Julio Cesar García, uno de los abogados de las demandas contra el Estado por las masacres de Napalpí (1924, Chaco) y Rincón Bomba (1947, Formosa), denuncia racismo y groseras contradicciones del Gobierno nacional en el tratamiento de las mismas. En ambas matanzas se estima que murieron unas 1500 personas de los pueblos toba y pilagá, en lo que son considerados los mayores genocidios indígenas del siglo XX. “El Estado lo que está haciendo es, en los hechos, negar todo el discurso de derechos humanos que tiene para con la sociedad”.

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