Días después de haber acordado con las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Chixoy la negociación de reparaciones, el Gobierno Guatemalteco criminalizó a varios líderes de la Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Represa, los mismos con quienes habían firmado el acuerdo.

Esto mientras las comunidades buscaban en un juicio la condena de algunos de los autores materiales de la masacre del 13 de marzo del año 1982, donde fueron brutalmente masacrados 107 niños y niñas y 70 mujeres en la comunidad de Río Negro, Baja Verapaz.

El Gobierno de Guatemala acusa a los sobrevivientes de la masacre y víctimas del desalojo, de “atentar” contra la seguridad del “Estado” por haber ocupado el 7 de septiembre pasado las instalaciones de la represa Chixoy, acusaciones basadas en una denuncia del Instituto Nacional de Electrificación (INDE), existiendo órdenes de captura en contra de CARLOS CHEN y por lo menos otros tres líderes comunitarios. (IMC Chiapas)

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