiera cautiva de Techint, Santa María, se encargaba cada mes de recaudar los aportes, proporcionales a la participación de cada grupo en el consorcio, en el que Techint tenía mayoría.  Luego la misma financiera pagaba los sobornos, que en las notas internas se identificaban con el eufemismo Prestaciones en sede.  La nómina de pagos incluía funcionarios y políticos, tanto radicales como peronistas, y empresas competidoras excluidas del negocio, para que no protestaran.  En total se pagaron por esa obra en el año 1987 más de once millones y medio de dólares.  Con exactitud: 11.527.000 dólares, o expresado con la técnica financiera de las planillas de Santa María11.527 U$S X 10 a la tercera.  Una observación notable que surge de estas planillas es que un alto porcentaje de los sobornos, casi tres millones de dólares, se pagaron en agosto de 1987, es decir en el mes previo a las elecciones del 6 de setiembre.  Militares, radicales, peronistas, los corruptos pasan.  Los corruptores quedan.
Los informes sobre la negociación con los italianos por el gasoducto de Loma de la Lata precipitaron la remoción de Rubén Maltoni de Petroquímica General Mosconi.  Cuando Manzano y Antonio Cafiero lo llamaron desde el mismo teléfono para interesarse por él, Terragno entendió que era algo más que un simple director de PGM.  A la misma conclusión llegaron los directivos del Ente Nazionali Idrocarburi de Italia que asistieron a una recepción en el piso de un millón de dólares de Maltoni en la avenida Quintana, al lado de La Biela.  "Vive en un departamento que en Italia sólo puede tener el presidente del ENI", dijo asombrado uno de ellos.
Italia es el país con los mayores índices de corrupción de Occidente, efecto y causa de la gigantesca porción de su economía que permanece subterránea.  En una ostensible mayoría las denuncias de casos de corrupción involucraron a empresas del grupo italiano en la Argentina.  Una investigación de la Brigada Especial de Operaciones (ROS) de la policía de Sicilia concluyó a mediados de 1991 que después del chantaje, las armas y las drogas, las adjudicaciones de Obras Públicas constituyen el cuarto tesoro de la Cosa Nostra, que controlaría el 80 por ciento de los contratos en Sicilia".
Una interpretación muy difundida en la reaccionaria oligarquía argentina es que la corrupción en gran escala comenzó en la Argentina durante la presidencia de Arturo Frondizi, con la preponderancia que asumió a partir de entonces el capital europeo en general e italiano en particular. Coincide con la óptica de la embajada norteamericana, según la cual los europeos corren con ventaja porque comono están sujetos a controles muy estrictos pueden pagar coimas que favorecen sus negocios en la Argentina.
La competencia con empresas europeas, frente a las que se sienten en desventaja, es una de las preocupaciones norteamericanas que aparecen en forma muy clara en el informe de la Contaduría y el artículo de Time.  Otra es la magnitud de los sobornos a pagar y su efecto sobre los negocios.  Una organización civil creada por un importante funcionario judicial argentino que viaja periódicamente a Estados Unidos para estudiar su sistema penal y por el directivo de uno de los grandes grupos empresarios, con estrechas relaciones con el establishment económico y político de Washington, sostuvo en su órgano de expresión que los sobornos de 2 o 3 por ciento citados en la bibliografía internacional funcionan como lubricante al eliminar trabas burocráticas, pero que en la Argentina el problema alcanzaba una proporción intolerable.  "Las causas judiciales registran denuncias por compras de buques en los que se pagó el doble del valor real, o de anclas, a seis veces su costo.  En un caso en trámite se grabó una conversación en la que un gerente de una empresa estatal decía: 'Esto no puede ser, ya cobra cinco veces la obra y todavía no la hizo'.  En estas condiciones no hay una pequeña ganancia en un negocio real, sino que el único negocio es el fraude.  No hay operación comercial que soporte esos márgenes de corrupción.  Ningún buque comprado al doble de su valor puede dar ganancias, ninguna empresa puede subsistir pagando cinco veces una obra que no se hace.  Esta clase de corrupción no sólo no aceita sino que bloquea la actividad económica", sostuvo allí el fiscal federal Luis Moreno Ocampo.
A propuesta de Washington, el asunto será incluido en el temario de la próxima reunión del organismo de las Naciones Unidas a través del cual se canaliza la ayuda para el desarrollo, la UNCTAD.  Esa sigla corresponde a United Nations Conference on Trade and Development (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo), pero su inoperancia suele dar lugar a que se la mencione como Under No Circumstances Take Any Decision (Bajo Ninguna Circunstancia Tome una Decisión).  Para el establishment norteamericano esta cuestión, corno casi todas, constituye un argumento en favor de la universalización de su modelo de organización de la economía y la sociedad, como queda claro en esta afirmación del académico Samuel Huntington: "En términos de crecimiento económico lo único peor que una sociedad con una burocracia rígida, supercentralizada y deshonesta, es una sociedad con una burocracia rígida, supercentralizada y honesta".  La corrupción es mala, pero peor es la burocracia estatal.  Ese es el enemigo a combatir, y la denuncia de su corrupción uno de los argumentos más efectivos, aunque la finalidad no sea suprimir la deshonestidad, sino los controles estatales sobre la economía.
En los meses previos a la carta de Todman había circulado entre las distintas representaciones diplomáticas un borrador del gobierno norteamericano exponiendo su inquietud por la corrupción, de la que enumeraba una decena de fuentes.  Son las que siguen, con las correspondientes recomendaciones sobre cómo cegarlas, salvo cuando éstas son obvias:
•	Sobornos en las operaciones de Aduana.  Se proponía detectarlos mediante la adopción de un software unificado en todos los países de la UNCFAD.
•	Exceso de reglamentación y abuso de autoridad.  Ambas se combaten con mayor desregulación.
•	Corrupción en el manejo de préstamos, financiación externa y ayuda al desarrollo.  Se recomiendan mayores controles, un directorio común de préstamos la UNCTAD y un sistema de análisis financiero.
•	Soborno por parte de las empresas transnacionales.  Se aconseja sancionar leyes como la que reprime las prácticas corruptas de empresas norteamericanas en el exterior.
•	Abuso de poder por parte de la clase gobernante.  Para enfrentarlo se deben profundizar las reformas democráticas. 
•	Parcialidad en la administración de Justicia.  Se cura con mayor independencia de los jueces y creando un ombudsman o defensor del pueblo.
•	Bajos salarios de la administración pública.  Se desvanece con la reducción del número de empleados de la burocracia estatal y el aumento de los salarios a los sobrevivientes.
•	Nepotismo.
•	Contratos sin licitación.
En mayo de 1991 el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas aprobó un documento oficial solicitando al secretario general que

“prepare un informe sobre la situación de los esfuerzos emprendidos por las Naciones Unidas para hacer frente a la cuestión de las prácticas corruptas en las transacciones comerciales internacionales y que lo distribuya a los Estados miembros a tiempo para examinarlo en las consultas en curso encaminadas a lograr un acuerdo definitivo sobre el proyecto de código de conducta para las empresas transnacionales (…). El hecho de impedir y evitar las prácticas corruptas constituye un elemento importante para mejorar el medio comercial internacional y fomentar al equidad y competitividad de las transacciones en beneficio también del público en general".

Es interesante cotejar este pliego de condiciones con el vértigo de denuncias y reformas que trastornaron a la Argentina desde entonces.  Sólo falta allí el denominado combate al narcotráfico, que Washington tramita por otros carriles, para tener un mapa de ruta de América Latina en la era Reagan-Bush.  Muchos de sus puntos deberían integrar cualquier programa de transformación democrática de la Argentina, asumidos por sus fuerzas populares organizadas, sindicatos, partidos políticos, asociaciones de ciudadanos, aunque se hayan planteado como otro intento de los acreedores externos, sus gobiernos y organismos por ajustar todas las canillas por donde gotean los recursos que ellos consideran, y el gobierno les reconoce, como propios.
La definición clásica de la corrupción brindada hace casi cinco siglos por Maquiavelo, que la identifica como causa de la decadencia de la República, no es menos aplicable aquí hoy que el recetario desregulador presentado por Estados Unidos a la UNCTAD.  "La corrupción y la escasa disposición para la vida en libertad nacen de la desigualdad", diagnostica.  Para Maquiavelo la corrupción es la alianza entre el poder de los ricos y el poder de los gobernantes, que destruyen a la República tras la máscara de la libertad.  Los poderosos hacen la ley para servir a sus fines egoístas, sin respetar la libertad común.  En la ciudad corrupta los cargos principales no recaen en quienes tienen más virtud sino más poder.  "Sólo los poderosos proponían leyes, no para la libertad común sino para beneficio propio, y nadie podía hablar contra ellos por miedo, de modo que el pueblo era engañado o forzado a sancionar su propia ruina".  La corrupción se asimila entonces a la pérdida de la libertad.  En un pueblo corrompido no hay remedios idóneos para conservar la libertad, concluye.  De este modo es por completo natural que coincidan la mayor desigualdad que la Argentina haya conocido en el último medio siglo con el más alto grado de corrupción, que no comienza por la base de la sociedad sino desde la cabeza.  Tampoco debería llamar la atención que el problema haya asumido contornos alarmantes a partir de la última dictadura, cuando el eje de la actividad económica se desplazó de las actividades productivas a la especulación y la valorización financiera del capital.  Según Kant, una sociedad que se componga sólo de miembros improductivos sólo podrá ser una sociedad de estafadores.  Esta opinión del filósofo alemán tiende a identificar corrupción con demasiado capitalismo.  No tiene menos interés la posición de quienes la atribuyen a demasiado poco capitalismo.  Dice un académico de Harvard: para esta línea de explicación "si se permitiera que el mercado reemplazara al gobierno allí donde fuera posible, la corrupción disminuiría.  Una versión extrema de esta idea sería convertir un monopolio público en un monopolio privado.  El resultado podría no ser diferente.  Los consumidores podrían pagar el mismo ineficiente alto precio por el servicio, sólo que pasaría a llamarse precio de mercado y no corrupción".
Tampoco es arbitrario ni azaroso que Menem haya anunciado en un mismo discurso, en abril de 1991, la intervención federal a Catamarca, una serie de propuestas de lucha contra la corrupción elaboradas por el entonces subsecretario de Justicia Carlos Arslanián, la cooperación del gobierno de los Estados Unidos con la Fuerza Aérea y la Gendarmería en la detección del narcotráfico y una investigación de presuntos ilícitos en la aduana de Ezeiza y en su depósito fiscal (que a poco andar quedó en nada porque comprometía a un íntimo del Presidente, el ex administrador Aldo Elías).  El plan de Arslanián, quien enseguida fue elevado al rango de ministro, no fomenta la ilusión penal que en cambio estimulan Menem y Duhalde con sus periódicas amenazas de castigos tremebundos que, sin un cambio en la estructura del sistema de enjuiciamiento, nunca saldrán del papel. Su diagnóstico y parte de sus recomendaciones no contradicen las preocupaciones del embajador Todman ni la visión del borrador norteamericano a la UNCTAD.  Entre las causas de la corrupción Arslanián enumera la excesiva regulación que determina un alto grado de injerencia estatal en la actividad económica, el empleo público como subsidio para una burocracia desjerarquizada e inidónea, los sueldos misérrimos de los funcionarios que deciden asuntos de extraordinaria importancia económica como las compras o contrataciones del Estado y el otorgamiento de beneficios impositivos a discreción.  El problema es que ninguna receta técnica es efectiva sin el ejemplo de la conducción, un punto en el que coincide toda la literatura sobre el tema.  "La intachable integridad del jefe es citada a menudo como una precondición clave para la limpieza de una organización (o de una nación) corrupta", afirma el reconocido especialista Robert Klitgaard.  En su ya célebre libro Controlling Corruption cita un párrafo significativo del Huai-nan Tzu, escrito en China 122 años antes de Cristo: “El poder de alcanzar el éxito o el fracaso reside en el gobernante.  Si la guía es firme, el árbol crecerá recto.  Del mismo modo, si el gobernante es honesto y probo, los funcionarios de su gobierno serán honrados y los pícaros deberán ocultarse.  Pero si el gobernante no es probo, los malvados harán su voluntad y los puros quedarán aislados".  Klitgaard suministra un cuadro de medidas para combatir la corrupción.  El tercero de sus cinco puntos recomienda la reunión y análisis de información para mejorar la probabilidad de que la corrupción sea detectada.  Además de los sistemas de auditoría destaca la utilidad de la información provista por la prensa, considerada un valioso auxiliar y no un enemigo por los gobernantes honestos.
El mismo día de aquel mensaje de Menem, el presidente de Bolivia Jaime Paz Zamora comunicó a su pueblo un programa de ostensible afinidad con el argentino. O para decirlo con mayor precisión, con el programa norteamericano que las filiales sudamericanas ponen en aplicación al mismo tiempo: medidas contra la corrupción, reestructuración de las fuerzas antinarcóticos, control de puestos fronterizos y aduanas y seguimiento de funcionarios de los tres poderes del Estado que se hayan enriquecido en tiempo record.
Para llegar a tal homogeneidad entre países de la región fue necesario recorrer un largo camino.  El primer paso lo dieron en 1975 los planificadores del Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos al definir cómo deberían ser las que llamaron democracias viables en América Latina, en sustitución de las dictaduras que ya habían realizado el trabajo sucio y con las que Washington no deseaba identificarse.  La percepción de este proceso fue oscurecida en la Argentina por la asincronía de su última dictadura, que comenzó cuando en los demás países de la región los militares tocaban retirada.  Un memorándum de los especialistas del Departamento de Estado Frank Devine y Henry Schlaudeman reclamó asegurar una dirección política civil y estable a los gobiernos resultantes, a través de fuerzas políticas de clara definición anticomunista, que contaran con apoyo social e inserción en los sectores obreros, juveniles y campesinos, y preservar a las Fuerzas Armadas como control de la transición, mediante su repliegue institucional de las funciones políticas.  Esto tampoco funcionó de inmediato en Buenos Aires, porque la dictadura no se retiró en orden sino a la desbandada después de la guerra de las Malvinas y sus jefes máximos fueron sentados en el banquillo de los reos.  El memorándum recomendaba combinaciones específicas para cada país.  Aquí no concebía nada mejor que una alianza entre el sector balbinista de la Unión Cívica Radical y la rama sindical del peronismo.  Con adecuaciones periódicas a las nuevas realidades de cada momento, ese entendimiento bipartidario es la fórmula maestra de la política norteamericana para la Argentina.
El segundo paso fue imaginar para qué podría servir la deuda externa.  El Banco Mundial trabajó desde 1985 en los planes de su canje por activos físicos, o capitalización de títulos, por necesidad de Estados Unidos.  En la década del 80 hubo una reducción espectacular de la participación norteamericana en la inversión extranjera directa global: del 54 por ciento en el quinquenio 1976-1980 al 21 por ciento en el quinquenio 1981-1985.  En ese quinquenio el 35 por ciento de la inversión directa extranjera global fue aportado por Alemania, el 30 ciento por Japón, el 21 por ciento por Estados Unidos y el 14 por Gran Bretaña.
Ese retroceso es mucho más evidente si se observan las cifras de la inversión directa extranjera en América Latina.  En el quinquenio 1976-1980 el capital norteamericano era responsable por el 67 por ciento de los flujos de inversión, seguido por Japón con el 17 por ciento, Alemania con el 12 por ciento y Gran Bretaña con el 3 por ciento. Pero en el quinquenio siguiente, Japón pasó al primer lugar, con 50 por ciento de los flujos globales, seguido por Alemania con el 28 por ciento, Gran Bretaña con el 6 por ciento y Estados Unidos con apenas el 2 por ciento (si bien el stock acumulado de inversión norteamericana sigue siendo superior).
Debido a la reestructuración del capital en Estados Unidos, todos los recursos internos disponibles más los que se obtienen de los países superavitarios como Alemania y Japón y de los del Tercer Mundo se aplican a la modernización del anquilosado aparato productivo norteamericano.  De modo que el trueque deuda-inversión constituye el principal arma económica de los Estados Unidos en su intento por recuperar la hegemonía internacional.  Es una técnica financiera para aumentar a mínimo costo las inversiones extranjeras norteamericanas, pero de ninguna manera un incremento de la inversión extranjera en los países destinatarios.  En 1987 el ex secretario de Estado Henry Kissinger explicó que, además, la deuda podría emplearse como herramienta política, ya que lo importante en América Latina era determinar “qué queremos que sean esos países dentro de veinte años, no cómo pueden hacer para pagar los intereses el año próximo".  Este fue el último invento genial de los planificadores de la política exterior norteamericana, la versión siglo veintiuno del canje de metales preciosos por abalorios o de materias primas baratas por manufacturas caras. En 1988 la propuesta fue desarrollada con más extensión en el Segundo Documento de Santa Fe, que académicos y militares conservadores elaboraron para George Bush durante la campaña electoral que lo llevó a la presidencia.  Uno de ellos, Roger Fontaine, visitó la Argentina en 1990 en representación de la conservadora Hoover Institution on War, Revolution and Peace y fue acompañado a una audiencia con Menem por el asesor presidencial Arnaldo Martinenghi, a quien nadie se atrevería a presentar como un adalid en la batalla contra la corrupción.
Propietario de los Astilleros Alianza, de un haras, de un yate y de un avión Merlin que puso a disposición de Menem durante la campaña electoral, Martinenghi exportaba barcos a Polonia financiados por el Banco Central a una tasa tres veces menor a la de mercado.  Créditos a su astillero por 50 millones de dólares para la construcción de un ferry fueron solicitados por Menem a las autoridades del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que constituyó para ello un club integrado también por el Banco Nación, el Banco Ciudad y el Banco Nacional de Desarrollo.  Para que el negocio cerrara el BCRA debió subsidiarlo compensando la tasa diferencial entre el préstamo que el Banco Provincia tomaba en el exterior y el que le daba a Martinenghi.  Además, hasta que el decreto 435 los suspendió, también recibía reembolsos por la exportación.  El secretario privado de Menem, Ramón Hernández, se interesó en su nombre ante el presidente del Banco Central por el expediente de Alianza.  González Fraga dejó pasar los días y cuando Martinenghi reclamó, le dijo:
-Yo creía que el oficial de cuenta era el Presidente.  Si no me llama no lo muevo.
El mismo esquema de siempre, con otros actores y otro resultado.  El presidente del Banco Central tuvo más suerte que el ministro de Economía, o tal vez menos confianza con el Presidente.  Esa vez, Carlos no llamó.  Siempre se puede decir no.
El día de su renuncia, González Fraga se desahogó: "Yo aquí en el salón de al lado tuve a exportadores que me pedían financiamiento de 2.000 millones de dólares para continuar vendiendo.  Yo terminé con ese financiamiento. Me pedían 2.000 millones de dólares a financiar al 8 por ciento y a mí me cuesta 25 por ciento. ¿Dónde está la ganancia para el país? ¿Qué me importaba que vinieran recomendados si tenía que convalidar esa pérdida? ¿El señor Martinenghi puede vender barcos a Polonia financiados por el Banco Central a ese 8 por ciento?  Creo en la exportación.  Pero creo en la exportación del eficiente, no del que los últimos cinco años descuidó el mercado interno y se hizo exportador por las ventajas cambiarias.  Después de cada viaje venía el tema de los compromisos para exportar gasoductos o barcos con tasas de interés que yo nunca quise solventar.  Hay que ser duros en general.  Lo fuimos con Bridas de Bulgheroni.  Se acabó la bicicleta de los bancos de Bridas.  Y la del Banco de la Provincia de Buenos Aires.  Pero no es cuestión que después venga alguien y diga: 'A estos navieros exportadores sí, a Siemens sí'.  No, así no puede ser".
El segundo Documento de Santa Fe, redactado por el acompañante de Martinenghi en la audiencia con Menem, decía con extraordinaria perspicacia: "Cuando estalló la crisis de la deuda en 1982, se puso el acento en mantener la solvencia de los acreedores y la liquidez de los deudores.  Este objetivo se cumplió a duras penas.  Pero se perdió la oportunidad de impulsar a las sociedades latinoamericanas hacia el capitalismo democrático, es decir, hacia sistemas de libre empresa y mercados nacionales de capital que sostienen a las sociedades independientes.  Aún no es tarde para hacerlo".
Su propuesta fue que el Tesoro norteamericano jugara un papel preponderante en formular soluciones para "la crisis estructural de la deuda, que nunca podrá pagarse en los términos actuales", y como medio de alentar el crecimiento del sector productivo privado recomendó estimular "agresivamente la capitalización de deuda".  La importancia de "alentar, por medio de programas privados y públicos, el desarrollo de la empresa privada en Latinoamérica e intentar acelerar la privatización de las empresas estatales" se debía a que "las convicciones establecidas en muchos pueblos latinoamericanos hacen que aun cuando puedan cambiar las formas de gobierno, el sistema siga produciendo estatismo.  Los gobiernos pueden ser inestables y cambiar, pero todo tiende a producir la expansión del rol del sistema mientras duran".  En consecuencia, se imponía "un cambio de sistema y un cambio de cultura política", ya que el sistema latinoamericano es estatista por naturaleza aun cuando lo gobiernen representantes elegidos democráticamente.  El sistema estatista suplanta cada vez más a la iniciativa de los ciudadanos y reduce la esfera de autonomía de la sociedad civil".  Como "el problema subyacente es cultural: la disputa acerca de cuál es el mejor sistema, la cuestión no es sólo sobre las formas y procedimientos para la elección de gobernantes.  Colocar el foco en los procedimientos electivos oscurece los otros requisitos indispensables para una democracia responsable".  Por último, "sobran evidencias de que, incluso cuando se instalan en América Latina formas democráticas, no se altera el modelo estatista", de modo que, "si los elegidos para gobernar comparten las posiciones estatistas del sistema, el proceso hacia el estatismo, y en consecuencia hacia un sistema antidemocrático, no será revertido por una elección".
Kissinger volvió a precisarlo en términos similares a comienzos de 1989, un año clave porque debían renovarse en elecciones los gobiernos de nueve endeudados países de la región y se temía "un decisivo vuelco político hacia el populismo, el nacionalismo y el antiamericanismo".  En un trabajo sobre la deuda externa que planteaba la corresponsabilidad entre deudores, bancos y gobiernos y adelantaba los rudimentos de lo que sería el Plan Brady, Kissinger sostenía que "no tiene sentido que el capitalismo de Estado siga siendo supremo al sur del Río Grande mucho después de haber sido abandonado en el mundo comunista.  La privatización, la liberación del flujo de capitales y la reducción de las exacciones gubernamentales deben ser elementos clave".  Por eso tuvo tanto éxito el bautismo de la nueva etapa peronista como menemtroika por el primero embajador en Washington y luego canciller Guido Di Tella.  Con las operaciones de ENTel y Aerolíneas Argentinas, la Argentina capitalizó en un año casi el doble del promedio anual de todo el Tercer Mundo, desde que el mecanismo fue activado, y la de ENTel es la mayor operación individual que se haya producido nunca.
La receta que Zbigniew Brszezinski expuso para la Europa comunista también era de aplicación en América Latina: democracia política más economía abierta o, en otras palabras, democracia de mercado.  La lucha contra la corrupción, como el manejo de la deuda externa, son instrumentos de la batalla cultural descrita en esos documentos.  El ocaso de un modo feudal y anacrónico de hacer política, de nepotismo, inmoralidad y violencia ostentosos, es inevitable.  Pero el modelo moderno, racional, ordenado, que debe substituirlo viene con instrucciones en inglés.  Y los encargados de aplicarlo a veces hablan el idioma con buen acento pero no entienden de verdad las reglas.  Como el propio Di Tella.  Arquetipo de ese capitalismo prebendario que siempre privatizó ganancias y socializó pérdidas con el que la menemtroika habría venido a terminar, el canciller refinanció en el Bancó de la Provincia de Buenos Aires toda la deuda de sus empresas familiares por casi 4 millones de dólares, en el último trimestre del gobierno de sus amigos personales y políticos.  En su sesión del 15 de agosto de 1991 el directorio del Banco acordó por resolución 1791/91 conceder a Estancias Los Nogales, ATGE y Gastee un nuevo préstamo por 300.000 dólares para cubrir el saldo deudor de su cuenta corriente 4-83.995/4; atenuar los intereses de ese descubierto mediante la aplicación del índice de ajuste financiero corregido más un spread del 24 por ciento anual, y repetir por 180 días préstamos anteriores en títulos valores por 2,5 millones de dólares y deudas por descubiertos en cuentas corrientes por 750.000 y por 287.000 dólares.  Luego Di Tella elevó despreocupado en dirección a los No Alineados el dedo de moralizar y modernizar costumbres bárbaras en países retrógrados.
El Departamento de Estado en Washington y los sectores tradicionales de poder en la Argentina celebraron el giro de 180 grados del peronismo, pero temían que la incontinencia de muchos de sus hombres precipitara la descomposición del gobierno antes que el desmonte del Estado y la reforma estructural fueran irreversibles.  Una vez convertido Menem a las políticas que durante medio siglo sólo pudieron impulsarse a punta de bayoneta, se preocupaban por enseñarle buenos modales.  Para todos ellos, la panacea era reducir aún más la capacidad reguladora del Estado.  Con las palabras de Erman González al anunciar la disolución del Ministerio de Obras y Servicios Públicos: "Desaparecerán organismos y entes reguladores que posibilitan la corrupción y la discrecionalidad en las relaciones económicas".  Claro que no desaparecerían las reglas: de ahora en más, "las actividades relacionadas con los programas de privatización serán llevados a cabo por comités específicos con el monitoreo y asistencia de organismos técnicos especializados a nivel internacional".  Es decir, que las fijarían el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y no una banda de aborígenes ladrones.

SU RUTA

El asesor de Terragno, Rodolfo Perales, reapareció junto a Dromi, esta vez como secretario ejecutivo de la comisión vial del Ministerio, un cargo ad honorem.  Pero esta vez no estaba solo.  En la licitación de las rutas tuvieron representación los mayores grupos de la Patria Contratista.  Por el grupo Macri, intervinieron Horacio Escofet, el director de Sideco Carlos Manuel Ramallo, su apoderado Guillermo Fanelli Evans y Roberto Righini; por Sade, el secretario de Obras Públicas Rodolfo Barra, y por Techint el mismísimo Roberto Sammartino, quien por supuesto fue el único que no figuró con una designación formal.  Allí se acordó que la mitad de los kilómetros se adjudicaran a los mayores contratistas (22 por ciento Benito Roggio, 17 por ciento Macri, 11 por ciento Techint) y el resto se prorrateara entre los menores.  La distribución se hizo de modo de complacer a empresas integrantes de la Unión Argentina de la Construcción (Techint, Pérez Companc, Macri, Kokourek), la Cámara Argentina de la Construcción (Supercemento, Conevial, Dyopsa, Aragón, Roggio, EACA, Servente) y la Cámara Argentina de Empresas Viales (Burgwardt, Paolini, Perales Aguiar, Dycasa, Chediak, Equimac, Decavial).  Era esencial que no hubiera descontentos que protestaran.
De las cuestiones técnicas de las licitaciones se encargaría el reconocido experto Mario Guaragna, quien durante la intendencia del brigadier Osvaldo Cacciatore intervino en la adjudicación de las autopistas 25 de mayo y Perito Moreno, un modeló de vaciamiento del patrimonio público.  La Unión Transitoria de Empresas Autopistas Urbanas Sociedad Anónima las construyó en la segunda mitad de la década del 70 con créditos externos.  Para obtenerlos recibió avales municipales por 973,9 millones de dólares.  AUSA fue así el tercer mayor deudor externo de la Argentina.
Al poco tiempo adujo que la explotación por peaje no resultaba rentable, reclamó que el municipio la subsidiara y, ante su negativa, no pagó los préstamos contraídos.  El Tesoro de Buenos Aires debió hacerse cargo de ellos, mientras los concesionarios seguían cobrando la tarifa más cara del mundo, de unos 3 dólares por menos de 20 kilómetros.  A raíz de ello las partes se demandaron recíprocamente ante la Justicia.  En 1985 un dictamen del procurador general de la Municipalidad advirtió que el juicio por los mil millones de dólares, irrogaría descomunales honorarios de peritos, con independencia de su resultado, es decir, así ganara la Municipalidad.  La jurisprudencia de la Corte Suprema indicaba que cualquiera fuera el monto de la litis, debían pagarse los aranceles mínimos del 4 por ciento, y en éste se realizarían cuatro peritajes distintos.  Cada perito cobraría 40 millones de dólares: 4 X 40 = 160 millones de dólares de honorarios.  Aunque ganara el juicio, si la otra parte era insolvente, el municipio debería pagar a los peritos.  En consecuencia el procurador recomendó llegar a un acuerdo con las concesionarias.
Barra fue uno de los negociadores por las empresas del fantástico convenio por el cual la Municipalidad se hizo cargo de aquel pasivo y permitió que el consorcio continuara la explotación de la autopista por cinco años más.  Como la Municipalidad no estaba en condiciones de asumir esa deuda, la transfirió a su vez a la Nación, que le embargó a cambio los recursos por coparticipación federal.  El Ministerio de Economía se encontró de buenas a primeras con una deuda adicional que ni siquiera tenía un respaldo documental claro, y en el verano de 1986 sus funcionarios se pusieron en contacto con los bancos prestamistas para averiguar los montos comprometidos, procedimiento que define el estado de indefensión de la sociedad argentina, en su isla rodeada de tiburones.  Son muy insistentes las versiones, nunca documentadas, sobre el desvío de fondos de las autopistas para emprendimientos bélicos de la Fuerza Aérea, entre ellos la adquisición de material, a espaldas de las fuerzas hermanas que integraban con ella la santísima trinidad castrense de la Junta Militar.
En 1991, cuando los cinco años del segundo contrato ya habían vencido largamente, la Municipalidad volvió a prorrogarlo y sin nueva licitación dejó las autopistas en manos de aquellas empresas, asociadas ahora con Sideco, del grupo Macri, sin norma alguna que lo autorizara.  Este es otro indicio de la prolongación de la dictadura y sus efectos mucho más allá de su alcance cronológico.  Autor de Concesión de obra pública por peaje, Barra no sólo actuó como abogado del consorcio.  También era uno de sus propietarios, con 358.239 acciones.  Intendente municipal responsable de esta renegociación: el ex gerente general del grupo Macri, licenciado en letras y ex seminarista Carlos Grosso.

El Sistema de Reconversión Vial creado por Dromi, Barra y Guaragna partió de una notable confusión jurídica, al encuadrar como concesión de obra pública la entrega de un servicio.  Se invocó la ley 17.520 que durante la presidencia del general Juan Onganía se había dictado para la construcción de grandes obras como el puente Corrientes-Barranqueras y el complejo ferrovial Zárate-Brazo Largo.  Con el decreto plan 823/89 el Estado nacional abandonó la estricta planificación que había favorecido en el pasado la participación privada en la construcción y el mantenimiento de rutas, dentro de normas que resguardaban la legalidad y honestidad de los contratos y tomando en cuenta prioridades, proyectos y presupuestos.  Hasta entonces las obras de mantenimiento y conservación se financiaban con fondos de Vialidad Nacional formados por el impuesto a los combustibles.  A partir de las concesiones, los mismos contratistas del Estado pasaron a controlar las dos puntas del nuevo negocio: las obras y los fondos.  Se privatizó la recaudación a cambio del pago de un canon al Estado y la única obligación de conservar las rutas.
Para entregar en concesión fueron seleccionadas las arterias caudalosas y cortas, y muy pocos kilómetros de red que llegaran hasta los puntos extremos del país.  Las rutas licitadas representaban el 25 por ciento de la extensión total de la red, pero concentraban la mitad de su tránsito, con una alta densidad de camiones, lo que aseguraba el 66 por ciento de la recaudación.  Los pliegos se prepararon de apuro y fijaron un exiguo plazo de sesenta días para la concesión de nada menos que 9.800 kilómetros de rutas nacionales que no necesitaban ni mínimas reparaciones, por los que circulaban en promedio 565 autos por hora, a concesionarios a los que además se les cederían para su mantenimiento las máquinas de la Dirección Nacional de Vialidad.  El Ministerio de Obras y Servicios Públicos convocó a algunos usuarios, entre ellos FADEAC, pero no les permitió opinar sobre los pliegos.  "Lo único que hicieron fue mostramos lo que iban a hacer", protestaron.
No había tiempo que perder.  En noviembre de 1989 se llamó a precalificación.  El 15 de enero de 1990 se abrieron los sobres, el 7 de febrero se precalificó, entre el 14 de marzo y el 10 de mayo se abrieron los sobres de ofertas, el 26 de junio se preadjudicaron los veinte corredores en que se habían dividido las rutas y el 11 de setiembre se firmaron los últimos contratos.  Las bases de selección de las ofertas no formaban parte de los pliegos.  En el primer tramo de las adjudicaciones, de los corredores uno a cuatro, se premió el mayor canon.  En la segunda etapa, desde el cuarto al decimotercero, se abandonó este criterio por algún otro jamás especificado.  El régimen de evaluación y puntaje que regía para las empresas oferentes fue publicado después de la adjudicación, con el pomposo nombre de Mecánica de Homogeneización de Ofertas y Criterios Generales de Clasificación.  Se trató de que pareciera anterior, pero sin demasiado empeño: cuando la comisión se refiere a ese régimen dice que figura a "fojas...”, con puntos suspensivos que nunca se llenaron, por la obvia razón de que en ese momento no existía.  Apareció en el expediente administrativo el mismo día que el informe de la comisión de preadjudicaciones, el 25 de junio, que fue aceptado en el día por Guaragna, todo lo cual muestra una impresionante ligereza.
A la preselección concurrieron 97 empresas, de las cuales fueron seleccionadas 84.  Sobre 147 ofertas, se adjudicaron 19 corredores a 46 empresas agrupadas en 13 consorcios.  Más de la mitad de los oferentes resultaron adjudicatarios, en un concurso poco competitivo.  La licitación simultánea de todas las obras, con una reducida cantidad de empresas, eliminó la competencia abierta de precios, substituida por la concertación, el método preferido de la Patria Contratista.  La participación en el proceso licitatorio fue bien recompensada: entre Sideco y Perales Aguiar se adjudicaron una cuarta parte de los mil kilómetros licitados.
La evaluación de las ofertas se realizó fuera del Ministerio, precisamente en las computadoras de Perales Aguiar.  Las planillas técnicas no están firmadas y se terminaron de confeccionar después de la presentación de las ofertas.  No se tuvieron en cuenta los índices de liquidez ni de endeudamiento de las empresas, para no excluir a varias de las que debían ganar.  Hay indicios fundados en especificaciones técnicas de que se aceptaron ofertas en las que la mezcla asfáltica y otros materiales para las obras eran de menor calidad que en las rechazadas.
Tampoco hubo un presupuesto de las obras que permitiera saber su costo alternativo para el Estado y medir la tasa de retorno del concesionario, datos sin los cuales era imposible evaluar la conveniencia de cada oferta.
Los principales beneficiarios fueron las mismas grandes empresas constructoras que siempre manejaron los fondos de Vialidad, originados en el impuesto a los combustibles.  La discrecionalidad llegó a tal punto que se adjudicaron rutas a empresas que ofrecían un canon hasta cinco veces menor que sus competidores, quienes luego fueron invitados a subirse al carro del triunfador.  Por ejemplo, Francisco Paolini había ofrecido un canon de 2 millones mensuales por tramos de las rutas 9 y 34.  Sin embargo fueron adjudicados por 350.000 dólares a Supercemento, Aragón, Dyopsa, Nazar y Benito Roggio, que para evitar reclamos dieron participación a Paolini.  Lo mismo ocurrió en el corredor 8, sobre la ruta 22: fue adjudicado a Sade, Necon, Chediak y Decavial, que integraron al consorcio que había ofertado mayor canon, Helport, Burgwardt, Seminara.
Los pliegos establecían que la percepción del peaje sólo comenzaría cuando el concesionario finalizara las obras mínimas estipuladas para la mejora del camino.  Pero ante la salta de control sólo Techint colocó las cabinas de cobro una vez que terminó las obras de ingeniería en sus corredores de las rutas 7 y 8. Los demás concesionarios empezaron por la construcción de las casillas para el cobro del peaje.  Como parte del método corruptor que la Patria Contratista usó en todos sus tratos con el Estado, cada empresa tenía un certificado de la Dirección General de Vialidad Nacional que daba por cumplidas las obras iniciales.
También se consumó el desmantelamiento de Vialidad Nacional, creada en 1932.  Durante el proceso privatizador de las rutas sólo fue utilizada como proveedora de información, pero no se le permitió ejercer vigilancia de las licitaciones y ni siquiera subsistió como organismo de control de los concesionarios privados, pese a que había sido designada como órgano fiscalizador.  Su edificio central se entregó a la Justicia.  Sus laboratorios de análisis, que fueron los primeros de América Latina, se reconvirtieron para efectuar dosajes de droga en la sangre de los presos.  Sus especialistas más capacitados fueron atraídos por las grandes empresas interesadas en saber con cuál corredor convenía quedarse.  Techint contrató a quien había sido por años la mejor cabeza de Vialidad en la Provincia de Buenos Aires, Roberto Santángelo, cuyos honorarios fueron de 600.000 dólares.  Ante la negligencia oficial, fueron los usuarios, entre ellos los transportistas, quienes bregaron por la formación de un comité de seguimiento que fiscalizara si se habían concretado las inversiones prometidas.  Esta iniciativa no ha merecido respuesta por parte del Estado, que ni siquiera verifica los ingresos, ya que en las estaciones de peaje no se entregan facturas por el cobro.
La ruptura de la red de 36.000 kilómetros de rutas nacionales desarticuló un sistema orgánico que contemplaba el mantenimiento de otros 70.000 kilómetros de rutas provinciales y municipales, lo cual puso en crisis a las direcciones de Vialidad de las provincias.  Pese a los incrementados giros por el impuesto coparticipado a los combustibles, los 18 millones de dólares por año que corresponden a una provincia como Córdoba ni siquiera alcanzan para pagar los sueldos de Vialidad Provincial.
Según el plan original, para el primer año las inversiones necesarias se ubicaban en los 106 millones de dólares y los ingresos previstos rondarían los 400 millones de dólares.  El valor de la tarifa era de 1,5 dólares por cada 100 kilómetros, pero igual que en el caso de los teléfonos las cláusulas indexatorias contenidas en los pliegos la incrementaron en forma descomunal, de modo que en marzo de 1990 ya había crecido un 50 por ciento, hasta 2,20 dólares por cada 100 kilómetros.  A lo largo de los doce años de concesión los ingresos serían de 4.700 millones de dólares, que ascenderían a 5.000 si el tráfico se incrementara un 1 por ciento o a 6.200 con un crecimiento del 5 por ciento.  Las inversiones totales debían ser en ese lapso de 1.200 millones de dólares, y el Estado debía recibir en concepto de canon otros 900 millones de dólares, pero el capital propio de las empresas comprometido no superaría en ese período los 130 millones de dólares (considerando que debían desembolsar un 10 por ciento del costo total actualizado).  El 90 por ciento de las inversiones sería financiado por los usuarios y apenas el 10 por ciento de la recaudación era necesario para el mantenimiento.  El resto sería ganancia.  Ninguna cláusula de los pliegos incluyó el riesgo empresario.
Estos cálculos, elaborados sobre los criterios establecidos por las propias empresas oferentes, implicaban tasas de rentabilidad proyectadas del 184 por ciento, pero si se medían sobre el capital propio de los concesionarios llegaban al 560 por ciento.  Los expertos del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional de Buenos Aires Juan Carlos Rima, Luis Gerosi y Luis Yanes demostraron que las utilidades de los concesionarios serían entre el 300 y el 1.300 por ciento mayores que los valores internacionales.  Con las tarifas admitidas y los cánones ofrecidos, las inversiones reales debían recuperarse en no más de dos años.
El sistema sorprendió hasta a los norteamericanos.  Según Richard Robertson, de la Asociación Internacional de Caminos, en el resto del mundo no existen rutas por peaje sin vías alternativas no onerosas.  Otra originalidad argentina es su sistema abierto: el usuario no paga por el tramo que transita, como sucede en todo el mundo, sino según la arbitraria distancia que hay entre casillas.  Su ubicación quedó a discreción del oferente, de modo que pudiera aumentar la recaudación muy por encima de la fórmula aceptada de U$S 1,5/100 kilómetros.
La Sociedad Rural demostró en un estudio el encarecimiento artificial de los fletes por este sistema: para transportar maíz a lo largo de los 250 kilómetros que separan Pergamino de Buenos Aires, debían pagarse 178.000 australes de peaje, que representaban el 5,1 por ciento del flete.  Por su parte, las entidades de transporte de cargas expusieron que en 665 kilómetros de la ruta 3 en un período de treinta días el combustible utilizado por camiones y ómnibus ascendía a 3,1 millones de dólares y lo recaudado por peaje a 2,5 millones.  Según Juan José Antón, de la empresa de transportes homónima y presidente del Comité de Defensa del Usuario, el peaje equivalía al chasis de uno de sus ómnibus por mes.  Antón no trasladó el peaje al boleto y dispuso que sus choferes lo abonaran con moneda menuda.  Fue el primero que presentó un recurso de amparo, y la Justicia lo eximió.  Para que el ejemplo no cundiera, la Gendarmería garantizó el cobro en algunos tramos de las rutas 3 y 205, entregadas a Perales Aguiar.

Ante las denuncias de los diputados Germán Abdala y Juan Pablo Cafiero contra el ingeniero Rodolfo Perales, Eduardo Menem lo indujo a renunciar al comité que confeccionó los pliegos, antes que se abrieran los sobres.  También Ramallo se alejó el 26 de febrero, y los sobres comenzaron a abrirse el 14 de marzo.  En una furibunda respuesta a las afirmaciones del presidente del Centro Argentino de Ingenieros, Alberto Constantini, Ramallo confirmó que desde 1983 tenía relación de dependencia con Sideco Americana y que se había desvinculado de ella "en el mismo momento en que fui designado funcionario público".  Ofendido, renunció al CAI.  Constantini fue el crítico más persistente del sistema.  "¿Transparencia?  No. Los vidrios de esta privatización están tan polarizados como los de los autos, sin saber qué es lo que va adentro", ironizó.
El de Perales es un caso extremo.  Su consorcio Perales Aguiar-Dycasa, resultó concesionario de tramos de las rutas 3 (Buenos Aires-Bahía Blanca), 205 y 252.  El tramo de la 205 estaba recién pavimentado, con lo que la inversión no era escasa sino nula.  En el momento de resultar adjudicatario de unos 900 kilómetros de ruta, Perales estaba cerca de la quiebra.  Para realizar las mínimas obras necesarias obtuvo un crédito por 5,3 millones de dólares del Banco de la Provincia de Buenos Aires.  Su garantía fueron los derechos al cobro de peaje, una hipoteca sobre su casa y la prenda de algunos equipos.  Con parte de ese crédito construyó las casillas, mejoró 5 kilómetros a su alrededor y comenzó a cobrar.  En los primeros tres años, el beneficio neto previsto era de 50 millones de dólares.  El fiscal federal Mariano Ciafardini solicitó que fuera investigado.  Ciafardini consideró que la condición ad honorem de su asesoramiento no impedía la aplicación de los artículos 265 del Código Penal, que pena tanto al funcionario que directa o indirectamente "se interesase en cualquier contrato en el que interviene en razón de su rango" como a los peritos respecto de los bienes en cuya tasación, partición o adjudicación intervengan, y 268, contra el enriquecimiento ilícito.  Por esa incompatibilidad entre tasador y adjudicatario, la ley de reforma del Estado separó ambos roles.  El y los demás comprometidos habrían realizado negociaciones incompatibles con la función pública y estafas en perjuicio de la administración pública.  La denuncia se extendió a Fanelli Evans y Righini.  Nadie sabía al momento de presentarla que Barra había sido subgerente legal de Sade, uno de los beneficiarios.
El prorrateo dejó conformes a todas las empresas, pero el malestar fue en aumento entre los usuarios, los técnicos y el sistema político.  "Hemos votado honestamente la ley de reforma del Estado, pero jamás imaginamos que iba a servir para hacer lo que están haciendo.  Dicen que se están repartiendo valijas", clamó el diputado duhaldista Raúl Alvarez Echagüe.  El ex secretario de Obras Públicas, Bernardo Loitegui, protestó por el desamparo del usuario, con un sistema que abonaba el terreno para la corrupción.  Recordó que la ley 17.520 prohibía que el valor del peaje fuera superior al beneficio recibido por el usuario y entregó un cálculo que había realizado sobre el corredor 1, sobre la ruta 3, siempre el de Perales Aguiar.  En el primer año la inversión sería de 36 millones de dólares y el aporte del usuario de 55, desequilibrio que se iría agravando de año en año hasta que al concluir el contrato, el concesionario habría recauda 704 millones de dólares y su inversión en la ruta no hubiera superado los 271 millones.
El 2 de enero se anunció además la preadjudicación de los accesos Sudeste, Sudoeste, Oeste, Norte, Riccheri y General Paz de la Capital Federal al consorcio RAM, integrado por los quince grandes contratistas: Techint, Sade, Sideco, Benito Roggio, Aragón, Kocourek, Codi, Conevial, Dycasa, Huarte, Iglys, Cartellone, Panedile, Perales Aguiar y Sollazo.  Comenzó entonces una enojada resistencia de los vecinos del Acceso Norte, la ruta Panamericana, reunidos en una comisión multisectorial.  Varios intendentes les ofrecieron apoyo y presentaron un proyecto alternativo en el que la tasa de peaje era la mitad de la anunciada por los preadjudicatarios.
Catac planteó las irregularidades del sistema y el encarecimiento del transporte.  Guaragna les dijo: "Si hacen juicio van a ganar en primera instancia.  A lo mejor en Cámara.  Pero cuando lleguen a la Corte, van a rebotar".  Sabía de qué hablaba.  En un fallo redactado por Barra, la Corte consideró el 18 de junio de 1991 que el peaje no era anticonstitucional aunque no existieran las vías alternativas que aseguraran el libre tránsito, porque exigir su obligatoriedad llevaría al "quebrantamiento de la ecuación económico-financiera" con "ruinosas consecuencias" para el Estado.  El fallo se refería al tránsito de un buque arenero por un canal dragado.  La Corte ya se había pronunciado en un caso similar dos años antes, pero Barra insistió en efectuar "un más pormenorizado análisis", en el que adelantó opinión sobre el tema que a él le interesaba.  En cambio Belluscio se remitió al fallo anterior, y Petracchi, Nazareno y Moliné fundaron su voto de otra manera.  Dijeron que sólo sería compatible con los preceptos constitucionales sobre libertad de tránsito aquel peaje que "con rasgos que lo aproximan a las tasas y lo alejan decisivamente de los impuestos se corresponda siempre a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio o realización de una obra".  La cuestión de los corredores viales, como se ve, no está dirimida.
Durante enero y febrero de 1991 hubo manifestaciones sobre las casillas de cobro en distintos lugares del país organizadas por asociaciones de usuarios y de productores, que exhortaron a no pagar y tomar caminos vecinales.  En varios lugares los usuarios, con ayuda de los municipios, construyeron desvíos para eludir las casillas.  El 23 de febrero el gobierno tomó nota del furor que crecía en todas las rutas y suspendió el sistema por dos semanas para estudiar una alternativa.  El 26 de febrero, en reunión con las entidades agropecuarias, Cavallo les prometió en su estilo rotundo:
-El peaje no vuelve más.
También sostuvo que el sistema implicaba una doble imposición, porque el usuario pagaba dos veces para el mismo fin: el peaje y el impuesto a los combustibles con el cual se habían construido y mantenido esas rutas.
Sin embargo, desatar lo que Dromi y su Barra habían atado no sería fácil.  Conscientes de que en cuanto el país saliera del estupor en que lo sumió la hiperinflación y sus consecuencias podría producirse una reacción adversa a tanto dispendio innecesario, aunque esta vez actuaban como representantes del Estado habían incluido en los contratos una cláusula por la cual en caso de rescisión los concesionarios tendrían derecho a una indemnización por lucro cesante, calculado por ellas mismas.  El embajador de la Patria Contratista ante el gabinete nacional, Vittorio Orsi, se batió con denuedo en contra de la anulación, con los argumentos suministrados por su ex subgerente legal.  "Hubo una serie de diferencias en mi relación con el ministro Cavallo, que fueron expuestas en una de las primeras reuniones de gabinete; en ella reaccioné quizás en una forma excesivamente vehemente, enfatizando la necesidad del mantenimiento de la continuidad jurídica de los contratos, admitiendo la renegociación", reconoció Orsi en una carta a Menem.  El Presidente laudó en favor de los hombres de Sade.
En esa renegociación, los concesionarios amenazaron con el reclamo judicial de hasta 450 millones de dólares por lucro cesante y restitución de inversiones.  Si el gobierno eliminaba la carga tributaria, aceptarían una rebaja del 40 por ciento en la tarifa y no habría juicios.  De rescindirse los contratos, sostuvo la Asociación de Concesionarios Viales, la administración pública los debería indemnizar con el 50 por ciento de los beneficios calculados por doce años y las obras que sostenían haber realizado.  El vocero del Club del Peaje era el ingeniero Pedro Brandi, propietario de una empresa familiar creada por su padre y socio de la constructora Chediak, contratista de obra pública que hizo caminos en La Rioja y muy amigo de la familia Yoma.  Al anunciar la suspensión, Cavallo informó que una fórmula alternativa podría ser el otorgamiento a los concesionarios de 150 australes por cada litro de nafta y 100 por cada litro de gasoil vendidos, lo cual equivalía al 5 por ciento del impuesto a los combustibles.  Pero con apenas 24 horas de diferencia, comenzó a retroceder de su inflexibilidad inicial, al aclarar que su referencia a la doble imposición carecía de sentido jurídico.  "No tenemos que tomar la expresión al pie de la letra, en un sentido estrictamente legal, sino que yo me expresé en términos económicos", se disculpó, pese a que su primera declaración había sido tan categórica como justa.  En el primer enfrentamiento que tuvieron desde que Cavallo asumió el Ministerio de Economía, Menem le impuso dar marcha atrás y mantener el sistema.  "Su fino instinto político lo va a llevar a tomar otra determinación", se ilusionó Cavallo en una conversación con Constantini.  No fue así.
El decreto 527, del 23 de marzo de 1990, publicado en el Boletín Oficial del 2 de abril, sostuvo que el régimen de concesión establecido por Dromi y Barra transgredía el artículo 57 de la ley de reforma del Estado, porque no aseguraba una relación razonable entre las inversiones realizadas y la utilidad y posibilitaba una exacción ilegítima, carente de causa jurídica.  Consideraba las tarifas abusivas y desproporcionadas al servicio y a las inversiones, y mencionaba la alteración de la tranquilidad pública por la resistencia de los usuarios y los factores productivos.  Cavallo necesitaba desindexar el flete como paso previo a la ley de convertibilidad, ya que esos costos por el transporte de mercaderías harían imposible clavar el dólar en 10.000 australes.  Sin otra alternativa que reducir las tarifas y maniatado por las cláusulas legadas por Dromi, terminó recayendo en el modelo tradicional del subsidio estatal a los grandes negocios privados, con la única ventaja de que en este caso se hizo explícito, de modo que el escándalo quedara a los ojos de todos los que quisieran verlo.  La tarifa se redujo a U$S 1/100 kilómetros, pero se eliminó el canon que debían pagar los concesionarios, que en su lugar pasaron a recibir un subsidio por 57 millones de dólares anuales.  A partir de abril de 1991 la sociedad está pagando a las mayores constructoras para que cobren un poco menos en las rutas ya construidas que les entregó.

El gobierno estimó que la renegociación había ahorrado al usuario mil millones de dólares.  De todos modos, el cálculo de un dólar por cada 100 kilómetros es sólo teórico, para el caso de un automovilista que recorra toda la ruta, pero la tarifa crece en forma inversamente proporcional a la distancia recorrida, con lo que los tramos más cortos resultan mucho más caros.  El costo real por cada 100 kilómetros, en todas las rutas donde las obras estaban concluidas al momento de reiniciarse el cobro, superaba esa fórmula.  Era de 1,09 dólares en la ruta 5; 1,17 dólares en la ruta 205; 1,32 dólares en la ruta 3; 1,53 dólares en la ruta 226; 1,60 dólares en la ruta 7; 1,63 dólares en la ruta 9, y 3,78 dólares en la ruta 16, según datos oficiales.
La disminución fue de un 33 por ciento respecto de la tarifa teórica fijada, y del 56 por ciento en relación con la indexada que realmente se estaba cobrando.  El acuerdo también incluyó la reubicación de cabinas, pese a lo cual en las rutas más recorridas la rentabilidad desmesurada de los concesionarios no se alteró.  Los subsidios se prorratean entre las rutas de mayor tránsito, según el IVA que cada consorcio había tributado en el último mes del convenio original.  El estudio de la Universidad Nacional de Buenos Aires demostró que ese subsidio equivalía al IVA que los concesionarios debían pagar en dos años, y que el canon eliminado coincidía con diez años de aporte del IVA más el 70 por ciento de las inversiones mínimas comprometidas en ese lapso por las empresas constructoras.  Según ese estudio, el cobro de 10.000 australes por cada 100 kilómetros sólo regiría para automóviles.  Los camiones, en cambio, debían oblar entre cinco y diez veces más, según la cantidad de ejes.  Quienes no aceptaran el nuevo sistema podían optar por el reintegro de las inversiones efectivamente realizadas, más una indemnización del 10 por ciento.
El 15 de setiembre de 1991 todavía continuaban renegociándose los contratos, reubicándose las casillas y mortificándose las tarifas, mientras los concesionarios aún no habían concluido las obras iniciales, sin las cuales los pliegos no les permitían comenzar el cobro del peaje.  "Luego vendrán las prioritarias y el mejoramiento, atento a la alteración de los contratos originales", explicó el interventor de Vialidad, Elio Vergara.  En octubre el secretario de Obras Públicas Saúl Bouer anunció que se estaban tramitando créditos del Banco Mundial para el mantenimiento de las rutas no entregadas para su explotación por peaje.  Su importe: 1.000 millones de dólares.  Es decir, el canon que las empresas concesionarios dejaron de pagar al reformularse el sistema.  De modo que, una vez más, el negocio sería privado y el costo público.

LA NUEVA ARGENTINA

En el tercer año del gobierno de Menem es evidente que algunos de los grupos económicos y las empresas transnacionales que crecieron gracias a las transferencias de recursos del resto de la sociedad, por medio del endeudamiento externo y la fuga de capitales, los subsidios por promoción industrial y exportaciones y los proyectos con capitalización de deuda, son los felices oferentes por las empresas de las que se desprende el Estado que ellos llevaron a la quiebra.  Hay así una continuidad económico-social perfecta entre los gobiernos militar, radical y peronista.
El perfil que surge de este proceso muestra la preponderancia de la burguesía internacionalizada que representan grupos como Pérez Companc, Techint, Macri, Astra o Compañía General de Combustibles (Brown Boveri-Soldati), asociados con empresas de los estados nacionales de España, Francia e Italia y con bancos estadounidenses.  Hasta el Estado uruguayo aprovechó la oportunidad del remate de los activos argentinos, participando en dos áreas petroleras, una actividad en la que es por lo menos dudoso que tenga algo para enseñar.  El interés de los gobiernos socialdemócratas europeos en la Argentina estuvo en la base de las negociaciones iniciales durante la presidencia de Alfonsín.  Para el gobierno argentino la intervención de Estados nacionales constituye un reaseguro institucional frente a la endeblez jurídica de un proceso escandaloso.  Los acuerdos políticos con España fueron explícitos según la revelación de Dromi en el Congreso.  Pero además hay conveniencias particulares que giran en torno de los gobiernos europeos.  Por ejemplo en el caso de Italia, donde el Partido Socialista tiene intereses en el negocio telefónico.
La declinación del imperio americano es manifiesta: su participación principal se concreta al negocio financiero, donde varios de sus bancos han trocado papeles de deuda por acciones en empresas alienadas por el Estado, el petróleo y la extracción de rentas, como en el caso de las patentes farmacéuticas.  La única excepción es la participación del norteamericano Citibank en Celulosa donde se comprometió a aportar también algunas sumas en efectivo.  Pero también era excepcional que, además de acreedor, el Citi y sus empresas fueran deudores externos, con 220 millones de dólares.  Los capitales alemán, británico y japonés han tenido una actuación mínima, restringida a los clubes de bancos acreedores.  La idea central que orienta al conjunto es acceder con un ínfimo desembolso al control de las empresas y completar el pago con los ingresos obtenidos por su explotación.
Un dato llamativo que merecería un estudio detallado es que estos grupos y empresas participen de los nuevos negocios ofrecidos por el desguace del Estado en una magnitud equivalente a la del endeudamiento externo que contrajeron y luego socializaron.  Esto ratifica el papel central cumplido en esta etapa por la deuda y la fuga de capitales, y termina por cerrar el círculo ignominioso en el que desde hace tres lustros ha quedado apresada la sociedad argentina.
Esta es una recapitulación parcial del cuadro de vencedores, útil para comprender la nueva Argentina que emerge en los albores del siglo veintiuno:
El grupo Pérez Companc, con 909 millones de dólares, fue el segundo responsable privado del endeudamiento argentino a diciembre de 1983.  De ese modo, comenzó su pasmoso crecimiento: en 1973 poseía 10 empresas, que habían llegado a 53 en 1983 y a 84 en 1987.  Tiene empresas productivas, comerciales y financieras en el exterior, e incluso se ha asociado con bancos británicos, japoneses y la Corporación Financiera Internacional (la mesa de dinero del Banco Mundial) para aprovechar internacionalmente el negocio de la capitalización de deuda.  Su diversificación se expresa en sus 14 empresas del sector primario, 20 industriales, 14 constructoras, 3 comerciales, 12 financieras (entre ellas dos bancos) y 17 de servicios, aparte de otras 4 sin determinar.  Con seis proyectos y 153 millones de dólares, Pérez Companc fue el quinto beneficiario de los subsidios de promoción industrial.  También fue, con 26,3 millones de dólares, el tercer agraciado de los proyectos de capitalización de deuda externa entre 1984 y 1989 (21,12 millones para Cemento San Martín y 5,17 millones para Carrefour).  En 1989 fue el octavo exportador industrial argentino, con 52 millones de dólares.  Bajo el menemismo se convirtió en el principal beneficiario del desmonte de las piezas del Estado, profundizó su diversificación, incorporó nuevas empresas y acentuó su internacionalización mediante asociaciones con bancos, empresas y grupos de tres continentes.
Durante la dictadura militar había sido uno de los mayores contratistas de obras y proveedores de equipos a ENTel, con sus empresas Sade y Pecom Nec.  Contra la retórica pretensión oficial de desmonopolizar y fomentar la competencia, Pérez Companc tiene participación en las dos zonas en las que se dividió ENTel.  Su Compañía Naviera Pérez Companc posee el 25 por ciento en Nortel, que a su vez posee el 60 del consorcio Telecom Argentina liderado por las estatales de Italia y Francia, Stet y France Cables et Radio.  A través de su Banco Río tiene el 14,56 por ciento de las acciones de Cointel, que posee el 60 por ciento de Telefónica de Argentina.  En los dos casos fue el mayor accionista local.  Es de presumir que su asociación en uno de estos consorcios con Techint y Sociedad Comercial del Plata (Soldati-Brown Boveri) tendrá consecuencias de largo plazo.
También participan los tres, por medio de la nueva empresa Ferroexpreso Pampeano, en el ramal ferroviario Rosario-Bahía Blanca, 5.200 kilómetros de vías que se extienden a través de cinco provincias, otorgadas en concesión hasta el año 2031.  La sociedad está integrada por el grupo privado en un 80 por ciento, Ferrocarriles Argentinos (16 por ciento) y su personal (4 por ciento).  Dentro del grupo privado el principal accionista es Techint, con 58 por ciento, junto con Iowa Interstate Railroad, Chase Manhattan Investments, EACA (Empresa Argentina de Cemento Armado), Riobank International (que es uno de los bancos de Pérez Companc) y dos empresas del grupo Soldati: Gesiemes SACIAG y Sociedad Comercial del Plata S.A. Ferrocarriles Argentinos le alquilará por treinta años 1.600 vagones de carga y 31 locomotoras.  El pliego contempla en los primeros cinco años la inversión de 112 millones de dólares en obras de infraestructura y 34 millones de dólares en reparación de material rodante.  La inversión total prevista para los cuarenta años llega a los 221 millones de dólares.  El canon que percibirá el Estado será de 41 millones de dólares por treinta años.  Aunque no figuraba en el pliego, el gobierno le concedió el manejo operativo de las vías de acceso al puerto de Bahía Blanca y la utilización de una vía de ingreso al puerto rosarino.  Cada vez que utilice las vías portuarias de Bahía Blanca, Ferrocarriles Argentinos deberá abonar peaje a Ferroexpreso Pampeano.  La Comisión Bicameral propuso la exclusión de Iowa porque estaba en quiebra, pero fue aceptada con la presentación de otras garantías.
Su constructora Sade se quedó con 971,40 kilómetros de rutas, el 9,91 por ciento de la distancia adjudicada para su explotación por el régimen de peaje y subsidio.  Integra para ello el consorcio Nuevas Rutas, junto con Decavial, Vial del Sur Petrolera y Constructora, Necon, y José J. Chediak.  En el Grupo II ganaron el Corredor 5, sobre la ruta 7, del puente sobre el Río Luján hasta Laboulaye, en Córdoba.  En el Grupo VII, se adjudicaron el Corredor 19, en la Ruta Nacional 22, desde su empalme con la Ruta Nacional 3 hasta su empalme con la Ruta Nacional 237.  También es aspirante a la red de acceso a Buenos Aires.
En su actividad tradicional, el petróleo, amplió su participación en la Cuenca Neuquina, donde ya explotaba Medanito.  En la primera etapa de las áreas secundarias de YPF obtuvo las identificadas con los números del 16 al 20: Manzano, Puntilla del Huincán, Jagüel de los Machos, Bajada del Palo y Cacheuta, por las que pagó respectivamente 1,3; 1,1; 3-1 2,5 y 5,2 millones de dólares.  Asociada con Astra se adjudicó el área secundaria 22, Restinga Alí, por la que pagaron 3 millones de dólares.  En la segunda ronda de licitaciones de áreas petroleras secundarias se quedó con Faro Vírgenes en la Cuenca Austral (participación accionaria 70 por ciento, junto con el grupo Melhem, 20 por ciento, y Argón, 10 por ciento), por la que ofertó 45 millones de dólares; La Amarga Chica en la Cuenca Neuquina, asociada con Petrouruguay (la Ancap estatal), por la que ofertó 2,8 millones de dólares; Altiplanicie del Payún en la Cuenca Neuquina, con la subsidiaria Quitral-có, por la que ofertó medio millón de dólares, y Aguada Villanueva en la Cuenca Neuquina, con la subsidiaria Quitral-có la que ofertó 2,5 millones de dólares.  Diez áreas, por 67 millones de dólares.
Se asoció con YPF para explotar al 50 por ciento las reservas del área central Puesto Hernández, proporción ampliada luego al 60 por ciento.  El consorcio que resultó adjudicatario de los derechos de asociación por veinticinco años está formado por: Pérez Companc (24,2 por ciento), Occidental Exploration of Argentina Inc. (3,5 por ciento), Petrolera Patagónica (1,5 por ciento) y Occidental de Argentina Inc. (20,8 por ciento).  Inter Rio Holdings tiene a su vez la mayoría de Occidental de Argentina.  El derecho de asociación pagado ascendió a 240,7 millones de dólares.  Además, su Banco Rio junto con el Chase y otros bancos menores se encargaron de la ingeniería financiera del negocio.  En la misma ronda su empresa Inter Rio Holdings Inc. participó en el consorcio que resultó adjudicatario de un 50 por ciento de las reservas del área central El Tordillo, para su explotación por veinticinco años en sociedad con YPF.  Apremiado por fondos, el Estado le vendió luego una participación adicional, que llegó al 90 por ciento.  Los operadores de ese consorcio son Tecpetrol (de Techint) y Santa Fe Energy.  El derecho de asociación ofertado por el primer 50 por ciento ascendió a 106,6 millones de dólares, de los cuales se pagaron 30 millones en títulos.
La Municipalidad de Buenos Aires le cedió el predio La Ballena, en Pueyrredón y Azcuénaga, donde su empresa Alto Palermo construirá un centro comercial y cultural diseñado por Clorindo Testa, con una inversión de 7 millones de dólares.

La Organización Techint, con 352 millones de dólares, fue el séptimo responsable de la deuda externa argentina contraída hasta 1983.  En 1973 controlaba 30 empresas, que se convirtieron en 46 en 1983 y en 53 en 1986/87.  Cinco de ellas en el sector primario, 18 industriales, 8 de construcciones, una comercial, 17 financieras, 2 de servicios y otras 2 sin determinar.  Durante la dictadura se insertó primero en la provisión de bienes y servicios para la energía nuclear, con Transnuclear S.A., y luego en la producción de petróleo y gas, mediante la organización de nuevas sociedades.  En 1989, con 380 millones de dólares fue el primer exportador industrial.  En los últimos dos años ha tenido un notable desarrollo en petróleo, una inserción firme en el área de telecomunicaciones (en la que había realizado antes varias tentativas sin mayor éxito), y en ferrocarriles.
Su participación descollante en el arrebatamiento de los retazos del Estado fue consecuencia de una ardua polémica interna entre Carlos Tramutola, quien planteaba profundizar la especialización productiva en Siderca, lejos del Estado, y Roberto Sammartino, que postulaba el aprovechamiento de la oportunidad y que impuso ese criterio, acrecentando su poder interno.  Como consecuencia de esta opción, Techint suspendió los cuestionamientos al retraso cambiario, que habían sido la especialidad de Tramutola, quien se desvinculó del grupo.  La postergación de todas las inversiones en Siderca hace temer a los responsables del área un alejamiento de la frontera tecnológica.  La opción Sammartino implica una modificación en la índole del grupo, que se había caracterizado por un sesgo industrial muy marcado, y cuya expansión actual se efectúa en servicios y petróleo.
A través de Inversora Catalinas se quedó con el 8,31 de las acciones de Cointel, que controla Telefónica de Argentina, licenciataria de la zona Sur de la extinta ENTel, según el proceso narrado en el capítulo 9 de este libro.  Telefónica pose a su vez la mitad del paquete accionario de las dos compañías creadas para prestar los servicios de telefonía internacional, en exclusividad, y los de valor agregado, en libre competencia.
Como ya se dijo, tiene el 58 por ciento de Ferroexpreso Pampeano, que obtuvo en concesión hasta el año 2031 el ramal ferroviario Rosario-Bahía Blanca.  Aparte de Ferrocarriles Argentinos y su personal, sus socios privados son Iowa Interstate Railroad, Gesiemes SACIAG, Chase Manhattan Investments, EACA (Empresa Argentina de Cemento Armado), Sociedad Comercial del Plata S.A. y Riobank International.  Las condiciones del negocio están descritas en el apartado correspondiente a Pérez Companc.
Por medio de Camino del Oeste S.A. se adjudicó la concesión de 1.203,92 kilómetros de rutas, es decir el 12,28 por ciento del total entregado.  En el Grupo I obtuvo el Corredor 3 sobre la ruta 7, de Laboulaye hasta acceso San Martín, y el Corredor 4 sobre las rutas 8, de Pilar a Villa Mercedes, San Luis, y 193, desde su empalme con la ruta 9 hasta su empalme con la ruta 8. Además es preadjudicatario de la red de acceso a Buenos Aires junto a Sideco, Sade, Roggio y Aragón, aunque el gobierno suspendió el proceso licitatorio.
En la primera etapa de privatización de áreas secundarias de YPF, su empresa Tecpetrol ganó las identificadas con los números 2, 5 y 21, Los Bastos, Catriel Viejo y Agua Salada, en sociedad con Norcen; 23, El Chivil, asociada con Compañía General de Combustibles y Benito Roggio e hijos; 24, Atuel Norte, asociada con Santa María, y 25, Atamisqui, por las que pagó respectivamente 12,7; 3,5; 3; 0,8; 2 y 5,3 millones de dólares.  Seis áreas con una inversión de 27,3 millones de dólares.
Según el proceso ya descripto, pagó 106,6 millones de dólares, de los cuales 30 millones en títulos, por la asociación con YPF durante veinticinco años para explotar las reservas del área central El Tordillo.  El Estado le vendió luego una participación adicional, que llegó al 90 por ciento.  Además de Tecpetrol, integran el consorcio Santa Fe Energy e Inter Rio Holdings Inc. Tecpetrol tiene aproximadamente el 40 por ciento de la participación privada.
Cadipsa, en la que a través de Techint y de Santa María posee una participación inferior al 1 por ciento, se adjudicó las áreas secundarias de YPF Cajón de los Caballos y Meseta Espinosa, por las que se pagaron 3,9 y 19,4 millones de dólares.  Cadipsa asociada con British Gas ganó además las áreas secundarias Las Heras, Cañadón Minerales, Piedra Clavada, Los Tordillos Oeste y Barranca Yan Kowsky, por 22, 1; 50,8; 16, 1; 1,1 y 1,1 millones de dólares.  En total 110,5 millones de dólares por siete áreas.  Ese pequeño porcentaje en Cadipsa, en cuya administración Techint no interviene, sirve de todos modos para estar presente, evaluar y, en algún momento futuro, eventualmente ampliar la participación.
En los concursos convocados por la Municipalidad de Buenos Aires Techint consiguió la concesión para el arreglo de calles, y veredas del programa de mantenimiento urbano en la zona 3 (Oeste-Villa Devoto).
Aspira a la red de vías rápidas de tránsito de la Capital.

Socma Inversora S.A., es decir, el grupo Macri, asociado a Fiat, es el tercer gran triunfador.  El endeudamiento externo de sus empresas Sideco Americana, Pluspetrol, Socma, Iecsa, RSZ y A. Producciones y Manliba sumó 170,5 millones de dólares, y el de su empresa Sevel, que al momento de endeudarse era propiedad de la italiana Fiat, de 124 millones.  Entre ambas se acercan a los 300 millones de dólares.  Proyectos presentados por sus empresas Fenargen e Itron fueron aprobados para recibir subsidios de promoción industrial por 55 Millones de dólares.  Sevel participó con 32 millones de dólares en 1989 en el ranking de los exportadores industriales.  Capitalizó deuda por 84 millones de dólares, entre Sevel, Sideco Americana y Establecimiento Mecánico Jeppener.
Su constructora Sideco Americana se adjudicó a través de Servicios Viales S.A la concesión por peaje y subsidio de 1.080,51 kilómetros de rutas nacionales, el 11 por ciento del total.  En el Grupo I ganó los corredores 7, 8 y 9. El Corredor 7, por la ruta 9 desde la salida del puerto de Campana hasta el empalme con la ruta nacional A-012, y por ésta, desde alto nivel sobre ruta nacional 9 hasta empalme con ruta nacional 9, Rosario a Roldán.  El corredor 8 en la ruta nacional 11, desde el empalme con la segunda circunvalación de Rosario hasta el empalme con la ruta nacional 16 y en la ruta A-009 desde Puerto Reconquista hasta el empalme con ruta 11. El Corredor 9, en la ruta 33, desde su empalme con la ruta nacional 7 hasta el empalme con la ruta A-012.
Sus negocios en la Capital Federal merecen capítulo aparte, por la preeminencia lograda durante la gestión como intendente de uno de sus máximos directivos, La relación de su empresa Manliba con la Municipalidad de Buenos Aires fue motivo de investigación parlamentaria.  La comuna renunció a someter a arbitraje los incumplimientos de Manliba, se avino a pagar sin apelación 56 millones de dólares por reajuste de un contrato vencido, y lo prorrogó por cinco años sin licitación.  El diputado nacional Carlos Alvarez se ha cansado de denunciar que ello ocurrió mediante sobornos a los concejales, sin que la empresa o el municipio lo desmintieran.  Sideco también se asoció en la explotación de las autopistas urbanas de la Capital, con contrato vencido y sin licitación, en la forma irregular que se describe en el capítulo anterior.
Es uno de los aspirantes a la red de acceso de vías rápidas de tránsito.
Ganó las licitaciones para el arreglo de calles y veredas en el plan de mantenimiento urbano, en las zonas 6 (Microcentro, Barrio Norte) a través de Sideco Americana; 7 (Caballito-Flores), en asociación con Polledo y Conevial.  También es concesionario del sistema de informatización y gestión de cobro de la Direción General de Rentas de la Municipalidad en consorcio con Itaco, TTI, Arthur Andersen y Banca Nazionale del Lavoro.
Aspira a las redes de acceso a Buenos Aires (junto con Techint, Sade, Roggio y Aragón) y de acceso a Rosario.
Obtuvo la concesión de los servicios de Obras Sanitarias en la provincia de Corrientes.
Macri también presentó a través de Sideco una oferta por el ferrocarril Mitre, en la que el operador es Iowa Railways, el mismo que integra con Techint el Ferroexpreso Pampeano, y que al mismo tiempo acompañó a Pescarmona en una presentación por el San Martín.
Es candidato al puerto de Quequén.
Macri tenía actividad en petróleo, en el área chaqueña Saenz Peña del Plan Houston.  En las licitaciones convocadas por YPF en 1990 su oferta por el área central Vizcacheras, asociada con la estatal italiana Agip, fue la única excluida de la precalificación.

La Compañía General de Combustibles (Brown Boveri-Soldati) fue responsable por 55 millones de dólares del endeudamiento externo argentino, invirtió 5,8 millones de dólares con subsidios de promoción industrial para su empresa Durlock, y capitalizó deuda por 9,5 millones de dólares en un proyecto de su compañía Parafina del Plata.  Esa misma firma exportó en 1989 por valor de 5,3 millones de dólares.
En los últimos dos años ocupó posiciones en telecomunicaciones, televisión y ferrocarriles, además de su actividad tradicional en petróleo.
Como ya vimos, participa con el 5 por ciento en el consorcio Cointel con Telefónica-Citi-Techint que obtuvo la zona Sur de ENTel, ahora Telefónica de Argentina.
Su Sociedad Comercial del Plata es, después de Techint, el segundo socio en importancia del consorcio que se adjudicó el ramal ferroviario Rosario-Bahía Blanca, que se completa con los bancos Chase y Río y la Empresa Argentina de Cemento Armado (EACA).
Soldati ganó el concurso para la concesión del ramal ferroviario Mitre-Delta, de corta extensión pero ubicado en una zona de alto poder adquisitivo que dará lugar a muchos negocios paralelos, inmobiliarios y comerciales.
Es uno de los propietarios de Telefé, que se adjudicó el Canal 11 de televisión, junto con Vigil, de la editorial Atlántida, Luis Zanón, el ministro menemista de Salud y Acción Social Avelino Porto, y canales del interior.
En su campo tradicional, el petróleo, donde sus empresas Compañía General de Combustibles y Destilería Argentina de Petróleo (Dapsa) integran con YPF la única trading de hidrocarburos, Interpretol, obtuvo cuatro áreas secundarias de YPF: El Chivil, Selva María y Surubí, en sociedad con Tecnicagua y Benito Roggio, e Ipaguazú en la Cuenca Noroeste, por 2 millones, 160.000, 600.000 y 200.002 dólares.  En total cuatro áreas por casi 4 millones de dólares.  En el marco del Plan Houston ya exploraba las áreas Santa Victoria en Salta y Chihuidos en Neuquén, y seguía con la vieja explotación del yacimiento Anticlinal Campamento, Apco.

Benito Roggio e hijos, la constructora de Córdoba, además de las áreas petroleras mencionadas, que ganó en asociación con Soldati, obtuvo la concesión por peaje y subsidio de 1.719 kilómetros de rutas, el 17,5 por ciento de la longitud licitada, en asociación con otras empresas.  Con José M. Aragón formó Covisur S.A., que en el Grupo 6 ganó el Corredor 15, que cubre casi toda la importantísima ruta nacional 2, desde su empalme con la ruta nacional 36 hasta su empalme con la ruta nacional 226.  A través de Covicentro S.A., también con José M. Aragón, en el mismo Grupo 6 ganó el Corredor 10, sobre la ruta 9, de Pilar a Córdoba, A través de Covinorte S.A. obtuvo el Corredor 11, sobre la ruta nacional 34, desde Rosario a La Banda, en Santiago del Estero.  En Red Vial Centro se asoció con Afema S.R.L., Arvial, Boetto y Butilengo S.A. y Romero Cammisa S.A. En el Grupo 11 ganaron el Corredor 20, que incluye tramos obre la ruta 38, de Villa Carlos Paz a Cruz del Eje, la ruta 36, desde empalme con ruta 8 Río Cuarto hasta acceso camino Alta Gracia, y la ruta A-005, entre las rutas 8 y 36.
En consorcio con Aragón, Polledo, Natino y otros obtuvo la concesión para construir la Autopista La Plata-Buenos Aires por acceso Sudeste, y la ruta provincial 36 (entre rotonda Gutiérrez y la culminación del acceso Sudeste).
También es uno de los candidatos a la red de accesos a Buenos Aires.
En la ciudad de Buenos Aires resultó adjudicatario de la zona 5 de mantenimiento urbano (Palermo, Villa Crespo) junto con Ormas.
En cambio fue derrotada su oferta por el ramal ferroviario Rosario-Bahía Blanca, junto con los constructores Bibiloni y Cartellone y el operador francés Sofrerail.

El Citibank es el banco acreedor que mejor aprovechó este proceso. Como se expone en el capítulo 9, es el socio principal del consorcio que se adjudicó la zona Sur de ENTel, hoy Telefónica de Argentina. Invirtió 250 millones de dólares en títulos de la deuda y comprometió 25 millones de dólares en efectivo.
También se hizo cargo de Celulosa Argentina y de sus emprendimientos Puerto Piray y Alto Paraná en una complicada operación financiera. En Celulosa Argentina invirtió 40 millones de dólares en títulos y comprometió 90 en efectivo.  Su participación es del 29 por ciento.  Celulosa era el principal deudor del Banco Nacional de Desarrollo.  El Citi compró esa acreencia con títulos de la deuda externa y los capitalizó a través de Celulosa.  En Puerto Piray, también deudor del Banade, donde aportó 200 millones de dólares en títulos y debería invertir a largo plazo 300 en efectivo, los socios eran el grupo Magneto-Clarín y Macri.  Participa en aproximadamente el 20 por ciento.  Puerto Piray es una planta integrada en la provincia de Misiones, construida en un 70 por ciento, que producirá pasta celulósica.  En Alto Paraná tenían participación Nobleza Piccardo, Massuh y Johnson & Johnson.  El Citi, que quiere agregar otros socios, pasará a tener una posición dominante en la rama celulósica-papelera.
Con 12 millones de dólares en títulos y 15 en efectivo obtuvo una participación del 40 por ciento en la sociedad que adquirió el suntuoso Hotel Llao-Llao de Bariloche.  Bajo el impacto del escándalo Swift-Yoma la licitación fue transparente.  Integraban el consorcio derrotado los empresarios italianos que regalaron la Ferrari a Menem y el hotelero del entorno presidencial Mario Falak.
Por 60 millones de dólares en títulos y 16 en efectivo la provincia de Entre Ríos privatizó el Frigorífico Santa Elena, que había asumido junto con el pasivo de su anterior propietario.  El Citi, que aportó papeles de la deuda, tiene una participación del 10 por ciento, y su socio local es Rodolfo Constantini, el cuñado de Oliva Funes.  Cuando Menem ya se probaba el traje para la ceremonia de transferencia, Constantini amenazó con desistir si el Estado no incrementaba la participación de su nuevo frigorífico en la cuota Hilton, los cortes finos de exportación a precio excepcional que constituyen la crema del negocio.  Cavallo envió una inspección de la Dirección General Impositiva a su Frigorífico Rioplatense y todo volvió a su quicio.
El Citi también presentó un proyecto global de transformación de los ferrocarriles, que fue rechazado en medio de una tremolina entre Dromi y Bunge & Born.  Es la operación a la que Dombusch se refirió como escandalosa.

El Reino de España merece ser considerado en conjunto, por la participación de varias de sus empresas.  Esto fue negociado por Menem con el presidente Felipe González.  La participación española en la tupacamarización del Estado argentino forma parte de su apresurada vuelta a América Latina, con la que espera compensar algunas de las desventajas relativas de su ingreso a la Comunidad Económica Europea.  Con la gestión en un área retrasada, a la que además se ofrece como nexo con Europa, espera atenuar los efectos de la desindustrialización en algunos sectores que por la integración a Europa dejarán de ser competitivos.  Telefónica de España, a través de Telefónica International Holding, tiene el 10 por ciento en el consorcio mayoritario de Telefónica de Argentina, de la cual es el operador.  Iberia se adjudicó Aerolíneas Argentinas, como operador y cabeza de un consorcio cuyos demás integrantes fueron variando, como se describe en el capítulo 7 Repsol resultó concesionario de las áreas secundarias de YPF números 11 a 14, Cerro Overo, Bloque 127, Cañadón León y Tres Picos, por las que ofertó respectivamente 1,5; 7; 3 y 9,1 millones de dólares.  También pagó 97,7 millones de dólares por el derecho de asociación al 50 por ciento con YPF para la explotación de las reservas del área central Vizcacheras en Mendoza, participación que luego se amplió al 90 por ciento.  En estos cinco negocios Repsol está asociada con Astra, el grupo cuyos intereses representa Dromi.  Astra participó con 222 millones de dólares del endeudamiento externo privado argentino hasta 1983, realizó proyectos con capitalización de deuda por 9,5 millones de dólares, y en 1989 exportó por 13 millones de dólares.
Los ferrocarriles estatales españoles, la Renfe, integraron el consorcio preadjudicatario de los 3.100 kilómetros del Ferrocarril Urquiza, en concesión por treinta años con posibilidad de extenderse por otros diez más.  Los otros accionistas son Delfino S.A., Transportadora Volta Redonda, Moisés Trujillo, Guillermo Alchourón y Eduardo Zavalía y Delbene S.A., Astarsa, Buriasco S.A., Ferromel S.A., y TISA.  El Comité de Asesoramiento para la Privatización Ferroviaria recomendó declarar desierta la licitación, pero Cavallo ordenó seguir adelante.  El capital de Alchourón y Zavalía equivale a un Ford Falcon.  Según una denuncia de la Asociación del Personal Jerárquico de Ferrocarriles, Buriasco cayó en manos de allegados del ministro Manzano.  Cuando se disolvió el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, Dromi fue designado embajador en España, pero la solicitud fue retirada ante una discreta solicitud del gobierno español.  Dromi ya había encarado el alquiler de oficinas de negocios próximas a la embajada y a la sede de las curtiembres Yoma, que atendería su esposa y socia Laura Sammartino.

Francia obtuvo por medio de Total Austral la asociación con YPF en el área petrolera central El Huemul, en Santa Cruz, por la que ofertó 134,4 millones de dólares.  Luego su participación se amplió al 70 por ciento.  En el capítulo 11 se narra su exitosa unitización de Cañadón Alfa.  Con el 35 por ciento del paquete, el Estado nacional de Francia controla Total.  El resto está fragmentado entre pequeños inversores.

Italia participó a través de Stet en la desnacionalización de ENTel.

Un caso especial lo constituyen los grupos Richard, Garovaglio & Zorraquín y Bunge & Born, que sólo han participado de este proceso mediante la adquisición de la parte que el Estado todavía poseía en las empresas satélites del polo petroquímico Bahía Blanca, los dos primeros, y en Córdoba B & B, en las cuales ya tenían el paquete mayoritario.
Richard se adjudicó el 30 por ciento de las acciones en tres de las plantas satélites de Petroquímica Bahía Blanca: Monómeros Vinílicos, Petropol e Induclor, en las que ya poseía el 70 por ciento.  En el primer caso a través de Viniclor S.A., en el segundo a través de Indupa S.A. y en el tercero de Indupa asociada con Imperial Chemical Industries.
Garovaglio & Zorraquín, que todavía sufre el impacto de la caída de sus bancos, adquirió el 30 por ciento de las acciones de otra satélite de petroquímica Bahía Blanca, Polisur, que sumadas a las que ya tenía le dan el 100 por ciento.
Bunge & Born se adjudicó Petroquímica Río Tercero, a través de Atanor, que ya tenía la mayoría.  Anunció su interés para cuando se pongan en venta los feudos de Dromi & Asociados en las petroquímicas Bahía Blanca y General Mosconi.  Esto revela que, si bien no ha estado entre los grandes postores en la subasta por los despojos del Estado, sigue una política coherente, que en esta etapa suma con decisión la petroquímica.
Se conocía su interés por los elevadores terminales portuarios y las unidades de campaña de la Junta Nacional de Granos, cuya enajenación desmantelaría la capacidad de almacenamiento del Estado.  Desde el primer gobierno peronista esas instalaciones permitieron regular las ventas al exterior sin aceptar los precios bajos ofrecidos de apuro sobre el cierre de la cosecha.  Su adquisición es una aspiración histórica de los exportadores de granos.  Pese a que fueron incluidos entre los entes y empresas sujetos a privatización en la primera ley de desguace, no salieron a la venta por diferencias entre sectores del gobierno.  Según su ex presidente, Jorge Born III, la política del holding es participar sólo en aquellas cosas para las que está técnicamente capacitado, lo cual contradice su intervención personal en un proyecto de endicamiento y canalización del río Bermejo para regar cientos de miles de hectáreas en Formosa, Chaco y Santiago del Estero. También afirmó que los próximos cinco años serán de modernización y renovación dada su alta cantidad de equipos obsoletos.  Sin embargo, Bunge & Born declaró que sus afirmaciones "en cuanto a la empresa se refiere, no se ajustan a la realidad".

Como parte de este proceso de reestructuración del capitalismo argentino, también entre los mayores grupos hubo quienes, pese a intentarlo, no consiguieron una participación importante en las diversas licitaciones o que incluso retrocedieron de posiciones anteriores.  Los casos más ostensibles son IMPSA y Bridas.
Industrias Metalúrgicas Pescarmona armó el consorcio con el cual se presentó Iberia a la licitación por Aerolíneas Argentinas pero debió alejarse luego de la adjudicación, y también cedió su parte en Austral.  Con todo, esa operación no le produjo un quebranto económico, según él mismo informó en conferencia de prensa.
No tuvo más éxito su oferta por el ferrocarril Urquiza, donde el operador eran los ferrocarriles estatales de Alemania.  También fue descalificada su propuesta por Tandanor.
Pescarmona también fue oferente por la red del ferrocarril San Martín y un tramo del Sarmiento a través de Consorcio Ferrocarril Central junto con Román Marítima, Transapelt y G. Hugo Bunge.  El operador ferroviario es la Railroad Development Corporation y Heartland Rail Corporation.  La licitación fue anulada en octubre de 1991.
Es candidato al Puerto Ibicuy, en Entre Ríos, y a la red de acceso a Mendoza, y prepara ofertas para la privatización de las empresas energéticas, donde como constructor de turbinas tiene buenas chances.
Bridas, el grupo de los Bulgheroni, sólo se adjudicó un área secundaria de YPF, Estación Fernández Oro, en la Cuenca Neuquina, con una oferta de 33,6 millones de dólares.  En cambio, el Banco Central retiró la autorización para operar a su Banco del Interior y Buenos Aires, y dentro de sus tentativas por salvarlo tuvo que depositar el paquete accionario de Papel del Tucumán.  Como conclusión provisional podría sugerirse que mientras algunos grupos como Pérez Companc se han adecuado sin dificultades a las nuevas reglas del juego, otros como Bridas no terminan de reponerse de la suspensión de subsidios.  No obstante, en 1990 había incorporado nuevas empresas y tenía un desarrollo sustancial en pesca, donde encabezaba el ranking de los exportadores argentinos, con 34 millones de dólares.

Cuando Menem aún no había cumplido seis meses en la presidencia, el semanario norteamericano Time, bajo el categórico título "Un abismo de miseria", publicó un artículo que no ha perdido vigencia.  "Todos los países tienen ricos y pobres, pero en los de América Latina, azotados por la deuda y agobiados por la inflación, la brecha entre ellos es especialmente amplia, y cada vez mayor.  El 20 por ciento de las familias más ricas disfrutan de un estilo de vida más lujurioso que el de las clases altas en países industrializados como Estados Unidos y Japón.  Por otro lado, hay un grupo enorme, del 60 al 80 por ciento de los habitantes, cuya desesperación se está aproximando a la del Africa subsahariana o Bangladesh.  De los 32 millones de ciudadanos de la Argentina, cerca de 10 millones están por debajo de la línea de la pobreza (un ingreso familiar de 100 dólares por mes), y otros 15 millones oscilan apenas por encima de ella".  Time sostiene que aquí el 50 por ciento del ingreso se concentra en el 20 por ciento más rico de la población, mientras el 20 por ciento más pobre languidece con apenas el 4 por ciento.  Es cierto que las cifras son peores aun en México (58/3) y Brasil (67/2), pero lo que interesa es el corte histórico de la propia sociedad.
Una investigación reciente de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), coincide con la del semanario estadounidense, aunque debe aclararse que concluye antes de la asunción de Menem.  Elaborada a partir de la Encuesta de Hogares del INDEC, describe a la perfección el recorrido degradante que el país ha hecho en los últimos tres lustros.  En octubre de 1974, durante el gobierno de Juan e Isabel Perón, el 20 por ciento más rico percibía el 39,5 por ciento del ingreso y el 20 por ciento más pobre el 8,8 por ciento.  En el primer año del dictador Jorge Videla la porción de los ricos había trepado al 42 y la de los pobres caído al 7,1 por ciento.  Cuando los militares le dejaron el gobierno a Raúl Alfonsín en 1983, las proporciones eran 47,7/5,9, y antes que comenzara a soplar la hiperinflación que acabó con el gobierno radical habían llegado a 52,4/5,3.  Para decirlo con la mayor sencillez, los más ricos ya son opulentos, y los más pobres, miserables.  Menem, que ganó como reacción a este cuadro, y prometiendo el salariazo, se deslizó con entusiasmo por la misma pendiente e impulsado por los mismos socios que Videla y Alfonsín.

UN CONTADOR SIN VISION POLITICA

El contador sin visión política Erman González se proponía cobrar una cuenta pendiente.  Dromi le había dedicado esa frase despechada en una reunión a solas con los diputados y senadores de la comisión de Seguimiento del desguace del Estado cuando supo que Menem firmaría un decreto que le quitaría el control de las empresas y de los fondos de Obras Públicas para asignárselos a Economía.  De ahí en más Dromi sólo se encargaría de conducir la privatización de esas empresas.
Cuando sus palabras se hicieron públicas, siguió la pauta habitual en el gobierno menemista: las desmintió indignado, luego explicó que había sido malentendido, y formuló una denuncia a la Justicia por espionaje, según la ley 13.985, de Seguridad Nacional.  La jueza Amelia Berraz inquirió al autor de la publicación cómo había llegado a su poder la cinta grabada, pero no le preguntó al ministro en qué consistiría la extorsión vomitiva que según Dromi practicaba Italia ni por qué la Argentina estaba a-ver-gon-za-da-men-te a-rro-di-lla-da ante sus acreedores externos, como había enfatizado.  No fue casual que Dromi atribuyera una "cosmovisión fiscalista, de caja, que no entiende de transformaciones ni de alta política" a González, el ministro responsable de maximizar los ingresos y minimizar los egresos del Tesoro, una tarea que varias veces lo enfrentó con su colega de Obras Públicas.
González aceptó las excusas de Dromi pero la relación no se recompuso.  En respuesta al decreto-ómnibus que lo privó del manejo económico de las empresas públicas, Dromi anunció la constitución de quince comisiones integradas por ciento diez funcionarios, empresarios y sindicalistas amigos que se encargarían de proponer las normas regulatorias de las empresas y servicios que se privatizarían o se entregarían en concesión durante 1991.  Varias de ellas eran coordinadas por Mario Caserta, su cuñado Carlos Alberto Torres, Mario Guaragna y Mario Alarcia.  Recién luego de efectuar las designaciones, Dromi invitó a nombrar representantes al Ministerio de Economía y a la Comisión Bicameral.  González acudió a Menem para protestar por ese método del hecho consumado que marginaba a su Ministerio.  La batalla se enardecía.
La revista Gente como Uno había hecho estampar en el negocio de 3 y 104 de Villa Gesell una remera con la leyenda "I love privatizaciones", que Dromi se colocó gustoso para las fotos del reportaje.  Además, un gorrito con la concha publicitaria de Shell cubría su rostro albugíneo enrojecido por el sol.  Seguro de su impunidad, se vanaglorió en presencia de siete sorprendidos periodistas:
-Me quisieron embromar pero les salió al revés.  Yo compré la tapa y tres páginas de Clarín para contestarles, el mismo día en que Página/12 iba a publicar la cinta.  Le di una copia a Clarín, con lo que perdieron la primicia.
Si Clarín vendió su portada a Dromi es algo que tal vez sepan los responsables del grupo Magneto.  El resto de la historia no fue así.  El segundo sábado de setiembre de 1990, Dromi recibió en su casa a los periodistas Sergio Ciancaglini y Eleonora Gosman, ante quienes negó la autenticidad de las palabras que se le atribuían, dijo, con el propósito de deteriorar su relación con el ministro de Economía e introducir una cuña que destruyera el programa del gobierno.  Dromi desplegó un papel con el guión que pensaba seguir en la entrevista. Ciancaglini bajó la cabeza y miró hacia arriba:
-Yo lo escuché, ministro.
-¿Tiene la casette? -empalideció Dromi.
El periodista se golpeó el bolsillo de la camisa.
-Gracias.  Entonces empecemos de nuevo -musitó Dromi.  Luego rearticuló su discurso:
-Sí, estamos de rodillas -comenzó.
En la misma reunión del 1º de enero de 1991 en la residencia desierta de Olivos, González fulminó a Moby Dick y a Dromi & Asociados.  La entrega en concesión de Gas del Estado, Obras Sanitarias y SEGBA no traería ingresos al Estado, el único modo que Dromi concebía de financiar el plan de obras era el cobre) de peaje por rutas ya construidas, Vialidad Nacional estaba en rojo y el Fondo Unificado de Obras Públicas no cumplía la función prevista.  Sus recursos no se destinaban a financiar los trabajos en grandes obras que no debían paralizarse, porque se desviaban al pago a contratistas del Estado, pese a los decretos que habían congelado la cancelación de esos créditos.  El secretario de Hacienda, Saúl Bouer, recibía las solicitudes y consultaba esas excepciones con González.  Detestaban a Dromi.  El atraso cambiado se tornaba insostenible, la recaudación fiscal no alcanzaba los niveles provistos y así no era fácil reducir las erogaciones.  Las presiones de la embajada norteamericana por la corrupción eran cada día más acuciosas, pero nada se podía hacer cuando tocaban a alguien cercano al Presidente, como El Gordito.  "Visión de caja, para que ellos no la vacíen", rumiaba el equipo económico.  Se sentían apresados en un clima moral pantanoso y no todos soportaban las reglas que imponía la Corona.
En vísperas de Navidad, Menem invitó a comer a González Fraga.  "El Presidente quiere que vayas con la Gra", le anunció el secretario privado Ramón Hernández.  Cuando llegó con la actriz Graciela Borges, se encontró con María Julia Alsogaray.  Fueron todos a pasar la Navidad a un sitio asombroso para esa farándula, el Regimiento de Granaderos a Caballo.  El divorciado Menem, que ni siquiera podía ver a sus hijos, creía que el presidente del Banco Central debía estar siempre disponible ante sus llamados, pero González Fraga tenía otra idea.  Había cada vez más arena en los engranajes de esa relación, signada por la incompatibilidad de caracteres.
Mientras iban hacia Granaderos María Julia Alsogaray dijo que le parecía escandaloso que el hombre que no podía explicar el manejo de los guardapolvos fuera a liquidar ENTel y manejar entre mil y dos mil millones de dólares.  Una vez entregadas las dos zonas de ENTel a Telecom y Telefónica, restaban la venta de la parte de las acciones en poder del Estado y, sobre todo, las cobranzas y los pagos, en los que estaba interesado Blas Medina, el asesor del Hermano Eduardo y de Dromi, el amigo íntimo de Menem, de Emir Yoma, de Miguel Angel Vico y por ende de María Julia Alsogaray.  Ya estaba a la firma de Menem el decreto por el que se designaba a Bauzá, Dromi y González en la comisión liquidadora.  Al día siguiente, Menem intercedió por la ingeniera Alsogaray:
-No la dejen afuera a María Julia, que hizo todo.
González Fraga cuchicheó al oído del ministro de Economía:
-En vez de Dromi y Bauzá, hacé que pongan a Saúl Bouer y María Julia.
Erman González repitió la propuesta en voz alta.  Menem dijo: 
-Eso lo firmo ya.
Más tarde, González bromeó con González Fraga:
-Te vas a arrepentir toda la vida de ponerte así de punta a Bauzá y Dromi.
También había tenido un feo encontronazo con Bouer.  Ante cuestionamientos a la política monetaria y el tipo de cambio, JGF replicó que el problema era la insuficiente recaudación fiscal.  González Fraga sabía siempre todo de todo.  A Solá le explicaba cuánto implicaría suprimir las retenciones a las exportaciones agropecuarias, a Pereyra de Olazábal cómo funcionarían los nuevos aranceles de importación, a Bouer el producido de cada impuesto.  Esto generaba admiración, recelos y cortocircuitos.  Por esos días se le atribuyó haber escrito una carta a Menem con objeciones a la labor de Bouer, pero Erman González sabía que no era cierto, porque Bouer, que era el verdadero destinatario, se la había mostrado.  La carta, del 7 de diciembre, vaticinaba: "Volcamos a fin de año".  Bouer quería aumentar el precio del gasoil para mejorar la recaudación.  La gente del campo nos mata.  Aumenten más la nafta pero bajen el gas-oil, respondió González Fraga.  Solá asintió. ¿Quién es el ministro aquí?, se enconó Bouer.  Erman González era neutral.  Prefería que no chocasen entre ellos y reservasen todo su ímpetu para otra faena.

El Día de los Santos Inocentes Menem firmó el indulto, que llevó fecha 29 de diciembre.  Después se fue a cumplir horas de vuelo a un glaciar de la Patagonia, y regresó a la Capital sonriente y con los pulgares en alto como si hubiera algo que celebrar.  Al día siguiente de recuperar la libertad, Jorge Videla rompió el acuerdo que los jefes de Estado Mayor habían celebrado con el gobierno, declaró injusta su condena y recabó un desagravio institucional al Ejército.  Palabras más o menos, era el discurso invariable que habían entonado todos los comandantes en jefe y jefes de Estado Mayor del Ejército en los últimos quince años, sin una sola excepción.
Antes que Videla solicitara la reivindicación de los métodos tenebrosos aplicados por sus órdenes, Menem la había incluido en los considerandos del decreto de indulto.  Además de autoelogiar su presunta "decisión de alta política", propugnó humildad para el reconocimiento de errores propios y lo que llamó "aciertos del adversario".  En el perdón a Carlos Suárez Mason aludió a "las desviaciones, errores y excesos incurridos por los protagonistas históricos de las etapas cruentas y dolorosas de la vida argentina que urge cerrar, impugnados ante tribunales de justicia, así como también los desaciertos de las clases dirigentes del momento, frente al utopismo terrorista y subversivo".  Las culpas se diluyeron, las condenas se redujeron a impugnaciones, los crímenes volvieron a ser errores y excesos, que debían ponderarse con los simultáneos aciertos y equivocaciones de los demás, resucitó la teoría de los dos demonios, que desde hace una década preserva la buena conciencia de la clase política, y le permite abrir la boca azorada como si los años de plomo los hubiera vivido en Babia y no en la Argentina.  En un platillo, las fuerzas irregulares que tomaron las armas corriendo todos los peligros luego de quince años de proscripciones políticas y violencia contra el pueblo, en procura de un proyecto de transformación social y acunadas por las gigantescas convulsiones que cruzaron todo el mapa geográfico y social de la Argentina.  En el otro, en perfecto equilibrio, los jefes del Estado Terrorista, que concentraron todos los poderes en sus manos para secuestrar, torturar y asesinar en infracción a sus propias leyes, sin arriesgar otra cosa que la salvación de sus almas, y como vía para imponer la regresión económica y social que desde 1983 degrada y limita la experiencia democrática que le sucedió.  Entre el indulto y la continuación, por otros medios y en otra etapa, del modelo económico-social que la dictadura implantó, de concentración/marginalidad, de enriquecimiento/exclusión, había una coherencia impecable.  Videla, Massera & Cía. no querían indulgencia sino alabanzas.  Con toda razón.  Ellos son los Padres Refundadores que devolvieron a la sociedad argentina a los años previos al 17 de octubre de 1945.
Aun cuando quisieran creer en la conveniencia y en la posibilidad de acabar de un plumazo con los resabios de un conflicto desgarrador y que había tenido en ascuas al gobierno anterior, para los integrantes de un movimiento que durante tres décadas se templó en la resistencia contra dictaduras fusiladoras el indulto fue un impacto tremendo.  Todo el país se estremeció, y pese al sol del verano y la ausencia de una convocatoria orgánica, decenas de miles de personas arrestaron su indignación por los canteros de la Plaza de Mayo.  Ellos eran los más decididos, pero no los únicos.  Como en 1989, todos los sondeos sociológicos decían que 7 de cada 10 estaban en contra.  Menem declaró su repugnancia por el "salvajismo" de los manifestantes y anunció que ordenaría encausarlos por pintar la Pirámide.  Mientras los delitos más graves cometidos en el país en este siglo se transmutaban en cuestiones opinables y relativas, la respuesta asombrosamente pacífica al atropello ofensivo era expuesta como un delito.
Fue demasiado, aun para los funcionarios más próximos al Presidente, como el Hermano Eduardo, que hizo todo lo posible por disuadirlo, y el ministro de Economía, el democristiano González, quien pretendía que Menem le explicara cuál era la necesidad de hacerlo, porque él no la veía.  Además estaba furioso con el Presidente porque para distraer la atención del indulto le había ordenado que convocara a una conferencia de prensa y anunciara nuevas medidas económicas.  Contra su habitual discreción, contrarió el discurso oficial que procuraba minimizar las reacciones contrarias al indulto, y en un almuerzo con Mirtha Legrand en televisión dijo que el gobierno estaba preocupado por el alto número de asistentes a la marcha de repudio.  Se sentía traicionado y dolorido.
Había varios miembros más del equipo económico perturbados por el indulto.
Ex montonero en Córdoba, el malhumorado Luis Prol había pasado toda la dictadura en la cárcel.  Era el que más hacía por disimular un fastidio que enrojecía la hebilla de sus zapatos de rico nuevo.
Saúl Bouer había sido secretario de Economía de Herminio Iglesias en la Municipalidad de Avellaneda.  Venía de la ortodoxia peronista y sentía el indulto como un fracaso personal.  Tuvo que internarse por un ataque de presión y al salir su mujer se negaba a hablarle, como si él y no Menem hubiera soltado a los torturadores.  Compartía la desolación con su compinche Julio Aguilar.
Héctor Domenicone había estado en la CGT durante la corta secretaría general del Colorado Adalberto Wimer.  Sociólogo, vinculado con Horacio Miró, de la obra social de la UOM, trabajaba en los programas respaldados por el Banco Mundial para racionalizar el Estado y despedir más de 100.000 trabajadores.  De alta conciencia y escasa conducta, estas cosas lo ponían taciturno porque lo sacaban de una rutina que podía creer técnica y lo ponían de cara al carácter político del gobierno que integraba.
Tiradores de yuppie y nariz parada, Felipe Solá cavilaba sobre su destino.  A los 20, secretario privado del vicecanciller de Cámpora, Jorge Vázquez, que asumió en el Palacio San Martín remecido por los bombos y los redoblantes de la JP.  A los 40, secretario de Agricultura del primer presidente peronista aclamado en la Sociedad Rural, despedido por ello del Consejo de Redacción de la aburrida revista Unidos y con un tormentoso frente familiar que tampoco le perdonaba el indulto.  En vez de esposa, padres y hermana.
Ni siquiera hacía falta ser peronista para aborrecer lo que estaba ocurriendo.  Javier González Fraga se sentía asqueado.  Sus hijos habían marchado contra el indulto con su primera esposa.  El presidente del Banco Central les explicó su posición: estaba de acuerdo con ellos y también hubiera querido ir a la marcha.  Permanecía en el cargo porque las presiones eran muy fuertes contra el dólar a 5.000 australes y no quería que lo acusaran de desencadenar una corrida con su renuncia.  Con Bouer y Erman González formaba el trío de los más enojados.  González Fraga le dijo a sus chicos que no entendía las razones del indulto. ¿Habrá sido por los montoneros?, se preguntaba.
Carlos Carballo los escuchaba con aire de marsupial distraído.  Jorge Pereyra de Olazábal sonreía ensimismado.  Diego Estévez soñaba con Miami.  Definitivamente el asunto no les importaba.

El martes 1º de enero Menem rechazó la renuncia de González.  El miércoles 2, el ministro invitó a comer al restaurante Pedemonte a todo el gabinete económico.  Contó algunos de los episodios recientes, instó a González Fraga y Bouer a dar por superado el incidente, invitó a que cada uno se franqueara con los demás.  Como los mozos y los parroquianos estaban pendientes de la conversación, Erman González propuso continuar en su casa.  Hacia allí fueron.  La conversación recaía una y otra vez en la minicarpa y en Dromi & Asociados, el enemigo común.  La guerra no tenía cuartel.
Alguien habló de cansancio moral.  Pero aquello que los sofocaba, ¿sería posible sin la aquiescencia o la participación de Menem?  Los telefonazos ordenando descongelar pagos eran suyos, Emir era suyo, Medina era suyo, Martinenghi era suyo, Rattazzi era suyo, Santilli era suyo.  El había autorizado a Dromi a constituir las comisiones.  Manzano robaba para la Corona.  Trataron de darse ánimo.  Erman estaba sombrío, pero también había algunos locuaces:
-Tenemos que estar más unidos que nunca entre nosotros.
-No podemos seguir haciendo concesiones.
-Nos quedamos si es para romperle el culo a Dromi.
-De otro modo nos vamos.
-Estamos dispuestos a correr esos riesgos.
-Vamos a pelear.
Eso dijeron. Pero todos sentían que algo se había roto. Terminaron muy tarde en la madrugada.  Al día siguiente uno de ellos habló.  El primer sorprendido fue el embajador de los Estados Unidos.

NOTAS

El autor y sus colaboradores han sostenido entrevistas con gran parte de las personalidades que aparecen mencionadas y con muchos testigos directos de los hechos que se narran.  Salvo indicación en contrario dentro del texto, todos han hablado en confianza.  Es decir, han contado la verdad con la condición de que no se los mencione.  Con otro método los políticos y empresarios argentinos dicen discursos de escasa utilidad informativa.  Por eso las notas se ciñen a fuentes documentales, indispensables para cruzar con los testimonios confidenciales.  Se agrupan así por consideración al lector que no se interese por fuentes y precisiones que, de todos modos, están aquí a disposición de quienes deseen cotejar o ahondar algún punto.

CAPITULO 1: PERSONAJES

La audiencia con Menem en la que el Presidente encomendó a Emir Yoma seguir el expediente, y los contactos telefónicos posteriores con la empresa, constan en las declaraciones coincidentes de Oliva Funes y Yoma al juez federal Miguel Guillermo Pons.  La nueva fórmula aceptada por los acreedores, en una carta de González Fraga al autor, de julio de 1991.  La preferencia de los acreedores externos por un pagadiós de la deuda interna, en el artículo de Frederick Ungehuer "Un abismo de miseria" en Time el 16 de noviembre de 1989, un mes antes que la Argentina siguiera ese consejo.  La misma fuente para la descripción del festival de bonos.  Las fechas y detalles de las tramitaciones del legajo en las distintas dependencias del Ministerio de Economía provienen del sumario judicial del doctor Miguel Guillermo Pons y del administrativo de los sucesivos procuradores del Tesoro Jorge Maiorano y Alberto García Lema.  A este último Nielsen le dijo que el expediente  había desaparecido del Ministerio de Economía.  La intervención decisiva de Cavallo para que se firmara la desgravación a Swift en ausencia de González, que seguía en Washington, fue revelada por el propio canciller, en Clarín del 12 de enero.  Las extensiones de tierra de Emilio J. Cárdenas en condominios y sociedades familiares, en una investigación aún inédita de Eduardo Basualdo sobre la propiedad agropecuaria.  Los datos sobre su estudio, en Apertura, Nº 20, abril-mayo de 1989.  Cárdenas dijo al autor que no todos esos datos eran exactos y prometió una información actualizada, que nunca entregó.  La posición de Swift entre los exportadores industriales, en el ranking 1989 de la revista Prensa Económica.  La reunión de IDEA donde Cárdenas habló de cleptocracia y cuyas conclusiones fustigaron la corrupción, en Página/12 del 27 y 28 de octubre de 1990.  El ejemplo del auto como cohecho en Carlos Creus, Delitos contra la administración pública, Buenos Aires, Editorial Astrea 1981, pág 306.

CAPITULO 2: TRASFONDO

La mejor descripción del proceso económico argentino posterior a 1976 y sus mecanismos está en los libros de Eduardo Basualdo: Deuda externa y poder económico, El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80 (con Miguel Khavisse y Daniel Azpiazu), Cara y contracara de los grupos económicos.  Estado y promoción industrial en la Argentina (con Daniel Azpiazu), ¿Quién es quién?  Los dueños del poder económico (con Khavisse, y Manuel Acevedo).  De allí proviene buena parte de la información y las interpretaciones del capítulo.  Algunas reflexiones interesantes acerca de las consecuencias de la internacionalización financiera en Un modelo sin retorno, de Jorge Schvarzer.  Sobre las privatizaciones de la era Menem supeditadas a la obtención de financiamiento de corto plazo y reproductoras del modelo de funcionamiento rent-seeking de la economía, Pablo Gerchunoff y Lilian Castro: La racionalidad macroeconómica de las privatizaciones.  El caso argentino, Instituto Di Tella, junio de 1991.  La magnitud de la fuga de capitales en Morgan Guaranty Trust Co. of New York, World Financial Markets, N.Y., march 1986, citado por Eric Calcagno en Los bancos transnacionales y el endeudamiento externo en la Argentina, Cepal, 1987, Santiago de Chile.  La observación del banquero suizo Hanselmann, formulada en Quito durante la reunión de Felaban, en Ambito Financiero del 11 de mayo de 1987.  El miembro de la Junta Militar que exaltó a los empresarios como paradigma capitalista fue el comandante en jefe de la Fuerza Aérea Ramón Agosti en un discurso pronunciado el 7 de octubre de 1977 en el almuerzo mensual de la Cámara de Anunciantes.  La estrategia de extranjerización gradual del petróleo revelada por el secretario de Hacienda de la dictadura Juan Alemann, en La Nación del 20 de agosto de 1989.  La evaluación del aporte de los contribuyentes a la denominada inversión privada en FIEL, Regulaciones del gobierno en la economía argentina, Buenos Aires, 1988, citado por Basualdo y Aspiazu en Cara y contracara..., op. cit.  La presentación del plan BB a Alfonsín por Mario Hirsch fue revelada por Rapanelli en un reportaje, en Ambito Financiero el 20 de julio de 1989.  Los acuerdos de Alfonsín con los grupos económicos durante el juicio a los ex comandantes, en Horacio Verbitsky: La educación presidencial, Buenos Aires, Editora/12 y Puntosur, 1990, y en Pierre Ostiguy, Los capitanes de la industria, Legasa, Buenos Aires, 1989.  El primero que reveló ese encuentro fue el periodista de Clarín Marcelo Bonelli, en su columna del 26 de abril de 1985.  Datos complementarios sobre la reunión de Rapanelli y Vicente con Menem y la relación con Bunge & Born, en Gabriela Cerruti y Sergio Ciancaglini: El octavo círculo, Planeta, Buenos Aires 1991.  También allí vivas descripciones del acercamiento del peronismo al holding.  El ofrecimiento del mismo plan a Angeloz, en el citado reportaje de Rapanelli a Ambito Financiero.  La gestión de Jorge Born ante Alfonsín, en La Nación del 23 de julio de 1989.  Los modelos de Alan García o Felipe González ofrecidos a Menem por Grondona, en La Nación, el 4 de junio de 1989.  La definición de Perón sobre Bunge & Born, en su libro Los vendepatria.  Las pruebas de una traición, Buenos Aires 1958.  La reunión de Handley y Stanley con Bauzá y Manzano, en Página/12 del 20 de mayo.  La posición de Handley sobre capitalización y privatización, en Clarín del 17 de setiembre de 1989.  La declaración conjunta Menem-Alfonsín, en La Nación del 1º de junio.  La exhibición del maletín y la referencia al aporte económico de Bunge & Born, en un testimonio de Saúl Ubaldini recogido por Sergio Ciancaglini, en Clarín del 21 de octubre de 1990.  La interpretación del pacto Menem-Bunge en términos de manteca y cañones, José Pablo Feinman, en Hwm®, junio de 1989.  La doctrina de la intangibilidad de la remuneración del co-contratante en Barra, Rodolfo: Contrato de obra pública, Editorial Abaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires 1984.  Los antecedentes del estudio Klein-Mairal en el Informe y Conclusiones de la Comisión Especial Investigadora del Caso Italo, Cámara de Diputados de la Nación, 1985, y en la revista Apertura, abril-mayo 1989.  Mención al origen de los fondos ofrecidos por Bunge & Born, en el artículo de Rogelio García Lupo: "Latinoamérica, el cierre del BCCI salpica a varios gobiernos" en Tiempo de Madrid, 12 de agosto de 1991.  Las propiedades de Amalia Lacroze de Fortabat, según su propia estimación, en la edición de la revista norteamericana Time del 6 de noviembre de 1989 sobre los ricos latinoamericanos.  Jorge Born sobre Normandía, en un reportaje de Marcelo Zlotogwiazda, en Página/12 del 22 de setiembre de 1991.  También de allí el aporte a las campañas de Menem y Angeloz, la negativa sobre el aporte económico al gobierno, la chicana sobre González Fraga y la descalificación de las palabras de Menem sobre él.  Las respuestas de Bauzá, Barrionuevo y Gostanián reconociendo sólo el 23,33% de los tres millones declarados por Born, en Página/12 y Clarín, 24 de septiembre de 1991.  La aclaración de Bunge & Born, en Página/12 del 25 de setiembre.  El ofrecimiento del Ministerio a Jorge Born y la forma en que éste ordenó a Rapanelli que se hiciera cargo, en La Nación del 23 de julio de 1989.  El defensor de Amira Yoma, Alfredo Iribarren, testimonió acerca de sus tácticas para eludir la extradición ante el juez federal Miguel Pons, en julio de 1991.  La estimación del Banco Mundial sobre la fuga de capitales en la Argentina y la corrupción en las privatizaciones rápidas, en su Informe sobre el Desarrollo Mundial en 1991, titulado "La tarea acuciante del desarrollo", Washington, 1991, recuadros 6.2, 6.4 y 7.7.  La experiencia de las privatizaciones europeas en Peter Calvert: The Ethics of Privatisation, trabajo presentado en el XV Congreso de la Asociación Internacional de Ciencias Políticas, en julio de 1991.  El estudio sobre ENTel mencionado, Alejandra Herrera con la colaboración de Ben Alfa Petrazzini: Privatización de los servicios de telecomunicaciones.  El caso argentino, Buenos Aires, agosto de 1991.              

CAPITULO 3: EL PRECURSOR

El interés de los inversores españoles, en Página/12 del 1º de noviembre de 1988.  La descripción de Telefónica Española, en Cambio 16 de España del 4 abril de 1988.  La dispersión decisional para ENTel en Ben Alfra Petrazzini: Restructuring Telecommunications Policy in Argentina, mimeo presentado al XV Congreso de la International Political Science Association, Buenos Aires, 1991.  Las negociaciones de Copetro con YCF en un pedido de informes al Poder Ejecutivo del diputado nacional por la UCeDé Federico Zamora, en el Trámite Parlamentario Nº 254, del 24 de abril de 1991, en un artículo de Marcelo Zlotogwiazda en Página/12 del 25 de junio de 1989, y en un trabajo de Claudio Lozano, director del Instituto de Estudios sobre el Estado y la Participación y Marcos Gerber, Informe de situación, abril de 1990.

CAPITULO 4: LOS CONTROLES
    
Las alternativas del fallido aumento de miembros de la Corte Suprema en Estados Unidos constan en el libro de su decimosexto y actual presidente, William H. Rehnquist, The Supreme Court, How it was, How it is, Washington, 1987.  Las manifestaciones de Belluscio contra la reforma de la Corte, en La Nación del 6 de enero de 1988, y en Gente de la misma semana.  Las de Ricardo Levene (n.) en La Ley, T. 1989-C, Sec. doctrina págs. 1.297 y sig. Las negociaciones con Menem para la designación del ministro de Defensa, 	en la declaración indagatoria de Seineldín ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. La detención de Jajan en Estados Unidos, en The Orlando Sentinel del 22 de noviembre de 1990 y en Página/12 de los días 21, 24, 25 y 26 de abril, y 26 de mayo de 1991. Un juicio en el que Barra representó a Sade fue contra Agua y Energía Eléctrica de la Nación, ante el juzgado contencioso administrativo a cargo del doctor Néstor Buján, Trámite Parlamentario Nº 164 de la Cámara de Diputados, del 14 de diciembre de 1990. La actuación de Barra para que la ley de emergencia incluyera la capitalización de títulos de la deuda externa, en Página/12 del 6 de agosto de 1989. La voluntad política del gobierno declarada por Bauzá de homogeneizar la Corte con el Poder Ejecutivo, en La Nación del 26 de setiembre. Las definiciones de Arias sobre la emergencia y de Dromi sobre el nuevo derecho en el Diario de sesiones de la Cámara de Diputados, 1990, pág. 7601.  El emplazamiento del general Cáceres por el indulto durante el asado en la Escuela Superior de Guerra, en Ambito Financiero del 3 y en Somos del 4 de octubre de 1989.  La vinculación de Oyhanarte entre el copamiento de la Corte y el indulto, en Somos del 4 de octubre.  Las grandes ideas de Belluscio sobre el matrimonio en su Manual de derecho de familia, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1988, especialmente págs. 6, 329, 374 y 434.  La acusación de Belluscio por extorsión contra la senadora Saadi y el gobierno, en declaraciones a La Nación del 28 de setiembre de 1989.  Datos completos sobre el funcionamiento de la Corte en el informe entregado por sus integrantes a la Cámara de Diputados, en su Diario de sesiones, 1990, págs. 7640 y sig.  La referencia de Bauzá al bono solidario, que en el 70 por ciento de los casos no llegaba a sus destinatarios reales, en reportaje a Página/12 del 21 de enero de 1990.  La denuncia de Eduardo Menem sobre mercenarios que se apropian de los bonos, en declaraciones a Radio Continental, en La Nación del 23 de enero de 1990.  El informe al Congreso sobre el bono, en La Prensa del 25 de marzo de 1990.  Las intervenciones de los legisladores en el debate, en el Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de 4 y 5 de abril de 1990.  El anuncio presidencial sobre Barra como sucesor de Mera Figueroa en el Ministerio del Interior, en Ambito Financiero del 4 de abril de 1990.  Las exclamaciones de lealtad peronista de Barra en Clarín del 29 de diciembre de 1989.  La confesión de Manzano sobre la necesidad política de Menem de ampliar la Corte, en Página/12, 30 de marzo de 1990.  La definición de José Rodríguez sobre el partido que integra, en Clarín del 9 de marzo de 1990.  Los dicterios entre Menem y Ubaldini, en Página/12, 23 y 24 de marzo de1990.  La opinión de Bacqué sobre la incorporación de una mayoría en la Corte, en Clarín del 22 de abril de 1990.  La corrupción como motivo para el rechazo de Corvalán Nanclares a regresar a la Corte, en Página/12 del 18 de mayo de 1990.  Las declaraciones de Arias contra Petracchi, en Clarín del 28 de noviembre de 1990.  La remoción del fiscal Molinas en el fallo de la Corte Suprema de Justicia M.547 XXIII, Molinas, Ricardo Francisco c/ Poder Ejecutivo Nacional s/amparo, 24 de setiembre de 1991.  La desjerarquización de la SIGEP, en Página/12 del 27 de agosto de 1991. El fallo de la Corte sobre los Bonex en los autos Peralta Luis Arcenio c/Estado Nacional, del 27 de diciembre de 1990. La doctora Cubría, la Cámara Federal y la Corte Suprema de Justicia en el caso Amira Yoma en notas diarias de Página/12 a partir de fines de febrero de 1990, especialmente de Román Lejtman. Montesquieu sobre el poder absoluto, en el Capítulo 2 del Libro VI de su Espíritu de las leyes. Debo la cita a la generosa erudición de Leopoldo Schiffrin.

CAPITILO 5: HOMBRES DE PALABRA

		La solicitud de Alfonsín para que se investigara a su gobierno, en La Nación del 14 de junio de 1989. La respuesta de Menem, en La Prensa del mismo día.  La denuncia de la campaña de desprestigio y la creación de la comisión investigadora, en varios periódicos del 7 de diciembre de 1989.  Las impugnaciones de la SIGEP en la Observación 71/89, del 20 de diciembre de 1989.  El comunicado de Petroquímica Bahía Blanca y las desmentidas de su presidente, en Ambito Financiero del 5 de diciembre.  El libelo de La Nueva Provincia fue reproducido en un despacho de la agencia Noticias Argentinas, que La Prensa reprodujo el 6 de diciembre.  El descargo del presidente de la petroquímica, en Ambito Financiero del 5 de diciembre.  Las denuncias del embajador vaticano, en Ambito Financiero del 7 de diciembre.  Las de Zulema Yoma, en Gente del 1º de febrero de 1990.  El aumento de penas por calumnias, injurias y desacato, y la crítica de ADEPA en Página/12 del 29 de junio de 1990.  La frase de Pierri sobre los códigos entre ladrones, en Ambito Financiero del 26 de noviembre de 1990.  La denuncia de Bisciotti, en el Trámite Parlamentario 134 de la Cámara de Diputados, del 19 de noviembre de 1990.  El episodio de Dromi y los dólares, en Página/12 del 1º de diciembre de 1990.

CAPITULO 6: MOBY DICK

La descripción del The New York Times sobre los ricos argentinos de Punta del Este, reproducida por El Cronista del 5 de febrero de 1990.  La especialidad de Cambiaso en el estudio Marval & O'Farrell, en Apertura, Nº 20, abril-mayo de 1989.  Su réplica a Cárdenas en IDEA, en Página/12 del 27 de octubre de 1990.  El contrato fallido para la construcción de los aeropuertos en Página/12 del 26, 27 y 28 de setiembre de 1991 y Clarín del 27.  El diálogo entre González, Oliva Funes y Yoma, en Ambito Financiero del 10 de enero de 1991.  González lo confirmó con las ligeras variantes señaladas en el texto ante el juez Pons.

CAPITULO 7: MIENTRAS LA CIUDAD DUERME

La garantía de Eduardo Menem sobre la privatización de ENTel, en Clarín del 4 de agosto de 1989.  Los análisis críticos acerca de los pliegos de la enajenación de Aerolíneas Argentinas que figuran en este capítulo y en los sucesivos sobre el tema provienen, salvo mención en contrario, de estudios realizados por los equipos técnicos de la Unión Nacional de Trabajadores Aeronáuticos y sus organizaciones integrantes, las conducciones oficiales de las asociaciones de Técnicos de Vuelo de Líneas Aéreas y de Personal Aeronáutico, y de las agrupaciones Verde, Celeste y Azul y Blanca de la Asociación de Aeronavegantes, y 9 de Octubre de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, en el archivo del autor.  Esas asociaciones de trabajadores realizaron una rigurosa labor de investigación y esclarecimiento, que abasteció de argumentos a los pocos políticos e intelectuales que los acompañaron en su lucha histórica en defensa del patrimonio común de los argentinos.  Dornbusch sobre privatizaciones y deuda externa, en La Nación del 1º de diciembre de 1989.  Barra, Menem y Gurdulich en el accidente de Villa Gessel, en La Nación, 7 y 8 de enero de 1990.  La defensa de la soberanía por el senador Menem en la interpelación a Terragno, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados, 27 y 28 de abril de 1988.  La exclusión de Buenos Aires Catering y Optar de la valuación del Banade, en Página/12 del 27 de mayo de 1990.  La interpelación a Dromi, en Página/12, 29 y 30 de marzo de 1990.  Sus declaraciones ante la Comisión Bicameral, en Página/12 del 9 de setiembre de 1990.  Idem sus expresiones sobre Pescarmona y la forma en que compró Austral.  Las advertencias de Dromi a American Airlines e Iberia en contra de Pescarmona y su repercusión internacional, en The Financial Times del 7 de junio.  La negativa de Menem a prorrogar los plazos dos días antes de hacerlo, en el Cronista Comercial del 20 de junio de 1990.  La justificación de esa prórroga por Dromi en la necesidad de transparencia, en Clarín del 22 de junio.  Las razones de Alitalia y el Citi para el retiro, en Página/12 del 1º de julio.  El proceso a Pott, en el diario Crónica de Río Gallegos, el 9 de agosto de 1990.  La carta del First Boston en Clarín, el 6 y 7 de setiembre, en artículos de su columnista Marcelo Bonelli.  El procedimiento ya había sido descripto por Julio Nudler en Página/12 del 19 de agosto.  El vaticinio de Dromi sobre la intervención de la Corte Suprema, en Página/12 del 11 de julio de 1990.  Sus reuniones con Barra en la Corte, en Clarín y en Página/12 del 13 de julio.  El análisis más completo de la intervención de la Corte en Alejandro D. Carrió y Alberto F, Garay: La jurisdicción per saltum de la Corte Suprema.  Su estudio a partir del caso Aerolíneas Argentinas, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 199 1. El reconocimiento sobre el plan de sale and lease-back, en La Nación del 24 de setiembre de 1990.  Su recomendación por el Chase, en el mismo diario, el 9 de agosto de 1990.  La defensa de Fluixá del incumplimiento de los adjudicatarios, en Página/12 y en Clarín, el 7 de setiembre.  La conferencia de prensa sobre el tema, en Página/12 del 8 de setiembre.  Los argumentos de Dromi sobre la vulnerabilidad argentina en Página/12 del 9 de setiembre.  Dromi, sobre juez y parte, en: El Poder Judicial en la Constitución, en la crisis, en la democracia.  Ediciones NSTA Tucumán, 1982, pág. 55.  Bunge sobre la indisponibilidad del depósito, en Clarín del 11 de octubre de 1990.  El comentario de Carballo sobre Santilli, en Página/12 del 19 de octubre.  La urgencia de Iberia, en El Cronista Comercial del 17 de octubre.  El cálculo anticipado de pasajes vendidos, en Clarín del 9 de noviembre de 1990.  Fluixá sobre Aeronac, en Clarín del 25 de octubre.  La nota del Credit Suisse, en Página/12 del 15 de noviembre.  La entrega de Cielos del Sur como pago por la participación en Aerolíneas, en declaraciones de Pescarmona a El Cronista del 6 de marzo de 1991 y en afirmaciones de la nueva empresa a La Nación el 15 de marzo.  El dictamen inicial de Soria por la anulación, su declarado propósito de no aceptar cualquier condición, y la reacción dubitativo de Cavallo, en declaraciones del diputado Natale, el 14 de marzo.  La conferencia de prensa de Pescarmona, en La Nación del mismo día.  El editorial sobre la ineficiencia del sector público español en la edición de abril de España Económica, suplemento de Cambio 16. La explicación de Aguiló sobre el pago con Bonex, en La Nación del 14 de abril.  La deliberada decisión de Iberia de no pagar mientras el Estado argentino no hiciera lo propio en Diario 16 del 22 de abril de 1991.  Sus dificultades económicas, en Actualidad Económica de Barcelona, el mismo día.

CAPITULO 8: UN HOMBRE LLAMADO CAVALLO

La presión a Swift, relatada por los industriales de la alimentación, y su vulnerabilidad por la capitalización de títulos de deuda externa, en Clarín del 11 de enero; en versión de un funcionario de la Presidencia, en La Nación del l0 de enero, bajo el título "Entretelones de una historia que existió".  El presunto soborno por la privatización de ENTel, en un cable de AFP, en El cronista del 11 de enero.  Yoma querelló al editor, al director de Página/12 y al autor de las notas, pero en cuanto el caso salió de la atención pública promovió una negociación que concluyó con un discreto desistimiento de la acción penal, sin que la otra parte rectificara una sola línea de todo lo publicado.  La afirmación de Cavallo de que ni Swift ni Todman habían mencionado a Yoma y que por eso Menem no asoció la carta del embajador con la nota de Página/12, en declaraciones a La Nación, del 13 de enero.  El informe de Cavallo al gabinete sobre su confirmación de la noticia con los directivos de Swift en las declaraciones al juez Pons de Granillo Ocampo y del vocero presidencial Humberto Toledo.  El resto de los asistentes, incluido Cavallo, lo negaron.  En una reunión de gabinete en mayo de 1991 se convino en que las respuestas por escrito que cada uno enviaría a Pons serían supervisadas por el secretario Legal y Técnico Jorge Maiorano.

CAPITULO 9: SAN EXPEDITO

La descripción de Rojas, en La Prensa del 13 de noviembre de 1990.  El anuncio de Dromi contrario a la capitalización en ENTel, en Página/12 del 27 de junio de 1989.  El de María Julia Alsogaray, en el video de Miguel Rodríguez Arias Las patas de la mentira.  El de Otero, en Clarín del 29 de julio.  La división inicial de ENTel según los cuerpos de Ejército y las razones del cambio posterior, en Ben Alfa Petrazzini, op. cit.  La misma fuente para la rentabilidad de AT&T y el riesgo por la ínfima participación exigida al operador.  María Julia Alsogaray contra la entrega a Estados extranjeros, en El Cronista del 21 de octubre de 1990.  Las actividades de Zinn bajo la dictadura en Horacio Verbitsky: La última batalla de la tercera guerra mundial, Buenos Aires, Legasa 1984.  Las observaciones sobre la oligopolizacíón y cartelización del mercado mundial de telecomunicaciones y sobre los procesos desregulatorios en el mundo, en Alejandra Herrera, La revolución tecnológica y la telefonía argentina, Legasa, Buenos Aires, 1989.  El ejemplo de las compras del Ejército norteamericano en Corea, en Robert Klitgaard: Controlling Corruption, University of California Press, 1988, págs. 147-155.  El cálculo de Business Week, el 24 de setiembre de 1990.  La comparación de precios por línea instalada en cada privatización, en Telecommunications Development Report, Pyramid Research, Boston, November 1990.  Las 200.000 líneas disponibles para la venta en un informe de la SIGEP del 22 de diciembre de 1989.  La declaración de la UCeDé contra el tarifazo, en Página/12 del 21 de marzo de 1990.  Los problemas de la valuación en Marcelo Zlotogwiazda, Página/12 del 18 de febrero de 1990, y el informe de la interventora en el Congreso, el 8 de marzo.  En el mismo informe, la afirmación de MJA de que si el marco regulatorio no se aprobaba por ley no habría seguridad jurídica.  Las objeciones del Banco Mundial, en Clarín del 31 de marzo.  Las alternativas del Digi II, en todos los diarios de Buenos Aires del 24 y 25 de mayo de 1990.  La calificación de Zinn del acuerdo con Italia como colonial en La Nación del 31 de mayo.  La promesa de la interventora de pagar deuda con la privatización, en Página/12 del 15 y 16 de junio de 1990.  Una regocijante crónica de Gabriela Cerruti sobre la fiesta de cumpleaños, en Página/12 del 3 de julio.  La composición accionaria de Telefónica de Argentina, suministrada por su gerente Antonio Crespo.  La declaración de Frost, en La Nación del 24 de setiembre.  La de Fox, en La Nación y Ambito Financiero del 25.  La fuente de ABRA en La Nación del 2 de octubre.  El ofrecimiento de prórroga al Manufacturers Hanover en Página/12 y Ambito Financiero del 3 de octubre.  El anuncio de Menem en Clarín del 30 de setiembre.  La propuesta de pago de González en Alemania, en Página/12 del 12 de octubre de 1990.  Truffat sobre la deuda de ENTel, en Página/12 del 12 de julio de 1991.  El diálogo entre huelguistas y militares en Página/12 del 7 de setiembre.  Detalles de la huelga y sus alternativas en todos los diarios de la primera quincena de setiembre.  Sobre McGiver y su picana, La Nación del 15, 16 y 17 de setiembre, Página/12 del 18, Ambito Financiero del 20, La Prensa del 24.  La denuncia del senador Britos sobre el convenio en Página/12 del 26 de octubre.  Los reclamos de Bell, en La Nación del 16 de enero de 1991. La diferencia de 4100 millones de dólares denunciada por González Arzac, en El Cronista del 2 de octubre.  El reclamo de Stet-France Cables et Radio de la rentabilidad garantizada, en Página/12 del 20 de octubre.  La propuesta de Vicente y la amenaza de renuncia de Dromi, en Página/12 del 23 de octubre.  El júbilo de Michel Hirsch, de France Cables et Radio en Telecom Highlights International, 21 de noviembre de 1990.  El vocero de María Julia Alsogaray fue el diputado Natale, cuyas preguntas a Dromi constan en La Nación del 31 de octubre.  Los cambios en la conducción de Telecom, en Clarín del 30 de junio de 1991.  El reconocimiento por el presidente de Telecom de la coordinación con Telefónica en La Nación del 12 de mayo de 1991.  La intimación y los telefonazos de Menem, en Página/12 del 27 de octubre.  La frase sobre privatizar y gobernar en Carlos Menem-Roberto Dromi: Reforma del Estado y transformación nacional, Editorial Ciencias de la Administración, Buenos Aires, 1990.  La solicitada sobre el valor del pulso en Clarín del 11 de noviembre.  El cálculo del aumento retroactivo del 75% en Ambito Financiero del 12 de noviembre.  Las observaciones del Banco Mundial sobre la venta de Aerolíneas y ENTel, en Clarín del 13 de noviembre.  La tarifa después de la convertibilidad, según las empresas y según el gobierno, en Ambito Financiero del 9 de abril de 1991.  La polémica entre Cavallo y las empresas, en Clarín del 11 y el 17 de abril.  El pedido de informes de los diputados radicales fue presentado el 10 de abril.  Las negociaciones tarifarias entre Cavallo y las empresas, en Ambito Financiero del 16 y La Nación del 17 de abril.  Los cálculos sobre tarifas y rentabilidad en Marcelo Zlotogwiazda: "pulso acelerado", Página/12 del 5 de mayo de 1991.  El mismo día, en La Nación, la desmentida del presidente de Telecom, Giampaolo Mondini.  La polémica Mondini-Baylac en Página/12 del 12 de mayo de 1991.  Los balances de las compañías, en Página/12 del 11 de setiembre de 1991.  Mondini sobre las líneas remanentes de ENTel que están colocando, en Ambito Financiero del 20 de febrero de 1991.  Otero sobre el retrasado plan de inversiones y las contrataciones directas, en La Nación del 11 de mayo de 199 1. El FMI contra la admisión de Bonex 89, en Clarín del 18 de mayo de 1991.  La división de las acciones en categorías, en Página/12 del 25 de mayo.  El crédito puente y la licitación de las acciones, en Clarín del 18 de julio y Ambito Financiero del 15 de agosto de 1991.  Los pagos indebidos a Siemens en Página/12 del 6, 7, 9 y 12 de julio de 1991 y en La Nación del 11 de julio.  La amenaza del monopolio a la libertad de expresión en La Nación del 13 de agosto de 1991.  La admisión española de la mínima inversión realizada, en Página/12 del 10 de octubre y Ambito Financiero del 28 de noviembre de 1990.

CAPITULO 10: GASES TÓXICOS

El interés del gobierno de Santiago por la participación de Gasco y Copec, en la revista chilena Qué pasa del 4 de febrero de 1991.  La investigación más completa sobre el caso de Guillermo Shaw, el ex brigadier Lami Dozo y Spiro Agnew, fue publicada por Richard Burke, en el diario Philadelfia Inquirer, en julio de 1988.  En Buenos Aires, versiones del caso, en Página/12 del 23 y el 29 de julio de 1987 y el 2 de agosto de 1988, con una investigación de Jorge Lanata y Adriana Schettini.  El decreto de Alfonsín autorizando el proyecto Dow-Pérez Companc, en Clarín del 13 de mayo de 1989.  Todos los datos sobre el trámite del proyecto Enron-Westfield, en el sumario administrativo 25012/90 del MOSP, con declaraciones de Dromi, Granillo Ocampo, Frigerio, Estenssoro, Dovena y Gurdulich, entre otros, que no dejan dudas sobre la ilegalidad de la maniobra.  Menem sobre el precio del gas, en declaraciones a Radio América, recogidas por DYN el 11 y por La Nación el 12 de enero de 1991.  Los valores que menciona, sin especificar a qué unidad se refieren, son incongruentes.  La versión de Dromi sobre la orden de Menem en declaraciones off the record, atribuidas a un allegado, a la agencia DYN el 5 de febrero de 1991.  El intento de reagrupar los consorcios, en la revista chilena Qué pasa, del 4 de febrero de 1991.  La proyección del video Dos pícaros en apuros para Menem en el yate de Falak, en la revista Gente de la semana del cambio de gabinete.  Un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre la denuncia de Cárdenas y Granillo Ocampo fue presentado el 15 de febrero de 1991 por el diputado nacional Rodolfo Quezada (UCR-Neuquén).

CAPITULO 11: EL POZO NEGRO

La estimación del beneficio de 1500 millones de dólares por los derechos de asociación en áreas centrales en 1991, en el folleto Privatizaciones en Argentina, firmado por Dromi y editado en diciembre de 1990 por el MOSP, con el auspicio de la Unión y de la Cámara de la Construcción, de la Cámara de Empresas Petroleras y de la CGT.  La adjudicación de dos áreas petroleras a la empresa de Estenssoro, en el Boletín Oficial del 8 de febrero de 1991.  La inscripción de EPP Petróleo en el registro de la IGJ, Nº 516, Libro 107, Tomo A de Sociedades Anónimas.  La adjudicación a esa empresa de dos áreas secundarias por resolución 15/91 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial el 8 de febrero de 1991.  La participación de Sol Petróleo en el caso de la nafta adulterada en Horacio Verbitsky: La última batalla... op.cit. Las observaciones de Silenzi de Stagni sobre la puerta giratoria en Política petrolera y la cuenca marina austral, Centro de Estudios General Mosconi, Buenos Aires, 1981.  Silenzi tuvo acceso en París al plan de estudios del Instituto Francés del Petróleo en el que se enseña a negociar con aborígenes del Tercer Mundo.  La reflexión de Arauz Castex sobre la ley en la revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires, 1951.  Las denuncias de Cassia sobre el plan McKinsey en un pedido de informes presentado en la Cámara de Diputados el 7 de diciembre de 1990.

CAPITULO 12: LOS DIAMANTES SON ETERNOS

La comparación del gobierno de Menem con el de Stroessner por voceros del Departamento de Estado, en La Nación del 10 de enero de 1991.  La corrupción como problema para el desarrollo en Klitgaard, op. cit.  La descripción de las coimas en la Argentina al comienzo de la década pasada, en Time: "Big profits in big bribery", march 16, 1981.  Obras públicas y mafia en un despacho de la agencia AFP, fechado en Palermo el 31 de julio de 1991: "Adjudicaciones de obras públicas, cuarto tesoro de la mafia".  La organización civil es Poder Ciudadano, dirigida, entre otros por el fiscal Luis Moreno Ocampo y el encargado de las relaciones públicas del grupo Macri, Víctor García Laredo.  García Laredo tiene relación personal con el presidente George Bush y debido a ello coordina el grupo Columbus, formado por empresarios de América Latina que hacen negocios con Estados Unidos.  El párrafo transcripto, en Poder Ciudadano, 2, junio 1991, firmado por Moreno Ocampo. Burocracia y corrupción, en Samuel Huntington: Modernization and Development, citado en Klitgaard, op. cit. p. 34.  Mención al borrador norteamericano a la UNCTAD contra la corrupción, en Página/12 del 8 de enero de 1991 y, con mayor detalle, en El Cronista del 19 de marzo.  La resolución del Consejo Económico Social de las Naciones Unidas en su Suplemento Nº (E/1991/31).  La versión más completa del documento de Arslanián sobre la corrupción, en Ambito Financiero del 10 de abril de 1991.  La encuesta sobre inversiones extranjeras y corrupción en América Latina, en Página/12 del 14 de abril de 1991.  Corrupción y desigualdad, en Maquiavelo, Discorsi sopra la prima deca di Livio, Riccardo Riciardi Editore, Milano-Nápoli, maggio de 1963.  Corrupción como consecuencia de una sociedad improductiva en Inmannuel Kant, Vermischte Schriften, citado en Klitgaard, op.cit. Lo mismo para la conversión de monopolios públicos en monopolios privados.  El modelo del Departamento de Estado para las democracias viables en América Latina, en Luis Maira: América Latina y la crisis de hegemonía norteamericana, Deseo, Lima, 1982.  Las definiciones de Kissinger, en The Los Angeles Times, fueron reproducidas por Clarín, en una fecha no confirmada de 1987 y el 8 de febrero de 1989.  Las cifras sobre inversión directa extranjera y la referencia al canje de deuda por inversión como arma norteamericana, en Oscar Ugarteche: La hegemonía en crisis.  Desafíos para la economía de América Latina, Fundación Friedrich Ebert, Lima, 1990.  Las democracias de mercado en Zbigniew Brszezinski: El gran fracaso.  Nacimiento y muerte del comunismo en el siglo XX, Buenos Aires, Vergara, 1989.  González Fraga sobre Martinenghi y Siemens, reportaje en Ambito Financiero del 29 de enero de 1991.

CAPITULO 13: SU RUTA

El reparto acordado, en Clarín del 14 de abril de 1991.  El cálculo de Loitegui en El Cronista del 7 de enero de 1991.  La publicación del régimen de puntaje posterior a la presentación de ofertas en una denuncia penal del diputado radical Melchor Cruchaga y otros compañeros de bloque.  El reconocimiento de Ramallo de su desempeño en Sideco hasta su designación en Obras Públicas, en carta enviada a La Nación, el 14 de marzo de 1991.  La referencia de Alvarez Echagüe a las valijas, en Página/12 del 28 de junio de 1990.  Cavallo sobre la doble imposición, en Página/12 del 27 de febrero de 1991.  La carta de Orsi a Menem del 16 de setiembre de 1991, en Página/12 del 27 de ese mes.  Un análisis crítico del sistema de reconversión vial, con explícitos cargos de corrupción, en Poder Ciudadano, Nº 5, setiembre de 1991.  La participación de Barra como abogado y accionista del consorcio está documentada en el expediente municipal 64.948/85. El trabajo de Rima, Gerosi y Yanes, en Realidad Económica, febrero de 1991.  El cálculo de Brandi de la indemnización por 450 millones de dólares en Clarín del 27 de febrero de 1991.  Los costos reales por cada 100 kilómetros, en Ambito Financiero del 15 de abril de 1991.  Los créditos del Banco Mundial en sustitución del canon, en La Nación del 15 de setiembre de 1991.

CAPÍTULO 14: VENCEDORES Y VENCIDOS

Las empresas que interesan a Bunge & Born en el reportaje citado a Jorge Born, en Página/12 del 22 de setiembre de 1991.

CAPÍTULO 15: UN CONTADOR SIN VISIÓN POLITICA

La deposición de Dromi en el Congreso y los efectos de su divulgación, en Página/12 del 4, 5, 7, 9 y 11 de setiembre de 1990.  El reportaje en Clarín del 9 de setiembre.

Indice

Argumento	1
I.	 Personajes	3
II.	 Trasfondo	9
III.	 El precursor	29
IV.	 Los controles	36
V.	 Hombres de palabra	62
VI.	 Moby Dick	71
VII.	 Mientras la ciudad duerme	78
VIII.	 Un hombre llamado Cavallo	116
IX.	 San Expedito	120
X.	 Gases tóxicos	161
XI.	 El pozo negro	173
XII.	 Los diamantes son eternos	189
XIII.	 Su ruta	199
XIV.	 La nueva Argentina	207
XV.	 Un contador sin visión política	217

Notas	222

Esta edición
se terminó de imprimir en
Industria Gráfica del Libro S.A.
Warnes 2383, Buenos Aires,
en el mes de febrero de 1992.