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Viernes 27 de Abril de 2007 | la tortura es mala palabra

Caso Gallardo: perpetua para cuatro policías

El tribunal criminal Nro 1 de Lomas de Zamora condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta al subcomisario Rubén Gómez, a los oficiales Hernán Gnopko y Marcelo Fiordomo, y al sargento Julio Silva por la muerte de Diego Gallardo, de 20 años, torturado y abandonado durante 15 horas de espantosa agonía en una comisaría de Avellaneda el 10 de enero de 2005.

La autopsia practicada sobre el cuerpo de Gallardo determinó que el joven murió como consecuencia de por lo menos 57 golpes que le provocaron cinco fracturas de cráneo ; y que lejos de recibir algún tipo de asistencia médica, se lo trasladó desde la comisaría 3ra de Avellaneda a la 1ra -falsificación de certificados médicos mediante-, donde finalmente murió.

A pesar de que las abogadas de CORREPI María Teresa Larramendy y María del Carmen Verdú, representando a la familia Gallardo, pidieron en sus alegatos que se condene a los policías por el delito de tortura seguida de muerte, el tribunal presidido por los jueces Lanza, Rolón y Bueno consideró a Gómez, Gnopko, Fiordomo y Silva como culpables de homicidio calificado y severidades.

La elección de esta figura legal no es inocente. Al condenar por homicido calificado y severidades y no por tortura seguida de muerte, los jueces de Lomas de Zamora desligan al estado de toda responsabilidad por la muerte de Diego Gallardo. A través de una serie de eufemismos como vejaciones, apremios ilegales o, como en este caso, homicidio calificado y severidades, los jueces demuestran que es más fácil acotar las responsabilidades a un par de policías a los que "se les fue la mano" o se "excedieron" -naturalizando de esta forma la tortura- que condenar al estado que los entrena, sea en democracia o en dictadura, para hacer lo que hacen y del que también son empleados. La tortura perpetrada por agentes de las fuerzas de seguridad en cárceles o comisarías SIEMPRE es crimen de estado. El estado argentino se niega a llamar a la tortura por su nombre como se niega a reconocer la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio, que consideró como crimen de estado al delito policial y ordenó una revisación del sistema de detenciones arbitrarias policiales. A 16 años del asesinato de Walter Bulacio -torturado en la comisaría 35a de la ciudad de Buenos Aires-, el gobierno de Kirchner se niega a acatar este fallo porque el mismo lo obligaría a renunciar a sus herramientas represivas fundamentales: la averiguación de antecedentes, las detenciones por faltas o contravenciones, dejando bien en claro el caracter clasista de la represión en democracia.

CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) actualiza año a año su archivo de casos de personas asesinadas por las fuerzas de seguridad en Argentina cuyo número asciende a más de 2.100 muertes, en su mayoría de jóvenes pobres de entre 15 y 25 años, desde 1983 a la fecha. Más del 40% de estos crímenes de estado se produjeron en cárceles o comisarías, pero tan sólo ocho causas han tenido condena de tortura seguida de muerte. El gobierno de los "derechos humanos" que encabeza Néstor Kirchner, que dice indignarse por las atrocidades cometidas por los militares en los 70, mantiene, como ningún otro gobierno en democracia, el triste promedio de un asesinato día por medio a manos de sus fuerzas de seguridad a través del gatillo fácil o la tortura, sumando más de 660 casos desde 2003 hasta hoy.

Este viernes 27 desde las 17 hs, se concentrará en el Obelisco, para marchar al cumplirse 16 años del asesinato de Bulacio y luego se realizará un acto con conferencia de presna para denunciar la continuidad y la profundización de la política represiva del Estado, ya sea en desalojos , en amenazas a quiens atestiguen contra los genocidas, persiguiendo a los pueblos originarios o encarcelando, apretando, y asesinando a los luchadores populares.

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