“Nos desvela, nos atemoriza cierta prensa, cierta mano dura que reclama silencio, cárceles, institutos. Y nunca las rejas son suficientes, jamás alcanzaran las penas, siempre serán poco los castigos; el grito se extiende, continúa, reaparece hoy en una esquina y mañana en otra, como si quisiera poblar con su desgarrada humanidad ese caos, esa tierra de nadie donde nosotros hemos decidido no estar.” (Alberto Morlachetti)

En Argentina desde el año 1997 hasta ahora, la justicia de menores ha aplicado al menos 14 sentencias de reclusión y prisión perpetua a adolescentes. Estas penas están en contradicción con la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país y que tiene carácter de constitucional. Argentina es el único país de Latinoamérica en aplicar este tipo de sentencias.

La legislación en materia de justicia de menores registra un atraso con respecto a la “Doctrina de la Protección Integral de los Derechos del Niño” que abarca la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing, las Directrices de Riad y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad.

Otros países de América Latina cuentan con instrumentos legales que conciben la privación de la libertad como recurso excepcional y con límites para su aplicación: Brasil (3 años); Perú (3 años); Guatemala (6 años); Honduras (8 años); Nicaragua (6 años); Bolivia (5 años); República Dominicana (5 años); Venezuela (5 años); El Salvador (7 años); Costa Rica (15 años); Panamá (7 años); Chile (5 años).

Muchos de los jóvenes que se encuentran en prisión en estas condiciones en su mayoría estuvieron bajo la “tutela” de la justicia de menores en institutos donde se suponía serian "resocializados". Todos ellos transitaron por la nefasta “Ley de Patronatos” y por decretos de la dictadura militar. Estos 14 casos se distribuyen entre la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Catamarca, Santa Cruz y Santa Fe. Artículo Completo