Desde enero el bloque que responde a Mauricio Macri intenta modificar el código contravencional o lo que se conoce como código de convivencia. Desde esa fecha hasta ahora danzaron varios proyectos: el más represivo impulsado por el legislador Jorge Enríquez, hasta alguno maquillado por el oficialismo de Ibarra pero no menos autoritario.

Los puntos controversiales son: La reglamentación del uso del espacio público por parte de vendedores ambulantes, mujeres en estado de prostitución, travestís, artesanos, jóvenes y manifestantes en general. La baja de imputabilidad de 18 a 16 años. La introducción de la figura de “permanencia injustificada”, similar al acecho y merodeo de las edictos policiales. Generalizando la pena de arresto y la inclusión de la reincidencia. Esta reforma no es una solución al reclamo de seguridad de algunos sectores, si en cambio, un mecanismo de control, ocultamiento y persecución de los sectores más vulnerables. Incumpliendo el derecho a la utilización del espacio público que tienen todos y todas, especialmente de los grupos que están en una clara desventaja social.

El viernes 16, desde las 13 hs. no había quórum suficiente para sesionar, sin embargo el vice-presidente Santiago de Estrada no levanto la sesión hasta las 17 hs. Esto sumado al impedimento de ingresar de las personas opositoras a la reforma. Preparo junto a los medios, el escenario propicio para justificar futuras represiones y dejar el camino allanado para la aprobación del código.

La particularidad se dio en la forma en que se realizaron y a quienes se dirigieron las detenciones. Fueron realizadas por policías de civil, cuando los manifestantes se encontraban desconcentrando y lejos de la legislatura. Las y los detenidos afrontan cargos de coacción agravada, privación ilegal de la libertad entre otros y con penas que van de los 5 a los 10 años y no son excarcelables. En su mayoría los presos pertenecían a grupos de personas afectadas por la modificación de código y que se habían organizado a partir de esta reforma. Esto reforzaría la postura del gobierno de Kirchner de no reprimir, pero si perseguir la protesta social con “el código penal en la mano”. Con el agravante de que estas personas se encuentran detenidas en cárceles como Ezeiza y Devoto.

Mientras tanto la jueza Ramond, impidió que los organismos de derechos humanos asumieran la legitima defensa de los presos, negándoseles a los abogados tomar vista de los expedientes a pesar de estar presentes los familiares de los encarcelados. Esto sumado, a la negativa por parte del Servicio Penitenciario, a certificar las firmas realizadas por los detenidos en los escritos para la designación de abogados. Asimismo la masiva movilización del último jueves, en la que participaron más de 50 organizaciones sociales, se realizo con las calles “saturadas de policías” y la legislatura vallada una cuadra a la redonda. La exigencia más importante fue por la libertad de los presos detenidos la semana anterior.

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