Familiares de las víctimas el día de la Masacre

Por CORREPI

A pocos días de que se cumpla un año de la Masacre de Magdalena, donde agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) dejaron morir por asfixia o quemaduras a 33 presos, el Juez de Garantías de La Plata Guillermo Atencio ordenó la detención de 15 integrantes de la “seguridad” carcelaria. Entre ellos figuran el secretario de la unidad, Raimundo Fernández, el encargado de turno Jorge Marti y la segunda jefa de guardia, María del Rosario Roma. Los imputados están acusados de "abandono de persona seguido de muerte”, delito no excarcelable que prevé una pena de 5 a 15 años de prisión.

Familiares de los agentes detenidos marcharon el martes pasado a la gobernación provincial para exigirle a Felipe Solá el desprocesamiento de los 15 detenidos. Dicen que los imputados también son "víctimas del incendio" (sic) y que se debe dirigir la investigación hacia los funcionarios responsables de lo ocurrido. Voceros judiciales aclararon que "la investigación no se circunscribe a los agentes detenidos. A partir de las pericias realizadas han surgido evidencias que van a llevar a la fiscalía al total esclarecimiento del hecho, que podría abarcar a las máximos funcionarios del SPB, que tienen la tarea de control y dirección".

Siguiendo la línea de jerarquías, la investigación no sólo debería llegar a los máximos funcionarios del SPB, sino también al mismísimo Felipe Solá y a su ministro de Justicia, Eduardo Di Rocco como responsables de las 33 muertes de Magdalena. Dos días después de la masacre, fue el mismo Di Rocco quién salió a desmentir las declaraciones de los familiares de los muertos, afirmando que no hubo abandono de persona por parte del SPB y que la "tragedia" se originó a partir de una pelea muy grande entre internos. Di Rocco dice garantizar la independencia de la investigación para determinar responsabilidades al sostener que la misma estará a cargo del Ministerio de Justicia y no del SPB. Nos quiere hacer creer que su cartera, la que condena y mata a miles de jóvenes por el delito de ser pobres, es independiente e imparcial y que va a llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación.

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