En simultáneo a la decisión del Congreso, hay provincias que aún debaten su aplicación. En noviembre Mendoza firmó con Nación el convenio para realizar el relevamiento que la ley impone y Neuquén confirmó su negativa a hacerlo. La ong Andhes pidió a la CIDH que solicite al Estado argentino la protección de los derechos indígenas en Tucumán; en los últimos días la Justicia provincial dictó un desalojo en Colalao del Valle y se esperan nuevas movilizaciones.

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