Familiares de las víctimas de la represión policial junto a organismos de derechos humanos, sindicales, políticos y estudiantiles, entre otros, volvieron a reclamar por justicia y castigo para la totalidad de los responsables materiales e ideológicos de los ocho asesinatos del 19 y 20 de diciembre de 2001 en Rosario. Desde el ex gobernador y actual senador nacional, Carlos Reutemann, hacia abajo.

Las jornadas de protesta comenzaron el domingo 19 de diciembre a las 18 horas con una marcha en el barrio Las Flores, que recorrió el trayecto que va de la Escuela 1257 a la Escuela 756. En estos lugares fueron asesinados Rubén Pereyra y Claudio ‘Pocho’ Lepratti.

Por su parte, ayer por la mañana tuvo lugar una convocatoria frente a los Tribunales de la Provincia de Santa Fe, ese gran bloque de cemento, el gran ladrillo gris del tamaño de una cuadra desde donde se cierran ojos y oídos al dolor del pueblo. El acto comenzó alrededor de las 11 horas y hablaron integrantes de la Comisión Investigadora No Gubernamental, familiares de las víctimas y se leyeron numerosas adhesiones. Para finalizar se marchó rodeando los Tribunales.

A la tarde, en cambio, hubo dos concentraciones en la plaza San Martín, frente a la Casa de Gobierno de la Provincia de Santa Fe. Los sectores alineados con el gobierno de Néstor Kirchner realizaron un acto a las 15 hs. Más tarde, alrededor de tres mil personas de organizaciones críticas u opositoras a la actual gestión presidencial llegaron provenientes desde la plaza 25 de Mayo, frente al Palacio Municipal, y realizaron su propio acto.

En el documento que consensuaron las organizaciones más combativas, declararon que “nuestra ciudad tuvo la dolorosa realidad de contar con el número más alto de compañeros asesinados. Rubén Pereyra, Yanina García, Juan Delgado, Pocho Lepratti, Graciela Acosta, Ricardo Villalba, Gaciela Machado, Walter Campos y Marcelo Pasini cayeron muertos por la represión de la policía de Reutemann y Alvarez. Pese a las responsabilidades demostradas por la Comisión Investigadora Independiente y la denuncia consecuente de muchas organizaciones sociales, aún siguen impunes los ejecutores y los responsables políticos de la masacre”.

Para terminar de dejar en claro que no consideran a la actual gestión un ‘recambio’, expresaron: ”Lamentablente ‘volvieron todos’ y desde el gobierno nacional y los gobiernos provinciales continúa la misma política. Mas aún, el pago puntual a los organismos financieros internacionales, el envío de tropas a Haití y el encarcelamiento y la persecusión de miles de compañeros acentúan los rasgos más brutales de una orientación política que millones de argentinos rechazamos”.

El documento también reclamó la liberación de todos los presos políticos y llamó a la ”coordinación y el apoyo a las huelgas, ocupaciones y piquetes de los trabajadores ocupados y desocupados, fábricas bajo gestión obrera, estudiantes, víctimas del gatillo fácil y demás sectores populares en lucha”.

Rosario, la impune

Muy poco ha avanzado la justicia desde el 20 de diciembre del 2003, cuando se realizó una manifestación muy similar a la de ayer frente a Tribunales. Se condenó a 14 años de prisión al agente Esteban Ernesto Velázquez, por su responsabilidad en el asesinato del militante social Claudio Pocho Lepratti. Pero las responsabilidades materiales en las otras seis ejecuciones sumarias siguen sin castigo, y desde las instancias del poder ejecutivo y legislativo de la provincia y la nación se ha hecho nada por develar las responsabilidades políticas y mucho por ocultarlas.

En diálogo con Aire Libre Radio Comunitaria días atrás, Antonio Tesolini, perteneciente a la Coordinadora de Trabajos Carcelarios e integrante de la Comisión Investigadora No Gubernamental, anunció que en febrero próximo radicarán una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Antonio Tesolini afirmó que la alianza entre el reutemismo y el kirchenerismo cierra la ultima puerta en la búsqueda de justicia y que “garantiza la impunidad de los autores de estos hechos que no tenemos ninguna duda de que el máximo responsable es el ex Gobernador Carlos Alberto Reutemann y actual Senador Nacional y el ex Sub Secretario de Seguridad Enrique Álvarez, con la complicidad de grandes sectores políticos en la provincia, como también del poder judicial y legislativo que en aquel momento se negó a constituir una comisión bicameral para investigar los hechos”.

Por toda esta situación, “la última novedad es que como ya lo habíamos anunciado entre la CING Y CELS de Buenos Aires (Comisión Investigadora No Gubernamental y el Centro de Estudios Legales y Sociales) estamos trabajando en elevar todas las causas desde Diciembre de 2001 a la Comisión de Derechos Humanos, que calculamos que en el mes de Febrero vendrán a la Argentina, como hace del año 2002, que están viniendo y que están monitoreando centralmente en lo que hace a respuestas por parte del Estado a los reclamos sociales”.

Informe: Colectivo Rosario – Indymedia Argentina

Más información:
Fotos del acto frente a Tribunales Provinciales
Fotos de la marcha a plaza San Martín
Presentación ante la Corte Interamericana de DDHH
Informe sobre las víctimas del 19 y 20 en Rosario
Informe sobre el caso Lepratti: Con un poco de justicia no alcanza

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